El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las CCAA acuerdan el reparto de 6 millones de euros para la asistencia a mujeres y menores víctimas de violencia de género

La reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada hoy y presidida por la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha acordado transferir seis millones de euros a las Comunidades Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para apoyarles en el ejercicio de sus competencias en materia de asistencia social integral a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, así como para la implementación de planes personalizados y de medidas para la mejora de la coordinación en sus respectivos territorios.

Así, en 2016 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad transfiere un 25% más que en 2015 y se supera, además, el importe del crédito transferido el último año de la pasada legislatura.

En concreto, la Conferencia Sectorial de Igualdad ha acordado el reparto de 3.250.000 euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género, por una parte; por otra, 1.750.000 euros para la atención a menores expuestos a violencia de género y 1.000.000 de euros para el desarrollo de planes personalizados y medidas para la mejora de la coordinación en las Comunidades Autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Esta última partida de un millón de euros está destinada a la implementación de la Propuesta Común de Mejora de la Coordinación y la puesta en marcha de un plan personalizado de atención a las víctimas de violencia de género.

Plan contra la trata de mujeres y niñas

Por otra parte y en relación a otras formas de violencia contra la mujer, se ha presentado a las Comunidades Autónomas el II Plan Integral contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de septiembre de 2015.

Este II Plan se enmarca en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer (2013-2016) que recoge el compromiso de los poderes públicos para acabar con la violencia ejercida sobre las mujeres por el mero hecho de serlo y ha incorporado, por primera vez, medidas dirigidas a avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer, haciendo especial hincapié en la necesidad de que la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual se aborde de manera específica.

El II Plan también plantea el abordaje de esta materia desde una perspectiva multidisciplinar que abarca la prevención y persecución del delito y la protección y asistencia a las víctimas, implicando a las diversas administraciones e instituciones con responsabilidades en la materia y a la sociedad civil en el desarrollo de sus 143 medidas que ya se encuentran en ejecución.

Por ejemplo, el apoyo a las entidades de la sociedad civil especializadas en la asistencia a víctimas de trata mediante la convocatoria de subvenciones cuyo importe en 2016 asciende a dos millones de euros, tras el incremento de un 33% en 2015 que se mantiene para el presente ejercicio.

Por su parte, desde la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad se ha instado a las Comunidades Autónomas a continuar trabajando en sus respectivos territorios en el desarrollo de protocolos interinstitucionales específicos que faciliten el trabajo coordinado de las distintas instituciones implicadas en el ámbito autonómico con el fin de asistir y proteger mejor a quienes son víctimas y perseguir a quienes promueven la trata con fines de explotación sexual.

Informe sobre la reforma de la Ley 1/2004

Por otra parte, en la Conferencia Sectorial se ha dado cuenta del informe sobre las reflexiones y propuestas de reforma de la Ley orgánica 1/2004, así como otras normas relacionadas en materia de violencia de género, elaborado desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en 2015 al cumplirse el décimo aniversario de la entrada en vigor de la norma.

Dicho informe recoge propuestas y reflexiones realizadas por las instituciones, ministerios, entidades y profesionales desde la perspectiva de recopilar, ordenar y sistematizar la propuesta de mejora y potenciales reformas planteadas por los operadores implicados en la erradicación de la violencia contra la mujer. Entre ellos, los organismos de igualdad de las Comunidades Autónomas que señaladamente han contribuido a la formulación de propuestas y reflexiones tras estos diez años de vigencia.

El documento presentado hoy a las Comunidades Autónomas constituye el punto de partida de un proceso en el que, fruto de la reflexión compartida, se avance en la reforma de dicha Ley continuando la senda de mejora y perfeccionamiento del sistema español de prevención, asistencia y protección frente a cualquier forma de violencia contra la mujer desde la consideración de su erradicación como una cuestión de Estado.

Plan para la promoción de las mujeres del medio rural

Además, en la Conferencia Sectorial se ha informado sobre el Plan para la Promoción de la Mujer del Medio Rural 2015-2018 aprobado por el Consejo de Ministros del 9 de octubre.

Es el primer Plan de carácter integral que se aprueba para atender a las necesidades de las mujeres que viven en este entorno. Este Plan ha sido impulsado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Han intervenido todos los departamentos ministeriales y han incluido acciones en el plan seis Ministerios.

Herramienta de valoración de puestos de trabajo

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha puesto a disposición de las Comunidades Autónomas la "herramienta de valoración de puestos de trabajo en las empresas con perspectiva de género", diseñada por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

Esta nueva herramienta es complementaria de la "herramienta de autodiagnóstico de brecha salarial de género", ofrece a las empresas la posibilidad de diseñar su propio sistema de valoración de puestos de trabajo incorporando la perspectiva de género, permitiendo establecer un sistema de retribución que asigne el salario en función del valor que aportan los puestos a la organización, así como comparar los salarios reales de mujeres y hombres de la entidad con los salarios teóricos previamente determinados.