Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros de Hacienda y de Educación, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid, viernes 13 de abril de 2012

Vicepresidenta.- Buenos días a todos. Vamos a dar cuenta de los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros de hoy.

Empezaré con un asunto que tiene poco que ver con el resto que les vamos a anunciar. El Consejo de Ministros ha decidido conceder hoy la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, a título póstumo, a doña Margarita Begoña Urroz Ibarrola, muerta a consecuencia de la explosión de un artefacto el 26 de junio de 1960 en la estación de Amara, en San Sebastián. Como bien recuerdan, falleció a consecuencia de graves quemaduras en las piernas, en los brazos y en la cara, ocasionados por la explosión. Era una niña de veintidós meses.

La solicitud de su condecoración fue presentada por su madre y se amparaba en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo que, como saben, se aprobó en la Legislatura pasada. Gracias a esta Ley, que permite aplicar este reconocimiento a hechos anteriores al 1 de enero de 1960, el Consejo de Ministros ha decidido hoy otorgarle esta condecoración, a título póstumo, a María Begoña Urroz Ibarrola.

En segundo lugar, les voy a dar somera referencia a algunos asuntos adoptados en el Consejo de Ministros de hoy porque, como ven, me acompañan el ministro de Hacienda y el ministro de Educación, que harán una referencia mucho más concreta a cada uno de estos asuntos.

Saben bien que el Gobierno está poniendo en marcha un plan de reformas que tiene dos objetivos fundamentales: de un lado, la consolidación fiscal y el cumplimiento de los objetivos de déficit; y, de otro, el impulso de la competitividad. Pues bien, hoy se han adoptado diversas y distintas medidas en cada uno de estos dos grandes ejes del programa de acción del Gobierno.

Ya saben que en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado se establecieron algunas medidas para generar un incremento de los ingresos que ayudara a cumplir el objetivo de déficit presupuestario del 5,3 por 100, incluida una regularización fiscal. Hoy se ha aprobado en Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude, que viene a establecer medidas adicionales para luchar contra la economía sumergida y el fraude en nuestro país. Se trata, por tanto, de una medida que tiene por objeto establecer un mayor rigor contra los defraudadores; pero tiene también un segundo elemento de actuación, que me parece muy importante destacar, y es que establece medidas novedosas para lograr cobrar, al final, las deudas tributarias defraudadas.

Entre las principales medidas que se adoptan está la que anticipó el presidente del Gobierno de la limitación de los pagos en efectivo; pero también, y muy importante, la obligación de declarar cuentas y valores, es decir patrimonio, que se tengan en el extranjero. La falta de declaración provocará la imprescriptibilidad de la renta no declarada y, por tanto, la posibilidad de poder perseguirla y liquidar la deuda, las sanciones correspondientes y los intereses que hubiera la misma generado en cualquier momento en que fuera detectada.

En esa segunda parte de medidas que yo decía que podían servir, y que servirán, para lograr cobrar las deudas tributarias defraudadas --les voy a poner un ejemplo: muchas de esas deudas tributarias están pendientes por delito fiscal o por expedientes de inspección ante la Agencia Tributaria--, en muchas ocasiones se da la circunstancia de que el deudor se coloca en una situación de insolvencia que impide su cobro, después de procesos administrativos muy largos y procesos judiciales a veces muy tortuosos. Se establece la posibilidad de que la Agencia Tributaria, desde los primeros momentos, pueda adoptar medidas cautelares que eviten que el deudor se coloque en situación de insolvencia o cometa directamente un alzamiento de bienes para que la Agencia Tributaria no pueda cobrar.

Sólo les pondré un dato: no estoy hablando de delitos fiscales, pero en el ámbito de las deudas tributarias existen en los altos tribunales de nuestro país deudas por importe de más de seis mil millones de euros. De lo que tratamos es de asegurar su cobro en el proceso judicial.

En línea con las medidas de austeridad, que son importantes para cumplir el objetivo de déficit, saben que el Gobierno ha ido poniendo en marcha distintas actuaciones que tratan de ser mucho más eficientes y ser mucho más austeros a la hora de comprometer gastos corrientes. Uno de los asuntos que el presidente del Gobierno destacó en su Debate de Investidura era la necesidad de que la Administración del Estado y el conjunto de las Administraciones acudieran a centrales de compras, y que ese mecanismo se utilizara con mayor amplitud. Pues bien, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo marco para autorizar la compra de vacunas de gripe estacional para la campaña 2012-2013.

A diferencia de otros años, en éste catorce Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla se suman al Ministerio de Sanidad, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa para una compra conjunta en un acuerdo marco que se estima que tendrá un coste de veinticinco millones de euros, pero que puede llegar a ahorrar a las arcas del conjunto de las Administraciones afectadas seis millones de euros.

En tercer lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan General de Publicaciones. Uno de los puntos en los que insistimos en la necesidad de revisar cómo gastaba la Administración General del Estado era el Plan General de Publicaciones. Pues bien, este Plan General de Publicaciones tiene un coste de 11,4 millones de euros, pero supone una rebaja del 35,7 por 100 respecto a lo presupuestado en el año 2011 y casi del 60 por 100 si lo comparamos con el año 2010.

Sin embargo, la reducción del número de publicaciones sólo es del 11 por 100. Eso se logra con mayor eficacia; es decir, el coste baja un 35 por 100 y el número de publicaciones sólo el 11 por 100. ¿De qué manera? Siendo mucho más eficientes, utilizando la capacidad de edición que tiene un instrumento estatal, que es la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, e impulsando nuevas tecnologías, como es el libro electrónico.

Todo esto es lo que se refiere al capítulo de la consolidación fiscal por la vía de los ingresos y por la vía de los gastos; pero, como venimos reiterando semanas tras semanas, el Gobierno va completando un plan de reformas estructurales, que tienen por objeto impulsar la competitividad como un mecanismo imprescindible para reactivar la economía y generar empleo. Y uno de los elementos imprescindibles de competitividad, amén del beneficio que supone una sociedad formada y una sociedad educada en libertad, es la reforma de la educación.

El ministro de Educación les dará traslado de la constitución de una Comisión de Expertos para la reforma del sistema universitario, que se crea en el día de hoy. El objetivo fundamental es colocar a la universidad española a los niveles de otras universidades europeas y del mundo en general, del que nos encontramos lejos, lo cual exige analizar qué hay que reformar y qué tenemos que mejorar para lograr que nuestra universidad sea buena formadora de profesionales y que, además, esos profesionales puedan encontrar un empleo.

Voy a dar la palabra, en primer lugar, al ministro de Hacienda para que traslade el contenido de este Anteproyecto de Ley de Lucha contra el Fraude y, después, al ministro de Educación, que hablará sobre la reforma del sistema universitario.

Sr. Montoro .- Como ya hemos preanunciado a lo largo de esta semana y como ya hizo el presidente del Gobierno en la sesión de control del miércoles, el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley relativo a la lucha contra el fraude fiscal, que habíamos comprometido desde comienzos de la Legislatura, y habíamos reforzado ese compromiso con motivo del Real Decreto Ley de Medidas Tributarias y de Regularización de Activos, que ayer refrendó el Congreso de los Diputados. Por tanto, en paralelo estamos aprobando un mayor control del fraude y los mecanismos y los instrumentos que hagan que nuestro sistema tributario sea más equitativo y que aumente la capacidad de recaudación en un momento de crisis como estamos atravesando, y en un momento en donde el Gobierno reitera su compromiso de cumplimiento con el objetivo de déficit público, de supresión del déficit público.

Por tanto, éstos son los dos grandes objetivos, las dos grandes aspiraciones, de este Anteproyecto de Ley: ganar equidad tributaria y aumentar la recaudación.

Advierto que en este segundo plano no hay ninguna estimación cuantitativa sobre los resultados de este plan y lo advierto en el sentido de la mayor prudencia. Por supuesto que aumentará la recaudación, pero no queremos incluir ninguna cifra más como ingreso presupuestario que no tenga la mayor certeza y garantía para que el Presupuesto de España y su objetivo de corrección de déficit público ganen la mayor credibilidad.

La primera medida es la primera vez que se establece en España --por tanto, es una medida pionera-- y es la limitación del uso de efectivo en operaciones empresariales y profesionales. Se refiere a limitar los pagos en efectivo a cantidades inferiores a 2.500 euros para operaciones realizadas entre empresas y/o profesionales y operaciones realizadas por personas físicas con empresas y/o profesionales. Es la primera vez que en España, insisto, se adopta una medida de limitación del pago en efectivo.

La cuantía la hemos establecido en función de la experiencia comparada de los países de nuestro entorno y de acuerdo también con las estimaciones de lo que suponen los volúmenes del tráfico mercantil en nuestro país.

También quería aclararles que, obviamente, no se aplica esa restricción a las operaciones realizadas exclusivamente entre particulares y tampoco se aplica a operaciones realizadas con entidades de crédito.

El límite sería superior, hasta quince mil euros, cuando el pagador sea un particular no residente. Se trata de favorecer, en definitiva, al turista, que trae dinero en efectivo y pretende gastarlo, emplearlo, en compras en España.

El incumplimiento de la medida supone una infracción administrativa, que es una infracción por incumplimiento, tanto al pagador como al perceptor, en el sentido subsidiario, del 25 por 100 del valor del pago satisfecho en efectivo, aclarando que eso no evita que, si estamos ante el afloramiento de un activo oculto, si se ha incumplido una norma tributaria, estamos hablando de una sanción administrativa relativa al pago en efectivo exclusivamente y no evita cualquier otra penalización que se derive de la aplicación de nuestra normativa tributaria.

Asimismo es importante, en ese mismo plan contra el fraude, la siguiente medida, que es --ya la anunciaba también la Vicepresidenta--, también por primera vez, la obligación legal de informar sobre cuentas y valores situados en el extranjero. Para ello se habilitará por parte de la Agencia Tributaria un modelo al efecto y su incumplimiento conllevará también una sanción específica. Ya ha anunciado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno que eso no implica que vayan a prescribir las rentas no declaradas, de manera que las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán al último período impositivo entre los no prescritos.

Esto, evidentemente, no supone evitar ningún tipo de penalización que no se corresponda con acogerse a la regularización abierta. Cada vez estamos en mayor capacidad, por intercambio de información con países europeos pero también con países de otras latitudes, en términos de conocer mejor la información de los depósitos bancarios y también de los registros de propiedades que se tienen en esos países. Por tanto, estamos también en condición de evitar el fraude, de corregir este tipo de fraude.

Otra medida muy importante, y también le damos un gran valor por lo que significa de cambio, es la relativa al establecimiento de la exclusión --es decir, sale del régimen de estimación objetiva, del módulo-- para aquellos empresarios que facturen menos del 50 por 100 de sus operaciones a particulares. Por tanto, es un acotamiento del sistema de módulos, entendiendo que dicha exclusión sólo operará para empresarios cuyo volumen de rendimientos íntegros --íntegros, no netos-- del año anterior sea superior a cincuenta mil euros. Por tanto, estamos hablando de empresarios que ya tienen un nivel de facturación relativamente alto.

Las actividades susceptibles de exclusión son las que hoy ya están afectadas por la retención del 1 por 100, de acuerdo con la Ley del año 2007. Son las más comunes también, obviamente, en la actividad, por ejemplo, de rehabilitación de vivienda o de reparaciones domésticas.

Después aparecen diferentes normas y diferentes medidas que van, fundamentalmente, orientadas al no levantamiento de bienes, como también anticipaba la Vicepresidenta, explicándolo mucho mejor que yo, porque tiene muchísimos más conocimientos jurídicos que el ministro; relativas, fundamentalmente, a aumentar la capacidad cautelar, en definitiva, de la Agencia Tributaria para evitar que, cuando se llega al final de ese procedimiento, no se encuentre nada, para entendernos y ha desaparecido la sociedad, se han levantado los bienes… Lo que se hace es, dándole la capacidad de adopción cautelar, de manera preventiva, que los embargos en ese sentido serían de carácter preventivo en relación con la situación actual, lo que es una garantía también en términos de ingresos para que todos los procedimientos que estén sujetos, por supuesto, acaben en el proceso judicial.

Son importantes también el nuevo supuesto de responsable subsidiario por retenciones o repercusiones en términos de IVA; la prohibición de disponer de inmuebles situados en sociedades, para que responda al mismo espíritu, al mismo ánimo, de evitar que se trasmitan los inmuebles existentes en sociedades que están en litigio con Hacienda, y la inversión del sujeto pasivo en operaciones inmobiliarias también es importante para evitar, en definitiva, que no haya ingresos reales por parte del IVA.

Quería destacarles que lo que hacemos también es potenciar la figura de la inspección y el respeto al inspector y a la inspección, de manera que lo que hacemos es establecer un régimen sancionador duro, estricto, que va, en lo que se refiere a sanciones, desde un mínimo de mil euros que pueden llegar a cien mil euros, por obstaculizar, por obstruir, por excusar y, en definitiva, por negarse al proceso de inspección y, por tanto, evitar las actuaciones inspectoras.

Es un plan acorde con la situación actual, con el ánimo, con el espíritu, que está impulsando el Gobierno. Hay que luchar contra el fraude fiscal. En definitiva, ésa es la base, como les decía desde el comienzo de la presentación, de la equidad tributaria de nuestro sistema. No hay sistema justo cuando lo que existe es economía sumergida, dinero negro y, por tanto, la voluntad del Gobierno, y estamos convencidos de que la aplicación de estas normas, será corregir y evitar esa economía sumergida, luchar contra el fraude y, en definitiva, hacer también más eficaces las medidas tributarias que hasta ahora hemos adoptado, incluida la regularización de activos que, de manera extraordinaria, está vigente desde que se aprobó y se publicó en el Boletín Oficial del Estado; pero, por supuesto, también refrendada ayer, como les recordaba, por el Congreso de los Diputados.

Sr. Wert.- Como señalaba la Vicepresidenta en su introducción, en el contexto de las reformas, no sólo para dotar a nuestro país de una mayor competitividad, sino para ponerlo en condición de escrutar las oportunidades de la globalización y de la Sociedad del Conocimiento, entiende el Gobierno que la reforma de la universidad española es una prioridad de primer orden.

Tienen ustedes que tener presente que en el curso de los últimos años se han producido una extensión y una generalización de la educación universitaria en nuestro país muy particulares, a tal punto que la proporción de alumnos universitarios sobre el total de alumnos del sistema educativo es en España más alta que en cualquiera de los países que nos rodean. De hecho, es el único parámetro de los incluidos en la Estrategia Europa-20-20, la proporción de alumnos universitarios, en el que España ya ha cumplido con creces el objetivo que se establece para los países en el horizonte temporal de 2020.

Es decir, tenemos un sistema universitario en el que más de un millón y medio de alumnos están en este momento recibiendo enseñanzas y al que se han dedicado unos recursos públicos crecientes que nos sitúan en esos términos. Tanto en lo que puede ser la comparación del gasto público en instituciones de Educación superior sobre el PIB, como en la que es más relevante, el gasto por alumno como proporción del PIB per cápita, estamos en niveles iguales e, incluso, superiores a los de la media de la OCDE.

Además, se ha incrementado sustancialmente en los últimos años el gasto en becas y ayudas al estudio. Fíjense ustedes que este capítulo, en el de las ayudas generales a la Educación superior, es uno de los focos en los que los Presupuestos de 2012 no contemplan ninguna reducción.

Sin embargo, a pesar de esa gran extensión y a pesar de los ingentes recursos que se dedican a la Educación superior, no podemos calificar ni mucho menos como satisfactoria la situación. Les voy a dar apenas unos apuntes. Ninguna de las universidades españolas está considerada entre las 150 primeras del ranking que se reconoce como de general aceptación, el ranking de Shangai.

Tenemos una tasa de abandono universitario del 30 por 100; es decir, el 30 por 100 de los alumnos que empiezan una carrera no la terminan, lo cual quiere decir que doblamos prácticamente la media europea en esta métrica. En Europa el abandono universitario se sitúan en el 16 por 100 y en España en el 30 por 100. Si convertimos en dinero lo que supone esta tasa de abandono universitario, el que el 30 por 100 no acabe la carrera, quiere decir que estamos, permítanme la expresión, tirando unos tres mil millones de euros por culpa de este abandono universitario.

Prácticamente sólo un tercio de los estudiantes españoles terminan su título sin repetir un curso; la media de la OCDE y de la Unión Europea se sitúa en torno al 40 por 100. Tenemos una Universidad muy poco internacionalizada, menos de un 5 por 100 de alumnos extranjeros, y una proporción inferior incluso a ésa de profesores extranjeros; y tenemos una proporción, que en términos comparativos es muy elevada, del profesorado que no tiene lo que se llama técnicamente un sexenio vivo, es decir, que no está investigando ni generando nuevos conocimientos en el tiempo reciente.

Como consecuencia de eso, de los parámetros que tienen que ver con cómo funciona el sistema a la hora de producir resultados en el propio sistema, luego hay consecuencias que van más allá del propio sistema, que es cómo se insertan esos universitarios en la sociedad. Y ahí también obviamente tenemos resultados muy mejorables. Les voy a dar simplemente uno: de entre los parados en el tramo de edad de veinticinco a veintinueve años el 21 por 100 son universitarios. Y esto solamente por referirnos a los parados. Si ampliáramos la observación para hablar de los subempleados, tendríamos entonces un panorama más complicado.

Evidentemente, una situación como ésta es obvio que es muy susceptible de mejora. ¿Dónde se puede producir la mejora? ¿Cuáles son los elementos de diagnóstico que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en esa mejora? Les decía que la desproporción entre resultados e inversión se puede deber a muchas causas. Antes hablaba de la extensión del sistema universitario en cuanto al número de alumnos, pero vamos a fijarnos ahora en la dispersión. En España tenemos 79 universidades entre públicas y privadas, y 236 campus universitarios ubicados en municipios distintos. Para que se hagan una idea comparativa, en California, que tiene una población grosso modo semejante a la de España, el número de universidades es de 10.

Además de eso, en España tenemos una oferta académica que se compone de 2.413 grados universitarios, 2.758 masteres oficiales y 1.680 doctorados. Obviamente, el resultado de todo ello es que casi el 30 por 100 de los títulos tienen menos de cincuenta alumnos de nuevo ingreso; es decir, prácticamente algo más de una cuarta parte de los títulos tienen una masa crítica, en términos de alumnado, que es inferior al mínimo de eficiencia que se considera en las comparaciones internacionales.

Otra consecuencia es la absoluta falta de movilidad, tanto de estudiantes, como de profesores. Sólo el 7 por 100 de los universitarios españoles cambia de distrito universitario, frente al 68 por 100 en Estados Unidos o, aún más cerca de nosotros, el 52 por 100 en el Reino Unido. El elemento de movilidad más importante que hay, el Erasmus, tampoco parece que se guíe esencialmente por criterios pudiéramos decir universitarios. También apenas una indicación: casi la cuarta parte de los estudiantes españoles que hacen un Erasmus lo hacen en Italia. No se trata de denigrar nada, ni siquiera el sistema universitario italiano; pero es evidente que no parece que las universidades italianas sean per se, por razones de calidad, las más importantes, no digo del mundo, ni siquiera de Europa.

Evidentemente, hay muchas otras causas que explican la situación de la Universidad española. Tienen que ver con el sistema de selección y acreditación del profesorado, con la endogamia que existe o con la poca responsabilidad o corresponsabilidad entre resultados científicos y sistema de remuneración; pero, por encima de esas cuestiones, lo que es evidente, es que el sistema de gobernanza universitaria, de cómo organizamos las universidades, de cómo las gobernamos, ante quién responden, cómo establecemos los títulos, etc., que proviene de la Ley Orgánica de Universidades, no ha dado el resultado que se esperaba. Es cierto que el establecimiento por Ley de una amplia autonomía universitaria no ha venido acompañado de lo que es obligatoriamente el correlato de esa autonomía, que es la rendición de cuentas, la corresponsabilización, y, por eso, la autonomía universitaria no ha rendido los frutos que de ella se debían esperar.

Es necesario emprender reformas en varias direcciones y es tan importante para el futuro del país que el sistema universitario sea más eficiente y funcione mejor que nos ha parecido que no era prudente abordar la necesaria reforma de este sistema sin conseguir el mejor consejo posible para orientar, tanto desde el punto de vista del diagnóstico, como desde el punto de vista de la recomendación de hacer reformas, una comisión de expertos independiente, plural, del más alto nivel científico y académico como la que, por acuerdo del Consejo de Ministros celebrado hoy, se ha constituido.

Esta Comisión, como les digo, tiene por objetivo evaluar en un plazo limitado, en el plazo de seis meses, la situación del sistema universitario español y elevar al Gobierno recomendaciones para su mejora, tanto en el campo de la organización y la gobernanza, como en el campo de la selección y acreditación del profesorado, elección de los alumnos, etcétera., como también en el campo económico y financiero.

Componen esta Comisión una presidenta y once vocales que paso a enumerarlos. Será presidida por la catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la Real Academia de Farmacia, doña Teresa Miras, y como vocales, por orden alfabético, participarán don Oscar Alzaga; don José Adolfo de Azcárraga; don Salvador Barberá; don José Capmany; doña Elisa Chulia; don Luis Garicano; don Félix Goñi; don Rafael Puyol; don Matías Rodríguez Incierte y doña Mariola Urrea.

En la información que se les facilite tendrán ustedes los currículum de todos ellos. Yo quiero simplemente subrayar que representan, no sólo la excelencia académica cada uno en su campo, sino también una visión que combina perspectivas generacionales distintas, orígenes geográficos distintos e, incluso, orientaciones ideológicas plurales; pero en todos los casos se trata de personas con mucha experiencia y profundamente comprometidas con la mejora de la Universidad.

P.- Dos preguntas para la Vicepresidenta y una al ministro Montoro.

Vicepresidenta, me gustaría saber qué acciones está llevando a cabo el Gobierno en relación con la ofensiva sobre YPF del Gobierno de Argentina. ¿Cuáles han sido los mecanismos que está planteando y cómo está la situación a esta hora? ¿Nos lo puede actualizar?

También a la Vicepresidenta. Hemos vivido una semana complicada con la prima de riesgo en niveles complicados y la Bolsa también en número rojos. Yo no sé si el Consejo de Ministros ha hecho balance de esta semana complicada, si se ha hecho algún tipo de autocrítica, si hay autocrítica que hacer y si el Gobierno cree que ya está en condiciones de decir que se ha pasado este bache.

Al ministro Montoro me gustaría preguntarle, más bien insistirle, por las cuentas en Andalucía. Ayer conocíamos del Partido Popular que la Junta de Andalucía podría tener facturas sin pagar a proveedores de más de cuatro mil millones de euros y se mantienen las dudas sobre el dato de déficit público. Me gustaría tener una valoración.

Sr. Montoro.- La verdad es que la cifra que aporta yo no la conozco. Esto es lo bueno de este tipo de intercambios de las ruedas de prensa, que siempre se acaba uno enterando, como decía, de muchas cosas y también de las propias.

Quiero decirles que lo que sí es público, no es la lista de proveedores, para entendernos, que nos han enviado las Comunidades Autónomas, puesto que no se ha cumplido el plazo. Recuerden que es el 15 de abril y, entonces, estamos cercanos, pero no se ha cumplido el plazo. La verdad es que me parece normal, en ese sentido, que estén apurando el plazo; supongo que será para enviarnos la lista más completa. Cuando existen los plazos, ya sabe usted que lo raro es que nadie te envíe una semana antes de que acabe el plazo semejante tipo de relación. Eso es normal.

A partir de ahí, vendrá el siguiente plazo, hasta el 30 de abril, relativo al plan de saneamiento consecuencia de ese pago de proveedores reconocido. Y, a partir de ahí, vendrá también la adecuación, por tanto, de los propios Presupuestos de las Comunidades Autónomas, Comunidades que ya están --aprovecho la cuestión para explicarles-- ajustando su presupuesto como consecuencia de la desviación del déficit público que tuvieron el año pasado y el nuevo objetivo de déficit, una vez conocidos los escenarios propios del Presupuesto del Estado.

Eso ya está en marcha y esos programas ya los estamos revisando desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Después vienen estos programas, que serán adecuación para poder hacer frente al crédito de pago de proveedores. A partir de ahí, también incidirán sobre las Comunidades Autónomas las reformas de los servicios públicos que estamos anunciando desde el Gobierno y, por tanto, en las próximas semanas todo ello va a configurar unos Presupuestos autonómicos que estarán muy comprometidos, perfectamente comprometidos, ajustados, a los nuevos objetivos de déficit público.

En concreto, en relación con la Junta de Andalucía, no le puedo precisar esa lista, porque no la tenemos; pero sí el hecho de que a Eurostat, a Bruselas, se envió en su momento, durante los plazos del mes de marzo, de forma completa lo que es la contabilidad de nuestras Comunidades Autónomas, como la de la Administración General del Estado. En esa partida, la partida 409, ahí figura una deuda comercial de la Junta de Andalucía del orden de los tres mil millones de euros. Esto ya lo expliqué públicamente durante el mes de marzo. La verdad es que no tuve mucho éxito, no fueron muchos titulares; pero ésa es la cifra real, conocida y difundida, que tiene Eurostat y es lo que tenemos que hacer para ser creíbles como país: explicar lo que realmente está en las contabilidades públicas de nuestro país.

A partir de ahí, obviamente, veremos si la cifra se adecua, efectivamente, a la relación de proveedores.

Vicepresidenta.- Me preguntaba, en primer lugar, por la situación de la empresa Repsol-YPF en Argentina. En primer lugar, yo quiero señalar que el Consejo de Ministros lleva trabajando intensamente, con discreción muchas veces, como se hacen estas cosas, sobre este asunto; en concreto, desde el mes de enero. Y quiero recordar que el propio ministro de Industria viajó a ese país.

En estos tiempos hemos estado trabajando en todos los ámbitos para evitar que decisiones de esa naturaleza lleguen a tomarse. No nos consta que se haya tomado la decisión en este momento pero, si llegara a adoptarse, en nombre del Gobierno español queremos señalar que es muy negativa para los intereses españoles y que la obligación de este Gobierno es defender, con todos los instrumentos que tiene a su alcance, los intereses generales de España.

Quiero, además, informarles de que el ministro de Asuntos Exteriores ha llamado en la mañana de hoy al embajador de Argentina a la sede del Ministerio para conocer de primera mano cómo está la situación, para reiterarle la preocupación del Gobierno español por este asunto y para indicarle que el Gobierno actuará con las medidas que tiene a su alcance para evitar que decisiones de esta naturaleza puedan llegar a producirse, con las consecuencias que todos conocemos.

Me preguntaba por la complicada situación económica en el exterior y qué es lo que va a hacer el Consejo de Ministros. El Gobierno tiene en marcha un plan de reformas sistemático y completo que lleva, en primer lugar, a establecer un proceso de consolidación muy importante, del que ayer tuvimos un importante avance y un elemento clave para recuperar la confianza y la credibilidad, que es en lo que trabaja especialmente este Gobierno, en recuperar la confianza y la credibilidad perdida, y es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Transmite un mensaje de firmeza respecto de las cuentas públicas de todas las Administraciones y de la fortaleza de los mecanismos de los que se dota al Estado para que esas cuentas públicas estén en equilibrio y todos cumplamos nuestras obligaciones en el manejo de los dineros públicos.

Este Gobierno, además, está acelerando el plan de reformas a todos los niveles que tenía previsto. El pasado miércoles, el presidente del Gobierno hizo una relación de las distintas reformas que se van a aprobar a lo largo de este trimestre en todos los ámbitos, medidas de impulso a la competitividad. Y creo que la presencia de hoy del ministro de Educación pone de manifiesto que no vamos a dejar ningún ámbito sin la necesaria reforma estructural que lleve a mejorarlo para lograr dinamizar la economía y crear empleo.

Indudablemente, siempre se pueden hacer más cosas; pero creo que hay algo que nadie niega, y es que este Gobierno ha adoptado muchas decisiones en un tiempo muy corto. Pero no se conforma con eso y seguirá adoptando decisiones en el marco del plan global que nos hemos marcado para que este país pueda remontar la crisis económica y se pueda crear empleo.

P.- Respecto al conflicto con Argentina, quería saber las posibles medidas económicas; por ejemplo, ¿un veto de importaciones de soja argentina? ¿Temen que otras empresas españolas puedan ser expropiadas?

Luego, tenía varias preguntas de las medidas fiscales. ¿Nos podía detallar las sanciones por no informar de las cuentas en el extranjero? No me queda claro. Se habla aquí de cuotas superiores al 50 por 100 en IRPF y se habla de la imprescriptibilidad. ¿Nos podía poner ejemplos? ¿Cómo, según esto, queda el delito fiscal? Por ejemplo, en Estados Unidos llegan hasta diez años de cárcel, según tengo entendido. ¿Creen que la amnistía realmente va a hacer que la gente regularice, el miedo a estas sanciones? ¿Es suficiente su rigor?

Respecto a la reforma del régimen de módulos, ¿la van a ampliar? Creo que se crea una mesa para estudiarlo. ¿Es para ampliar la restricción de régimen de módulos?

Sobre el IVA, la inversión del sujeto pasivo y las medidas que han tomado para los concursos, ¿no van a lastrar el mercado inmobiliario y van a perjudicar a las empresas en concurso, a favor de la Hacienda pública?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas en relación con Argentina, como yo he señalado, el Gobierno tomará las decisiones que correspondan. Pero le voy a decir una cosa: las medidas no se anuncian, se adoptan, y yo lo que espero es que este Gobierno no tenga que adoptarlas; pero, indudablemente, si tiene que hacerlo, lo hará.

Sr. Montoro.- En relación con su pregunta, en primer lugar, quería aclararle que la modificación del régimen de módulos es la que está ahí. No vamos a acometer nuevas modificaciones. Entendemos que esta modificación ya es cambiar elementos sustanciales del régimen de módulos y, por tanto, no hay ningún tipo de mesa, como decía, o de negociación respecto de ese cambio.

De lo que tratamos, y ya lo haremos en el futuro, es de que también las normas tributarias vayan induciendo voluntariamente hacia la mayor transparencia fiscal. Por tanto, ésa es la intención del Gobierno y todas las medidas tributarias que iremos desarrollando irán en esa dirección.

En relación con el régimen de sanciones, penalizaciones y, por supuesto, incurso en el delito fiscal, el régimen es el actual y lo que estamos haciendo con esta medida es, en definitiva, exigir legalmente, formalmente, esa declaración. Por tanto, no atender esa exigencia legal da origen a una sanción, sin perjuicio de, obviamente, todas las infracciones y, por supuesto, de incurrir en el delito fiscal correspondiente de acuerdo con nuestra normativa, que también es una normativa exigente.

En relación con los cambios relativos al IVA, se trata de evitar el fraude. Por tanto, nadie puede entender que estamos perjudicando actividad si evitamos fraude. No sé si lo puedo decir más directamente. Si alguien se siente perjudicado por un cambio normativo que lo que haga es pagar lo que se debe a la Hacienda pública, en este caso, ingresar el IVA, y no lo está haciendo, es que está incurriendo en un fraude. Por tanto, esto es la norma y no se puede leer de otra manera. Si se perjudica a esa actividad, bienvenido sea el perjuicio, porque lo que estamos haciendo es evitar economía sumergida y, en definitiva, estamos evitando fraude.

P.- Vicepresidenta, me gustaría saber si el señor Rajoy se ha puesto en contacto con la presidenta de Argentina para saber las intenciones respecto a YPF y si entre todas las medidas a su alcance incluso está dispuesto a acogerse España al Tratado de Lisboa para llevar a los Tribunales a Argentina.

Me gustaría saber también, respecto a la Ley de Estabilidad aprobada ayer en el Congreso, si el 0,0 por 100 de déficit estructural es definitivo o si hay algún margen a la negociación durante su tramitación en el Senado para poder llegar a un acuerdo con el Partido Socialista.

Hilando con lo que decía usted antes de la semana que ha vivido España, me gustaría saber si el presidente del Gobierno ha llamado o tiene intención de llamar o de entrevistarse con el líder de la oposición, y si la propuesta de acuerdo que planteó el otro día el señor Pérez Rubalcaba cree el Gobierno que debe tomarse en cuenta.

Vicepresidenta.- Me preguntaba por una medida y yo he señalado en la pregunta anterior que este Gobierno no va a anunciar públicamente medidas; que, si tiene que adoptarlas, las adoptará. Desde luego, al Gobierno de Argentina se le está trasladando a todos los niveles la preocupación que tiene el Gobierno de España y en estos momentos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, probablemente, habrá finalizado la reunión en la que el ministro de Asuntos Exteriores, en nombre del Gobierno español, le ha transmitido al embajador de Argentina la preocupación del Gobierno en pleno sobre este asunto y el perjuicio que causarían a los intereses españoles y a los intereses europeos decisiones de esta naturaleza; decisiones ante las que, desde luego, si llegan a consumarse, este Gobierno no va a permanecer parado. Yo invito también a la reflexión al embajador y al país del que procede.

Sin perjuicio de que el ministro Montoro pueda hablar más de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, permítanme que yo haga una reflexión conjunta de su segunda y su tercera pregunta. La voluntad de pactar se demuestra andando. Ayer en el Congreso de los Diputados había una oportunidad de oro para un pacto. Me dirán ustedes: no es nuevo, porque un pacto lo había, y lo había en agosto. Pero da la casualidad de que un pacto que hubo en agosto, con el Partido Socialista en el Gobierno y el Partido Popular en la oposición, se trunca cuando se produce la inversión en las posiciones.

Yo quiero poner en valor la responsabilidad de muchos partidos políticos ayer en la Cámara. Ayer apoyaron esta reforma partidos políticos que no apoyaron, sin embargo, la reforma constitucional pero que, haciendo un ejercicio de responsabilidad, votaron que sí o se abstuvieron a esta reforma; entre ellos, partidos de los que yo quiero destacar que gobiernan en Comunidades Autónomas, que es muy importante que hayan transmitido esa voluntad de cumplir los límites del déficit y de ahormar un modelo de las autonomías en el que todas las Administraciones tienen intención de cumplir.

Los anuncios de pacto están muy bien y el anuncio es muy fácil de hacer. Lo importante es que lleguen a producirse. Desde luego, este Gobierno hablará todo lo que haga falta y pactará todo lo que podamos pactar; pero el mejor elemento de prueba de la voluntad es que esas cosas se hagan y creo que ayer algunos podían haber hecho un esfuerzo hacia un pacto que se ha abierto a muchas fuerzas políticas, mucho más críticas en un momento inicial, que, sin embargo, han ejercido un sentido de la responsabilidad muy importante con ese apoyo.

Desde luego, este Gobierno hablará y pactará, pero yo creo que los ciudadanos confían en nuestra palabra cuando la palabra la refrendamos con hechos. Entonces, ayer hubo un hecho que pone de manifiesto… Lo fácil es anunciar, pero hay que trabajar para que eso se logre.

Sr. Montoro.- Como ha dicho la Vicepresidenta, nosotros ponemos en gran valor lo que fue la aportación de los grupos políticos en una ley que es una ley de principios. Es una Ley que sienta los principios de la estabilidad presupuestaria a corto pero, sobre todo, a medio y largo plazo. Por tanto, la consecución de los acuerdos políticos tiene un muy alto valor.

¿Qué no es negociable?, como preguntaban. ¿El cero, que marca en esa Ley y que es a propuesta del Gobierno? No. Lo que no es negociable es el cero que se desprende del Tratado de la Unión Europea y lo que no es negociable es lo que marca el pacto fiscal europeo para España y para los países sometidos al régimen de control, de corrección, del déficit excesivo. Por tanto, ésta es la cuestión y el que no lo entienda así es que no lo quiere entender así.

Nosotros no nos cansamos de abrirlo, de dialogar, como mostramos ayer; pero donde no hay margen, porque nos jugamos la credibilidad de España, es, en definitiva, en el establecimiento de una senda con un objetivo y ese objetivo es más ambicioso en su planteamiento inicial, el Tratado --sobre todo el inicial; no después, en el desarrollo de lo que hemos llamado el "pacto fiscal", que no es así--, es el cero. Por tanto, que España necesita hacer un mayor esfuerzo, que lo podemos entender, que la primera exigencia del Tratado de la Unión Europea eso estuvo claro en la reforma de la Constitución que aprobamos a iniciativa del Gobierno socialista anterior y donde tuvimos esa oportunidad de llegar a ese acuerdo, porque existía voluntad para ese acuerdo.

Por tanto, estamos ante un siguiente paso, un trámite más en el Senado, pero estamos ante una imposibilidad material de llegar a ningún acuerdo que signifique rectificar una cifra, insisto, que se deriva de los Tratados europeos.

P.- Ahora, que ha empezado esta semana el proceso de venta del Banco de Valencia y Cataluña Caixa, quería preguntarle si nos puede aclarar un poco cómo se va a financiar el Fondo de Garantía, cuáles son las opciones y si dentro de estas opciones hay algunas que pueden llevar a elevar el nivel de deuda pública o incrementar las cargas sobre la Banca.

Sr. Montoro.- Estamos trabajando precisamente en ello, en la fórmula financiera que permita que el instrumento utilizado no aumente el déficit público en este ejercicio, en el año 2012, y en 2013. Eso es exactamente lo que estamos haciendo, de acuerdo con la normativa europea y de acuerdo con la normativa de Contabilidad Nacional. Por tanto, ése es el proyecto y ése es el trabajo material que en este momento estamos realizando.

P.- Le preguntaban si Rajoy se ha puesto en contacto con la presidenta argentina y le pregunto, además, si el Rey se ha puesto en contacto. ¿Qué gestiones de alto nivel se están haciendo? Por favor, algún detalle.

Le preguntaban también sobre la autocrítica. Le quería preguntar si tiene la sensación de haber hecho algo mal esta semana. En particular, ha sido muy criticada la nota que hicieron el lunes, comunicando unos ajustes de diez mil millones de euros.

Y le insisto sobre si el Presidente va a llamar al líder de la oposición o no.

Al señor Montoro. Entiendo que el delito fiscal no prescribe. No hay una modificación del delito fiscal y lo que se modifica es la imprescribilidad de la deuda, pero el delito fiscal queda tal cual, ni se aumenta ni se agrava, ¿no?

Al ministro de Educación. ¿La idea es que desaparezcan universidades en España? De lo que ha planteado, ¿se deduce que sobran universidades en España y habría que reducirlas?

Sr. Montoro.- La mía es muy fácil. El delito fiscal no cambia.

Sr. Wert.- Yo también puedo contestar muy rápido. Obviamente, si se constituye una comisión de expertos, sería bastante contradictorio con esa constitución que yo le contestara en términos contundentes la respuesta. Yo lo único que he dicho es que en España hay 79 universidades, que ofertan más de 2.000 grados, de 3.000 masters y de 1.380 doctorados. Es la Comisión quien tendrá que establecer si eso es mucho, es poco o es lo adecuado.

Vicepresidenta.- Sobre la primera, como señalaba antes, se han ido conociendo las distintas gestiones que ha ido haciendo el Gobierno español. Sobre todo, le comento la que se está realizando en estos momentos y es que, tras el Consejo de Ministros, ha sido convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores el embajador argentino para trasladarle la gravedad de este momento actual. Según la respuesta de ese embajador, desde luego, el Gobierno continuará haciendo las gestiones que estime oportunas.

¿El presidente del Gobierno va a hablar con el líder de la oposición? El miércoles, el presidente del Gobierno, en la sesión de control, como todo el mundo pudo escuchar, le invitó al líder de la oposición a culminar una serie de acuerdos que eran necesarios, entre otras cuestiones, para renovar distintos organismos, algunos de rango constitucional, que están pendientes de renovación. Yo creo que sería bueno que el líder de la oposición manifestara su voluntad o no de llevar a cabo esas necesarias reformas que han colocado a alguno de esos organismos en situaciones muy difíciles de funcionamiento.

Sobre la labor del Gobierno y lo que va a realizar, como señaló el presidente del Gobierno en sus últimas comparecencias, se van a llevar a cabo una reforma del sistema sanitario y una racionalización del gasto educativo en la que estamos trabajando, que pueden suponer un ahorro de diez mil millones de euros para las Comunidades Autónomas, para el presupuesto de las Comunidades Autónomas, que son las encargadas de gestionar la educación y la sanidad. Serán medidas de las que daremos oportuna cuenta cuando pasen por el Consejo Interterritorial de Salud y por las Conferencias Sectoriales que preside mi compañero, previo consenso con las Comunidades Autónomas, y que se adoptarán en el Consejo de Ministros.

Lo que haremos es intensificar las necesarias reformas que son imprescindibles, de un lado, para el mantenimiento de nuestro sistema sanitario, que es uno de los mejores del mundo; para su sostenibilidad y para racionalizar y ahorrar en la gestión de servicios públicos para poder garantizar a los ciudadanos su percepción.

P.- Vicepresidenta, sobre el asunto de Argentina, simplemente quería plantearles si, aparte de las gestiones que ha mencionado, se van a hacer también consultas o se van a realizar contactos a nivel internacional. Hablo de la Unión Europea, especialmente de la Comisión, y también en el ámbito latinoamericano, con otros países vecinos de Argentina; que se les pida algún tipo de mediación o, incluso, con los que se puede hablar de una posible sanción al Gobierno de Cristina Fernández.

También le quería preguntar por otro asunto. A lo largo de esta semana ha habido varias personalidades, algunas del Partido Popular, que han apostado por realizar unos pactos de Estado, al estilo de los Pactos de la Moncloa de la Transición, para sacar a España de este momento de crisis. El primero, creo recordar, fue el presidente de Extremadura; el último en hacerlo, esta misma mañana, ha sido un dirigente del Partido Popular, como Carlos Floriano. Quería saber cuál es la posición del Gobierno, si van a dar algún paso y, por ejemplo, si se plantean ponerlo en marcha en la Conferencia de Presidentes, que creo que el Presidente dijo que iba a convocar para antes del verano.

Si me permiten un matiz para el ministro de Educación, quería preguntar si la Comisión de Expertos que se ha nombrado hoy tiene algún tipo de retribución por formar esa Comisión y cuál sería.

Sr. Wert.- A mí no me ha parecido un matiz, me ha parecido una pregunta; ya estaba temblando. No tiene ninguna retribución.

Vicepresidenta.- Sobre Argentina, no es que vayamos a realizar. Es que a lo largo de todas estas semanas hemos intensificado los contactos, tanto con las instituciones europeas, como con los países de la zona y con otros organismos para trasladarles la gravedad de la situación. Hemos podido constatar, además, la preocupación generalizada en otros Estados y en otras instituciones, por cuanto esto excede con mucho de los intereses generales españoles en lo que puede afectar a los intereses de otras empresas y de otras instituciones europeas. Con lo que hay desplegada toda una estrategia en el ámbito internacional para trasmitir al Gobierno de Argentina que, en esta cuestión, no sólo se está afectando a los intereses españoles, sino que hay una enorme preocupación de toda la Comunidad Internacional por decisiones de este tipo que afectan, y mucho, a la posición de todos los Estados y de sus principales empresas en ese país.

Me preguntaba por los pactos y por los pactos de Estado. Yo he señalado a alguno de sus compañeros la voluntad de este Gobierno de dialogar, de pactar y de abordar cuantas medidas sean necesarias. En este sentido, yo quiero poner en valor como distintas iniciativas que el Gobierno ha llevado a la Cámara, la inmensa mayoría de ellas, han contado con un apoyo muy amplio. A pesar de la mayoría del partido que sostiene al Gobierno, ha logrado concitar el acuerdo de distintos Grupos Parlamentarios.

Como decía, lo importante es que esos pactos lleven a resultados y hay encima de la mesa tres pactos importantes, a los que yo invito al resto de las fuerzas políticas a aportar, a negociar y a consensuar; a fuerzas políticas y también a otras Administraciones, porque usted me está hablando de un pacto de Estado y es un pacto del conjunto de todas ellas. Un ejemplo claro, como yo decía, es la Ley de Estabilidad, que es de verdad un pacto de estabilidad y una apuesta por el control del déficit. Y es especialmente significativo que algunos partidos políticos nacionalistas, de ámbito autonómico, la hayan apoyado. Y yo invito a que termine el proceso con el apoyo de más.

Hay dos elementos muy importantes en esos Pactos de Estado, que afectan a todas las Administraciones, y que son, en el marco del Estado de las Autonomías, lograr, entre todos y con el apoyo y con el liderazgo del Estado, del Gobierno de la nación, conseguir ni más ni menos que apuntalar el Estado de Bienestar, la sostenibilidad de sus servicios básicos: la educación y la sanidad.

Esta semana tendrán lugar tres Conferencias Sectoriales --una no tiene este nombre, pero sí tiene esta condición-- para abordar uno de los elementos fundamentales que forman parte o que deben formar parte de un pacto de Estado, que es el mantenimiento del Estado de Bienestar. Desde luego, abordaremos ese asunto con las Comunidades Autónomas, que son las principales implicadas, y con todos los Grupos Parlamentarios cuando esa iniciativa, abordada con ellas, llegue a las Cortes Generales.

Hay distintas formas de hacer los pactos, pero creo que es una forma muy adecuada plantear reformas concretas, ir más allá de la voluntad de diálogo y plantear propuestas que otros pueden contrastar, aportar y negociar para ir avanzando en los elementos estructurales necesarios que hay que reformar para mantener nuestro Estado de Bienestar, salir de la crisis y crear empleo.

Nosotros allí vamos con medidas concretas, con propuestas concretas. Estamos dispuestos a escuchar a todo el mundo que pueda y quiera aportar, e ir solucionando los problemas tan graves que enfrenta nuestra economía y que enfrenta nuestro Estado de Bienestar.

P.- Vicepresidenta, yo le quería hacer tres preguntas. La primera es sobre las Comunidades Autónomas que ha dicho que se han sumado al plan para comprar vacunas. ¿Cuáles son las que no se han sumado? Creo que serían tres las que habrían rechazado la propuesta del Gobierno.

En segundo lugar, quería insistir un poco en el balance que ha podido hacer el Consejo de Ministros sobre esta semana. La prima de riesgo seguía esta mañana sobre los 400 puntos. ¿Cuánto tiempo puede España mantener la prima en este nivel? Eso para la Vicepresidenta o ya para el ministro Montoro.

Luego, para el ministro Wert. De su exposición, y al margen de lo que diga la Comisión que se ha creado, a mí me queda un poco la sensación de que una de las vías que usted propone o lo que es su opinión personal es que sobran alumnos en las universidades y también universidades. ¿Es ésa su opinión?

Vicepresidenta.- Si le parece bien, una para cada uno, por eso del reparto. Yo acabo rápidamente.

Las Comunidades Autónomas que se han sumado al acuerdo marco, a diferencia del acuerdo marco del año pasado, en que sólo participaron ocho, en éste intervienen catorce: Aragón, Principado de Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Madrid, junto con Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia, Navarra y La Rioja, además del Ministerio del Defensa y el Ministerio del Interior, en lo que afecta a Instituciones Penitenciarias.

Sr. Montoro.- En relación con las dificultades, que todos conocemos y que todos valoramos y lamentamos, en términos también de lo que es la prima de riesgo/país, quería decirles que desde el primer minuto el Gobierno está tomando decisiones. El Gobierno está gobernando y está tomando decisiones para corregir el déficit público y para modernizar la estructura productiva de España para que podamos crecer y crear empleo cuanto antes. Ésas son las reformas estructurales que estamos acometiendo para elevar la capacidad de crecimiento de la economía española y tenemos la convicción de que eso se traducirá en mayor confianza y en mayor confianza dentro de la sociedad española, fuera de la sociedad española, frente a las instituciones europeas, frente a nuestros socios, y mayor confianza frente a los mercados, a nuestros acreedores internacionales.

Ésta es la tarea y en esa tarea estamos. Y, como ven, cada día el Gobierno toma decisiones y cada día emprende reformas, desde el convencimiento de que eso va a cambiar. En definitiva, tomando, como debemos tomar todos… Sabíamos que la tarea era muy difícil, no hemos descubierto nada; sabíamos que la herencia era muy complicada de gestionar. España lleva mucho tiempo en esa situación delicada y eso lo que hace es estimular nuestra acción de Gobierno para llevar adelante cuanto antes esas reformas que necesita nuestro país. Y, por supuesto, colaborando con las instituciones europeas, porque estamos apostando por el euro. Ése es nuestro proyecto y en ese terreno, en ese ámbito, también insistir en la importancia que tiene el papel de las instituciones europeas en apoyo y en defensa del euro.

Sr. Wert.- Si la Vicepresidenta me permite, aunque sea muy brevemente, elevar el nivel de hipoglucemia en la sala, añadiendo, ahora sí, un matiz a lo que me decían antes. ¿Se me ha olvidado? No. Por ser breve, no he dicho, no sólo que no era retribuida, sino que el Gobierno quiere agradecer la desinteresada y generosa colaboración de todos quienes han aceptado formar parte de esta Comisión.

En cuanto a la siguiente pregunta, no trato de eludir la respuesta, ni tampoco quiero dejar en manos de la Comisión. Es evidente que yo tengo mi opinión. Pero yo creo que no se trata tanto de si sobran alumnos o sobran universidades, cuanto de algo que es evidente, que probablemente no requiere excesiva argumentación, y es que el ajuste entre alumnos, universidad y oferta dista de ser óptimo. Fíjese si dicta de ser óptimo que la propia Conferencia de Rectores de la universidad española reconoce que existe una oferta sobrante en el orden del 13 por 100.

Nosotros --lo he dicho en mi exposición inicial-- tenemos en España una tasa de alumnos universitarios sobre el total de alumnos que ya está por encima de la que, como objetivo, establece la Unión Europea en la Estrategia 2020. Y eso en sí mismo no malo, ni podemos decir que sea malo. Yo creo que para un país contar con una base muy amplia de estudiantes universitarios es excelente; es una señal de progreso del país. Lo que no es tan excelente es que tengamos una tasa de abandono universitario doble que la europea y lo que no es, evidentemente, tan excelente es que lo que se distingue, cuando se analizan los resultados del sistema educativo, entre el "output" es decir, los licenciados o los doctores que produce el sistema, y el "outcome", se decir, a lo que llegan esos licenciados y esos doctores, tengamos que un 21 por 100 de los parados y menores de veintinueve años sean licenciados universitarios y que tengamos ese desajuste en el mercado laboral; es decir, esa escasa contribución del sistema universitario a la empleabilidad de nuestros jóvenes.

Vicepresidenta.- Muchísimas gracias.