Ferre recuerda a las multinacionales que están obligadas a facilitar todos sus datos para cumplir con la transparencia fiscal

El secretario de Estado de Hacienda ha pronunciado una conferencia en un curso sobre gestión de riesgos fiscales, organizado en Sevilla por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Ferre se ha referido al plan de acción BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, siglas en inglés) de la OCDE de lucha contra la transferencia artificial de beneficios y ha recordado que España acaba de incorporar a su legislación la obligación (recomendación de la OCDE) de que las multinacionales presenten informes 'país por país' de los impuestos que pagan en todos los Estados en donde tienen actividad. Ha llegado la hora de la transparencia fiscal de las multinacionales, ha dicho.

Así, las multinacionales residentes en España con una cifra de negocios superior a 750 millones de euros y que obtengan la condición de dominantes en un grupo están obligadas a suministrar información a la AEAT de los impuestos que pagan país por país. Ferre ha destacado que esta norma "va a operar ya para los beneficios empresariales que se obtengan este año", cuya información desagregada estará en manos de la AEAT el próximo ejercicio cuando efectúen su declaración de impuestos.

También deberán aportar información 'país por país' las filiales de empresas que residan en un territorio con el que no exista acuerdo de intercambio automático de información. Entre la información a remitir se indicará por cada país, los ingresos, los resultados brutos, los impuestos devengados y satisfechos, los fondos propios, el valor neto contable de los activos materiales y la plantilla (número de empleados).

Seis nuevas incorporaciones al informe 'país por país'

Ferre ha destacado que el acuerdo para el intercambio de información 'país por país' en 2017, auspiciado por la OCDE, sigue sumando miembros. En concreto, seis nuevos países (China, Canadá, India, Islandia, Israel y Nueva Zelanda) se acaban de incorporar al acuerdo multilateral, por lo que, a fecha de hoy, "ya hay 39 países comprometidos con una mejora del intercambio de información de las multinacionales".

Con el acuerdo multilateral, España podrá obtener información desagregada de los impuestos que pagan las multinacionales cuya matriz se encuentra afincada en los Estados que han firmado el acuerdo, sin necesidad de suscribir pactos bilaterales con cada uno de ellos.

Por otra parte, Ferre ha resaltado que España ha presentado junto a Alemania, Reino Unido, Francia e Italia (grupo conocido como G-5) un proyecto piloto de intercambio de información específico sobre los beneficiarios efectivos de todo tipo de sociedades. El proyecto se centra en el intercambio automático de datos que obren en los registros nacionales sobre la propiedad efectiva de sociedades, estructuras fiduciarias, fundaciones, sociedades instrumentales y otras sociedades no transparentes. El proyecto fue presentado en la pasada reunión ministerial del G-20 celebrada en abril en Washington y ya cuenta con el apoyo del mismo y de la OCDE, para su expansión internacional.

Consejo de administración, responsable fiscal

Por otro lado, el secretario de Estado ha indicado que la mejora de la transparencia fiscal y la gobernanza corporativa es positiva para las propias empresas, ya que mejora la seguridad jurídica y refuerza la gestión de riesgos. En este sentido, ha recalcado que el Gobierno ha incorporado en la legislación otras recomendaciones de la OCDE, referentes a la mejora de la gobernanza empresarial. Entre ellas se encuentra la que establece, como facultad indelegable del consejo de administración, la fijación de la estrategia fiscal de la sociedad y la política de control de riesgos fiscales de la empresa. Esta modificación ha sido incorporada en la nueva Ley de Sociedades de Capital para la Mejora del Gobierno Corporativo.

Con ello, los consejeros tendrán la obligación de conocer y autorizar lo referente a la estrategia de la empresa relacionada con el pago de impuestos. De esta forma, podrían ser corresponsables de cualquier actuación de evasión o fraude fiscal de la empresa.

Código de conducta

Asimismo, Ferre ha subrayado que la Agencia Tributaria y las grandes empresas acaban de reforzar el Código de Buenas Prácticas para avanzar en transparencia y seguridad jurídica. La Agencia Tributaria tendrá a su disposición información temprana (preferiblemente antes de la presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades) de las empresas sobre la estructura de financiación y riesgos fiscales que consideren más significativos. Se establece un catálogo de 11 indicadores de buenas prácticas, de manera que si la Agencia considera que una empresa está incumpliendo, podrá reclamar al consejo de administración compromisos concretos del código.