Constituida la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno que velará por el buen desarrollo y aplicación de la Ley

La Ley de Transparencia y Buen Gobierno crea el Consejo de Transparencia, como organismo público independiente que tiene como finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar las disposiciones de buen gobierno.

La Ley, al regular la composición del Consejo, también señala a la Comisión junto con la presidenta, como sus dos órganos rectores. Y, una vez designados sus miembros, se constituye hoy la Comisión que celebra, además, su primera reunión.

Comisión de Transparencia y Buen Gobierno

La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, que hoy se constituye, tiene, entre otras, las siguientes funciones: asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como proponer directrices, prácticas, actividades, encuentros, y mecanismos de colaboración sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno está compuesta por la presidenta del Consejo, Ester Arizmendi, y los siguientes vocales: Pilar Cortés, diputada del PP; Jokim Bildarratz, senador del PNV; María José de la Fuente, del Tribunal de Cuentas; José Manuel Sánchez Saudinós, del Defensor del Pueblo; Agustín Puente, de la Agencia de Protección de Datos; María Pía Junquera, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas; y José Luis Martínez Almeida, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. El secretario de la Comisión es Francisco Javier Amorós, subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno.

Respaldo del Parlamento y del Gobierno al Consejo de Transparencia

Durante el acto, tanto el presidente del Senado, Pío García Escudero, lugar donde se ha desarrollado el acto, como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, han destacado la importancia de la Ley de Transparencia, que cambia de forma radical la actuación de los gestores públicos y transforma su gestión en accesible para que pueda ser conocida, seguida y valorada por los ciudadanos.

Por su parte, Ester Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia, ha incidido en el cambio trascendental en las relaciones de las AAPP con los ciudadanos que marca la Ley, ya que la Administración tiene que contestar cualquier petición de información que no entre en conflicto con otro interés protegido.

Ley de Transparencia y Consejo

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobada en diciembre de 2013, ha supuesto un importante avance en las tres materias que constituyen su objeto. Impulsada por el Gobierno de España, la Ley vino a llenar un vacío legislativo existente, a diferencia de lo que ocurría en la mayoría de países de la UE.

En materia de acceso a la información era preciso superar las limitaciones que había hasta ahora, y, en el ámbito del buen gobierno, se incorporan los principios existentes a una norma con rango de ley y habrá un régimen sancionador.

Por su parte, el Consejo velará por el cumplimiento de la Ley y se marca como objetivos participar en el proceso de elaboración normativa de su desarrollo así como colaborar con comunidades autónomas y entidades locales y promover la sensibilización social, la formación y la creación de foros de debate. El Consejo, asimismo, tiene que resolver las reclamaciones y consultas que plantean los ciudadanos en materia de derecho de acceso e intercambiará experiencias con otras administraciones, organizaciones y estados de nuestro entorno.