Intervención de Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte

La Moncloa, Madrid

Portavoz.- Buenas tardes. Comparezco ante ustedes para informarles de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la reunión celebrada hoy, 17 de febrero, bajo la presidencia de don Mariano Rajoy.

La semana pasada ya hice una valoración política sobre los primeros cien días de Gobierno; permítanme decirles a ustedes que en esta semana hemos conocido distintos datos económicos sobre la situación en España. Todos esos datos económicos van en la misma dirección, en la de la superación de la crisis, que apuntalan una nación fuerte y estable, dotada de un sistema sólido político e institucional, que es el Estado de Derecho, con instituciones que son el cauce para resolver nuestros problemas; Estado de Derecho que se fundamenta en la primacía de la Ley, la igualdad de todos los españoles y la Ley como expresión de la voluntad popular.

Todo ello ha puesto de relieve también, en esta salida de la crisis y unos resultados económicos positivos, a los que me referiré a continuación, cómo los españoles hemos mostrado una gran voluntad de superación, coraje y determinación, que son valores sociales importantes para el presente y para el futuro de nuestro país. Todo ello sitúa a España en una buena situación, en un complejo escenario internacional del que es buen ejemplo el europeo, con las consecuencias del "Brexit". En este sentido, quiero poner de relieve cómo en pocos días va a empezar a trabajar en el Congreso de los Diputados una subcomisión precisamente dedicada a estudiar las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Me he referido antes al contenido de las previsiones económicas que hemos conocido durante esta semana. Hubo unas ya del Fondo Monetario Internacional en el mes de enero, éstas son de la Comisión Europea; son coincidentes: España estará a la cabeza de Europa en el crecimiento económico y también en la creación de empleo, con un crecimiento del 0,7 por 100 del PIB de la economía española en el cuarto trimestre del año 2016, siendo la media del crecimiento de la Unión Europea del 0,4 por 100 y del 0,5 por 100 el de la Eurozona.

Llevamos, en definitiva, acumulando trece trimestres de crecimiento económico y creación de empleo, y todo indica que podemos continuar en esa misma línea si, como ha dicho el comisario Moscovici, y creo que tiene razón, hacemos las reformas oportunas a tiempo y en profundidad. Para ello, un elemento importante de esas reformas son los Presupuestos Generales del Estado.

Como saben ustedes, porque me lo ha oído decir a mí aquí en numerosas ocasiones, el Gobierno le da una importancia grande a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Por ello, el pasado martes 14 el Boletín Oficial del Estado publicaba una orden ministerial por la cual se pedía a los diferentes ministerios que remitieran antes del 3 de marzo sus Presupuestos al Ministerio de Hacienda. Asimismo, el ministro de Hacienda ha establecido contacto con los distintos Grupos Parlamentarios para conocer sus propuestas e iniciar una negociación, y el presidente del Gobierno ha confirmado también en estos días que el Gobierno presentará los Presupuestos Generales a lo largo del mes de marzo.

Esta presentación, y esperemos que aprobación, de los Presupuestos Generales del Estado culmina todo un proceso que comenzó con la aprobación con una amplia mayoría parlamentaria, quiero recordarlo, del Programa de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública, y del denominado "techo de gasto". Por tanto, aprobar los Presupuestos Generales del Estado es algo que conviene a todos: conviene al Gobierno, conviene a las Comunidades Autónomas y conviene también a todos los ciudadanos. Creemos que un "no" cerrado e inflexible no es la buena respuesta; no es la respuesta que esperan ni en España ni fuera, porque sin Presupuestos nos costaría mantener la calidad y el nivel de nuestros servicios públicos, y habría poco margen también para incrementar las necesidades sociales.

Aprobar los Presupuestos significa actualizar la financiación que reciben las Comunidades Autónomas en concepto de entregas a cuenta para el año 2017 o el importe total de los Fondos de Compensación Territorial, y facilitar la labor de las Comunidades Autónomas, Comunidades Autónomas que están también en proceso de aprobación de sus propios Presupuestos.

En cuanto a las cuestiones políticas, el Gobierno ha continuado, como ha hecho desde el inicio de la Legislatura, con el diálogo político, con la política de mano tendida, de actitud permanente, de escuchar, de preguntar, negociar y, luego, actuar. Esto se ha traducido en la convalidación, como saben ustedes, parlamentaria de seis acuerdos legislativos. Ayer el Congreso de los Diputados rechazó por una amplia mayoría la enmienda a la totalidad a la Ley de Contratos del Estado, con 255 votos a favor de la tramitación presupuestaria. Por tanto, también una buena noticia ver cómo los temas avanzan en el Parlamento.

Además, el pasado martes 14 de febrero se constituyó la subcomisión para el Pacto de Estado Social y Político por la Educación, que ha echado a andar. Esa es una buena noticia también, porque pensamos que hay muchísimos españoles que creen que ha llegado el momento de acordar algo tan fundamental para la educación en el propio Congreso de los Diputados.

Asimismo, el 15 de febrero la vicepresidenta del Gobierno presidió en el Senado la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea, donde participan las Comunidades Autónomas y que es una consecuencia, como saben ustedes, de la Conferencia de Presidentes celebrada hace un mes.

Me quiero referir también a otro capítulo de ese diálogo: el Tribunal Constitucional acordó esta semana, el 14 de febrero, por unanimidad anular dos resoluciones aprobadas por el Parlamento de Cataluña y apercibió a los responsables públicos que votaron estas resoluciones de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en el caso de incumplimiento de lo ordenado. Y hace unos días también tuvo lugar la presencia del ex presidente Mas y dos consejeras en el juicio oral por la consulta del 9-N declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

En un Estado de Derecho todo el mundo está sometido a la Ley, nadie está ni por encima ni al margen de la Ley y, cuando se vulnera la Ley, se responde ante los Tribunales, cuyas sentencias se deben respetar y acatar. Eso es así para todos los ciudadanos; pero debe serlo en mayor grado para los responsables políticos, para las personas que han sido elegidas para ocupar cargos en las instituciones públicas, que deben ser un ejemplo para el resto de los ciudadanos.

En nombre del Gobierno, quiero reiterar desde aquí la oferta permanente de diálogo, porque se basa en la convicción de que el diálogo es el camino para resolver los problemas, para encauzar las soluciones. Y desde aquí queremos hacer otro llamamiento al diálogo: ¿no es acaso mejor venir, por ejemplo, a la Conferencia de Presidentes y tratar temas que importan a la gente, temas de todos los días, los que afectan a la reforma de la financiación autonómica, o el reto demográfico, o el Pacto por la Educación, o la tarjeta social, o el bono de la energía, o la protección civil, o las políticas de género, o la violencia de género…? Problemas reales, insisto, que afectan a todas las Comunidades Autónomas en su conjunto y a los ciudadanos españoles que residen en esas Comunidades Autónomas en particular. Por tanto, aquí es donde se resuelven los temas, como han visto ustedes cuando voy desgranando los distintos acuerdos que se van produciendo como consecuencia de esa Conferencia de Presidentes.

Por lo tanto, es mejor venir a Madrid para hablar de estos temas que ir a Bruselas, porque en Bruselas ya sabemos cuál es la posición de las instituciones europeas en torno a los planteamientos que hace el Gobierno de la Generalidad. Tanto el presidente de la Comisión, Romano Prodi, ya en el año 2005, como luego el presidente Durao Barroso y como luego el presidente Juncker, han dejado claramente dicho cuál es la posición de la Unión Europea en torno a un referéndum de autodeterminación en una parte del territorio nacional.

Esta misma semana el presidente del Parlamento Europeo región elegido, Antonio Tajani, lo dejó dicho con toda claridad: los ordenamientos constitucionales de los Estados miembros son parte del marco legal de la Unión y quien actúa contra la Constitución de un Estado miembro estará actuando contra el marco legal europeo, y, por tanto, esa actuación nunca será reconocida a nivel europeo y no podrá tener efecto alguno. Por lo tanto, Comisión, Parlamento Europeo y también sentencias de Tribunales Constitucionales, que no son el español, sino son el de Baviera o el del Véneto.

Por tanto, posición europea clara y, por lo tanto, petición de diálogo para seguir hablando dentro del marco de la Ley.

Al Gobierno le preocupa observar como la política de Cataluña parece estar prescrita por el extremismo que representa la CUP, que lo que quiere, lo que busca, porque lo dicen ellos mismos, es subvertir el modelo económico y social de Cataluña, y eso creemos que es algo que no beneficia, en absoluto, a los catalanes.

Por tanto, llamada de diálogo, dentro de la Ley, a que las instituciones vuelvan a estar al servicio de todos los catalanes y no estén cautivas ni sean rehenes de intereses independentistas; a restablecer la convivencia, la cohesión de la sociedad, que no es otra cosa que el reconocimiento y el respeto de su pluralidad, y a restablecer la confianza perdida dentro del marco democrático, que es el legal. Por tanto, ése es el debate político.

El Gobierno está, como hemos dicho en muchas ocasiones, pero quiero reiterarlo hoy, dispuesto a hablar de todo; a hablar, por ejemplo, de aquellas 45 peticiones que hizo la Generalidad y que parecen olvidadas, porque últimamente nadie habla de ellas. Por tanto, reiteramos la oferta de diálogo dentro de la Ley, porque pensamos que eso es lo que conviene a los ciudadanos de Cataluña.

Además, el Consejo de Ministros ha tomado hoy una serie de acuerdos, que paso a relatarles.

En primer lugar, ha aprobado el Real Decreto Ley por el que se modifica la Ley Orgánica del año 2013 de protección de la salud del deportista y la lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, y se adapta a las modificaciones introducidas por el Código Mundial Antidopaje de 2015. Ya el propio título del Real Decreto Ley habla de su contenido.

En España, como saben ustedes, existe una Ley del Deporte desde el año 1990; en el año 1999 se constituyó la Agencia Mundial Antidopaje, que elaboró un Código Antidopaje, que fue posteriormente introducido en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley del año 2006 y por la Ley del año 2013 a la que me he referido en el título del Real Decreto Ley y que es la que se modifica. Y se modifica precisamente porque en el año 2013 la Agencia Mundial Antidopaje aprobó otro Código cuyas disposiciones, algunas de las mismas, hay que incorporar a la legislación española. Ello no fue posible cuando teníamos que haberlo hecho, en los años 2015 y 2016, fundamentalmente 2016, precisamente porque había un Gobierno en funciones y la Ley del año 2002 impedía a un Gobierno en funciones presentar proyectos de ley, y eso ha afectado a la situación de los laboratorios de dopaje en España.

Por tanto, urgente necesidad de remediar esta situación, que es lo que hacemos hoy a través de este Real Decreto Ley, cuyo contenido, insisto, modifica una Ley del año 2013. Afecta, fundamentalmente, al régimen sancionador, a las personas que están involucradas dentro de estas posibles situaciones de dopaje y al refuerzo de la autonomía e independencia de la Agencia.

El texto que ha acordado el Consejo de Ministros fue sometido antes a la Agencia Mundial Antidopaje, que está de acuerdo con ese contenido. Cuenta con todos los informes previos de los distintos Ministerios. El Consejo Superior de Deportes lo remitió al resto de los Grupos Parlamentarios, esperamos que tenga un acuerdo suficiente para su convalidación y también las Comunidades Autónomas, que son competentes en esta materia, han sido informadas en el seno de la Conferencia Interterritorial del Deporte.

Además, este Real Decreto Ley también incorpora los incentivos fiscales que se aplicarán al programa de preparación de deportistas españoles en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tanto los Juegos Olímpicos, como los Juegos Paralímpicos. Esto es muy importante para poder ir recabando la ayuda de empresas privadas que contribuyen, como saben ustedes, a financiar la preparación de nuestros olímpicos y que tan buenos resultados alcanzaron en los últimos Juegos Olímpicos celebrados en Río de Janeiro.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario Militar. El anterior Reglamento databa del año 1992 y en todos estos años se han sucedido cambios importantes, como el cierre de establecimientos penitenciarios militares, la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas y la suspensión del Servicio Militar Obligatorio. Esta Reglamento introduce formas de cumplimiento de nuevas penas, adaptación de los beneficios penitenciarios al vigente Código Penal y medidas encaminadas a la reinserción social de los internos o a su reincorporación a las Fuerzas Armadas.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan la comercialización y manipulación de gases fluorados, y también la comercialización y manipulación de equipos basados en la certificación de los mismos. Dos objetivos: por una parte, regular la comercialización de gases fluorados con efecto invernadero y su correcta manipulación profesional, y, por otra, regular los requisitos de control de las plantas industriales que desarrollan actividades que emitan gases fluorados.

Asimismo, se ha tomado otro Acuerdo que se refiere, por ejemplo, al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas para la Globalización, la Cultura y la Movilidad, con sede en Barcelona.

Finalmente, quería relatarles a ustedes que el Consejo de Ministros ha escuchado sendos informes de la ministra de Empleo en relación con el grupo de expertos relacionados o constituidos para estudiar la repercusión de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la contratación de interinos, y otro del ministro de Economía relativo al futuro Anteproyecto de la Ley Reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

Por tanto, eso es lo que tenía que contarles y estoy, por supuesto, a su disposición para aquellas preguntas que quieran hacerme.