El Gobierno aprueba el Reglamento del Alto Cargo para avanzar por la línea de la transparencia

La Moncloa, Madrid

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado que el Reglamento de desarrollo de la Ley de 2015 reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, aprobado hoy, es "un plan completo de transparencia para las instituciones y para el Gobierno".

Celaá ha anunciado que el Boletín Oficial del Estado publicará mañana las declaraciones de bienes patrimoniales y actividades de más de 1.000 altos cargos del Gobierno actual, así como del Ejecutivo anterior que en su día no se publicaron. En concreto, de todos los altos cargos que hayan tomado posesión o cesado desde el 1 de julio de 2014 hasta el 26 de junio de 2018. "Habrá 1.500 registros referidos a 1.062 cargos. Entre ellos hay 38 ministros o exministros, 74 secretarios de Estado y 18 asimilados", ha precisado.

Pool Moncloa/ JM. CuadradoLa portavoz ha afirmado que "este Gobierno realmente avanza por la línea de la transparencia, que es la única fórmula aceptable para avanzar en democracia". Al respecto, se ha remitido a las palabras del presidente Sánchez: "Vinimos a limpiar, estamos limpiando y seguiremos limpiando. No vamos a parar de trabajar. No nos van a parar".

Por otra parte, Isabel Celaá ha apelado al sentido de Estado de las formaciones políticas para seguir trabajando en favor de la sociedad española. "Sin este Gobierno, no habría habido becas para la pobreza infantil. No se habría dado alimentación a 60.000 niños este verano. No tendríamos una protección universal a la salud. Sin este Gobierno, no se revertirían los recortes en educación, ni habría inversiones en ciencia, ni se modificaría la LOMCE, ni habría planes de pobreza energética con bonos para los más vulnerables", ha manifestado.

Vehículos de Turismo con Conductor

El Gobierno ha modificado la normativa del arrendamiento de Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) para ajustar este "espacio de actividad al correspondiente nivel regulador", según ha dicho el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Ábalos ha recordado que el taxi desarrolla su actividad en el ámbito urbano y el interurbano; en el primer caso, está regulado por la legislación autonómica y municipal; en el segundo, por la del Estado. Los VTC también pueden operar dentro y fuera de las ciudades, pero están regulados solo por la normativa estatal. "En definitiva, son dos servicios de transporte que desempeñan una actividad en un mismo ámbito y, sin embargo, tienen una fuente de regulación distinta", ha dicho.

El motivo, ha explicado, es que inicialmente los VTC encajaban en la regulación estatal porque se desconocía el origen y el destino de sus trayectos, pero con el tiempo y debido a la irrupción de las plataformas digitales se han convertido en un transporte urbano. "Y, por lo tanto, deben coexistir con el taxi, y es ahí donde se ha producido un conflicto", ha asegurado.

Pool Moncloa/ JM. CuadradoEl hecho de que un medio de transporte urbano esté regulado estatalmente "es una contradicción enorme que afecta a los niveles competenciales", ha argumentado Ábalos, quien ha añadido que esa situación deja a los VTC al margen de la planificación urbana de la movilidad sostenible, que corresponde a municipios y comunidades.

Ábalos ha defendido que la cuestión se aborde desde la instancia más próxima, en aplicación del principio de subsidiariedad y porque "el problema es absolutamente desigual en España" y se concentra en las grandes ciudades de algunas comunidades. El ministro ha subrayado que no se trata de transferir una competencia "porque de hecho ya se tiene: constitucionalmente, las comunidades autónomas tienen la competencia del transporte que se realiza dentro de la comunidad".

Periodo transitorio de cuatro años

El Real Decreto-ley establece un periodo transitorio de cuatro años, un plazo "prudente" para que las comunidades y los ayuntamientos regulen esta actividad y los VTC se adapten, según ha indicado el ministro. Ábalos ha precisado que si los VTC quieren trabajar en el ámbito urbano tendrá que obtener una licencia de la comunidad, pero no perderán la autorización estatal, que les permitirá dedicarse al transporte interurbano. Si una comunidad modifica las condiciones de explotación de las licencias de VTC, los cambios se aplicarán ya durante el periodo transitorio.

La nueva norma crea un grupo de trabajo para la búsqueda de soluciones que faciliten una "convivencia ordenada" entre los VTC y los taxis. "En definitiva -ha manifestado el ministro-, queremos establecer racionalidad en esta cuestión: de una parte, asentando claramente los niveles competenciales y de regulación que afectan a un transporte urbano; de otra, garantizando que el consumidor pueda escoger, en función de su interés o de su gusto, cualquiera de los servicios y modalidades de transporte urbano".

Pool Moncloa/ JM. CuadradoÁbalos ha sostenido que la meta es crear un marco de equidad "que permita a cualquier sector desarrollar su actividad con seguridad y estabilidad" y que "no tiene por qué darse" pérdida de empleo con el cambio normativo.

Sobre la posibilidad de que la norma sea recurrida, el ministro ha indicado que el Real Decreto-ley está blindado jurídicamente por la Abogacía General del Estado y "absolutamente apoyado en la doctrina del Tribunal Constitucional". Además, ha recordado que una autorización "no constituye derecho de propiedad alguno" y que el Gobierno no retira ninguna: "En todo caso, los portadores de estas autorizaciones verán modificadas, y no siempre, sus condiciones de explotación".

Mercados de valores

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que modifica el texto refundido de la Ley de Mercado de Valores con el objetivo de reforzar la protección al inversor. Con esta medida, el Gobierno impulsa la trasposición de la directiva comunitaria relativa a los mercados de instrumentos financieros, más conocida como MIFID II.

Isabel Celaá ha resaltado que, en concreto, se regulan "los sistemas españoles de negociación, liquidación y registro de instrumentos financieros".

Reparación de áreas afectadas por los incendios

El Gobierno ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 1.460.282,23 euros para financiar la reparación de áreas afectadas por los incendios forestales de octubre de 2017 en las comunidades autónomas de Galicia y del Principado de Asturias.

Programa de ayuda a las personas más desfavorecidas

El Ejecutivo también ha autorizado la contratación del suministro de alimentos por parte del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) en el marco del Programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas en 2019, por un importe de más de 100 millones de euros.

Esta medida estará financiada por el Fondo de Ayuda Europea a las personas más desfavorecidas (FEAD) en un 85% y en un 15% por el presupuesto nacional, lo que permitirá al FEGA la compra de alimentos mediante un procedimiento de licitación pública para su posterior distribución a través de las organizaciones asociadas.

Balance de la semana

Pool Moncloa/ JM. CuadradoIsabel Celaá ha lamentado los últimos casos de violencia contra la mujer y ha asegurado que el Gobierno "trabaja de manera incansable" para desarrollar las medidas contenidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "Seguimos desarrollando esas medidas que afectan a otras instituciones y estamos trabajando para que finalmente lleguen los fondos a los ayuntamientos para poder hacer frente a esta lacra", ha dicho.

Por otra parte, la portavoz se ha referido al viaje que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está realizando a Canadá y Estados Unidos, donde ha participado en la Asamblea General de las Naciones Unidas y ha mantenido reuniones con varios mandatarios internacionales, con el secretario general de la Asamblea General de la ONU, António Guterres, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Celaá también ha recordado que el presidente visitará próximamente Cuba, invitado por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel.