Intervención de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet

Sra. Batet.- Muchas gracias ministra portavoz. Muy buenos días a todos y a todas.

El Gobierno, como ustedes saben, quiere impulsar el esfuerzo del sector público y de la actuación de las instituciones públicas en España tras la crisis que hemos vivido. Necesitamos recuperar capacidades de actuación desde el Estado, tanto de impulso de la actividad privada como de garantía de los derechos de los ciudadanos y de funcionamiento adecuado de los servicios públicos. Necesitamos para ello volver a dotar a nuestras instituciones de la capacidad y de los recursos necesarios. La Administración Pública fue objeto de limitaciones y recortes muy relevantes para superar la crisis. Hoy necesitamos, por tanto, recuperar esos recursos en todos los ámbitos, y muy especialmente en el ámbito de la Administración General del Estado. Recursos económicos y materiales, pero sobre todo recursos humanos. La administración hoy tiene un problema de envejecimiento, de reducción drástica e indiscriminada del número de empleados y de consideración y condiciones de esos empleados. Por ello, el Gobierno, desde el primer día, hemos estado desplegando una política de función pública de recuperación de la condición y posición de los empleados públicos.

Las medidas de hoy se unen así a las aprobadas a lo largo de estos seis meses de gobierno con esta finalidad, con el fin que les estaba diciendo. Entre ellas, destacó una medida que se tomó a las pocas semanas de estar en el gobierno, la oferta de empleo público, la mayor desde 2008, y que sumó en 2018 un total de 30.844 plazas, como ustedes recordarán .La reducción también de la temporalidad hasta el 8%, la ampliación del permiso de paternidad a 16 semanas, la movilidad de funcionarias víctimas de maltrato con plenas garantías, y la posibilidad de que los afectados por VIH, diabetes, celiaquía y soriasis puedan acceder a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Vigilancia Aduanera e Instituciones Penitenciarias.

Se trata de un impulso caracterizado por su adopción en el marco del diálogo con los sindicatos y del alcance de acuerdos en la mesa de negociación presidida por el secretario de Estado de la Función Pública. Estamos, por tanto, cumpliendo, desarrollando y ampliando también los acuerdos a los que llegó el anterior Gobierno, y sobre todo los estamos poniendo en práctica y los estamos haciendo efectivos, siempre en el marco del II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, firmado por el Gobierno de España y las organizaciones sindicales Comisiones Obreras, UGT y CSIF.

En ese contexto el Gobierno ha aprobado hoy, como decía la ministra portavoz, un Real Decreto-ley de medidas urgentes sobre retribuciones en el sector público, que significa una subida salarial para unos dos millones y medio de personas que componen el sector público de las tres administraciones, estatal, autonómica y local.

Los empleados públicos han soportado en los últimos años congelaciones e incluso reducciones salariales debido a la grave crisis económica que padecimos. Parece lógico que en el nuevo contexto económico podamos y debamos avanzar en la recuperación de los salarios privados y públicos, como se desprende también del incremento que en este mismo Consejo de Ministros, y como ya se ha anunciado, se prevé en otro Real Decreto, la subida del Salario Mínimo Interprofesional. El Gobierno es coherente con ello consolidando la recuperación de las remuneraciones de los funcionarios. Se trata de una subida fija del 2,25%, que cobrarán todos los empleados del sector público de manera lineal, y de un 0,25% de fondos adicionales que se reparten para la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia. Este 0,25% no se destina a todos los empleados del sector público de manera lineal y están sujetos, precisamente, a negociación con las organizaciones sindicales por cada administración. Por tanto, será cada administración quien llegue a acuerdos con sus organizaciones sindicales y acuerden cómo se distribuye este 0,25.

También se regula un máximo de un 0,25% de retribución variable, cuyo porcentaje final vendrá determinado por la evolución del PIB. El incremento es aplicable, como ya he indicado, a todas las administraciones públicas, pues se trata de una norma básica que vincula al Estado, las comunidades autónomas y a las entidades locales.

Con la subida salarial aprobada hoy por el Consejo de Ministros, se reconoce el esfuerzo que los funcionarios hicieron para sacar a este país de la crisis, su dedicación, su profesionalidad y su vocación de servicio público. El Gobierno cumple también el compromiso contraído con los sindicatos para mejorar sus condiciones laborales y retributivas. La decisión del Gobierno de aprobar estos incrementos mediante Real Decreto-ley obedece a la necesidad de evitar un periodo de incertidumbre hasta la aprobación de la Ley General de Presupuestos y de asegurar la efectividad inmediata del incremento a 1 de enero, de modo que puedan desplegarse también inmediatamente sus efectos sobre la realidad económica.

En segundo lugar, si el Estado no modificara lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, a partir del 1 de enero de 2019 se congelarían las retribuciones de todos los empleados, no solo de los estatales, sino también de los del sector público autonómico y local, sin que en la actualidad existen razones de política económica que justifiquen dicha congelación salarial.

El incremento salarial es una medida fundamental de este Gobierno, tanto en términos de su política de función pública como de su política económica. La complejidad y la incertidumbre que se derivarían de una adopción tardía y la previsión de efectos retroactivos, hacen además necesario que esas medidas estén en vigor a 1 de enero. Estamos además convencidos de que se trataba de medidas que, en desarrollo de los acuerdos alcanzados con los sindicatos a lo largo de los años 2017 y 2018, contarán con el apoyo muy amplio de las fuerzas parlamentarias.

En cualquier caso, ya les anuncio que en los próximos días el Ministerio se pondrá en contacto con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria para analizar ese Real Decreto-ley y sus valoraciones. E igualmente también vamos a realizar una ronda de información y primera valoración de las medidas con las administraciones autonómicas. Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)