Intervención del ministro de Justicia, Rafael Catalá

Madrid

Sr. Catalá.- Muchas gracias y buenas tardes. Como decía el ministro Portavoz, en el Consejo de Ministros de hoy he presentado dos asuntos que tienen que ver con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Uno de ellos, la memoria, la memoria de actividad del año 2017, y luego además un Real Decreto ya que, aprovechando la experiencia del tiempo transcurrido desde la creación de esta oficina, hemos considerado oportuno ayudar a los funcionarios de este servicio administrativo a hacer mejor su trabajo mediante una reforma normativa.

Por recordarlo muy rápidamente, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos se creó ya en 2015. Me acuerdo que yo comparecí aquí un viernes 23 de octubre del año 2015 para explicarles a ustedes que en nuestro compromiso con la lucha contra el delito y contra la corrupción habíamos tomado la decisión de crear una oficina especializada en la recuperación y la gestión de los activos procedentes de procesos judiciales y vinculados de una manera genérica con los frutos que algunas personas y redes organizadas obtienen como consecuencia del delito. El compromiso tenía que ver con que todos esos bienes quedasen afectados a las responsabilidades penales que los tribunales establezcan y en ese contexto planteábamos que cada año informaríamos de su actividad. Y es lo que he hecho hoy y es lo que aquí estamos presentando.

La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos se constituyó a finales del 2015 como una unidad administrativa, una unidad del Estado y para ello tomamos ejemplo, como tantas veces hay que hacer, de otros modelos comparados, de Francia, de Alemania, de Italia, que habíamos identificado como modelos de excelencia porque si cada juzgado, cada tribunal tiene que encargarse de la localización de los bienes de las personas condenadas y luego la gestión de esos bienes, lo cierto es que no tienen capacidades, no tienen conocimientos. Cada juzgado tiene una plantilla dedicada a la actividad judicial y esta parte de liquidación y gestión de activos lo cierto es que había funcionado bastante mal a lo largo de nuestra historia.

Por eso, desde la creación de esta oficina, los jueces y tribunales le encomiendan a esta oficina del Ministerio de Justicia, insisto, la localización, identificación y gestión de bienes de muy diversa índole que surjan con ocasión de la investigación de los delitos. Lo que hace esa oficina, como digo, es identificar, localizar, recuperar los efectos y los bienes, los instrumentos, las ganancias generadas por la comisión de un delito que un juzgado pueda determinar que sean decomisadas. Todos esos bienes, esas ganancias, pueden estar en España o pueden estar fuera de España.

Para localizarlas hace falta, muchas veces, la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lógicamente, que es quien lo hace, y también se puede recabar la colaboración de otras muchas entidades. En esto pueden ayudar desde entidades financieras a entidades de investigación, etc.

En segundo lugar, una vez localizadas e identificados esos bienes hay que gestionarlos. Hay que administrarlos porque hasta que no se toma la decisión final por un juez, y a veces los juicios complejos de redes organizadas criminales tardan mucho tiempo. Mientras tanto hay que hacer una gestión de esos inmuebles, de esos bienes muebles bienes, de esos vehículos, de esos activos, para que no se deterioren y, finalmente, hay que enajenarlos de la manera más eficaz posible para poder obtener con ellos un rendimiento económico que, en última instancia, sirva para atender indemnizaciones, para pagar las responsabilidades.

Los objetivos con los que nació la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, por tanto, es contribuir a la lucha contra el crimen organizado; y contribuir en un plano internacional. Hoy la delincuencia no conoce fronteras y, por lo tanto, los medios del Estado de Derecho en la lucha contra la delincuencia tampoco deben tener límites geográficos y, en ese sentido, fortalecer la cooperación internacional está más que acreditado que da muy buenos frutos en esta lucha contra la delincuencia, contra el terrorismo y contra todos los tipos de delincuencia organizada.

En segundo lugar, y creo que en esto hay un gran sentimiento social, hay que evitar que por aspectos formales, mercantiles, procesales, cometer delitos sea provechoso y esto ha podido suceder. Ha podido suceder que alguien a través de una sociedad pantalla o de un patrimonio puesto al margen de su entorno natural, incluso cuando es condenado, cumpla su condena y acaba teniendo un patrimonio, unos bienes, un dinero fruto del delito que no se le han podido incautar.

En tercer lugar, también queríamos que estos bienes, estos resultados económicos derivados del delito retornasen para pagar las indemnizaciones. Muchas veces, las indemnizaciones asociadas con las condenas penales se quedan sin ejecutar porque las personas o las entidades son insolventes, ya que han sido capaces de sacar el patrimonio de su entorno de localización y, por lo tanto, se genera una cierta frustración cuando alguien --incluso habiendo sido condenado--, no atiende a sus responsabilidades pecuniarias. Y también, paradójicamente, cuando históricamente los juzgados y tribunales hacían la gestión de los bienes decomisados acababan costando un buen dinero al presupuesto público, porque si tienes una serie de coches incautados hay que almacenarlos, hay que mantenerlos, hay que pagar unos costes que, en ocasiones, eran incluso superiores a los que se acababan obteniendo cuando se subastaban o se liquidaban esos bienes.

Con todos estos fines son con los que surgió la ORGA a finales del año 2015 y, desde entonces hasta hoy, ha formalizado quince convenios y acuerdos de colaboración con esa larga lista de entidades que ahí aparecen y que después de esta presentación van a tener ustedes disponible. Con el Consejo General del Poder Judicial, son los tribunales los que le dan trabajo a la oficina, con la Fiscalía General del Estado, con el Ministerio del Interior, con el Plan Nacional de Drogas, también con el Ministerio de Cultura, la Dirección General de Bellas Artes y el Museo Nacional Reina Sofía porque hay muchas veces que son cuadros, es patrimonio histórico, el que se obtiene en estas incautaciones de bienes, y con otras muchas entidades que ahí tienen ustedes desarrolladas.

Además, también, para hacer su trabajo, luego les hablaré de qué medios tiene la Oficina de Recaudación y Gestión de Activos, también se han formalizado cinco encomiendas de gestión con empresas públicas que nos ayudan a hacer el trabajo, a hacer las tasaciones, por ejemplo, a hacer informes. Imagínense que lo que se incauta es una explotación agraria, evidentemente, hace falta alguien que conozca ese sector y por eso empresas como Emgrisa, SEGIPSA y Tragsatec, todas ellas empresas filiales o elementos instrumentales de distintos ministerios--del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Agricultura-- nos ayudan en este trabajo.

Ya entrando en el balance exacto de qué es lo que ha pasado en el año 2017. Lo cierto es que la ORGA se va consolidando, va desarrollando sus actividades y va haciendo su trabajo. Ha iniciado 237 expedientes durante todo el año. Ha reabierto 77, porque en ocasiones los procesos judiciales se paralizan, se suspenden, luego se vuelven a reabrir. Han sido objeto de investigación patrimonial 225 personas, en el ámbito internacional y nacional. Se ha solicitado información patrimonial a 24 países distintos, por eso les mencionaba antes el aspecto internacional de estas investigaciones complejas. Imagínense --no quiero contar muchas anécdotas--, cuando se identifica a una persona que tiene una vivienda, una residencia y en esa residencia por medios de georeferencia se identifica que hay una pista de aterrizaje --hay viviendas que tienen pista de aterrizaje--, y, por tanto, hay que suponer que tiene un avión y, por tanto, es fundamental colaborar con entidades internacionales para identificar ese avión, dónde se encuentra inmatriculado, qué planes de vuelo ha hecho para moverse, para localizar activos. Este tipo de investigaciones se hacen, fundamentalmente, gracias a la colaboración internacional.

En esta actividad se han localizado 1.063 bienes que tienen diversas actuaciones vinculadas con muy diversos aspectos y con muy diversas cuestiones. Por ejemplo, yo creo que aquí hay una transparencia gráfica en la que ponemos de manifiesto de qué estamos hablando. Estamos hablando de vehículos de lujo, en ocasiones, de grandes stocks de prendas de vestir. Por ejemplo se incautaron 70.000 polos de caballero en una operación que se llevó a cabo por la Audiencia Nacional en un polígono industrial. Habían burlado la actividad de vigilancia aduanera, fueron localizados y, por lo tanto, se procedió a la enajenación, a la venta de estas prendas de ropa; como también se procedió --por darles algunos ejemplos llamativos--, a la incautación por un juzgado de Tarragona de casi una tonelada de angulas vivas y que, por lo tanto, había que proceder a su incautación y a su venta inmediata porque se iban a perder en muy poquitos días, como es evidente y, por lo tanto, ser capaces de gestionar algo que resulta tan exótico y tan singular es muy poco propio de la administración pública,. Ser capaces de responder en situaciones poco comunes ¿y qué hacemos con esto? Cuando un juzgado te dice que han incautado eso o que han incautado 5.000 metros cúbicos de hidrocarburos en una planta y que son de origen ilegal y que hay que proceder a su enajenación o, en fin, este tipo de cosas, de vehículos, etc. Son muchas las anécdotas que se han producido y que se producen para que vean de qué estamos hablando.

Estamos hablando de que en los juzgados españoles pasan muchas cosas cada día, se incautan muchos objetos vinculados con delitos. Hay que custodiarlos, hay que enajenarlos, hay que subastarlos. Para ello, utilizamos el portal de subastas electrónicas del Boletín Oficial del Estado, que lo hace muy ágil y lo hace también muy transparente. Había unas prácticas que a veces limitaban mucho la competencia. Se había creado hasta un perfil profesional, decían que había subasteros, personas especializadas en gestionar la información entre unos pocos. Todo eso se ha acabado, ahora hay absoluta transparencia, a través de las redes, de internet, se puede acceder a esa información y lo cierto es que durante este año la cuenta donde se depositan todos los resultados de esta actividad, la cuenta de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos se eleva ya a un saldo de casi diecinueve millones de euros, seis de ellos durante este año 2017 y con unos gastos de tasación y de gestión --que me parece muy relevante--, de seis mil euros. Gastando seis mil euros en tasaciones y en gestiones hemos conseguido ingresar más de seis millones de euros y, por lo tanto, el saldo de la cuenta ya va por casi diecinueve millones de euros. El resultado de esta cuenta, estoy diciendo millones de euros, no pretendemos tener una cuenta con un saldo muy saneado, va destinado, cuando el proceso judicial termina, a atender lo que el juez establezca: a pagar indemnizaciones, a atender sanciones en el caso de que tengan multas, y también está previsto que haya un retorno a la sociedad, de tal manera que un porcentaje de los saldos de la cuenta después de pagar indemnizaciones y sanciones se destina a ONGs, a Asociaciones de Víctimas del Delito y de una manera equivalente como hacemos, por ejemplo, con los fondos del Plan Nacional de Droga, que también parte de sus resultados se destinan a entidades que colaboran en esta materia.

Por último, me gustaría poner de manifiesto que todo esto, estos datos que constan en la memoria de la ORGA que desde hoy estará colgada en la página web del Ministerio de Justicia además de, lógicamente, en la referencia del Consejo de Ministros, lo hacemos con muy poquitos medios.

Me gustaría poner en valor la actividad de las personas que están trabajando desde finales del año 2015 en este trabajo, porque con una Dirección General, una persona directora general, dos subdirectores generales, doce funcionarios de la administración de Justicia y cuatro funcionarios de la policía judicial pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Con diecinueve personas se está haciendo un magnífico trabajo y, sobre todo, se está cambiando la cultura que he expresado al principio. El resultado del delito no queda al margen de la responsabilidad penal, creamos el concepto de los decomisos ampliados, todos los activos de una persona que tiene responsabilidad penal quedan vinculados a la atención de sus responsabilidades y esta es una buena manera también de luchar contra el delito y de luchar contra los delitos de corrupción que también están incorporados en este elenco que les he expresado.

Además de esta memoria, he presentado al Consejo de Ministros un decreto que pretende, como les decía, aprovechar la experiencia de este año largo de funcionamiento de la ORGA y hemos mejorado procedimientos de gestión asociados siempre con mejoras para la mayor eficacia, el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la agilización de procedimientos de una oficina muy singular dentro de las estructuras tradicionales de la administración del Estado.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)