Comparecencia en el Senado

El Gobierno subraya su compromiso con las políticas de igualdad y su prioridad con el Pacto de Estado de Violencia de Género

5.3.2018

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En este sentido, el secretario de Estado ha recordado que España cuenta con un marco normativo moderno y avanzado que garantiza la plena igualdad legal de oportunidades y la necesidad de mantener la unidad y trabajar con lealtad a las víctimas en materia de Violencia de Género.

En su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Senado, Mario Garcés, ha informado de las actuaciones que se están llevando a cabo por parte de la Secretaría de Estado en materia de igualdad y sobre el acuerdo del Pacto de Estado de Violencia de Género.

Avanzando en igualdad

Por otra parte, y en relación a su comparecencia en materia de igualdad, el secretario de Estado ha destacado los importantes avances producidos en los últimos años para conseguir la igualdad real y efectiva con datos que demuestran el camino recorrido. En la Seguridad Social hay más mujeres afiliadas que nunca: seiscientas mil más que en 2011; la tasa de empleo de las mujeres ha pasado del 41,19% en el IV trimestre de 2011, al 43,54 en el mismo trimestre de 2017.

Además, el porcentaje de las consejeras de las empresas del IBEX 35 se ha incrementado notablemente en los últimos 10 años: del 6% en 2007, al 10% en 2011 y al 22% en 2017, según datos de la Comisión Europea. En cuanto a las PYMES, el 26% cuenta con más del 40% en sus Consejos de Administración y la brecha salarial en nuestro país, según Eurostat, es inferior a la de la UE en 2 puntos porcentuales: España: 14,2% y la UE 16,2%.

Compromiso del Gobierno

El secretario de Estado de Igualdad ha detallado también las principales iniciativas impulsadas esta legislatura en materia de igualdad, como son el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2018-2021, el Observatorio de Imagen de las Mujeres, el Currículum Vitae Anónimo y el Programa Desafío Mujer Rural.

En lo que respecta al PEIO, actualmente en fase de consulta en el Consejo de Participación de la Mujer, en el mismo se definen los objetivos estratégicos de actuación para los próximos años y se da una orientación transversal para facilitar la incorporación del principio de igualdad de oportunidades a todas las políticas y acciones del Gobierno.

Algunos de los objetivos que lo definen son: reducir las desigualdades que aún persisten en el ámbito del empleo y la economía y avanzar en igualdad para afrontar el reto demográfico, con especial atención a la conciliación y la corresponsabilidad; erradicar la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo; favorecer el empoderamiento político y económico y promover la participación social de las mujeres, o evitar el sexismo en los medios de comunicación y la publicidad, entre otros.

Respecto al PEIO también, Garcés ha destacado algunas medidas objeto de análisis, dos de ellas en línea con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como es la obligación de informar a los representantes de los trabajadores anualmente sobre las retribuciones de los grupos profesionales y puestos de trabajo, por un lado, y la obligación de las empresas de más de 250 trabajadoras y trabajadores para que realicen una auditoría salarial con el contenido y periodicidad que se establezca en el Plan de Igualdad.

Otra de las medidas destacadas del PEIO se refiere a la regulación mediante Real Decreto del Observatorio de la Imagen de las Mujeres. Entre sus objetivos, recibir y tramitar quejas o sugerencias contra el sexismo en la publicidad; hacer un seguimiento de los contenidos publicitarios y de comunicación en los que se detecten mensajes sexistas y llevar a cabo requerimientos de cese o modificación ante las entidades emisoras o difusoras de los mensajes sexistas.

Otras novedades

El secretario de Estado se ha referido también a otra de las novedades impulsadas esta legislatura, como es la del Currículum Vitae Anónimo, al que a día de hoy 91 entidades se han adherido; los compromisos de estas entidades suman más de tres mil procesos de selección y promoción interna en el proyecto piloto de 12 meses de duración. También se está desarrollando el programa "Desafío Mujer Rural" dirigido a fomentar el emprendimiento femenino en el mundo rural y apoyar a las emprendedoras en las distintas fases de su proyecto.

Esfuerzo colectivo por el pacto de Estado

En cuanto al Pacto de Estado, ha recordado que el cumplimiento del conjunto de medidas exige un esfuerzo colectivo de todas las Administraciones territoriales y que parte de esas medidas incluidas en el mismo, se corresponden con actuaciones que de manera concurrente se vienen realizando ya por las Administraciones Públicas de manera continuada. Estas medidas que ya se vienen realizando son en torno al 50% de las incluidas en el Pacto. Respecto a las mismas, el secretario de Estado ha explicado que el Gobierno sigue trabajando y buscando su mejora para ser más eficaces.

También ha explicado que la materialización del Pacto supone la revisión de 12 leyes. Una parte importante de las medidas requerirán modificación normativa, entre ellas la reforma de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La modificación de esta norma, junto a la redacción de nuevas leyes como la relativa a la Trata de Seres Humanos y la referida a la Violencia Sexual y otras formas de Violencia contra la Mujer, constituirán los instrumentos legislativos de acción permanente para los próximos años.

Modificaciones normativas

En relación a la Ley Orgánica 1/2004, según ha explicado el secretario de Estado, el grupo de trabajo técnico compuesto por personas expertas en la materia ya tiene muy ultimados los trabajos de redacción. En el Anteproyecto de Ley se encuentran incluidas las siguientes medidas: se incorpora como víctimas a las mujeres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados como consecuencia de la violencia ejercida contra ellas.

Extiende el concepto de violencia contra la mujer y ámbito de aplicación de la ley; también se prevé la compatibilidad de ayudas previstas con otras que se puedan contemplar en la legislación autonómica y la suspensión del régimen de visitas al maltratador.

Medidas en proceso de desarrollo

En el eje relativo a sensibilización, concienciación y prevención, el secretario de Estado se ha referido a la necesidad de la educación en igualdad y a las campañas de sensibilización, cuyo presupuesto se ha incrementado en 2017 en 1,3 millones de euros. En este sentido, Garcés ha anunciado que en 2018 se lanzarán tres nuevas campañas: una dirigida a jóvenes, otra contra la violencia sexual y otra contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

En el eje de atención a la infancia y juventud, Garcés se ha mostrado seguro de alcanzar un acuerdo para defender los derechos de los menores huérfanos cuyas madres no cotizaban a la Seguridad Social.

Potenciar el servicio de atención telefónica 016 está contemplado en las medidas de atención, apoyo y asistencia a víctimas, así como la firma de un nuevo convenio con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos para el desarrollo y formación de estos profesionales en materia de violencia contra la mujer.

En relación a las personas con discapacidad, el secretario de Estado ha recordado que todas las campañas de concienciación social tienen en cuenta su accesibilidad, incluyendo subtitulado y lenguaje de signos. Sobre la formación y sensibilización de los agentes sociales y las empresas privadas, hay 129 entidades públicas y privadas adheridas a la iniciativa "Empresas por una sociedad libre de Violencia de Género", 38 más que en 2016.

En cuanto a otras formas de violencia, se ha incorporado en el plan de medios una campaña específica para la prevención de la violencia sexual y para la mejora de la coordinación en la respuesta institucional, la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) ya analiza los expedientes en relación con las mujeres que pueden sufrir persecución por motivos de género, incluidos los supuestos de matrimonio forzado.

El secretario de Estado también ha insistido en avanzar en planes personalizados de protección y se está impulsando la firma de más convenios de colaboración con los Ayuntamientos para la incorporación de Policías Locales al Sistema VIOGEN.

Seguimiento y compromiso

Mario Garcés ha indicado también que el marco temporal del Pacto es de cinco años y que la implementación de las medidas contempladas requiere el respaldo presupuestario correspondiente, a cuyo fin los PGE destinarán a cada una de las Administraciones la cuantía económica necesaria para el desarrollo o ampliación de las medidas contempladas. El compromiso económico global supone un incremento de mil millones durante los próximos cinco años.

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