Intervención de María Jesús Montero

Buenas tardes a todos y a todas y, como siempre, muchas gracias por vuestra asistencia.

Me acompañan hoy, como podrán comprobar, la ministra de Trabajo y Economía Social, que posteriormente explicarás las medidas que ha adoptado el Consejo de Ministros para la recuperación del derecho de trabajadores y trabajadoras. Y, también me acompaña la ministra de Igualdad, que les trasladará el compromiso de este Gobierno para acabar con la brecha salarial.

Bueno, como han podido comprobar, una de las novedades de hoy, del Consejo de Ministros, es que justamente se ha celebrado en el Palacio de La Zarzuela.

Como recordarán, es la segunda ocasión en la que el Jefe del Estado preside el Consejo de Ministros. La primera se produjo en julio de 2014, y, por tanto, una sesión deliberativa, en la que hemos analizado la situación del país y las principales prioridades que el Gobierno tiene en cartera para la agenda política, económica y social.

Después de esa primera reunión, nos hemos trasladado ya, ahora sí, a La Moncloa y hemos celebrado un Consejo de Ministros con carácter decisorio con los asuntos variados que a continuación les voy a detallar.

No obstante, de ello, me gustaría trasladarles algunas cuestiones, dos, en concreto, con las que el Gobierno quiere poner el acento a lo largo de esta semana.

La primera, es la llamada constante que hacemos por la recuperación de la normalidad democrática de las relaciones entre el Gobierno y la oposición. Como venimos comentando en las últimas semanas, este país necesita una oposición centrada, constructiva y leal a los intereses de nuestro país.

Yo diría que tenemos muchos retos, muchos desafíos que afrontar internos y externos, y por eso, el presidente Sánchez ha hecho un llamamiento y ha tenido una reunión con el principal grupo de la oposición, el Partido Popular. Y quiero reiterar que siempre vamos a tener y mantener la mano tendida y esperamos que salga, por parte del líder de la oposición de la política de obstrucción y de bloqueo y que, por tanto, permita el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.

La reunión que tuvo ayer el presidente del Gobierno con el señor Casado, sirvió para constatar, desgraciadamente, que el PP mantiene su estrategia de bloqueo anteponiendo los intereses partidistas a los intereses generales del país. Y, por eso, no sirvió este encuentro para avanzar en la renovación de instituciones tan relevantes como el Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuenta.

Y, sin duda, vetar la renovación de estos órganos es una forma también de deteriorar las instituciones. Parece que el Partido Popular no ha entendido que uno de los principales problemas que los ciudadanos manifiestan cuando se les pregunta acerca de la política es el desapego; es decir, el entender que la instituciones no se preocupan por sus problemas cotidianos, no hacen política útil, y, por tanto, no sirven para el interés general. Algo tremendamente preocupante en una sociedad progresista, y en una sociedad democrática.

Yo creo que todos tenemos que cumplir con la ley. Tenemos cada uno que asumir nuestra responsabilidad y entre todos hacer pedagogía para que realmente la política sea de utilidad y, por tanto, nos alejemos de algunos movimientos o de algunas situaciones, por supuesto, no deseadas.

Por otra parte, entendemos desde el Gobierno que cuando uno pretende defender los intereses de España, no puedes con tus actos debilitar las instituciones y perjudicar ese normal funcionamiento de otros Poderes del Estado.

Por eso, a pesar de los intentos de bloqueo, queremos trasladar a la sociedad que este Gobierno tiene un proyecto muy claro de país, y la derecha no podrá evitar que lo llevemos a cabo. Y, por tanto, nos estamos refiriendo a la subida del Salario Mínimo, las pensiones o el sueldo de los funcionarios, como hemos hecho hasta este momento. Y, por tanto, seguiremos avanzando en nuestra estrategia social, de cambio climático, de reto, en relación con la transición digital. Con todo aquello que, realmente, nos hace país, nos hace fuertes, y nos permite avanzar en igualdad.

Por eso, reitero lo que dije ayer, en el sentido de que cuando el Partido Popular abandone su estrategia de crispación y vuelva a ser un partido con sentido de Estado, encontrará a este Gobierno con la mano tendida para abordar los problemas de los ciudadanos, y los retos que son inaplazables.

Este país necesita que el Partido Popular, que el principal partido de la oposición, regrese a la senda de la responsabilidad, que lo haga el señor Casado, y si él no está en esas condiciones, que lo haga el Partido Popular en su conjunto.

Y, en este sentido, y a esta misma hora, queremos hacernos eco de la reunión en el Congreso de los Diputados, de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. Se trata de una reunión muy importante para el conjunto del Gobierno, que implica diferentes Departamentos, y en donde el Gobierno, por supuesto, colaborará y apoyará este Pacto de Toledo, porque creemos firmemente en la viabilidad de nuestro Sistema de Pensiones, y que, además su futuro pasa por alcanzar un Acuerdo de base amplia que garantice a los pensionistas de hoy que no van perder poder adquisitivo en nuestro compromiso como Gobierno. Y, al mismo tiempo, que asegure que los trabajadores de hoy tendrán también mañana derecho a una pensión digna.

Por eso, lo primero, un mensaje de tranquilidad al conjunto de nuestros mayores. Por encima del ruido y de la crispación, este Gobierno va a seguir velando por los pensiones. Nuestros mayores pueden estar tranquilos, porque este Gobierno no cesará hasta alcanzar un acuerdo que garantice su derecho y lo haga con amplio consenso.

Por otro lado, esta semana se celebra un Consejo Europeo Extraordinario para empezar una materia tan importante como el Marco Financiero Plurianual. Aquí, en este foro, España va a defender la importancia de que las Políticas de Cohesión y que la PAC mantengan una financiación acorde con sus necesidades.

Se trata, como recuerdan por otras negociaciones, y por otros años, de una negociación compleja, especialmente, ahora que ha salido el Reino Unido de la Unión Europea, y que en paralelo, las corrientes antieuropeístas recorren gran parte de los países de nuestro entorno.

Por ello, yo creo que, muchos ciudadanos europeos estamos pendientes de qué va a ocurrir a partir de este momento, cuál es el rumbo que escoge Europa y qué proyecto político es capaz de ofrecer al conjunto de la ciudadanía.

Por su parte, el presidente del Gobierno trasladará a nuestros socios europeos que la Política Agraria Común es una prioridad absoluta para España. Entendemos que tiene que ser sostenida con los recursos necesarios, porque es un puntal de la economía europea, y de la economía española.

Saben que la PAC implica una importantísima parte de las rentas de agricultores y ganaderos. Y, por tanto, es crucial para su estabilidad y sostenibilidad.

Estamos hablando de que, en torno a un 30% de la renta media de agricultores y ganaderos proviene justamente de estos Fondos europeos. Por este motivo, el Gobierno de España va a defender que la futura PAC mantenga el mismo Presupuesto que el periodo anterior para cumplir con los nuevos objetivos sociales y medioambientales que demanda la sociedad y que permite que las explotaciones agroganaderas también puedan ser rentables.

Estos días, además, estamos viendo cómo agricultores y ganaderos están llamando la atención sobre las dificultades que atraviesan debido a los bajos precios de los productos agrícolas. Quiero decir que este Gobierno les está escuchando.

El ministro de Agricultura está manteniendo reuniones con este colectivo para escuchar de primera mano preocupaciones y plantearles también soluciones compartidas y mecanismos de ayuda. Y, por eso, queremos reiterar a los agricultores y ganaderos el compromiso firme del Gobierno para trabajar con todos los eslabones de la cadena alimentaria y sentar las vías, no sólo para que se pueda percibir una remuneración justa, sino también, para que su trabajo sea socialmente reconocido: los necesitamos y, por tanto, los vamos a apoyar.

En este sentido, vamos a modificar, como ha trasladado el ministro Planas, a la mayor brevedad posible, esta Ley de Cadena Alimentaria del año 2013, con el objetivo de que tenga más transparencia, que haya más equilibrio entre las partes y lograr un reparto más justo del valor de los productos agrarios a lo largo de los distintos eslabones.

Asimismo, reformaremos el sistema llamado habitualmente, como peonada, de manera que ofrezca una cobertura más adecuada a trabajadores eventuales agrarios, y reivindicaremos la aplicación estricta de la normativa comunitaria en materia de seguridad alimentaria, utilización de productos fitosanitarios, residuos o control de plagas para que los productos españoles no jueguen en desventaja en relación a otros que se importen en países terceros, que no tengan tantos estándares o tantos controles en relación con la seguridad de estos productos alimentarios.

El presidente del Gobierno, en esta misma reunión, va a trasladar al Consejo Europeo que no se puede desde Europa dar la espalda a las necesidades y las demandas de la ciudadanía, y por eso, los Presupuestos europeos tendrán que contemplar aspectos perentorios urgentes como el empleo juvenil, la formación para la digitalización, la transición justa, el apoyo a la investigación o la innovación que nos sitúe como referente a nivel mundial.

Pero igualmente va a exigir en que se debe de recoger por parte de los Fondos de Cohesión, la convergencia real de las Regiones, porque una Europa de dos o tres velocidades será el fin del proyecto europeo. Y, por tanto, si queremos proteger Europa necesitamos una Europa que proteja a quienes necesitan de ella.

Y, de otro lado, hoy, el Banco de España ha publicado los datos de cierre de 2019 de la Deuda Pública que muestran con claridad el esfuerzo que está realizando el Gobierno para sanear nuestras Cuentas Públicas.

España acaba 2019 con un nivel de deuda equivalente al 95,5% de su PIB, cumpliendo de sobra con el objetivo que se comunicó a Bruselas, que era del 95,9%. Sólo en el año 2019, la Deuda se redujo en 2,1 puntos, tratándose de la mayor reducción anual en más de una década. En concreto, es el mayor descenso de Deuda Pública desde el año 2007.

El pasivo de nuestro país se encuentra hoy en el nivel más bajo desde el año 2012.

Los datos publicados, por tanto, ponen de manifiesto que el Gobierno de Pedro Sánchez ha reducido en sólo un año la Deuda tanto como el señor Rajoy entre los años 2014 y 2017. Sus tres últimos años completo de Gobierno.

Por tanto, estamos demostrando que es posible reducir el déficit y la Deuda Pública fortaleciendo al mismo tiempo el Estado del bienestar y recuperando derechos para el conjunto de los trabajadores. Esta es la senda, es la ruta que seguirá el Gobierno en los próximos cuatro años.

Y, precisamente, en el día de hoy hemos aprobado medidas que se dirigen en esta dirección.

Como saben, después de que esta semana pasada presentamos la nueva Senda de Estabilidad y el Techo de Gasto, también trasladamos la necesidad de avanzar en un sistema fiscal más justo, más redistributivo y que se adecúe a la nueva realidad económica. A la realidad que se percibe y que se sigue, tanto en los entornos digitales como en el nuevo florecimiento de realidades económicas que hasta la fecha han sido opacas o han sido poco transparente a la fiscalidad tradicional, digamos, que a una fiscalidad analógica.

Por eso, el mejor sistema tributario es aquel que responde a las necesidades de su tiempo. Y España, como país moderno, y como país avanzado no puede permitirse tener un sistema tributario anclado en el siglo pasado. Hay que avanzar hacia una fiscalidad propia del siglo XXI, que recoja estas nuevas áreas de actividad, que se adapte a la globalización en un mundo cada vez más digitalizado. Y no podemos pretender, por otra parte, tener un Estado del bienestar moderno, si nuestro modelo tributario es un modelo caduco.

Nuestra obligación, por tanto, es abundar en la modernización de nuestro sistema fiscal. Si la sociedad evoluciona, y la tecnología, también, lo hace ofreciendo, a su vez, nuevas oportunidades de negocio. Y por eso es necesario que la fiscalidad se mueva en esta misma dirección para mantener su eficacia en relación con la economía, y, también, su papel redistributivo en un Estado social, como es España. Y, evitar, de otro lado, que se provoquen competencias desleales con los negocios tradicionales que esos, sí, tienen, si me permiten, la expresión, un traje a medida, en la fiscalidad tradicional que le está perjudicando que haya otros sectores de la economía se muevan en otros entornos, no tan ajustado en términos fiscales.

Y este Gobierno va a intentar hacer esta transformación del sistema digital teniendo claro que no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a los trabajadores, ni a los autónomos, ni a la Pymes. Y somos un Gobierno coherente porque siempre hemos defendido que sin justicia fiscal no puede haber justicia social.

El sistema tributario tiene que marcar qué tipo de país aspiramos a tener. Hay quien defiende la reducción del peso del Estado para que el sector privado sustituya lo público en la prestación de los servicios. Bajo esta concepción, el Estado, estas corrientes ideológicas, tendría un papel puramente asistencial. Y esta no es la opción de este Gobierno.

Nosotros apostamos por un Estado del bienestar fuerte, con una sanidad y educación pública de primera, de calidad, universal y un sistema de protección social ambicioso. Y para asegurar este modelo de sociedad tenemos que mantener un sistema tributario en los que más tienen más aporten para que los nuevos sectores de actividad contribuyan al sostenimiento de servicios públicos en situación de igualdad con negocio tradicional.

Bajo esta premisa, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Proyecto de Ley del Impuesto sobre Transacciones Financieras, la llamada tasa Tobin, y el Proyecto de Ley del Impuesto sobre determinados Servicios Digitales. Como recordarán, se trata de dos nuevas figuras tributarias cuya tramitación fue iniciada en la legislatura anterior y que se paralizó por la convocatoria de las elecciones. Ahora, volvemos a ponerlo en marcha porque ambos tributos no son una casualidad, sino que se nutren, beben y se enmarcan en las prácticas fiscales defendidas por las instituciones europeas.

España lo que está haciendo es modernizar su sistema fiscal, haciéndolo, como digo, más progresivo y más redistributivo, y es obvio que tiene que responder a las nuevas realidades que figuran en nuestro entorno.

En este sentido, el Impuesto sobre Transacciones Financieras va en línea con lo que defiende la Comisión Europea y de otros países vecinos que también y han adoptado. Afecta al sector financiero que durante la crisis recibió un importante apoyo, inyección económica, por parte de las Administraciones Públicas. Por tanto, es de justicia social que ahora contribuya, de forma más enérgica, al mantenimiento de los servicios públicos.

Se trata de un Impuesto de carácter indirecto que grava con un 0,2% la adquisición de acciones de sociedades españoles cotizadas, con una capitalización bursátil, y superior a los dos mil millones de euros. Esto quiere decir que no va afectar al campo de acción de las Pymes. El Impuesto, de hecho, recaerá sobre el intermediario financiero que ejecute la orden de adquisición.

Y, quiero insistir en que, España está haciendo lo mismo que ya han avanzado otros países como Francia, Italia o Bélgica que tienen aprobado este impuesto.

La recaudación que tiene prevista el Gobierno de España asciende a 850 millones de euros anuales. Por tanto, una fiscalidad necesaria, progresiva y que se adapta a la realidad de la economía del siglo XXI.

De otro lado, se ha aprobado el Impuesto sobre determinados servicios digitales que está inspirando, también, en la propuesta de la Comisión Europea y tiene como objetivo gravar operaciones propias de esta economía digital que, actualmente están fuera del Sistema Tributario, y como decía antes, supone un agravio para otros negocios.

España, en este sentido, quiero reiterar, que trabaja en una doble dirección. Por una parte, estamos apostando y buscando el consenso internacional, en el marco de la OCDE y también del G-20 y, al mismo tiempo, avanzamos en el ámbito nacional en busca de esa fiscalidad que se adapte a los nuevos retos.

Como hemos repetido en muchas ocasiones, España adaptará su legislación interna cuando se alcance un pacto sobre la tributación digital a nivel global. Ese es nuestro compromiso y eso es lo que hemos mantenido en los foros internacionales. Y esta no es una postura única que solamente la esté desarrollando España, hay otros países como Francia, Italia o Reino Unido que también están abogando por avanzar en un impuesto propio que en algunos caso ya ha sido aprobado. El hecho de que algunos países avancen con esta legislación impulsa también el consenso internacional Yo diría que es un paso necesario para que el consenso internacional pueda llegar a buen puerto.

Es un impuesto indirecto, este segundo también, que grava servicios digitales en los que existe una contribución nuclear esencial de los usuarios en el proceso de creación de valor de la empresa que presta estos servicios.

En concreto, es un gravamen del 3% que se aplica a tres conceptos: prestación de servicios de publicidad online, servicios de intermediación en línea y venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

Creemos que la sociedad en general percibe las cuestiones relativas a estas ventas de datos. Saben que, muchas veces, los ciudadanos reciben en casa llamadas telefónicas o consultas por Internet a propósito de una cuestión donde no son conscientes de que hayan participado de una base de datos ni son conscientes de que hayan colaborado con esas empresas. Justamente, se trata de este fenómeno de que algunas empresas venden esas bases de datos que tenían con anterioridad a otros mercados a otras empresas que, a su vez, contactan con los clientes o que dirigen una publicidad personalizada al cliente al que se quieren dirigir, de manera que los productos que se anuncian o el tipo de marca que se anuncian forma parte de la propia navegación que ha hecho el usuario y, que por tanto, esa publicidad esa venta de datos está haciendo que empresas publicitarias se puedan beneficiar sin que ello esté repercutiendo dentro del sentir general, de la sociedad general, a pesar de que se utilizan datos personales, anonimizados, pero personales de los propios usuarios.

Es de justicia que la sociedad se beneficie de ello y que por tanto podamos seguir construyendo esa fiscalidad adaptada a este siglo XXI.

Esta figura va a afectar a empresas que tienen un negocio superior a 750 millones de euros, a nivel mundial, e ingresos derivados de su actividad, a tres millones, en el ámbito nacional. Son límites del impuesto y objetivos que, en ningún caso, son discriminatorio en función de la nacionalidad o del tipo de empresa. Y esto queremos decirlo con claridad puesto que afectará a todas las empresas que cumplan estos requisitos con independencia de su origen.

Además, estos umbrales, verán que garantizan que ninguna pyme tenga que pagar este impuesto y, sobre todo, un sector que queremos proteger, especialmente, como el sector de las "startups", el sector de las empresas digitales está empezando su andadura y que ojalá tengan facilidades para poder crear su propio ámbito de negocio.

La liquidación de este impuesto tendrá, de forma ordinaria, una periodicidad trimestral pero, sin embargo, de forma excepcional durante este primer año la declaración de ingreso no se realizará hasta al menos el 20 de diciembre del año 2020.

Esta medida nos permite un margen para lograr un acuerdo internacional en las negociaciones que mantengamos con la OCDE y con el G20, a lo largo de los próximos meses. Y, asimismo, esta decisión permite un mayor tiempo a las empresas para que puedan adaptarse al nuevo impuesto y, por tanto, puedan hacer frente a ello en un único pago durante el año 2020, al final de este ejercicio. La previsión de recaudación es de 968 millones adicionales al sostenimiento de nuestras cuentas públicas, previsión que está aminorada, respecto a la presentación anterior, debido a la ralentización de la economía y a las series que, otros países también, con la puesta en marcha del impuesto, nos han permitido visualizar.

Con ello, con estos dos impuestos el sistema tributario se moderniza y son parte del primer paso de un proyecto fiscal mucho más global y ambicioso que tiene como objetivo un marco tributario más justo, más redistributivo y en el que los impuestos medioambientales jugarán un papel determinante.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha acordado proponer al Congreso de los Diputados el nombramiento de Cristina Herrero Sánchez como presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, a propuesta del Ministerio de Hacienda. Se cumple así el trámite legal que establece la Ley Orgánica de Creación de la AIReF. Cristina Herrero es una profesional con una dilatada carrera de reconocido prestigio. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Interventora del Estado, Auditora e Inspectora de Hacienda, también del Estado y ha formado parte del equipo directivo de la AIReF desde su fundación, donde ha realizado una labor encomiable como directora de la División de Análisis Presupuestario. Como saben, desde el pasado 13 de enero ocupa la presidencia interina de este organismo.

El Gobierno está convencido de que Cristina Herrero podrá seguir desarrollando un trabajo independiente y riguroso desde la presidencia de la AIReF. Creo que este organismo se ha ganado un merecido respeto tanto dentro como fuera de nuestra frontera por la calidad y rigor de sus informes y opiniones. Así, que deseamos que a partir de ahora cuente con el necesario apoyo parlamentario.

También, el Consejo de Ministros ha aprobado dos Proyectos de Ley a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Se trata de un proyecto de ley para la transformación digital, del sistema financiero que tiene como objetivo acompañar, supervisar la innovación en el sector financiero justamente, para reducir obstáculos, al tiempo que se preserven los objetivos principales de la política financiera.

Como medida principal o estrella incluye el establecimiento de un "sandbox" o compartimento o espacio controlado de prueba, que permitirá llevar a la práctica proyectos tecnológicos que innovan en el sistema financiero pero con pleno acomodo en el marco legal y supervisor. Es una política que permite impulsar la innovación pero asegurarse de que estos cambios tecnológicos no afectan, de ningún modo, a la protección del consumidor de estos servicios financieros, a la estabilidad del propio entorno financiero y a la integridad en los mercados. Si lo asimilamos, por ejemplo, con la parte sanitaria se trataría de un ensayo clínico en fase IV, por tanto, la previa a que ese producto se pueda universalizar en el conjunto del mercado.

También con este tipo de legislación queremos evitar la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Y este espacio controlado de prueba va a tener tres rasgos fundamentales: Por un lado, crear esas condiciones seguras bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el propio Banco de España. El segundo rasgo es que tiene un esquema jurídico ley- protocolo. Por tanto, la ley garantiza la seguridad y el protocolo otorga la flexibilidad para permitir la innovación. Y, por último, es un instrumento que permite acompasar esta capacidades supervisoras pero, también, haciendo o abriendo camino a la propia transformación digital.

El segundo Proyecto de Ley es el regulador de determinados aspectos de los servicios electrónico de confianza y es una legislación que adapta al ordenamiento o adapta el Ordenamiento Jurídico Nacional al Reglamento comunitario. En concreto, se refiere a servicios electrónicos de confianza como son la firma o el sello electrónico de persona física y de persona jurídica o el sello de tiempo electrónico que son, ojalá cada vez más, utilizados habitualmente en las relaciones telemáticas de los ciudadano con empresas y con administraciones públicas. Por ejemplo, en este marco legal, se define el tiempo máximo que tendrá de vigencia estos certificados electrónicos o efecto jurídico, que tendrían estos documentos electrónicos.

España saben que es el país de la Unión Europea que cuenta con mayor número de proveedores de prestadores de servicios cualificados entre los que se destaca la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o la propia Dirección General de la Policía. Por eso, reforzamos con esta Ley la seguridad jurídica y damos un paso adelante en la ordenación del proceso de digitalización de la economía y de la sociedad en beneficio de los ciudadanos.

Con ello, estas son las reseñas o la referencia más importante del Consejo de Ministros, pero paso la palabra a continuación de uno de los asuntos cruciales que hemos abordado en el día de hoy a la ministra de Trabajo y Economía Social, que va a explicarles el cambio normativo, que evitará que las empresas puedan despedir por causa objetiva a un trabajador que ha estado de baja médica.

Y a continuación tomará la palabra la ministra de Igualdad Irene Montero, que también les informará sobre el Día para la Igualdad Salarial, que se celebra el próximo sábado, y con la declaración que este Gobierno quiere hacer en relación con la brecha retributiva entre hombres y mujeres que para nosotros y nosotras es una prioridad. Cuando quiera.