La Seguridad Social registra un saldo negativo de 3.209,23 millones de euros

Del volumen total de derechos reconocidos, el 89,82% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 10,18% restante a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a las obligaciones, el 88,34% ha sido reconocido por las entidades gestoras y servicios comunes y el 11,66% por las mutuas.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza los 148.294,65 millones de euros, con un incremento del 12,31% respecto al ejercicio anterior. Por su parte, los pagos presentaron un aumento del 10,1%, hasta alcanzar los 154.039,76 millones de euros.

Ingresos no financieros

En lo que va de año, las cotizaciones sociales han ascendido a 109.471,23 millones de euros, lo que supone 4.156,03 millones de euros menos que en el mismo periodo de 2019 (un retroceso del 3,66%). Este comportamiento viene motivado por el descenso en la cotización de ocupados de un 6,09% (6.528,03 millones de euros menos), mientras que la cotización de desempleados se eleva un 36,6% (2.372 millones de euros más).

Los menores ingresos por cotizaciones tienen su origen en las distintas medidas que se han puesto en marcha para hacer frente a la pandemia, como la exoneración de cuotas para las empresas acogidas a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo con protección y para aquellos autónomos perceptores de las prestaciones extraordinarias, medidas que hasta octubre de 2020, han supuesto ingresar 3.948,74 millones de euros menos. A ello se une, la concesión de moratorias en el pago de las cotizaciones a las que se han podido acoger las empresas y los trabajadores por cuenta propia.

Además, hay que tener en cuenta el efecto que han tenido las devoluciones de las cuotas de los autónomos beneficiarios de la prestación por COVID-19 sobre los ingresos, siendo las cuotas reintegradas hasta 30 de noviembre de 538,67 millones de euros.

Las transferencias corrientes ascienden a 40.568,16 millones de euros, lo que representa un incremento del 112,27% interanual. La partida más significativa es la correspondiente a las transferencias del Estado y Organismos Autónomos que suma un total de 33.441,62 millones (un 115,81% más).

Este incremento, se debe fundamentalmente, a las transferencias que el Estado ha concedido a la Seguridad Social para equilibrar el impacto en las cuentas del COVID-19 (20.002,59 millones), cuyos derechos reconocidos a 30 de noviembre alcanzan un importe 18.002,59 millones de euros.

Gastos no financieros

Las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron 142.054,94 millones, un 8,31% más que en el mismo periodo de 2019. Esta cifra representa un 92,09% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 131.690,51 millones, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento de un 8,7% (10.543,12 millones de euros más).

En un análisis detallado del área contributiva, las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) se elevan un 2,98% hasta los 113.152,73 millones de euros. Este incremento tiene su origen en el aumento del número de pensionistas (0,04%), en la elevación de la pensión media (2,21%), así como en la revalorización de las pensiones contributivas en el ejercicio 2020 (0,90%).

Las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores por cáncer u otra enfermedad se elevaron hasta los 2.754,77 millones, con un incremento interanual del 14,56%, debido al aumento del permiso por paternidad de 8 a 12 semanas.

El gasto total en incapacidad temporal ha aumentado un 26,38%, hasta los 10.623,71 millones de euros. En concreto, el gasto en incapacidad temporal por contingencias profesionales registra un incremento del 12,87% respecto del ejercicio anterior, hasta situarse en 1.089,75 millones de euros. El gasto de incapacidad temporal por procesos derivados del COVID-19 alcanza los 873,67 millones de euros.

Por otro lado, el gasto en incapacidad temporal derivado de contingencias comunes ha sido de 8.659,47 millones de euros, un 17,01% más que un año antes, siendo el gasto derivado de la colaboración de las empresas de 0,82 millones de euros.

Merece especial atención, las prestaciones para autónomos cuyo gasto acumulado hasta 30 de noviembre, ascienden a 4.649,97 millones de euros.

Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzan los 10.364,43 millones de euros, un 3,53% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 8.257,73 millones, y a subsidios y otras prestaciones 2.106,7 millones, de los cuales 2.038,41 millones corresponden a prestaciones familiares e Ingreso Mínimo Vital.

Específicamente, a prestaciones familiares corresponden 1.711,86 millones, con un incremento de un 9,07% respecto al mismo periodo del año anterior, y que viene motivado por la mejora en la cuantía de las mismas que ha pasado de un importe de 291 euros por hijo a cargo a 341, o 588 euros en los casos en los que los ingresos son muy bajos.

Los gastos de gestión, por su parte, crecen un 0,13% interanual. En concreto, los gastos de personal han aumentado un 4,55%, mientras que los gastos corrientes de bienes y servicios disminuyen el 7,91% y los gastos dedicados a inversiones presentan un incremento del 10,54%.

El incremento de los gastos de personal corresponde al cambio de criterio en la imputación de las cuotas de empleadores devengadas en diciembre del ejercicio. Así, hasta 2018 estas cuotas se aplicaban al ejercicio cerrado, pero a partir de 2019 se han imputado, al igual que los restantes meses del año, en el mes siguiente al de su devengo y, por tanto, al presupuesto del ejercicio 2020 que es cuando se produce el reconocimiento y liquidación de estas cuotas.

Por su parte, el aumento en los gastos de inversión se debe, principalmente, a las nuevas inversiones realizadas para el correcto funcionamiento operativo de los servicios, destacando la importante inversión que ha realizado la Seguridad Social en equipos informáticos para garantizar la prestación de los servicios durante la pandemia.