Respuestas a los medios de comunicación

Madrid

Portavoz.- Muchas gracias por su intervención. Creo que aquí encontraríamos bastante consenso con qué hacer con lo de las angulas, ¿eh?

P.- Ana Rosa Berraquero, de Televisión Española. Tenía dos preguntas para el ministro de Justicia sobre Cataluña. ¿Se plantea el Gobierno alguna iniciativa para evitar que se proponga a un candidato preso para presidir la Generalitat? Y, para el Portavoz. ¿Se ha concretado una fecha para ese pleno monográfico sobre pensiones? Gracias.

Sr. Catalá.- La capacidad de proponer un candidato a la investidura como presidente de la Generalitat le corresponde al Parlamento de Cataluña, a sus estructuras, al presidente, a la Mesa y, por lo tanto, el Gobierno no tiene nada que decir en ese sentido. Si cuando ese candidato, hipotéticamente propuesto, si tiene algún problema --y sabemos de lo que estamos hablando--, con la Justicia, eso será una decisión del juez competente. Si se propone a una persona que está privada de libertad, que se encuentra en prisión provisional, quien tiene capacidad para, en su caso, autorizar para que participe en una sesión de investidura es el juez instructor, en este caso, del Tribunal Supremo que está conociendo la causa y, por lo tanto, nosotros estaremos absolutamente atentos a lo que decida el juez y seremos absolutamente respetuosos con esa decisión.

Bien es verdad, que dicho eso, que es lo que puede suceder si se propone a alguna persona que no tiene libertad, que no está en libertad, sino que está en prisión provisional. También es verdad que no solo es participar en la investidura, es ejercer sus responsabilidades posteriormente. Por lo tanto, parece sorprendente que pueda alguien pensar en poner al frente de una responsabilidad institucional, como es la de ser presidente de la Generalitat de Cataluña, presidente de todos los catalanes, a alguien que esté en prisión provisional. Parece un poco sorprendente y fuera de --no sé si del Derecho--, pero, en todo caso, de la lógica y del sentido común.

En todo caso, la abogacía del Estado, como hace siempre, está atenta a las medidas y decisiones que se adopten por el Parlamento de Cataluña porque si considerásemos que alguna de ellas infringe nuestra Constitución, el propio Estatuto de Autonomía o las resoluciones que ya adoptó en su día el Tribunal Constitucional, lógicamente procederíamos a actuar en consecuencia.

Portavoz.- En relación a su pregunta el presidente del Gobierno ha hecho esa petición pero corresponde a la presidenta del Congreso de los Diputados, oída la Mesa, tomar una decisión. Nosotros estaremos a lo que diga la presidenta del Congreso.

P.- José Miguel Blanco, de la Agencia EFE. Para el portavoz del Gobierno, ¿qué es lo que puede hacer el Gobierno para evitar las estructuras de gobierno paralelas de Puigdemont en Bruselas? Y, para usted o para el ministro de Justicia, ¿si tienen ya algún informe de los servicios jurídicos del Estado que había anunciado el Gobierno que estaban realizando respecto a las resoluciones de ayer del Parlament o incluso a la enmienda de la CUP, que finalmente no fue aprobada? Y ¿si hay o ven posibilidad de un recurso ante el Tribunal Constitucional o está descartado ya para esas medidas en concreto?

Portavoz.- Respecto a la primera, yo creo que en todo este episodio que estamos viendo hasta la investidura de un presidente en Cataluña, creo que las fases del mismo son muy llamativas. Hace pocos días era Puigdemont o Puigdemont, y ahora es otra cosa. Mire, la creación de eso que oímos en la prensa de estructuras paralelas es simplemente imposible, no existen estructuras paralelas. Las estructuras institucionales que existen en cualquier Comunidad Autónoma española son las que establecen la Constitución de 1978 y el correspondiente Estatuto de Autonomía, por tanto, lo otro es fantasmagoría, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de las cosas y, evidentemente, no tendrá ninguna efectividad y, por supuesto, tampoco habrá ni un euro del erario público destinado a sufragar ese tipo de actividades que, insisto, no son más que puras irrealidades. La realidad es la que es. Yo creo que los secesionistas han tenido numerosas muestras de cuál es la realidad que tienen, que no solamente hacer frente a la legalidad como es su obligación, pero también a la realidad. La realidad es que todos estos meses hemos visto como no es real aquello que nos contaban, que la secesión no tendría ninguna repercusión económica, estamos viendo la que ha tenido con la fuga de las empresas.

Hoy mismo leía en un periódico que un conocido restaurador catalán decía que habían descendido entre un veinte y un treinta por ciento las reservas en su restaurante. Hay muchísimas pruebas de cómo ha afectado negativamente todo este tipo de actuaciones en contra de lo que decían. Como también decían que Europa iba a apoyar el proceso secesionista. Cero apoyo. Podríamos continuar así, por lo tanto, hemos visto cómo existe un desfase entre lo que dicen y la realidad. Y el Gobierno va a estar defendiendo y va a defender la realidad, que es la realidad institucional, constitucional y el Gobierno de todos los catalanes, motivado por los deseos, las satisfacciones, encontrar soluciones a los temas que preocupan a todos los catalanes y no solo a unos pocos.

Sr. Catalá.- La Abogacía General del Estado hace una labor de informe, de análisis de los actos o disposiciones que adoptan todas las entidades administrativas, en este caso estamos hablando del Parlamento de Cataluña, y ante una hipotética impugnación, en vía contencioso-administrativa o en vía constitucional, lo que analiza, lógicamente, es si los actos que lleva a cabo el Parlamento de Cataluña generan algún tipo de alteración o de violación del marco normativo: de la Constitución, del Estatuto de Autonomía, de sentencias del Tribunal Constitucional o de los tribunales.

Cuando lo que se produce es una declaración de voluntad, una declaración política, que no tiene efectos frente a terceros, que no tiene consecuencias jurídicas, que se queda en el plano estrictamente de la declaración política de voluntad, hay reiterada jurisprudencia que dice que no es susceptible de impugnación en vía judicial; por lo tanto, eso es lo que está estudiando la Abogacía del Estado en este momento y, ya le digo, el criterio de decisión se basa en que cuando un parlamento aprueba una ley, adopta cualquier acuerdo que tiene consecuencias jurídicas, efectos frente a terceros, e incumple la ley, ahí actúa la Abogacía del Estado y ejerce su capacidad de impugnación. Cuando nos encontramos con declaraciones políticas no tiene ese ámbito de impugnación jurisdiccional y, por lo tanto, en ese campo es en el que nos estamos moviendo en este momento.

P.- Teresa Fernández Cuesta, de Informativos Tele 5. Al ministro portavoz. En cuanto a los Presupuestos, efectivamente, ayer el presidente ha puesto encima de la mesa esa fecha del 23 de marzo para aprobarlos en Consejo de Ministros aunque también reconoció que no tenía los apoyos. Hoy usted habla de presentarlos, y el viernes pasado nos dijo que no se iban a presentar de ninguna manera si no conseguía los apoyos. Quería saber qué ha cambiado del viernes pasado a este viernes.

En cuanto a las Pensiones, también ayer el presidente dijo que no había margen para subirlas y, después, en el Pacto de Toledo se decidió debatir esa subida. ¿Hay margen o no hay margen?

Portavoz.- Respecto a su primera pregunta, yo siempre he defendido desde hace meses ya y, probablemente de forma obstinada, quizá, en algún momento, la necesidad de que hubiera Presupuestos Generales del Estado. He intentado explicarles a ustedes y a quienes nos ven o nos escuchan la importancia de tener unos Presupuestos Generales del Estado y he dicho también que en el momento de cumplir con esa obligación constitucional, el Gobierno buscaría los apoyos para obtener la cifra mágica que requiere la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Ya lo hicimos con los Presupuestos del año 2017, siete partidos políticos apoyaron esos Presupuestos. Lo hemos hecho también con el techo de gasto que hemos remitido a la Unión Europea y, en estos momentos, cumpliendo con la obligación constitucional por un lado, y porque nos creemos que los Presupuestos Generales del Estado son positivos para todos los españoles por otro, y porque este Gobierno cree que es su obligación y que está en condiciones de llegar a acuerdos con el resto de las fuerzas políticas como hizo en el año 2017, los vamos a presentar.

Los vamos a presentar hablando previamente, evidentemente, con las fuerzas políticas que quieran y que estén dispuestos a apoyarlos. Y quienes no estén dispuestos a apoyarlos tendrán que decir cuáles son las razones por las que creen que estos Presupuestos Generales del Estado no benefician a todos los españoles.

Por lo tanto, esa es una negociación que va a comenzar pero el objetivo claro, como he dicho siempre, es presentar esos Presupuestos Generales del Estado. El año pasado, si no recuerdo mal, los presentamos el 30, o el 29, a finales, muy a finales. Este año, la fecha indicativa es la del 23 porque luego viene la Semana Santa pero el ministro de Hacienda, la vicepresidenta, y el resto de los ministros vamos a estar negociando con la intención, con el objetivo de llegar a ese acuerdo que, insisto, creemos que es un acuerdo importante y que necesita España en estos momentos. Nos daría credibilidad, garantizaría la estabilidad y, sobre todo, --insisto en ello--, son unos Presupuestos que tienen más del 56 por ciento dedicado al gasto social, son positivos para la gente.

Respecto al segundo tema, nosotros hemos dicho siempre lo mismo. Primero, las pensiones son un derecho; segundo, las hemos garantizado, las hemos pagado. Antes se ha hablado de unas cifras que son muy importantes, entre 2011 y este, hay 25.000 millones más de euros comprometidos todos los años en los Presupuestos Generales del Estado. Y va a seguir creciendo, por tanto, este es un tema que unido a otras consideraciones como el cambio demográfico, requiere no solamente una acción de Gobierno sino requiere el acuerdo, el consenso, del resto de las fuerzas parlamentarias porque esto es algo que no se aplicará solamente en los Presupuestos del año 2018 sino que se aplicará a lo largo de los próximos Presupuestos.

Por ello, el presidente del Gobierno en su investidura habló de la necesidad de llegar a un pacto de Estado sobre esta cuestión, por eso hemos querido que el Pacto de Toledo hable de ello, vamos a celebrar ese debate pero, evidentemente, las cuestiones técnicas son cuestiones que tendrán que verse por los responsables que conocen el tema que son los que están en el Pacto de Toledo. Lo que hemos dicho también es que no debemos --lo he dicho en mi intervención anterior--, no debemos entrar en electoralismos ni en pujas que pueden agradar al oído de muchas personas pero al final no se corresponden con la realidad. España ha vivido una crisis muy profunda, muy dura, que ha afectado a mucha gente y fue precisamente porque se gastaba más de lo que se tenía, por eso tuvimos un déficit de 90.000 millones de euros, por eso bajó en picado la credibilidad internacional de España, por eso también España no obtuvo el puesto que merecía y que debía tener en el Banco Central Europeo.

La elección de don Luis de Guindos por unanimidad ha sido un elemento proveniente de esa credibilidad que tiene España en estos momentos. Ya sabe usted que la reputación se tarda mucho en ganar pero se pierde muy fácilmente, por lo tanto, creo que con los acuerdos que tenemos con la Unión Europea, la senda de déficit a la que nos hemos comprometido y que estamos cumpliendo, creo que eso es el realismo económico, creo que ahí estamos; a partir de ahí, vamos a hablar. ¿Cómo? En el Pacto de Toledo donde están los técnicos que conocen esta cuestión y vamos a examinar todas las posibilidades pero, insisto, aquellos que hablan mucho, que predican, lo importante al final es dar trigo y este Gobierno desde luego ha demostrado que da trigo y ha dado mucho trigo.

P.- Susana Camacho, de Informativos Cuatro. Quería preguntarle por una noticia que se acaba de conocer. Por lo visto, han condenado al rapero Hasel a dos años de prisión y esto es después de que ayer se absolviera a la tuitera Cassandra. Quería una valoración al respecto del Gobierno y si cree que hay una disparidad de criterios con todo este tema de la libertad de expresión.

Portavoz.- Yo no conozco la sentencia, evidentemente, he oído de usted que se acaba de producir, por tanto, habrá que ver lo que dice la sentencia, pero en España esto lo que demuestra es que la Justicia funciona. Ayer también otra persona que había hecho un tuit, creo que se llama Cassandra, que había sido condenada en primera instancia en la Audiencia Nacional, ha sido absuelta por el Supremo. Cada caso tiene las consideraciones propias del caso. Nosotros, desde el Gobierno y yo desde aquí jamás me he pronunciado sobre las sentencias judiciales, entre otras cosas, porque creo que hay que conocerlas a la hora de poder hacer una valoración. Las respetamos y las acatamos pero creo que el sistema judicial español es una garantía máxima para cualquier ciudadano y este es un estado de Derecho que funciona, como le he dicho antes, en algún caso un tribunal llega a una decisión y un tribunal superior reforma la decisión o la revisa, esa es la realidad de las cosas, pero creo que todos lo que tenemos que hacer es respetar y acatar las sentencias y eso es lo que ha hecho el Gobierno y lo que va a continuar haciendo el Gobierno.

P.- Marta Gómez Montero (de " Periodista Digital"). Tenía dos preguntas, una para el ministro de Justicia. Usted ha dicho, sobre el señor Sánchez, en el hipotético caso de que se presente su candidatura, que la decisión la tendrá el juez competente, el Tribunal Supremo. Yo quería saber si la resolución que dictó el Tribunal Constitucional dos días antes de que se suspendiera, de que el señor Torrent suspendiera el pleno y que decía que tenía que ser presencial para que hubiera debate y votación, que tenía que ser presencial, que estuviera en el Parlament el señor Puigdemont, si esa sentencia del Constitucional es extrapolable o, en este caso no tendría relevancia, o podrían ustedes dirigirse otra vez al Tribunal Constitucional dado que hablaba en concreto del señor Puigdemont.

Y, luego, para el señor Méndez de Vigo, sobre la posición que hemos visto esta semana de Ciudadanos en la Mesa del Congreso de que ha cambiado de posición o ha posibilitado que se pueda tramitar la derogación solicitada por PSOE de la ley de Seguridad Ciudadana, o en el caso del PNV solo de modificación, y respecto a otras leyes, como la de orientación sexual de Podemos o la ley de Justicia Universal. ¿Qué le parece este posicionamiento de Ciudadanos y si cree que puede ser extrapolable a los Presupuestos Generales del Estado?

Sr. Catalá.- En cuanto al proceso material para la investidura de un presidente de una Comunidad Autónoma celebrado en un parlamento autonómico, los informes que tenemos en el Gobierno y en el Ministerio de Justicia son que, con fundamento lógicamente legal, en la Constitución, en este caso en el Estatuto de Cataluña, en la Ley Electoral, es que es un proceso presencial, que tiene que presentarse, defenderse el programa. Es verdad que nunca habíamos tenido un caso de estas características, por lo tanto, no hay una regulación estricta que prevea que alguien por vías telemáticas, de videoconferencia, desde el extranjero pueda presentarse. Es verdad que nunca habíamos pensado en cosas parecidas, pero lo cierto es que el sistema que está establecido, insisto, en muy diversos ámbitos normativos y así lo decía nuestro Tribunal Constitucional, requiere una presencia para un debate personalísimo como es la propuesta de ser investido presidente de una Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, yo creo que eso es lo que la legislación establece y, cuando finalmente se establezca un candidato para la investidura, esa deberá ser también la referencia. En todo caso, como he dicho antes, si se pretende de alguien que tiene limitada su libertad por unas medidas decretadas de prisión provisional, al juez le corresponderá decidir y si no se produce esa posibilidad, nosotros creemos que no puede llevarse a cabo una investidura ni por tercera persona, ni por representación, ni en ausencia del candidato en la sede de la soberanía del Parlamento donde se celebra esa investidura.

Portavoz.- Añadiría a lo que ha dicho muy bien el ministro de Justicia, que son, efectivamente, decisiones judiciales o jurisdiccionales del Tribunal Constitucional en este caso pero lo que (no falló) fue la acción del Gobierno. El Gobierno no estaba dispuesto a tolerar ninguna farsa en este tema. Es que lo que pretendía el señor Puigdemont era una investidura a través del plasma o a través de alguien que iba a llevar a leer su programa de gobierno. Es que estamos hablando del Parlamento de Cataluña, del parlamento de una comunidad autónoma. Es que estamos hablando de gobernar. El ministro de Justicia y yo sabemos que gobernar es muy difícil, muy complicado, hay que dedicarle todo su tiempo a gobernar, esto de gobernar a tiempo parcial porque uno está en prisión o está en otro país fugado de la justicia no se sostiene en pie. La verdad es que don Luis Carandel escribió ese maravilloso libro "Celtiberia Show" pero no sé qué pensaría de lo que está sucediendo aquí o de lo que pretenden algunos, pero el Gobierno no lo va a consentir porque le importa, y mucho, la institucionalidad de todos, en este caso el Parlamento de Cataluña y del gobierno de Cataluña.

En relación con la pregunta que me hace usted a mí. Yo creo que la Ley de Seguridad Ciudadana es un elemento muy importante de lo que ha pasado en España en estos últimos años. Fíjese que el número de delitos en España ha descendido de forma muy notable. Que la mayor parte de esos delitos afectan a casos de droga y que cuando les preguntan a los turistas, a esos 82 millones de turistas qué han venido a España, ¿qué es lo que valoran de nuestro país?, valoran muy alto el clima de seguridad en el que vivimos. No hay muchos países en los que uno pueda salir a la una de la mañana después de haber estado cenando con los amigos, ir a casa y que vaya con total paz y tranquilidad. Yo creo que cuando se tocan piezas claves del Estado de Derecho, como es la Ley de Seguridad Ciudadana, hay que contarlo muy bien, hay que explicar exactamente qué es lo que se quiere derogar, qué es lo que se quiere reformar.

El Gobierno siempre está dispuesto a reformar para mejorar, pero primero habrá que escuchar qué es lo que se quiere mejorar y yo he escuchado de C´s decir que quieren modificar esta ley para que el Gobierno se entere de que no tiene mayoría absoluta. Yo le digo que el Gobierno ya se ha enterado, hace mucho tiempo, de que no tiene mayoría absoluta y que actúa buscando acuerdos, buscando consensos, pero no es para dar lecciones al Gobierno de que se entere de esto o de lo otro. De lo que se trata es de pensar en la gente, de lo que le conviene a la gente y yo creo que hay muchísimos españoles que valoran la seguridad de la que disfrutamos en España y creemos que esta ley es un ingrediente fundamental para ello, pero si hay otros que no lo creen que lo digan que lo expliquen.

P.- Carina Verdú, de Antena 3. Quería saber si durante la reunión del Consejo de Ministros, el ministro Montoro les ha hablado de esa iniciativa que quiere aprobar Hacienda para aprobar una ayuda a las personas mayores. Quería saber si nos puede dar más detalles sobre esa iniciativa y cuándo tendrían previsto que entre en vigor.

Portavoz.- No, el ministro Montoro no ha hablado de esta cuestión.

P.- Carmen del Riego. Tengo dos preguntas para el ministro de Justicia y una para el ministro portavoz.

Al ministro de Justicia sobre la oficina, hemos visto en una de las diapositivas el número de personas, 94 creo recordar, que eran por casos de corrupción de las doscientas y pico. De los seis mil millones, perdón seis millones de ingresos, ¿cuánto corresponde a casos de corrupción, si es que lo tienen distribuido? Y, por otro lado, para una pregunta que ha hecho José Miguel, que me aclarara si el Gobierno cree que lo que se aprobó ayer en el Parlament es una simple declaración política ya que los letrados sobre un punto concreto de esa resolución creían que podía incurrir en responsabilidad penal.

Al ministro portavoz, ha dicho usted antes que el presidente irá a explicar al Congreso lo que ha hecho el Gobierno desde 2011 sobre las pensiones y escuchará las propuestas de los grupos. Me gustaría saber si el presidente va a hacer él alguna propuesta o no va a llevar ninguna propuesta sobre pensiones al Pleno.

Sr. Catalá.- En la transparencia de la presentación lo ponía y no sé si lo he dicho yo mal pero son algo más de seis millones de ingreso este año. Si fuesen seis mil seguramente los responsables de Hacienda y del Tesoro Público estarían mucho más contentos de lo que lo están en la actualidad, que ya les parece bien que hagamos esto. Son seis millones este año. De ellos, ya saben que esto de delitos vinculados con la corrupción no es un concepto jurídico muy fino porque hacemos una clasificación y ahí atribuimos una serie de delitos que sistemáticamente pueden estar considerados como corrupción en términos coloquiales. Pues de esos seis millones aproximadamente tres millones y medio de euros tienen que ver con delitos de los que habitualmente metemos dentro del catálogo de delitos de corrupción.

En cuanto a lo que sucedió ayer en el Parlamento, usted conoce perfectamente la propuesta que había de declaración, la enmienda que se formuló, en qué términos finalmente acabó y, en este momento, al menos la Abogacía General del Estado no ha hecho un informe que diga que lo que se aprobó finalmente tenga ningún rasgo de ilegalidad y efectos frente a terceros susceptible de ser impugnable. No pretendemos estar con una actividad de impugnación permanente sino de aquellas, insisto, resoluciones, disposiciones que tengan efectos frente a terceros y que, por lo tanto, que sean susceptibles de impugnación constitucional o contencioso-administrativa. Esta de ayer, al menos hasta donde yo sé, no tiene esas características en este momento.

Portavoz.- Yo creo que ya he contestado de alguna manera a su pregunta en la respuesta a doña Carina. Lo que hemos pedido ha sido solicitar. El presidente del Gobierno ha solicitado comparecer, dependerá de la presidencia del Congreso la fecha y lo que queremos es abrir un debate para explicar cuál es la situación de las pensiones en España, cuál ha sido la acción del Gobierno y cuáles son las perspectivas de futuro, por tanto, yo creo que un debate, donde yo espero que se hagan valoraciones realistas, buenos análisis de situación y consigamos forjar esos acuerdos que son, insisto, necesarios para garantizar lo que hasta ahora ha hecho este Gobierno que es garantizar el cobro de las pensiones. Este es un tema que nos afecta a todos y, por tanto, creo que tener un debate sobre el mismo es, en estos momentos, una buena decisión.

P.- Juan José Mateo, del diario "El País". Quería plantear dos cuestiones. La primera, ¿qué valoración hace el Gobierno de que el señor Puigdemont o su equipo de abogados hayan anunciado hoy que presentarán periódicamente denuncias ante organismos internacionales para intentar que medien con el Gobierno y que se abra una negociación? La segunda cuestión que le quería plantear es que, en estos días, hemos conocido como el caso Púnica revelaba que hay un cierto descontrol sobre lo que pasa con los correos de los altos cargos, que son borrados sin que haya una norma nacional que se aplique a todas las Comunidades Autónomas y a todas las administraciones cuando cesan en su cargo. ¿Cree usted que esos correos y su borrado deberían regularse a través de una norma que equiparara el funcionamiento de todas las administraciones y que así hubiera un derecho de acceso también para los ciudadanos, los historiadores o los periodistas?

Portavoz.- Respecto a su primera pregunta, yo creo que si algo ha quedado palmariamente claro en estos últimos meses es el nulo eco de las reclamaciones, peticiones del señor Puigdemont por parte de la comunidad internacional, pese a que nos decían lo contrario. Yo recuerdo el video de un senador donde decía que había 32 países que iban a reconocer al día siguiente la República de Cataluña tras la declaración unilateral de independencia. Cero. Yo creo que eso es importante porque yo creo que el eco que obtiene una persona que se ha fugado de su país para no hacer frente a sus responsabilidades, creo que no va a tener ninguno como hasta la fecha.

El segundo caso, la verdad es que no he tenido ocasión de reflexionar sobre ello y lo pensaré y le contestaré.

P.- Gonzalo Cortizo de Eldiario.es. Tengo dos preguntas para el portavoz y una más en su condición de ministro de Cultura.

La primera, sobre pensiones. El gobernador del Banco de España ha dicho que muchos jubilados tienen vivienda en propiedad y que eso en sí mismo es una parte importante de su pensión de jubilación. Quería conocer si el Gobierno comparte esa reflexión.

También le quería preguntar por unas declaraciones del presidente del Gobierno que le dijo esta semana a la periodista Ana Rosa Quintana que haría más por la causa feminista si el 8 de marzo va a trabajar y no hace huelga. Quería su opinión sobre las palabras del presidente y conocer cuál es la postura oficial del Gobierno sobre el valor concreto que le otorgan a esa huelga convocada para el 8 de marzo.

En su condición de ministro de Cultura, y termino con esta, le quería preguntar si ha visto usted el estreno de la serie "Fariña" y pedirle, concretamente, qué consejo le daría usted a escritores, raperos o artistas en general para que sus obras no les lleven a secuestros literarios, encarcelamientos o directamente a la censura como ha ocurrido la pasada semana en ARCO.

Portavoz.- Respecto a la primera, yo he oído la declaración del Banco de España pero no tengo nada que añadir. Es una declaración que no sé en qué contexto se ha producido, pero no es un tema que afecte al Gobierno sino al Banco de España.

En segundo lugar, respecto a la manifestación o a la huelga, mire, en España el derecho de huelga es un derecho constitucional, puede ir a la huelga el que quiera, también tiene derecho a no ir a la huelga aquel que no quiera y yo creo que lo que les he leído antes es un extracto, pero si leen ustedes la declaración que ha hecho el Gobierno, que ha aprobado el Gobierno hoy respecto a la mujer y a sus derechos, respecto a lo que estamos haciendo para colmar la brecha salarial, Creo que les he dado antes unos datos que son importantes a la hora de ver el mayor número de mujeres que estudian, el mayor número de mujeres que hay en los consejos de administración, comparativamente hablando, verá usted que el Gobierno hace cosas y, por lo tanto, como hace cosas, cree que lo mejor es seguir haciendo cosas. El Gobierno, por supuesto, el presidente del Gobierno ha dicho que él iba a trabajar, trabajará y yo también le digo que yo también trabajaré.

Respecto a la tercera pregunta, mire usted, no he visto la película o la serie a la que usted se refiere y creo que el consejo es muy sencillo; cumplir la ley y respetar a los demás.

P.- Fran Alabo, de la "Voz de Galicia". Comenzó su comparecencia hablando de los buenos datos de empleo y después ha referido que en Cataluña ha quedado constatado que ha habido un bajón en actividades económicas. ¿Cómo se explica el Gobierno que en estos últimos datos de empleo, Cataluña haya sido la comunidad que más ha mejorado en este aspecto?

Portavoz.- No tengo ese dato que usted me dice, por lo que no le puedo decir nada. Pero no he dicho que Cataluña haya bajado. Los datos de la contabilidad nacional que yo he leído anteriormente, no eran por Comunidades Autónomas, eran datos de la contabilidad nacional referidos al año 2017 en su totalidad, por tanto, todas las Comunidades Autónomas y he dado algún dato del mes de enero pero no he desglosado, entre otras cosas porque no lo sé, el dato de la creación de empleo en febrero.

En todo caso, yo creo que me he referido a un restaurador, he leído en un periódico de hoy, un restaurador muy conocido y que a mí me gusta mucho, de Barcelona, decía hoy en una entrevista que el número de reservas en su restaurante había descendido entre un veinte y un treinta por ciento. Me he referido a ello anecdóticamente pero no lo he incorporado a ninguna estadística que haya dado porque, insisto, no las conozco.

Muy bien. Muchas gracias por todo.

Hoy comienza en Sevilla el "Festival de música antigua", no se lo pierdan.

En Vitoria, la recta final de la semana del cine vasco, que mañana celebra su gala de clausura y la entrega de premios.

En Valladolid tiene lugar una exposición sobre la Historia de España vista a través de las viñetas de la prensa satírica y rinde homenaje a alguien cuyo fallecimiento ha suscitado grandes adhesiones, grandes simpatías, que es "Forges".

En el Teatro de la Abadía de Madrid, últimas representaciones de José Luis Gómez en "Unamuno".

Si están en Pamplona, ahí está la Compañía Nacional de Teatro Clásico con "La Dama Duende". Yo la he visto y realmente merece la pena.

Y, antes de terminar quisiera tener un recuerdo para el maestro Jesús López Cobos que falleció ayer en Berlín. Yo aún recuerdo la magnífica integral que hizo aquí seguida de las nueve sinfonías de Beethoven.

Dado el tiempo que hace, del cual este Gobierno no se queja, porque España necesitaba agua, pero como el tiempo no favorece el salir, seguramente es un buen homenaje para rendir al maestro López Cobos, escuchar las sinfonías de Beethoven. La música alegra el fin de semana.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)