Catalá firma un Convenio de colaboración para la mejora del Instituto de Medicina Legal de la Comunidad Valenciana

13.10.2015

  • x: abre ventana nueva
  • Whatsapp: abre ventana nueva
  • Linkedin: abre ventana nueva
  • Enviar por correo: abre ventana nueva

Este acuerdo tiene como objetivo la participación del Departamento de Barcelona del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en la práctica de los análisis destinados a la identificación genética a partir de muestras y tomas biológicas procedentes de agresiones sexuales, a la luz de los resultados iniciales obtenidos en el laboratorio de Genética Forense y Criminalística del Instituto de Medicina Legal de Valencia.

La coordinación entre distintos profesionales e Instituciones del ámbito de la medicina forense constituye una necesidad ineludible en aras de una pericia cada vez más exigente, acorde a los avances científicos y necesidades de la sociedad. El Convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y la Consejería de Justicia de la Comunidad Valenciana es un ejemplo de coordinación interdisciplinar y está llamado a ser un elemento decisivo en la contribución a la calidad de las pericias.

Atendiendo a las necesidades y requerimientos en materia de calidad pericial que recogen distintos estándares nacionales e internacionales, esta colaboración contempla la creación de una Comisión de seguimiento que constituirá una pieza clave para la coordinación y la exigencia en la calidad de los análisis.

En definitiva, este convenio supone un paso más en la colaboración entre Administraciones para contribuir a la optimización de recursos en el ámbito de la Justicia, a la vez que se reducen los tiempos de respuesta.

En esa línea, la firma de este acuerdo se suma a la que tuvo lugar el pasado mes de septiembre cuando Ministerio y Consejería rubricaron el Convenio de colaboración para la implantación del programa de reforma de la Administración de Justicia en la Comunidad Valenciana por el que el gobierno regional deberá destinar el crédito de 859.879 euros al impulso de las nuevas tecnologías, la implementación de la Oficina Judicial y Fiscal o la mejora de la asistencia jurídica gratuita.

Más información