La ley fija un marco basado en una serie de principios para la buena regulación económica y una reducción de cargas administrativas, para garantizar un entorno eficiente y de apoyo a la competitvidad.
Para potenciar una mayor competitividad y mejorar el funcionamiento de la Administración Pública, el Gobierno insta a las Administraciones Públicas a limitar el déficit hasta el 3%.
También se modifica el funcionamiento de organismos reguladores de los sectores de telecomunicaciones, energía y postal dotándolos de una mayor transparencia. Con el objetivo de reducir las cargas administrativas, se agiliza la contratación pública acortando los plazos y simplificando la burocracia.
Por otra parte, se refuerza la transparencia de las entidades de crédito, al imponer un mayor control de las remuneraciones de sus ejecutivos y aumentar los impuestos para las retribuciones irregulares plurianuales superiores a los 600.000 euros.
En materia de Innovación y Formación Profesional, las bases del nuevo modelo productivo deben ser la I+D+i y la Formación, por lo que la Ley de Economía Sostenible recoge medidas para potenciar que los productos y servicios generados por la investigación reviertan en una mayor riqueza y un empleo de más calidad.
Y en materia de educación, se refuerza la FP para adecuarla a las demandas del mercado de trabajo. Para ello los centros de FP se adecuarán a las necesidades de las empresas cercanas para dar salidas laborales a sus estudiantes, se amplía la oferta formativa, se flexibiliza tanto el acceso a la FP como la movilidad entre la FP, el bachillerato y la enseñanza universitaria, entre otros avances.