Desmantelada una de las principales organizaciones especializadas en fraude de IVA y blanqueo de capitales

En el operativo han sido detenidas 58 personas en Badajoz, Elche (Alicante), Madrid, Málaga, Córdoba, País Vasco, Murcia, Navarra, Pontevedra, Cataluña, Alemania, Bélgica y Portugal. Además, se realizaron 62 entradas y registros en España y otras 39 en diferentes puntos de Europa. Las investigaciones realizadas han destapado una defraudación de IVA a nivel europeo que alcanza casi los 60 millones de euros de cuota, de los que 45 afectan a las arcas españolas.

La complejidad de la trama investigada requirió coordinación internacional, tanto a nivel policial a través de Europol como a nivel judicial a través de Eurojust. Por ello, se celebraron reuniones en ambos organismos con participación de representantes de policía, aduanas y autoridades fiscales y judiciales de cada país afectado.

Origen de la investigación

Las investigaciones se iniciaron en 2015 a raíz de un informe de inteligencia financiera en torno a una organización criminal especializada en la defraudación de IVA procedente de la venta de dispositivos electrónicos, tanto auténticos como falsificados, y blanqueo de capitales.

La organización criminal era presuntamente dirigida desde España por dos hombres, padre e hijo, de origen indio y nacionalidad española, que llevaban operando más de 9 años en Europa. En el año 2014, y como consecuencia de la presión de la Agencia Tributaria, los principales investigados trasladaron su domicilio a Estados Unidos, desde donde continuaron con sus actividades criminales.

La organización, compuesta fundamentalmente por españoles, italianos y portugueses, disponía de un entramado formado por más de 100 mercantiles -en su mayoría ficticias y a nombre de testaferros-, asentadas en diferentes países (España, Hungría, Alemania, Italia, Rumanía, Bulgaria, Bélgica, EEUU, Portugal y Chipre).

Modus operandi

La organización criminal contaba con dos centros neurálgicos (en Madrid y en Elche) desde donde se controlaba la gestión de numerosas empresas instrumentales españolas y extranjeras (húngaras, búlgaras, portuguesas, italianas, chipriotas y belgas) cuya función no era otra que la de eludir el pago del IVA de los productos introducidos en España y que se destinaban a consumo a precios anormalmente reducidos a costa, precisamente, del impago del IVA, creando así competencia desleal con el resto de comerciantes de los sectores afectados (fundamentalmente del de componentes electrónicos).

Además del perjuicio que para la Hacienda Pública suponía esa forma de actuar, el daño para las arcas públicas era aún mayor, puesto que una parte de esos productos se volvía a introducir en el circuito fraudulento simulando la venta fuera de España y pidiendo la devolución del IVA español, un IVA que previamente no había sido ingresado.

En todo el entramado existía una importante estructura utilizada para emitir facturación falsa o de cobertura, que además de estar al servicio del fraude de IVA en productos electrónicos, se utilizaba también para introducir en España vehículos de alta gama con una reducción importante en el precio, debido igualmente al impago del IVA. Los investigadores han podido acreditar que en tres años la organización ha expedido facturas falsas por valor de casi 250 millones de euros.

Asimismo, la organización hacía circular el dinero entre las mercantiles que conformaban el entramado empresarial empleando un sistema de embudo, de tal forma que todo el dinero pasaba a través de Hungría o Bulgaria. En concreto, se ha podido determinar que a través de dos empresas instrumentales húngaras la organización habría circulado en dos años más de 140 millones de euros.

Por su parte, la operativa de blanqueo de capitales era variada: inversiones inmobiliarias -fundamentalmente en España y Estados Unidos-, compra de un manantial por valor de 3 millones de euros, compraventa de vehículos de lujo y líneas de préstamos bancarios e inversiones en empresas relacionadas con el mundo audiovisual ubicadas en España, Estados Unidos y Hungría. El destino final del dinero era, en función de la trama defraudadora, Estados Unidos, Italia o España.

En los registros realizados se han intervenido, entre otros efectos, 52 vehículos de lujo, material informático, un arma de fuego, abundante documentación y 400.000 euros en efectivo. La investigación ha sido liderada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Elche y la Fiscalía de Área de la localidad alicantina.