Conferencia de prensa del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, y del ministro de Hacienda y Función Pública, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Portavoz.- Buenas tardes. Comparecemos ante ustedes el ministro de Hacienda y Función Pública y yo para informarles de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la reunión celebrada hoy bajo la presidencia de don Mariano Rajoy.

Antes que nada, permítanme expresar condena y rechazo por la explosión que ha habido en el Metro de Londres. Parece un atentado terrorista. No hay todavía noticias fidedignas, pero hemos estado en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que está en contacto con la Policía de Londres, para interesarse por lo que ha sucedido y por ver si hay alguna víctima de nacionalidad española. Por el momento, no tenemos ninguna noticia sobre ello; pero vaya nuestra solidaridad y, cómo no, nuestro rechazo.

Quiero recordar también cómo, después de la última rueda de prensa celebrada el pasado viernes, el lunes la Abogacía del Estado interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la llamada Ley de Transitoriedad de fundación de la república de Cataluña, dando así cumplimiento al acuerdo del Consejo de Ministros, como les había relatado yo.

Ese recurso se basa en la inconstitucionalidad íntegra y completa, y vulneración de varios artículos de la Constitución, cuyo contenido conduciría a un régimen donde se anularían la división de poderes y todas las garantías del Estado de Derecho. El Poder Judicial pasaría a ser un mero apéndice administrativo del Ejecutivo y el Parlamento quedaría vacío de contenido y merced a un mandato imperativo que esa Ley otorga a un proceso asambleario de participación ciudadana, denominado "Asamblea Constituyente", que se asemeja más a lo que acontece en otros lugares allende los mares que a lo que sucede en nuestro entorno europeo. Después de ese recurso, el Tribunal Constitucional ha suspendido dicha Ley y, por lo tanto, esa Ley no tiene ningún efecto jurídico.

Quiero referirme, además, también al Día de Cataluña, a la Diada, que ha sido tradicionalmente el día de todos los catalanes desde la restauración democrática en 1977. Leía yo este fin de semana una novela de Ignacio Martínez de Pisón, "Derecho Natural", donde contaba la primera Diada de 1977, precisamente, y cómo era una fiesta de todos los catalanes, que transcurría en un clima de convivencia y pluralismo político y social. Lo que vimos el otro día, desgraciadamente, hace que eso ya no sea así. La Diada ha pasado a convertirse en un instrumento de la causa secesionista que abandera la minoría radical que en estos momentos gobierna en Cataluña.

La Diada es la demostración hoy más evidente de la división social existente en Cataluña, porque una minoría se ha apropiado de ella. No vimos ni una "senyera", que es la bandera que une a todos los catalanes, y, en cambio, sí vimos cómo encapuchados procedieron a la quema de banderas de España, de Francia o de la Unión Europea, motivando una queja de la representación francesa; o de fotografías con la imagen del Rey.

Coherentemente con esa deriva radical a la que me he referido, se otorgó al señor Otegi y a la delegación de Bildu una posición prioritaria y privilegiada en dicha manifestación. Creo que ello debe hacer reflexionar a toda la sociedad catalana sobre estas muestras palpables de radicalización política y social, que son una traición al espíritu originario de la Diada. El Gobierno quiere que la Diada vuelva a ser la fiesta de todos los catalanes, compartiendo una misma bandera; que sea un día para la convivencia pacífica y tolerante, donde nadie puede ser ni señalado ni excluido.

Ello, esta manifestación de la Diada, muestra el deterioro democrático en Cataluña, que afecta a su núcleo institucional, incurriendo, como estamos viendo, en desobediencias; y la discriminación política que sufren también una mayoría de catalanes que no pueden ejercer las libertades públicas en condiciones de igualdad con los demás --son tratados de súbditos--, y consecuencia de ello es esa división, esa fragmentación, de la sociedad política catalana.

Como tuvimos ocasión de ver y como tuvo ocasión de ver todo el mundo en los debates --debates por llamarlos de alguna manera--, en las sesiones, que tuvieron lugar en el Parlamento de Cataluña, en media tarde se pegó un golpe a la Constitución, al Estatuto de Cataluña, que es la base legal de ese Parlamento, y a quinientos años de historia. Ahí tuvimos la prueba patente de que una mayoría parlamentaria, que es en cambio una minoría social y política, privó de los derechos más elementales de representación política a quienes no compartían esas iniciativas secesionistas y les privó de esa función representativa, que es también la esencia del régimen político democrático.

Desde que empezó este desafío secesionista, el Gobierno ha mantenido una línea de actuación caracterizada por dar una respuesta adecuada, que es la respuesta que tiene la democracia contra quienes atentan contra ella: es la respuesta del Estado de Derecho, que es la garantía de nuestros derechos y de nuestras libertades, de todos y no solamente de uno. El Gobierno va a preservar la concordia, porque le importa preservar la concordia, porque el Gobierno es el Gobierno de todos y no quiere debilitar más el equilibrio social maltrecho por esta fractura a la que me he referido anteriormente.

Estos días estamos viendo cómo frente a estos hechos el Estado democrático funciona con precisión y estos días hemos visto cómo se han producido llamamientos muy llamativos a respetar la legalidad, a respetar la Constitución, a respetar los cauces que nos hemos dado todos los españoles: desde las palabras del jefe del Estado ante el mundo de la cultura antes de ayer en Cuenca; ayer, ante el mundo de la Universidad, con la apertura del curso universitario, el rector de la Universidad de Salamanca brindando el apoyo del mundo de la Universidad al Gobierno para que mantenga en todo momento la legalidad; o las principales asociaciones de jueces, las cuatro más importantes, que se han pronunciado sobre la situación de Cataluña y de una manera inequívoca en favor del Estado de Derecho.

Dicen cosas tan firmes como que "los ciudadanos y los poderes públicos, y cito, todos sin excepción, están sujetos a la Constitución. Fuera de la Constitución y de los cauces que prevé no hay legalidad ni Estado de Derecho". Y continúan las asociaciones de jueces: "la aprobación por el Parlamento de Cataluña --de estas dos leyes a las que he hecho referente anteriormente y suspendidas por el Tribunal Constitucional-- carece de eficacia alguna y no tiene valor vinculante alguno, y los ciudadanos y ciudadanas no están obligados a cumplir dichas leyes ni las normas dictadas en su desarrollo". "Los funcionarios públicos --continúan los jueces-- tienen la obligación de actuar conforme a la Constitución y a la legalidad, y unos y otros encontrarán amparo y respuesta en los juzgados y en los Tribunales".

Asimismo, en el plano europeo, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, manifestó ante el Pleno del Parlamento Europeo que en la Unión Europea respetar el Estado de Derecho no es una opción, es una obligación. Y ayer mismo Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, reafirmó algo que dijo ya anteriormente, pero lo dijo con la fuerza de presidir el Parlamento de todos los europeos: que la Constitución de un país es una ley fundamental que es parte del marco jurídico europeo.

Por tanto, dicho todo esto, quiero lanzar nuevamente un llamamiento a la cordura y a la concordia, y pedir a todos los españoles que tengan confianza en la fuerza de la democracia, que el Gobierno sabrá administrarla, garantizando el derecho y las libertades de todos los ciudadanos y no solo de unos pocos.

El Consejo de Ministros hoy ha tomado una serie de acuerdos. Uno de ellos es por el que se autoriza la concesión a la Comunidad Autónoma de Aragón de una subvención nominativa para la financiación de inversiones en la provincia de Teruel para el ejercicio 2017, por un importe de treinta millones de euros. Esto lo viene haciendo el Consejo de Ministros desde el año 2012 --¿verdad, ministro de Hacienda?-- y ello es así porque, en virtud de las características del Fondo de Cooperación Interterritorial, Aragón no tendría acceso a dicho Fondo, pero dentro de Aragón la provincia de Teruel es una provincia desfavorecida.

Por tanto, esto es una excepción que aplica el Gobierno, que lleva aplicando ya desde el año 2012, para que Teruel, castigada por la despoblación, el envejecimiento y la dispersión, acceda a determinados fondos. Ahora los que hemos aprobado son treinta millones para este ejercicio; pero en total, desde el año 2012, la cantidad, el montante global, suma 180 millones de euros por parte del Estado a la provincia, lo que ha permitido llevar a cabo infraestructuras o edificios públicos como la Ciudad del Motor de Alcañiz o la Plataforma Aeroportuaria, el Observatorio Astrofísico de Javalambre, el proyecto Galáctica y la restauración de la catedral de Teruel.

Próximamente, la vicepresidenta del Gobierno y el presidente de la Comunidad de Aragón firmarán este acuerdo y también quiero anunciarles que en Teruel este año, concretamente el día 27, tendrá lugar la inauguración del curso de Formación Profesional.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha tomado un acuerdo por el que se autoriza a los Ministerios de Energía, de Educación y de Economía la suscripción de la adenda al Convenio marco de colaboración con la entidad pública empresarial Red.es para la extensión de la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles. Se trata de un proyecto que permite extender la banda ancha a los centros educativos de primaria y secundaria, con una inversión del Estado de 240 millones de euros. Hay siete Comunidades que habían firmado previamente el Convenio, ahora se abre este Convenio en el cual las Comunidades Autónoma también deberán participar financieramente y se abre también, y es muy importante, a Ceuta y a Melilla.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de doña Silvia Cortés Martín como embajadora de España en Ucrania y de don Pablo Ruiz-Jarabo Quemada como embajador en misión especial de Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho.

Además, el Consejo de Ministros ha escuchado, en primer lugar, un informe del ministro de Asuntos Exteriores sobre las negociaciones del "Brexit". El ministro de Asuntos Exteriores ha explicado dónde se encuentran dichas negociaciones y ha mencionado el importante discurso que pronunciará la primera ministra, doña Theresa May, en Florencia en los próximos días, donde va a manifestar la posición del Gobierno británico. Probablemente, las negociaciones van con retraso respecto al calendario acordado; pero el ministro de Asuntos Exteriores ha querido recalcar cómo la posición española se encuentra en plena sintonía con los otros socios de la Unión Europea, apoyando todas las intervenciones que está llevando a cabo el negociador principal, don Michel Barnier.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha escuchado un informe que ha hecho el ministro de Hacienda y Función Pública. Le voy a dar la palabra a él para que explique ese informe. Nos ha informado en el Consejo de Ministros, pero posteriormente se ha reunido la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que es la que ha tomado el acuerdo.

Sr. Montoro.- El Gobierno, ante la situación de manifiesta ilegalidad en que está incurriendo la Generalitat de Cataluña, ha establecido un mecanismo de control de pagos, novedoso pero absolutamente necesario, para garantizar los servicios públicos fundamentales de los catalanes y para garantizar que la posición en la que están incurriendo los dirigentes políticos en Cataluña no perjudique a nadie en Cataluña ni a nadie en el conjunto de España. Se trata, por tanto, de un control de pagos orientado a garantizar que ningún euro irá a financiar ninguna actividad ilegal y también a garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Por tanto, establecemos la garantía de que todo el mundo va a cobrar en plazo y lo va a hacer en función de la seguridad que da el Estado ante la incertidumbre que crean determinadas posiciones políticas, porque lo que está en juego, insisto, es el interés general de los catalanes y del conjunto de los españoles, está en juego la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria y está en juego la propia defensa de la Ley y de la Constitución en España.

Ante ello, lo que hemos hecho es tomar una serie de acuerdos que, insisto, establecen un novedoso sistema de pagos por el que el Estado sustituye en los pagos a la Comunidad Autónoma; no completamente, pero sí la sustituye en la mayoría de los pagos esenciales.

¿En qué consisten esos acuerdos? En primer lugar, el requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña para que, en el plazo de 48 horas a partir de la publicación del Acuerdo, adopte y comunique al Ministerio de Hacienda y Función Pública un acuerdo de no disponibilidad sobre su Presupuesto que afecte a todos los créditos presupuestarios no vinculados con servicios públicos fundamentales. Recuerdo que servicios públicos fundamentales son: nóminas, sanidad, educación y servicios sociales. La definición de estos servicios está en los Anexos 1 y 2 del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del 20 de noviembre del año 2015. Si en el plazo de 48 horas el presidente de la Generalitat no adopta ese acuerdo de no disponibilidad, será el ministro de Hacienda y Función Pública el que lo adoptará en su sustitución.

Segundo, para los pagos de los servicios públicos fundamentales, el importe equivalente a todas las transferencias que el Estado realice a la Comunidad Autónoma --es el sistema de financiación autonómica--, la Comunidad Autónoma deberá comunicar al Estado todos los créditos pendientes. La información irá firmada por la Intervención de la Generalitat, de la Comunidad, junto con un certificado de que dicha propuesta no financia ninguna actividad relacionada con el proceso referendario ni ninguna actividad no amparada por la Ley. Una vez se recibe la información, el Estado pagará directamente al tercero, acreedor de la Generalitat. Es decir, el Estado pagaría directamente todos los servicios públicos fundamentales en un mecanismo similar a como ya estamos haciendo en el Fondo de Liquidez Autonómico. Esto es una extensión de algo que ya tenemos experimentado, probado, contrastado, que es el Fondo de Liquidez Autonómica.

Después, insistiremos también en que la Generalitat no puede librar ningún tipo de pago que no esté suficientemente acreditado y, en ese sentido, también trabajaremos para que realmente no se pueda materializar ningún pago de ese tipo.

Otra medida es que todas las operaciones de endeudamiento, incluidas las de a corto plazo, tienen que ser aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Hasta ahora, exigía el requisito de las Comunidades acogidas al Fondo de Liquidez Autonómica, o incluso las incumplidoras de los objetivos de déficit y de regla de gasto. El asunto era que tenían la obligación de proponer al Consejo de Ministros su aprobación y ahora lo extendemos al corto plazo también.

Finalmente, todas las facturas de los proveedores de los servicios públicos fundamentales de la Comunidad Autónomas, o entidades vinculadas o dependientes, deberán presentarse y consultarse a través del punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, el sistema conocido por sus siglas FACe.

En suma, se trata, por tanto, de unas actuaciones, insisto, que lo que hacen es garantizar el servicio público al máximo, que están hechas a favor de los ciudadanos catalanes, pero también del conjunto de los ciudadanos españoles, puesto que no podemos confiar en unas autoridades que realmente pretenden conseguir… Dicen que están comprometidas con los objetivos de estabilidad presupuestaria, pero a su aire completamente. Eso no es admisible. Es equivalente a como si España se dirigiera ahora a las instituciones europeas y dijera que para corregir su procedimiento de déficit excesivo lo va a hacer según determine. Exactamente es lo que está pretendiendo hacer la Vicepresidencia Económica de la Generalitat. Eso no es admisible. Nadie, ninguna administración, lo puede hacer por sí misma, no es legítimo y, además, no es fiable.

Por tanto, en virtud de la capacidad que nos otorga la legislación española --también insisto aquí en la importancia de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera--, es la razón por la que hemos adoptado este nuevo sistema de control de pagos. Insisto, es un sistema de control de pagos. No afecta al ejercicio de las competencias, para entendernos. Será la propia Generalitat, en el desarrollo de su presupuesto, la que va a determinando cuánto dinero va a protección ciudadana, cuánto dinero a sanidad, a educación, etcétera. No tiene nada que ver y, por tanto, no estamos sustituyendo competencias, y sí estamos garantizando que ningún pago de esa Administración va a actividad ilegal o se hacen actividades que no sean compatibles con los objetivos de estabilidad presupuestaria.

P.- Mercedes Serraller, de "Expansión". Al ministro Montoro. Quería que nos concretara más esta medida que ha anunciado de si en 48 horas no acatan este acuerdo de no disponibilidad que han acordado, ¿cuándo sería la aplicación? ¿Estamos hablando del lunes, del martes…?

Y dice: "el ministro de Hacienda adoptará las medidas sobre el resto de partidas". ¿Estamos hablando ya de la intervención absoluta de los impuestos propios y cedidos, el resto de partidas que quedarían sin controlar y que, en cierto modo, prevé la Ley de Estabilidad? O sea, ¿sería ya no que haya una delegación de la IGAE en Cataluña, sino que estaría el propio Ministerio de Hacienda a cargo de todo?

Luego, al hilo de lo que declaró usted el 31 de agosto en el Congreso de que no va a haber referéndum porque no hay Presupuesto y que usted garantizaba que en estos pagos semanales se estaba acreditando que no se dedicaba nada a ello, ¿esta nueva insumisión significa que realmente lo va a haber? ¿Qué inicios tienen ustedes de que se esté usando algún fondo de reptiles, alguna financiación privada o los impuestos propios o cedidos con este fin?

Sr. Montoro.- En primer lugar, quiero decirles que voy a comparecer en el Congreso de los Diputados la semana próxima para explicar el contenido y el alcance de estas medidas, como corresponde en una democracia, y, por tanto, también poder compartir estas medidas con todos los grupos políticos representantes de la soberanía nacional, como los que están presentes en el Congreso de los Diputados.

En relación con la publicación, se materializará a comienzos de la semana próxima y a partir de ahí empezarán a contar esos plazos.

Y en relación con los recursos propios derivados de la recaudación de ingresos que están cedidos o compartidos, ahí no entramos. Lo que ocurre con esos recursos es que tengan en cuenta que, en un mes ordinario, una Comunidad Autónoma grande, como es Cataluña, tiene unos ingresos previsibles de esos recursos propios del orden de 240 millones de euros al mes, o 250 millones de euros, y lo que estamos estimando que tendría que recibir en términos de financiación, de aportación, está en el orden de 1.400 millones de euros. Por tanto, lo que hacemos es depender que esos 1.400 millones de euros ese mes lleguen, como van a llegar, estoy seguro de que van a llegar, pero con los certificados de pago correspondientes, frente a lo que serían los recursos propios que, como ven, tienen una cuantía o una capacidad de financiación bastante más pequeña. Pero en ese capítulo no entramos, ese sería otro apartado.

Luego, a nosotros no nos consta, obviamente, porque habríamos actuado, ninguna clase de fondo de reptiles. Esto es una Administración moderna. Realmente, me parece tan impropio, tan imposible, en ese sentido y, además, no es solo una fantasía; es que realmente está trasladando la imagen de una Administración que, en el ámbito de España y de la Unión Europea, no tendría los suficientes controles. Esto lo dijo un señor que fue senador en unos momentos y un señor que antes había sido juez. Entonces, se califica por sí mismo cuando habla de que realmente pueda existir un fondo de reptiles de cientos de millones de euros. Un fondo de reptiles ¿qué es? ¿Una dotación presupuestaria que está siendo ignorada por los mecanismos de control más básicos, como es una Intervención? Obviamente, solo se puede afirmar del desconocimiento del Presupuesto.

Lo que ha ocurrido es otra cosa; lo que ha ocurrido es que, como saben y fue ayer suficientemente difundido, el vicepresidente de la Generalitat se dirige al ministro para decirle que no van a facilitar la información a la que están obligados y frente, por cierto, a la que habían presentado reclamación al Tribunal Supremo en la Sala de lo Contencioso-Administrativo para que adoptara medidas cautelares, que han sido rechazadas en el día de hoy. Eso es esta falta de… Que un vicepresidente de la Generalitat se dirija al Gobierno de España para declarar que no va a facilitar la información a la que está obligado me parece que realmente se califica solo.

Eso es lo que ha ocurrido y eso es lo último que tenemos, donde, por cierto, también la Intervención de la Generalitat el día anterior, por la tarde, se había referido también al Ministerio para decirle que había recibido la orden del vicepresidente para que no informara de las obligaciones y la interventora acata esa orden. Obviamente, también se ha procedido a enviar a la Fiscalía esta situación, puesto que cualquier funcionario público está obligado a cumplir las órdenes, siempre que sean legales, obviamente. Esa es la obligación de cualquier funcionario público.

Por tanto, esa es la situación nueva, de las últimas horas, frente a la que está reaccionando el Gobierno con actuaciones que ciertamente son nuevas; pero también tenemos la experiencia de lo que han sido los mecanismos especiales de liquidez y estamos actuando adecuando nuestras actuaciones --lo que decía el portavoz-- siempre en términos de moderación, de prudencia y reaccionando a cada una de las situaciones que se nos están planteando.

P.- Daniel Basteiro, de "El Español". Dos preguntas para el portavoz. Querría saber por qué el Gobierno no impidió el acto de ayer en Tarragona. Si el Gobierno considera que el referéndum es ilegal, porque así lo dicen los Tribunales, y su difusión, publicidad y propaganda, también, ¿por qué no actuó con los mecanismos que están en su mano, a través de la Abogacía del Estado o el recurso a la Justicia, para impedirlo? ¿Van a impedir otros actos en el futuro?

En segundo lugar, el presidente de la Generalitat y el vicepresidente, así como la alcaldesa de Barcelona y la presidenta del Parlament, han remitido una carta al jefe del Estado pidiendo un diálogo político. Querría saber cuál es la postura del Gobierno y si Mariano Rajoy tiene previsto tomar la iniciativa para concertar una reunión con el presidente de la Generalitat.

Portavoz.- Respecto a la primera, el Gobierno no impide actos; son las autoridades judiciales y los fiscales quienes lo hacen. Y muchas veces lo que hacen es decir que un acto es ilegal y las consecuencias de esa ilegalidad tienen unos procedimientos, tienen unas formas, porque vivimos en un Estado de Derecho y hay que garantizar los derechos de todos. Por tanto, esa es la respuesta que puedo darle.

Respecto a la segunda, tratándose de una carta remitida al jefe del Estado, el Gobierno no ha recibido la carta, no conoce el contenido de la carta y le resulta difícil pronunciarse sobre la misma. Yo he podido leer lo que he leído en algún sitio, pero no sé si es exactamente el contenido de la carta.

Respecto al diálogo, venir a estas alturas de curso, con una desobediencia palmaria y continuada, a hablar de diálogo, cuando ante todos estos meses y años lo único que ha querido la Generalitat es referéndum sí o sí, resulta una añagaza. Ustedes son testigos… Aquí que hemos tenido cuarenta y tantas ruedas de prensa donde desde el Gobierno hemos brindado al Gobierno de Cataluña, a la sociedad catalana, siempre diálogo, sin fecha de caducidad, dentro de la Ley.

El ex presidente Mas vino a Madrid hace algunos años y presentó una lista de 46 temas sobre los cuales debían dialogar el Gobierno y la Generalidad. Sobre esos temas, la vicepresidenta del Gobierno pidió a todos los ministerios que hiciéramos cada uno un estudio, un análisis, de esos temas para abrir el diálogo. Son unas carpetas muy voluminosas. Como ha dicho la vicepresidenta del Gobierno en alguna ocasión, siempre que ha intentado hablar con los responsables políticos catalanes sobre los 45 temas concretos de políticas que son importantes para la vida de los catalanes, se ha encontrado con un desinterés absoluto por parte de sus interlocutores. Por tanto, lo único que les interesaba, como he dicho antes, era referéndum sí o sí y, al final, el diálogo es: vamos a acordar la fecha del referéndum o la pregunta del referéndum.

El presidente del Gobierno se ha referido en numerosas ocasiones a que el Gobierno, este Gobierno, cualquier Gobierno, no puede disponer de lo que dice la Constitución. No puede disponer de la soberanía nacional, que reside en el pueblo español; no puede modificar la Constitución.

Por eso, primero se invitó al presidente Puigdemont a venir al Senado para hablar de temas concretos: de financiación, de educación, de lucha contra la violencia de género… Temas que importan, y mucho, a la gente. El presidente Puigdemont dejó la silla de Cataluña vacía. Posteriormente, esa oferta de diálogo del Gobierno se tradujo --lo saben ustedes bien, porque fue una oferta pública y luego ratificada por el presidente en una carta-- en la invitación a acudir allá donde reside la soberanía nacional, al Congreso de los Diputados, para exponer sus propuestas, allí donde están quienes son capaces de modificar la Constitución, para dar cabida, en su caso, a un referéndum de autodeterminación, que es de lo que se trataba, pudiera explicarse y pudiera escuchar a los demás. Recuerden ustedes que hubo una carta, un e-mail, que había enviado. Estuvimos esperando el e-mail. En fin, como en aquello del cartero "siempre llama dos veces", ahí no llamó, nunca… Tardó muchísimo en llegar. Pero el resultado ¿cuál fue? ¿Cuál fue el resultado? Que el presidente Puigdemont no acudió al Congreso de los Diputados.

El Gobierno siempre ha estado dispuesto al diálogo, siempre ha querido dialogar; pero se puede dialogar de aquello de lo que uno es competente; no se puede dialogar de aquello de lo que uno no es competente. Esa explicación se les ha dado a los dirigentes de la Generalidad, pública y privadamente, y lo hemos hecho desde esta mesa.

Por tanto, después de toda esta serie de desobediencias que hemos visto, de la utilización partidista del Parlamento de Cataluña, de aprobaciones de leyes que quieren entrar en vigor no sé qué día; después de todo esto, realmente es un sarcasmo venir a contar que quienes se han negado al diálogo, salvo para un tema muy concreto, que es el único que les importa, que es hacer un referéndum de autodeterminación, ahora vengan a decir que quieren diálogo.

El Gobierno dice lo mismo que ha dicho siempre, porque este Gobierno ha sido siempre coherente en su línea de actuación: diálogo, sí, pero diálogo dentro de la Ley, que es lo que dicen otros partidos políticos españoles, lo que les dice la Comunidad Internacional, lo que les dicen los rectores y lo que les dicen las asociaciones de jueces y magistrados. Porque insisto que sin respetar la Ley no hay democracia. Esa es la fuerza de la democracia. Por tanto, este Gobierno está donde ha estado siempre.

P.- Sonsoles Ónega, de Informativos Tele-5. En realidad, la pregunta para los dos. El artículo 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece, de acuerdo con el artículo 155 de la Constitución, que si el presidente de la Comunidad Autónoma no contesta a las medidas que le hayan requerido, se podrá pedir permiso para aplicar el artículo 155. La pregunta es muy concreta: si Puigdemont no cumple, ¿el Gobierno solicitaría permiso al Senado para empezar a aplicar el artículo 155?

Sr. Montoro.- Estamos aplicando la Ley de Estabilidad y, en concreto, la disposición adicional primera de la Ley de Estabilidad, que es la que faculta al Gobierno a tomar medidas excepcionales. Esas son las medidas que hemos instrumentado.

Respecto de ello, es que es imposible que no cumpla, porque lo que significan estas medidas es que… La responsabilidad, ¿cuál es? ¿La de que ellos, por no cumplir, nos van a decir que no paguemos los servicios públicos o que no paguemos la protección ciudadana que está a cargo de Cataluña? ¿Eso es lo que van a decir? Eso lo va a cumplir. Estamos convencidos de que va a cumplir y, por tanto, estamos tomando medidas en relación con la aplicación de nuestra normativa, insisto.

Me parece muy válido que mencione que, efectivamente, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria es uno de los principales vehículos que nos da capacidad para tomar estas medidas, que entendemos que van a ser eficaces. Pero no nos pongamos ya en el siguiente escenario. Estamos tomando estas medidas… Ya sé que siempre el interés mediático es lo siguiente, pero vamos a ver si somos capaces de explicar el contenido de estas medidas y difundirlo, porque realmente estamos ante una gran novedad en términos de la intervención del Estado. No se había hecho nunca y se está haciendo por razón de la excepcionalidad de la situación que estamos viviendo.

P.- Rosa María Sánchez, de "El Periódico de Cataluña". Ministro de Hacienda, no he entendido bien el punto al que ha hecho referencia sobre que se insta al presidente de la Generalitat a adoptar un acuerdo de no disponibilidad sobre determinados aspectos. No sé si nos puede explicar con un poco más de detalle qué es y qué implica este acuerdo de no disponibilidad. Porque en la práctica, por ejemplo, no sé si es que Hacienda va a pagar directamente a los funcionarios de la Generalitat. Me gustaría, si puede, que nos responda a esta pregunta: si estas decisiones que han adoptado hoy pueden llegar a esa situación o no. O, por ejemplo, que Hacienda pague directamente las subvenciones a las familias al amparo de normas adoptadas por la Generalitat. No sé si quiere decir eso lo que nos ha contado.

Me gustaría también que nos pueda explicar en qué se parece y en qué se diferencia esto de una intervención de las cuentas de la Generalitat. ¿Qué tiene en común y qué tiene de distinto?

¿Nos puede también explicar por qué ha decidido el Gobierno no utilizar la herramienta de la que se dotó en julio para cerrar el grifo del FLA si la Generalitat incumplía la obligación de remitir semanalmente los estados de ingresos y gastos. ¿Qué significa? ¿Una marcha atrás en las decisiones adoptadas en julio?

Sr. Montoro.- Significa que el Estado pasa a pagar directamente buena parte de las nóminas, eso es lo que significa. Es un control de pagos en sí. ¿Durante cuánto tiempo? Durante el tiempo que dure esta situación, la situación de excepcionalidad. ¿Quién marca la situación de excepcionalidad? Los dirigentes de la Generalitat mientras se sigan negando a cumplir la Ley. Insisto, con esa negación a cumplir la Ley son ellos los que ponen en riesgo la prestación de los servicios públicos, las transferencias a familias, los pagos a la dependencia, etcétera, que es lo que ahora estamos garantizando con este sistema. Quiero decirlo claro.

Usted ya luego lo califica. Ya saben que si en algo tratamos también de ser prudentes es en no dar más titulares de los que ustedes son capaces. Yo le he llamado "control de pagos", novedoso, y, partir de ahí, si usted dice si esto es una intervención de la caja, no lo voy ahora a calificar. Le he explicado el contenido y ustedes… La prensa de hoy lo va definiendo de diferentes ámbitos pero, en general, está todo bien. Lo llamará de una manera o lo llamará de otra, pero está todo bien definido en términos de que, efectivamente, esta es la novedad del planteamiento.

A partir de ahí, lo que establecimos en el mes de julio era una ampliación de las condiciones de información que ya habíamos establecido en el mes de noviembre de 2015. Eso es lo que hicimos y lo hicimos en el mes de julio acogiéndonos a la legislación de los mecanismos especiales de liquidez, el FLA, la capacidad que daba al Gobierno, y, por supuesto, a la capacidad que le otorga la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Lo que nos da capacidad.

¿Qué hicimos en 2015? Establecer una obligación singular a la Generalitat de Cataluña. ¿Recuerdan 2015? ¿Por qué lo hicimos? Porque ya hubo una bajada de calificación en el "rating" de Cataluña. ¿Eso significó que el Gobierno de Cataluña decidió al año siguiente abandonar el FLA? No. El Gobierno es el mismo y el vicepresidente Junqueras es el mismo. ¿Decidió el Gobierno en el año 2015 adoptar alguna medida, llevar esas decisiones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos a algún órgano jurisdiccional, como ha hecho ahora con el Supremo? No. ¿Debemos deducir que le parecieron normales las actuaciones de 2015? Pues le parecieron normales. ¿Qué hizo entonces? Nada, no reaccionó; al revés, debió sentirse hasta más seguro, porque era más seguro.

¿Qué le estaba pidiendo el Gobierno? Una información de control de legalidad. ¿Podemos explicarnos alguno a quién le molesta que le controlen que el gasto público que realiza se atiene a la legalidad? Eso es lo que estaba bien. ¿Eso es inconveniente para algo en un dirigente político responsable del manejo de recursos públicos? Ahora es lo que han reaccionado, teniendo en cuenta que las medidas que tomamos en julio eran prolongación de las de noviembre de 2015 y la referencia al FLA es porque el hecho voluntario de que la Comunidad Autónoma estuviera en el FLA es el que nos daba capacidad para hacerlas. Eso era la relación con el FLA. Pero el FLA lo que hace es pagar directamente a proveedores, no solo en Cataluña, sino en todas las Comunidades acogidas al FLA.

También he visto alguna información que hoy explicaba que, efectivamente, es el pago directo a proveedores y donde decía: "el Gobierno ha comprendido…". Es una excelente expresión. El Gobierno, que es el que instrumentamos, creamos, el FLA, "por fin ha entendido" lo que era. Entonces, que "ha comprendido" no; es que es el pago directo a proveedores. No va a la Comunidad Autónoma, lo que hacemos es que la factura va al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a ese registro de facturas, se carga la plataforma y, a continuación, se ordena el pago por parte del ICO. Pero igual pasa con las facturas de sanidad de las otras Comunidades FLA: van directamente al proveedor de ellos, no van a la Comunidad Autónoma.

Por tanto, la condicionalidad que establecimos en julio era una condicionalidad relativa a información, a insisto, pero acogiéndonos a la norma FLA. Ahora lo que hacemos es dar un paso más y extendemos esa experiencia a la financiación autonómica, a los fondos de recursos de financiación autonómica. Eso es lo que hacemos,. Por cierto, es la mayor cuantía de recursos que recibe una Comunidad Autónoma, todas. Si cada mes está recibiendo Cataluña del orden de 1.400 millones de euros, es por el tamaño de su presupuesto, obviamente, y, por tanto, es una cifra importante. Lo que hacemos es trasladar esa experiencia; pero, insisto, la condicionalidad vuelve a ser, si quieren, la misma: control de legalidad.

Entonces, hay que preguntarse: ¿pero a quién molesta el control de legalidad? Esto es lo que hay que preguntarse. ¿Qué quiere usted hacer con el presupuesto público? ¿Qué cosa tan rara quiere hacer que no es capaz de informar de que están, efectivamente, empleando el presupuesto público en pagar a sanidad, educación, dependencia, protección ciudadana..? ¿A usted qué le molesta eso, informar de esto? ¿Qué está pensando pagar? Eso es lo que vamos a evitar, las malas ideas, en términos de lo que esté pensando pagar. Por tanto, eso es lo que tratamos de evitar: que, en definitiva, incurran aún más en una ilegalidad donde ya ellos mismos se están situando.

No sé si me he explicado.

Portavoz.- Muy bien. Para resumir, algo que hemos dicho desde aquí: ni un euro de los catalanes irá a un referéndum ilegal.

P.- Cristina de la Hoz, de "El Independiente". Una pregunta para el ministro Montoro y otra para el ministro Méndez de Vigo.

¿Qué garantía existe de que no se hayan utilizado ya fondos públicos de la Generalitat en pagar la campaña, la web y la publicidad institucional? ¿Ustedes tienen alguna teoría de cómo se está financiando, en todo caso? No tanto el fondo de reptiles, pero ¿tienen ustedes alguna teoría o alguna certeza de cómo se está financiando?

Para el ministro Méndez de Vigo. Colau finalmente ha llegado a un acuerdo con la Generalitat para permitir que se pueda votar el 1 de octubre en Barcelona. Quería saber si les ha sorprendido la posición de la alcaldesa y si creen que puede incurrir en algún tipo de ilegalidad, como el resto de los alcaldes que han sido citados por la Fiscalía.

Sr. Montoro.- Hasta final de agosto tenemos la seguridad que nos ha facilitado la Intervención General de la Generalitat. Entonces, ¿puede ocurrir que haya habido un falseamiento de documento público? A estas alturas, yo no me puedo pronunciar, evidentemente; pero tenemos la seguridad que nos han facilitado los órganos de intervención. Lo que puede ocurrir, lo que puede intentarse ahora, que es lo que estamos atajando, es que pueda ocurrir a partir de ahora. En eso es exactamente donde estamos y por esa causa estamos interponiendo estos nuevos controles de pago para garantizar la ilegalidad. Me decía: ¿de dónde vendrá? Si una actividad es ilegal, ningún euro público puede ir destinado a financiar una actividad ilegal, pero tampoco privado en el sentido de que no puede haber ningún privado que diga: no te preocupes, que yo te lo hago. No, no te preocupes… Quien tiene que preocuparse es el privado, que está cometiendo una ilegalidad.

Un referéndum ilegal no puede tener ninguna financiación, sea pública o privada, y eso es lo que estamos garantizando con todos estos mecanismos.

Portavoz.- En política y en la vida cada uno es responsable de sus actos. Por tanto, la alcaldesa de Barcelona será responsable de sus actos. Yo he leído que ha llegado a un acuerdo. Evidentemente, estoy seguro de que se estudiará el acuerdo para ver qué tipo de acuerdo es ese y qué responsabilidades pueden derivarse del mismo.

Cuando hay una vulneración de la Ley, como es este caso, se está o con la Ley o en contra de la Ley; no se está a medias. No se deja las llaves y "yo no quiero saber nada". Esa es una actitud de poco fuste y enlaza con la que estamos viendo en los últimos tiempos, en general, en Podemos. Ya lo vimos durante el debate de la moción de censura que 35 diputados interpusieron contra al presidente del Gobierno. Durante las intervenciones del señor Iglesias Turrión no nos enteramos de cuál era el modelo que tenía de España y vimos al final también algo que quedó patente en la votación, y es que los únicos que apoyaron la moción de censura del señor Iglesias Turrión fueron Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu.

Yo creo que los votantes de estas formaciones deben tomar buena nota de dónde se encuentra, ante un hecho como este que es evidente que es un desafío secesionista y una vulneración del Estado de Derecho y de la legalidad. Tomemos nota todos, ¡eh!

P.- Gabriel Sanz, de Voz Populi. La pregunta es para los dos o para cualquiera de los que me quiera responder. Al inicio de su intervención, el ministro Méndez de Vigo ha pedido a los españoles paciencia y confianza en la democracia y en el Estado de Derecho. Lleva un par de meses, más o menos, repitiendo casi todos los viernes lo mismo, ayer hubo un acto de inicio de campaña de un referéndum ilegal y hoy se están aprobando medidas excepcionales, como ha dicho el ministro Montoro, para controlar las cuentas de la Generalitat y que, a partir de ahora --creo que ha sido su frase--, tenga la certeza absoluta de que ni un euro va a ir a actos ilegales. Entonces, mi pregunta es si no tiene la sensación el Gobierno de que está yendo demasiado a remolque de los acontecimientos y que los que están intentando imponer otra legislación --vamos a llamar así--, ilegal, según el Tribunal Constitucional, pueden ganar la batalla, al final, por hechos consumados.

Portavoz.- Los hechos consumados suelen traducirse, al final, en hechos consumidos. Yo creo que el Gobierno ha sido claro, lo ha sido a través de su presidente. No habrá referéndum el 1 de octubre porque es ilegal y nos asiste para ello la fuerza de la democracia. Por tanto, las medidas que tome el Gobierno serán medidas que irá tomando en función de la actuación de las secesionistas.

Hoy las medidas que acaba de expresar y explicar el ministro de Hacienda son unas medidas muy importantes, que van en la línea de algo que hemos dicho y repetido hasta la saciedad, que es que no se utilizará dinero público de todos los catalanes para una ilegalidad que solo interesa a una parte de ellos.

Por tanto, vamos actuando según los acontecimientos, pero con la confianza y con la tranquilidad de que la fuerza de la democracia impedirá un referéndum ilegal el 1 de octubre.

P.- Marisa Piqueras, de Europa Press. Al ministro Méndez de Vigo. Decía usted hace un momento que el Gobierno no impide actos; que son las autoridades judiciales, le he entendido. Teniendo en cuenta que anoche arrancó una campaña electoral a favor del referéndum y que en estos quince días los independentistas y los partidos independentistas van a celebrar numerosos actos, quería saber si el Gobierno va a permitir esos actos, si no va a dar ningún tipo de instrucción a la Fiscalía o a las Fuerzas de Seguridad para que no se abran esos recintos o esos espacios.

Al ministro Montoro quería preguntarle si ha hablado con los partidos de la oposición, bien usted mismo o bien el presidente del Gobierno, para informarles de estas medidas de control de gasto en Cataluña.

Finalmente, retomando la pregunta de un compañero, si me permite, quería saber, entonces, si a la carta que han enviado la señora Ana Colau, Puigdemont y la presidenta del Parlamento el presidente del Gobierno tiene previsto darle respuesta o ni siquiera la va a responder.

Portavoz- La carta no la hemos recibido en el Palacio de La Moncloa a la hora en que ha comenzado esta rueda de prensa; por lo tanto, no sé si… Como con cartas de los representantes de Cataluña ya he tenido alguna experiencia… Recuerde usted cuando el presidente Puigdemont decía que había remitido una carta a la presidenta del Congreso manifestando su voluntad de acudir al Congreso de los Diputados, donde, por cierto, nunca acudió. A mí me gusta hablar de las cosas que veo y que conozco; por lo tanto, la carta… Como en tantas cosas, he visto el anuncio, pero luego no la veo así.

Le reitero lo que he dicho antes: no utilicemos añagazas para intentar engañar a la gente. ¿Qué es dialogar? Dialogar es hablar. Pero ¿hablar sobre qué? Si, al final, de lo único que quieren hablar es para que este referéndum se haga en determinadas condiciones --que sea vinculante y que sea legal--, ya le hemos dicho, no solamente en público, sino también en privado… Ya lo sabe todo el mundo, porque todo el mundo está al cabo de la calle: cualquiera que lea las sentencias del Tribunal Constitucional sabe que ese referéndum es ilegal.

El presidente del Gobierno, por su propia voluntad, no solamente el presidente Rajoy, sino cualquiera, no puede convertir algo ilegal en algo legal. Es que no le corresponde. Es que el derecho de secesión no está contemplado en la Constitución Española. Ni en la Constitución Española ni en la Constitución de ningún Estado de nuestro entorno; simplemente, no está contemplado.

Por lo tanto, mandar, después de una serie de actos de desobediencia, una carta diciendo "queremos dialogar", lo que intenta es lanzar la carga de la prueba a esta parte.

Nosotros hemos querido dialogar. Todo el mundo sabe que este Gobierno ha estado siempre abierto al diálogo; abierto al diálogo sobre los temas que de verdad pensamos que importan a los catalanes y a los españoles, al resto de los españoles; pero no sobre algo sobre lo que el Gobierno no puede disponer, porque no le pertenece. Esa es la realidad de las cosas.

Por tanto, yo creo que con eso no engañan a nadie. Todo el mundo sabe cuál es la posición del Gobierno, que está detrás de la democracia y de la fuerza de la democracia, y quienes se han situado al margen de la Ley.

Respecto a su otra pregunta, iremos reaccionando según vayan sucediendo los acontecimientos; pero siempre con una idea, con un objetivo, que es el que hemos manifestado desde el principio: la fuerza de la democracia es la que va a impedir que haya el 1 de octubre un referéndum ilegal de secesión en España. Y eso es lo que el Gobierno dice que va a suceder y lo que va a suceder. Por tanto, yo más claro no puedo ser. Lo puedo decir más alto, y no lo voy a decir más alto, pero soy claro. Y el presidente del Gobierno lo ha dicho con palabras también muy rotundas. Por lo tanto, ahí es donde estamos.

Yo creo que es importante los catalanes y el resto de los españoles sepan que este Gobierno lo que hace es defender sus derechos. Lo que hace es defender los derechos de todos los catalanes, que no está solamente de parte de unos, como hacen los secesionistas, que solamente quieren una cosa; está de parte de todos. Como ha dicho antes el ministro de Hacienda, con estas medidas lo que defendemos es el derecho de todos los catalanes a que su dinero no se gaste en beneficio de algo que solamente quieren unos catalanes, y en beneficio también del resto de los españoles, que son los que, al final, son responsables también de esos dineros.

Por lo tanto, esa es la situación en la que estamos, esa es la situación en la que nos vamos a mover, e, insisto, confianza y tranquilidad, porque el Gobierno sabe lo que hace.

P.- Josep Capella, de Televisión de Cataluña. Quería conocer, porque no le ha contestado antes a mi compañera Sonsoles Ónega, si después del control de pagos novedoso, el Gobierno ya descarta utilizar el artículo 155 de la Constitución y si tiene previsto algún otro mecanismo novedoso para suspender otras competencias de alguien que desacate --podía ser la Ley de Seguridad Nacional-- alguna de las actuaciones.

También quería preguntarle si son proporcionales las palabras del fiscal general del Estado diciendo que votar el 1 de octubre es estar fuera de la Ley, a los ciudadanos, a los que…

Finalmente, del ministro de Hacienda solo una precisión: ha dicho que han puesto en manos de la Fiscalía ¿la declaración de la interventora general de la Generalitat o también la carta del vicepresidente Junqueras diciendo que no iba a informarse nada al ministro?

Portavoz.- Respecto a su primera pregunta, el Gobierno no descarta nada, no renuncia a nada; pero eso no es… Y lo ha repetido el presidente del Gobierno en esta misma sala. Nosotros actuamos siempre, insisto, con firmeza y para velar por los derechos y libertades de todos, y actuamos según actúen los secesionistas. Esa es nuestra línea de actuación y eso es lo que haremos.

Me habla usted de "mecanismos novedosos". ¡Hombre!, si se los cuento a usted no serán novedosos. Déjenos algo para los próximos días.

Y respecto a palabras de otros, este Gobierno no comenta palabras de otras personas. Comentamos las nuestras, pero los comentarios de los demás saben ustedes que yo tengo por costumbre no comentarlos.

Sr. Montoro.- El envío a la Fiscalía corresponde a la actuación de la interventora general de la Generalitat. Bajo recomendación expresa de la Abogacía General del Estado, se ha procedido a este envío ante la actitud de alguien que no está ejerciendo sus responsabilidades con la justificación de que está obedeciendo a un superior que ya… El superior ya es que está colocado, fuera de la legalidad, no; de lo siguiente. Por tanto, cualquier funcionario que recibe una orden de un superior a sabiendas que esa orden está cometiendo una ilegalidad, está sujeto, obviamente, a las consecuencias que significan el incumplimiento de la Ley.

Portavoz.- Mañana comienza la Semana Europea de la Movilidad. "Compartir te lleva lejos" es su lema. Vamos a seguir ese lema.

No se pierdan las Jornadas Internacionales de Magia, en Zamora. La magia es muy importante y, además, es muy divertida. A lo mejor nos hace falta magia a todos, ¿verdad?

En Albacete están a tiempo de disfrutar de la recta final de la Feria. Y, si están en Madrid el sábado, no dejen de homenajear a alguien tan querido, a alguien tan celebrado, a alguien que nos dio tantos días de triunfa, como Ángel Nieto. Comienzan en los Jardines de Cecilio Rodríguez, luego irán al Bernabéu y, luego, estoy seguro de que gran número de la solidaridad montera acabará en el circuito del Jarama. No se lo pierdan. Es un homenaje póstumo, cariñoso, a Ángel Nieto.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)