José Antonio Benedicto: "Apostamos por mayor innovación en Administración electrónica, más Gobierno abierto y transparencia y avanzar en los derechos de los empleados públicos"

El secretario de Estado de Función Pública, durante su intervención en el XXIII Congreso del CLAD, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, en Guadalajara (México), ha reafirmado el compromiso expresado ayer por la ministra Meritxell Batet de avanzar en medidas que fomenten la igualdad.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, que intervino el día anterior en el XXIII Congreso del CLAD, anunció que España organizará el próximo año el Foro Iberoamericano para la Igualdad de las Administraciones Públicas, tras el acuerdo alcanzado por el Consejo Directivo del CLAD. Meritxell Batet destacó durante su intervención que el encuentro de 2019 en nuestro país "se centrará en aprobar propuestas de medidas que fomenten el acceso en igualdad a los cargos directivos dentro de la Función Pública".

Administración digital en España

Benedicto ha resaltado que España se encuentra entre los primeros países en Administración electrónica: "En servicios públicos digitales ocupamos el cuarto puesto de 28 estados, según el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) 2018 de la Comisión Europea. Y el informe de Naciones Unidas eGovernment survey 2018 nos sitúa con un alto rendimiento, o Top Performers, junto a países como Dinamarca, Finlandia, República de Corea, Australia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos".

Se ha referido también al reto demográfico y cómo España prepara una estrategia de todas las administraciones públicas para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos, incluyendo la Administración digital, con independencia del lugar donde se viva. Asimismo, ha señalado el impulso de este Gobierno al proyecto de Carpeta Ciudadana, un punto electrónico único donde ciudadanos y empresas, con una sola identificación y sin registro previo, podrán consultar todos sus datos en poder de la administración, sus notificaciones y registros.

Gobierno abierto, participación ciudadana y transparencia

Benedicto ha señalado el avance en Gobierno abierto y participación ciudadana, como elementos vertebradores para mejorar la transparencia de las administraciones públicas: "Este Gobierno ya ha aprobado el Reglamento de la Ley que regula el ejercicio del alto cargo".

Ha recordado que el 29 de septiembre el BOE publicó 1.500 declaraciones patrimoniales de altos cargos, entre ellos, 38 ministros, 74 secretarios de Estado y 18 cargos asimilados. "La última publicación se produjo en 2014, por lo que además de dar cumplimiento a una obligación legal hemos respondido a una demanda pública de transparencia, o como ha indicado la ministra de Política Territorial y Función Pública se ha saldado una deuda que teníamos con los ciudadanos", ha afirmado Benedicto.

Transcurridos cinco años de la Ley de transparencia, se está elaborando el reglamento de su desarrollo, "esencial para el avance de la transparencia, teniendo en cuenta que requiere de una participación activa por parte de los ciudadanos".

La Secretaría de Estado trabaja también en la aprobación del IV Plan de Gobierno Abierto, que debe impulsar esta línea estratégica.

Profesionalidad de los empleados públicos

Benedicto ha destacado la labor de los empleados públicos en España: "Trabajadores preparados, independientes, con gran vocación de servicio público y con una profesionalidad incuestionable, demostrada en los años más duros de la crisis en los que han visto reducidas sus retribuciones y suspendidos algunos de los derechos sin que hubiera una merma en el desempeño de sus funciones".

Ha incidido en que el Gobierno trabaja por la mejora de la situación de las condiciones laborales de los empleados públicos: "Recuperando los derechos que perdieron, por ejemplo, ya vuelven a cobrar el cien por cien en caso de enfermedad".

La Administración continúa desarrollando políticas para potenciar la igualdad real entre mujeres y hombres, a combatir la discriminación por razón de sexo, con especial atención a las víctimas de violencia de género y previniendo las situaciones de acoso. En este ámbito, para avanzar en el camino de la corresponsabilidad familiar, "hemos propuesto ampliar el permiso de paternidad a 16 semanas con carácter intransferible, para que los cuidados recaigan por igual en ambos progenitores".

Se ha referido también Benedicto al acuerdo de movilidad interadministrativa por razón de violencia de género, recientemente aprobado por la conferencia sectorial de Administración pública, y en materia laboral ha destacado la aprobación de la mayor oferta de empleo público de los últimos diez años, con 30.844 plazas, que permitirá la reposición de efectivos en aquellos sectores más necesitados de personal.

"Los servicios públicos aportan bienestar a la sociedad -ha concluido su intervención- contribuyen a la consolidación de una democracia fuerte, al crecimiento económico, por ello hay que contribuir a sostenerlos y, en la medida de lo posible, a mejorarlos".