Ferre: "La mejora de la recaudación prueba el efecto positivo de las reformas emprendidas"

Ferre ha recalcado que la mejora de la recaudación "prueba el efecto positivo sobre la economía de las reformas emprendidas por el Gobierno" en los últimos años. Ferre ha destacado en especial, la reforma tributaria, en vigor desde enero, que ha inyectado liquidez en forma de mayor renta disponible para el contribuyente, justo en el momento preciso, cuando la economía comienza a recuperarse.

El secretario de Estado ha destacado el crecimiento del 8% de los ingresos por IVA, tributo ligado al consumo, un porcentaje que llega al 25% en el caso de los pagos fraccionados de las empresas. A su juicio, la mejora de la recaudación tributaria incide en el cumplimiento de los objetivos de reducción de déficit público y refuerza los instrumentos de política económica orientados a la creación de empleo.

Por otro lado, Ferre ha destacado que el proyecto de ley de reforma de la Ley General Tributaria (LGT), ahora en trámite parlamentario, potenciará la lucha contra el fraude fiscal, reducirá la conflictividad de las normas e incrementará la seguridad jurídica de las mismas.

En la clausura del curso "Hacia un nuevo Derecho Tributario: Ley General Tributaria, Transparencia y Buen Gobierno", Ferre ha resaltado en la UIMP que, gracias a las novedades incorporadas en el citado proyecto de ley, el Gobierno dará publicidad anual de los obligados tributarios con deudas y sanciones pendientes superiores a un millón de euros.

Lista de deudores con Hacienda

La primera lista de deudores se publicará en el cuarto trimestre de este año, respecto a aquellos que a fecha de 31 de julio de 2015 cuenten con una deuda superior a esta cuantía que no se encuentre aplazada o suspendida. "El próximo 31 de julio, dentro de pocas semanas finaliza, por tanto, el plazo de pago para evitar salir en la primera lista pública de deudores con Hacienda", ha indicado, recordando la vocación ejemplificadora de la norma y su interés general. Ferre ha dicho que la sociedad tiene derecho a conocer quiénes son los grandes incumplidores con la Administración, los que ponen en peligro la financiación de los servicios públicos básicos.

La norma contempla un plazo de alegaciones antes de la publicación de la lista de deudores pero solo para resolver correcciones de carácter formal. Es decir, no constituye un plazo para pagar las deudas pendientes con posterioridad al 31 de julio, puesto que eso ya no excluirá de la publicación.

Del mismo modo, se está tramitando en el Congreso el proyecto de ley orgánica por la que se regula el acceso a la información contenida en las sentencias firmes en materia de fraude fiscal.

Ferre ha resaltado que la reforma de la LGT implicará también ampliar las potestades de comprobación e investigación para luchar contra el fraude. Asimismo, se fijarán nuevos plazos para el procedimiento inspector, con un periodo más amplio pero limitando las causas de suspensión.

Gobierno corporativo

Entre las novedades fiscales de este año, Ferre ha destacado también las que incluye la Ley para la Mejora del Gobierno Corporativo de las Empresas. Así, los sistemas de gestión de riesgo fiscal se configuran desde enero como una "facultad indelegable de los consejos de administración". Son ya, por tanto, responsables de su buen o mal funcionamiento, al margen de la labor de los respectivos departamentos de fiscalidad.

En esta facultad indelegable se incluye tanto la estrategia fiscal global de la empresa como la aprobación de inversiones u operaciones de todo tipo que, por su cuantía o especiales características, tengan carácter de especial riesgo fiscal. Además, los consejos deberán dar cuenta de ello a la sociedad en su conjunto a través de los informes de gobierno corporativo.

Ferre ha valorado en Santander que la gestión del riesgo fiscal pase a concebirse como un elemento del buen gobierno corporativo, una política impulsada desde la OCDE y adoptada ya por algunos países del mundo anglosajón. Esta circunstancia redundará en una mejora de la transparencia de las empresas y, por ende, facilitará la atracción de nuevas inversiones. En la actualidad, sólo el 17% de las grandes empresas realiza alguna mención a su estrategia fiscal en su documentación corporativa, según informes de las grandes consultoras.

El secretario de Estado ha indicado que el Gobierno hará un esfuerzo para que las empresas profundicen en esta línea de mejor definición de los riesgos fiscales y su estrategia fiscal, ya que, no solo contribuirá a reducir costes empresariales sino también a que la Administración tributaria aproveche mejor sus recursos humanos.