Dolors Montserrat: "Con diálogo y lealtad institucional hemos conseguido evaluar el Sistema, el punto de partida para mejorar la atención a las personas dependientes"

La ministra ha subrayado la importancia de que, desde que la Ley de Dependencia entró en vigor hace diez años, es la primera vez que Gobierno y Comunidades Autónomas realizan un análisis conjunto de la situación del Sistema.

Se ha dado así cumplimiento, como se está haciendo con el Pacto de Estado de Violencia de Género, al compromiso que quedó reflejado en la VI Conferencia de Presidentes donde se creó la Comisión de análisis de la Situación de la Dependencia. "Con diálogo y lealtad institucional hemos conseguido evaluar el Sistema, el punto de partida para mejorar la atención a las personas dependientes", ha destacado.

Sobre este informe, Dolors Montserrat ha puesto en valor que es "un análisis que se ha llevado a cabo desde el diálogo y priorizando en todo momento la búsqueda de consensos", al tiempo que ha destacado las 3 principales conclusiones: que el sistema de dependencia debe caminar siempre hacia un sistema basado en servicios; el compromiso de hacer un análisis de la perspectiva de género; y la necesidad de avanzar en una revisión normativa del Sistema para responder mejor a las necesidades de los ciudadanos.

Sube más de un 5% el nivel mínimo de protección

En esta línea de dar una mejor respuesta a las necesidades de las personas dependientes, el Ministerio y las Comunidades Autónomas han aprobado en el Pleno la actualización de las cuantías del nivel mínimo de protección, aumentándolas en más de un 5 por ciento: el grado I de dependencia pasa a 47,38 euros; el grado II de dependencia a 84,49 euros; y el grado III se incrementaría hasta los 190,13 euros. "Gracias a la recuperación, podemos fortalecer nuestro sistema de protección social, un pilar esencial que garantiza la cohesión de nuestro país", ha subrayado la ministra.

Por otro lado, el Pleno ha acordado la modificación de los criterios de acreditación con el objetivo de mejorar la estabilidad en el empleo de los cuidadores que prestan sus servicios en centros o instituciones sociales, con dos medidas fundamentales: eliminar el límite de edad para la habilitación excepcional (antes estaba prevista para trabajadores de 55 años o más que acreditaran determinada experiencia, ahora para todos) y establecer una habilitación provisional para personas que habiendo trabajado, no cumplan con el requisito de la experiencia, y se comprometan a participar en los procesos de acreditación hasta el 31 diciembre de 2022.

También en relación a la Dependencia, se ha acordado una mejora importante de la atención que se presta a las personas con dependencia: añadir a los servicios de teleasistencia tradicionales elementos tecnológicos que van a permitir prestar una atención más completa a la persona, dentro y fuera de su domicilio, como por ejemplo detecciones de caídas, geolocalizaciones o servicios de telediagnóstico.

100 millones en 2017 para la lucha contra la pobreza

En relación a las familias, el Pleno ha acordado la distribución de 24,6 millones de euros a las Comunidades Autónomas para reforzar los servicios sociales de atención primaria y el Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil. "Este es un Gobierno social que está al lado de los más vulnerables, de las familias y que trabaja por no dejar a nadie atrás", ha subrayado la ministra.

Esta cantidad se suma a los 75,4 millones que ya se repartieron este año (cuando el presupuesto estaba prorrogado), por lo que en total se han destinado 100 millones de euros a la lucha contra la pobreza y a las familias más vulnerables. Los 24,6 millones de euros aprobados hoy se distribuirán en dos programas que hasta este año no se habían presupuestado de forma separada:

- 12 millones de euros para el Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil -que añadidos a los 48 millones ya repartidos en abril, suman un total de 60 millones.

- 12,6 millones de euros para el Programa de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales (Plan Concertado) -que añadidos a los 27,4 millones ya repartidos en abril, suman un total de 48 millones de euros.

Plan autismo: Concienciación, accesibilidad, investigación

Por último, la ministra y la consejera han abordado la Estrategia Española de Trastornos del espectro del Autismo", aprobada en noviembre de 2015 en respuesta a una demanda histórica del movimiento asociativo del autismo. Esta Estrategia debe concretarse en un Plan de Acción, en el que se está trabajando y sobre el que se ha informado en el Pleno, con el objetivo de abordar las dificultades específicas que padecen las personas con TEA para favorecer su inclusión social plena.

Los objetivos principales del Plan de Acción son: concienciación, promoviendo una imagen positiva y real; accesibilidad, sobre todo reducir las dificultades en la comprensión de la información; investigación, a través de la coordinación y la innovación; y formación de los profesionales que intervienen en el recorrido vital de las personas con autismo. Dolors Montserrat ha querido recordar que "este Plan beneficiará a más de 450.000 personas en España. Una cifra que se eleva al millón si incluimos a las familias, que son los agentes principales en las vidas de las personas con TEA".