Intervención de María Jesús Montero

Sra. Montero.- Muchas gracias, ministra portavoz, y buenos días a todos y a todas. Como saben, en el día de ayer, la ministra de Economía anunció la flexibilización por parte de la Comisión Europea del objetivo de déficit para el Reino de España. Podrán ustedes apreciar que se trata de una magnífica noticia que va a permitir a este Gobierno conjugar la estabilidad presupuestaria con un crecimiento sostenible y con el impulso a la agenda social, que durante estos días se ha ido refiriendo por cada uno de los ministros. De hecho, los márgenes son estrechos pero en este momento del ciclo económico, lo inteligente es acompasar la reducción del déficit con un impulso presupuestario que hagan ver a los ciudadanos que las instituciones están de su lado y que el crecimiento económico y la creación de empleo no se tienen que ahogar por la inflexibilidad de unos compromisos imposibles de cumplir. Por eso, desde el primer día este Gobierno ha unido al rigor y a la responsabilidad la ambición por dar respuesta a esas demandas sociales y a las necesidades que tiene nuestra economía.

Este Gobierno, cuando llegó, se encontró unos Presupuestos que se habían diseñado sin respetar las reglas de estabilidad presupuestaria, especialmente el objetivo de déficit, como ya había advertido la propia Comisión Europea y múltiples informes independientes. Se inició, desde ese primer momento, un trabajo que ha durado estas semanas para analizar en profundidad el estado de las cuentas públicas.

El Ministerio de Hacienda, además, y el propio Consejo de Ministros, encargó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal un informe sobre el escenario macroeconómico y presupuestario para 2018 y 2019 y, efectivamente, la AIREF, confirmó estas premisas y, por tanto, esta sospecha. De hecho, afirmaba que el déficit público de este año y los siguientes sería superior al que había anunciado el anterior Gobierno; por eso, las conversaciones mantenidas con las autoridades comunitarias apuntaron en esa misma dirección.

La senda de estabilidad fijada hasta ahora exigía que España redujera su déficit público del 3,1% del PIB, que se registró en 2017, al 2,2% del PIB este año y al 1,3 en el año 2019. Sin embargo, pronto se ha hecho evidente que esta senda no era realista y, por eso, la Comisión Europea y diversos organismos, como el propio Banco de España, alertaron a los pocos meses de iniciarse este Ejercicio de que se incumpliría el objetivo del 2,2% y que se situaría en torno al 2,6-2,7%, un desvío que, en principio, si no se aceptaba obligaba a este Gobierno a realizar un ajuste drástico en 2019 para cumplir el límite que se había previsto; en concreto, se hubiera exigido un ajuste adicional de 11.000 millones de euros.

Esto, como ustedes podrán comprender, limita de forma clara el margen de acción del Ejecutivo y tendría, además, un impacto negativo en el crecimiento económico que se estimaba en torno a medio punto del PIB, con la consiguiente pérdida de empleo que provocaría simplemente la inercia de esa cifra. Por eso, el Gobierno ha venido manteniendo --casi desde el primer día-- negociaciones con la Unión Europea, fruto de las cuales se ha aprobado la nueva senda de estabilidad. Esta nueva senda de la que hemos informado hoy al Consejo de Ministros, contempla que el déficit para el año 2019 sea del 1,8 frente al 1,3% que se había previsto con anterioridad; para 2020, del 1,1 frente al 0,5% de la senda anterior; y para 2021 del 0,4 frente a un superávit que tenía la senda anterior del 0,1%. Por eso, el Ministerio de Hacienda y de Economía, consideran que esos objetivos sí son apropiados y compatibles con las recomendaciones del Consejo a España en virtud de este Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La nueva senda otorga a nuestro país un mayor margen fiscal para este próximo Ejercicio. Estos nuevos objetivos nos van a permitir, como decía, apuntalar el crecimiento económico pero mejorando las políticas sociales que van dirigidas a la ciudadanía.

Después del trabajo realizado, y tengo que decir, de la confianza depositada en las autoridades europeas, el compromiso de España con el Pacto de Estabilidad se mantiene aún con mayor fuerza. El sector público seguirá reduciendo el déficit pero a un ritmo adecuado para conjugar saneamiento de las cuentas públicas con crecimiento económico robusto; en definitiva, para que realmente la recuperación económica llegue a los ciudadanos. Con esta próxima aprobación de los nuevos objetivos de déficit y del techo de gasto, este Gobierno está poniendo ya las bases para que los presupuestos de 2019 sean sociales y redistributivos.

En otro orden de cosas, el Consejo de Ministros también ha aprobado el incremento adicional del 0,25% en las retribuciones del personal del sector público, un incremento que tendrá efectos desde el 1 de julio. Forma parte del acuerdo para la mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo, y lo que ha hecho es refrendar lo que preveía la Ley de Presupuestos que entró en vigor hace escasamente una semana.

En último lugar, el Consejo de Ministros también ha autorizado hoy a Cataluña a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 4.113 millones de euros. Ello servirá para refinanciar los vencimientos de las líneas de crédito que justamente tienen lugar en los meses de julio y agosto de este mismo año. La autorización a Catalunya por el Consejo de Ministros es necesaria, en aplicación del artículo 20 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, por tanto, lo que se ha hecho es lo que procede, al igual que con otras operaciones que también hemos conocido en el día de hoy. De hecho, se ha aprobado autorizar a Baleares a formalizar préstamos a largo plazo por un importe máximo de 150 millones de euros, y a la comunidad de Aragón, que ha recibido autorización para avales por un importe máximo de 225.000€.

Y, como refería la portavoz del Gobierno, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la tramitación del Anteproyecto que modifica la Ley Orgánica de Represión del Contrabando.

Se trata de una iniciativa que se ha impulsado por el Ministerio de Hacienda, en coordinación con el Ministerio del Interior, para avanzar en la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al contrabando de tabaco. Se declaran en esta Ley prohibidas las embarcaciones de alta velocidad que utilizan las mafias, especialmente en la costa del Campo de Gibraltar. Este tipo de embarcaciones, a partir de ahora, sólo podrán ser utilizadas por organismos o entidades públicas, y aquellas que se encargan de labores de salvamento, o de asistencia marítima; de hecho, tienen que estar previamente inscritas en un registro que creará está propia Ley. Mediante esta iniciativa se va a penalizar el uso ilegítimo de las embarcaciones semirrígidas y neumáticas de alta velocidad, que son las que se utilizan para este tipo de contrabando. Así, se podrá efectuar el decomiso, por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de estas embarcaciones cuando sean detectadas aunque no lleven carga ilícita y también incoar los expedientes sancionadores correspondientes.

Termino diciendo que el contrabando de drogas y tabaco en la zona de la costa andaluza plantea importantes problemas y retos para los órganos que tenemos encomendadas la misión de luchar contra estas conductas ilícitas y produce, además, una importante alarma social, siendo causa de problemas de seguridad pública, constituyendo un caldo de cultivo para el deterioro social.

El Gobierno va a poner todos los instrumentos en su mano para poder combatir esta situación y, por tanto, dar tranquilidad a esta zona de la comunidad andaluza.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación).