El Ministerio de Igualdad se reúne con diversas organizaciones de defensa de los derechos del pueblo gitano

El Ministerio de Igualdad, a través de la directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho, se ha reunido durante el pasado viernes y ayer lunes con diversas organizaciones de defensa de los derechos del pueblo gitano.

En las reuniones se ha presentado a las organizaciones parte del equipo y las líneas de trabajo de la Dirección General (DG), con el objetivo de profundizar en la labor de crear sinergias de trabajo con organizaciones de base y activistas del pueblo gitano y que éstas sean partícipes de la elaboración e implementación de las políticas públicas contra el antigitanismo. De esta manera, desde la DG se quiere reconocer el papel de las organizaciones de base y activistas gitanas en la protección de los derechos colectivos del pueblo gitano, así como conocer la situación del pueblo gitano en el contexto de la crisis sanitaria en lo relativo a la discriminación e igualdad de trato.

Durante la reunión se abordó la futura Ley Integral para la igualdad de Trato y No Discriminación y aquellos aspectos que las organizaciones consideran de relevancia en relación con la protección específica del pueblo gitano.

Las organizaciones trasladaron a la DG la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran muchas personas y familias gitanas en el contexto del COVID- 19, pidiendo una mayor coordinación entre los servicios sociales y las organizaciones gitanas de base. Estas organizaciones también defendieron la necesidad de impulsar procesos de reconocimiento de la memoria histórica del pueblo gitano. Las organizaciones feministas gitanas, por su parte, hicieron énfasis en la necesidad de implementar políticas públicas con un enfoque interseccional, que reconozca la interrelación entre género, clase, etnia y diversidad sexual.

La Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial se comprometió a impulsar más reuniones de trabajo para fomentar que las organizaciones de base y activistas gitanos y gitanas coparticipen en la toma de decisiones, elaboración e implementación de las políticas públicas contra el antigitanismo.