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Proyecto de Orden Ministerial para desarrollar su organización y funciones

La nueva Oficina Nacional de Evaluación garantizará la eficiencia y sostenibilidad de las inversiones públicas del Estado, corporaciones locales y comunidades autónomas

Lunes 20 de junio de 2016

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha remitido para informe a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el proyecto de Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas por el que se regulará la composición, organización y funcionamiento de la Oficina Nacional de Evaluación.

Se trata de un órgano creado el pasado mes de octubre y que tiene como objetivo mejorar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, una necesidad especialmente relevante en un contexto como el actual de déficit y endeudamiento públicos.

Efectivamente, uno de los motivos del desfase presupuestario y del exceso de endeudamiento de las Administraciones Públicas españolas en años anteriores fue la realización de inversiones de dudosa viabilidad y sostenibilidad financiera. Controlar el gasto de las distintas Administraciones para rebajar el elevado déficit público llevó al Gobierno a aprobar, en abril de 2012, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha sido el marco legal al que han tenido que ceñirse todas las Administraciones Públicas estos años para avanzar por la senda de la consolidación presupuestaria.

En un nuevo escenario, en el que se vuelve a recuperar en parte la inversión pública para impulsar el crecimiento a través de la colaboración público-privada en sectores relevantes para la competitividad de la economía y pensando en la creación de empleo, se hace necesaria la creación de un órgano de análisis de esas inversiones. El cometido de ese órgano será garantizar que los proyectos que se financian son eficientes, viables y sostenibles, en el marco de la citada Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En el pasado, se han puesto en marcha muchos proyectos de colaboración público-privada en ámbitos como la gestión del agua y sus infraestructuras, la construcción, conservación y explotación de carreteras, el transporte ferroviario, la educación o la sanidad. Sin embargo, no se ha dispuesto de una información completa y rigurosa ni de unos criterios comunes de análisis de la sostenibilidad y eficiencia de estos proyectos que permitieran acometerlos con garantías.

En cambio, a partir de su puesta en marcha, la Oficina Nacional de Evaluación analizará la sostenibilidad financiera de contratos de concesiones de obras y de servicios públicos, tanto del Estado como de corporaciones locales, así como de aquellas comunidades autónomas que decidan adherirse a la misma, mediante la emisión de informes preceptivos previos a la aprobación de los proyectos que sirvan de base a los procedimientos de licitación.

A partir de su entrada en vigor, la Orden Ministerial regulará la documentación que habrá que remitir a la Oficina Nacional de Evaluación como órgano de coordinación y seguimiento de esos proyectos de inversión. También establecerá el contenido y plazos para la emisión de los informes y su publicación en la central de información económico-financiera de las Administraciones Públicas, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En el proyecto, la Oficina se configura como un órgano colegiado interministerial adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Formarán parte de la misma los ministerios más directamente implicados en este tipo de proyectos de inversión; además, podrá contar con la participación tanto del sector privado como de las Administraciones autonómicas y locales.

El proyecto de orden ministerial, que ha sido remitido para informe a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias, se encuentra también sometido a información pública en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que, además de las Administraciones Públicas, también las empresas y ciudadanos interesados que lo deseen puedan formular cuantas observaciones estimen convenientes para mejorar el proyecto.

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