La Comisión Europea aprueba el Acuerdo de Asociación 2014-2020 para la aplicación de los Fondos Europeos

El Acuerdo, de carácter estratégico, define las prioridades de España en la aplicación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador

Tal y como se expone en su introducción, el principal reto del modelo socio económico español es la necesidad de incrementar la productividad y la competitividad y promover el empleo en un marco de consolidación fiscal y de restricción del crédito. En este contexto, emergen como prioridades generales, entre otras, la creación de empleo, el desarrollo de las capacidades del capital humano, facilitar el acceso a la financiación por parte de las PYME y crear un entorno empresarial favorable a la innovación.

Los Fondos EIE incluyen en España, para el período 2014-2020, al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

El Acuerdo de Asociación recoge por tanto las prioridades de inversión de estos cuatro fondos, que en total suponen unos 38.000 millones de euros a aplicar durante 2014-2020, con la siguiente distribución:

La aplicación de estos Fondos es un gran reto ya que supone un nuevo enfoque a resultados e implica un cambio en el perfil inversor de los fondos, especialmente del fondo FEDER. Cabe recordar que este Fondo, en periodos anteriores, se hallaba más orientado hacia la financiación de grandes infraestructuras de transporte, comunicaciones y medioambientales, mientras que para el nuevo período, los proyectos están orientados a la creación de riqueza y empleo a través del apoyo a sectores más vinculados a la economía del conocimiento y con capacidad de generación de empleo de calidad, de manera sostenible en el tiempo.

La distribución financiera de los Fondos EIE se estructura en torno a una serie ámbitos, denominados "objetivos temáticos", y que tienen que ver con potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas, la competitividad de las PYME, favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores, promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos, conservar y proteger el medio ambiente, el transporte sostenible, eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales, la sostenibilidad y la calidad en el empleo y la movilidad laboral, promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación, así como Invertir en educación, formación, y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente

Además, en línea con lo anterior y con el fin de acelerar la ejecución de los Fondos Europeos, se ha diseñado el Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia (Plan CRECE) cofinanciado por el presupuesto de la Unión Europea. Éste define un conjunto de 40 medidas de diversa índole que se cuantifican en 650 millones de euros en el presupuesto de gastos del Estado, lo que sin duda servirá para fortalecer la incipiente recuperación económica sin perjudicar la consecución de los objetivos de estabilidad.

El Plan CRECE presenta así dos elementos fundamentales: el máximo aprovechamiento de los Fondos Europeos, que permiten hacer compatible la necesaria disciplina fiscal con las medidas de impulso; y la oferta de colaboración y coordinación a todas las CCAA, de modo que se eviten las duplicidades y se consiga el máximo rendimiento conjunto de las inversiones.

Es un Plan deliberadamente amplio que incluye medidas de tipo legislativo, para tratar de conseguir un funcionamiento más eficiente de los mercados con el consiguiente fomento de la competitividad; mejoras en el acceso a la financiación; y el aumento de la ocupación y la empleabilidad.

El Plan contempla además la posibilidad de que la cofinanciación nacional sea aportada por el sector privado, de manera que los recursos de los Fondos no tengan que venir acompañados de una aportación pública neta de los presupuestos de las Administraciones españolas.