Rafael Catalá destaca las reformas legislativas como impulsoras del crecimiento económico

Catalá ha asegurado que el esfuerzo de la sociedad española durante estos últimos años comienza ahora a dar fruto, como revelan los datos de creación de empleo, el crecimiento del consumo privado, las matriculaciones de automóviles o la constitución de hipotecas.

El ministro de Justicia ha recordado que poner la Administración de Justicia y la modernización del ordenamiento jurídico al servicio del crecimiento económico y del progreso fue una decisión irreversible del Gobierno para afrontar la situación que se encontró en 2011.

Rafael Catalá ha indicado que ese impulso renovador ha propiciado la aprobación en un periodo de tiempo sorprendentemente corto de una serie de reformas legislativas como no se conocían desde la Transición. Como ejemplo ha señalado las novedades del presente mes de julio: el día 1 entraba en vigor la reforma del Código Penal; el 3 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria; el 8 se aprobaba definitivamente en el Congreso la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y ese mismo día el Senado aprobaba la Ley de Medidas de reforma Administrativa en el Ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil que entra en vigor mañana.

En relación a la lucha contra los delitos económicos y la corrupción, Catalá ha destacado que la reforma del Código Penal consigna el delito de financiación ilegal de partidos políticos y modifica la regulación de la corrupción en el ámbito privado y en el sector público. Las modificaciones afectan principalmente a las penas, ya que refuerzan la punición de los llamados delitos contra la corrupción en el ámbito de la administración pública (elevación de penas de inhabilitación previstas para este tipo de delitos e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo) y en el ámbito privado (mejoras en el castigo al pago de sobornos para obtener ventajas competitivas y revisión en materia de delitos patrimoniales en los que se introduce la administración desleal del patrimonio ajeno).

Otro cambio relevante es la reforma del comiso con el que se dota a la Justicia de mejores herramientas para la recuperación de activos procedentes del delito y en la gestión económica de los mismos. Además se introduce la posibilidad del decomiso ampliado, sin sentencia y de bienes de terceros, así como la creación de la Oficina de Recuperación de Activos.

Una nueva regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas permitirá, según ha explicado el ministro, identificar las responsabilidades penales en las que pueden incurrir las personas jurídicas y estimular sistemas de prevención del delito gracias a un nuevo modelo de imputación basado en la exención de responsabilidad criminal en aquellos casos en los que la empresa haya adoptado un programa que evite la comisión de hechos delictivos.

La nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria optimiza los recursos públicos al atribuir el conocimiento de un número significativo de asuntos a otros operadores jurídicos como secretarios judiciales, notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, lo que permitirá al ciudadano optimizar el servicio que se le presta y poder valorar las distintas posibilidades que se le ofrecen para elegir aquella más acorde con sus intereses. Esta ley también supone una apuesta firme por el arbitraje, donde las partes se someten voluntariamente a la decisión de un árbitro, y por la mediación, donde la responsabilidad de alcanzar un acuerdo es asumida por las partes.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial incorpora un amplio paquete de medidas que mejoran la organización de la Justicia destinadas a reducir los tiempos de respuesta de los órganos judiciales, a lograr una mayor especialización de los miembros de la carrera judicial y mejorar las normas de reparto en juzgados de ámbito provincial.

En el ámbito de la modernización de la Justicia, el ministro Catalá ha destacado la importancia de las mejoras derivadas del uso masivo de las nuevas tecnologías y ha recordado que esa modernización alcanzará igualmente a la Administración de Justicia donde, a partir del 1 de enero de 2016 todos los profesionales de la justicia y los órganos judiciales estarán obligados a emplear los sistemas telemáticos en los actos de comunicación procesal.

Hasta que se agote la legislatura, ha dicho el ministro, las reformas continuarán con la aprobación, entre otras, de la reforma de las Leyes de Enjuiciamiento Criminal y de Enjuiciamiento Civil, así como con la Ley de Baremos de Accidentes, que completará este ciclo transformador de la Administración de Justicia.