El Consejo para la Unidad de Mercado avanza en la mejora de la regulación económica entre CCAA

22.2.2017

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Hasta la fecha, se han modificado 117 normas estatales y, gracias al mecanismo de protección de operadores económicos, se han resuelto más de 200 expedientes. A su vez, se ha elaborado un plan de trabajo para dar un nuevo impulso a esta norma.

La LGUM garantiza el libre acceso a las actividades económicas y su libre ejercicio en general. A su vez, establece una serie de principios de buena regulación económica, básicamente los de necesidad y proporcionalidad de la intervención pública en la actividad económica, el de eficacia nacional de la regulación y el de simplificación de cargas, cuya aplicación redundará en más productividad, más crecimiento y más empleo. Las últimas estimaciones del Gobierno calculan, de hecho, un crecimiento adicional del PIB de alrededor del 1,6% a largo plazo.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presidido la reunión, en la que han participado a su vez la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido, de quien depende la secretaría del Consejo, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, el subsecretario de Presidencia, José Mª Jover, así como consejeros y otros representantes de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias.

El Consejo, constituido a comienzos de 2015, ha aprobado el informe de su Secretaría, en el que se reflejan los progresos recientes en la aplicación de la LGUM y en el que se da cuenta de la adaptación a los principios de buena regulación económica de 117 normas estatales, entre otras, las leyes de horarios comerciales, de prevención de riesgos laborales, de contratos del sector público, de apoyo a los emprendedores, del cine, del deporte, de montes, de patentes o de telecomunicaciones. El proceso de adaptación normativa a la LGUM ha continuado también a nivel de las CCAA.

El mecanismo de protección de operadores económicos, que les permite presentar reclamaciones o información sobre las barreras a su actividad, funciona satisfactoriamente, como lo demuestra el hecho de que se hayan resuelto ya más de 200 expedientes, sobre los cuales hay información disponible en la web del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

El Consejo ha coincidido en la necesidad de dar un nuevo impulso a la aplicación de la LGUM, centrando la atención en la remoción de determinados obstáculos recurrentes. Para ello, se elaborará un plan de trabajo que, respaldado por el Consejo de Ministros, se llevará a cabo con el impulso de los departamentos ministeriales en sus respectivos ámbitos de competencias, especialmente a través de las conferencias sectoriales.

Asimismo, el Consejo ha visto necesario impulsar el análisis del efecto de cualquier nueva norma en la unidad de mercado, a través de las Memorias de Análisis de Impacto Normativo.

La cooperación entre las Administraciones Públicas, en especial a través de las conferencias sectoriales pero también de diversas plataformas que se han habilitado para el intercambio de información y que gestiona el Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, juega un papel fundamental en la aplicación la LGUM que el Consejo se ha propuesto reforzar.

El Consejo ha aprobado un Catálogo de buenas y malas prácticas de aplicación de la LGUM, que pretende fomentar el aprendizaje mutuo entre Administraciones. Asimismo, ha tomado conocimiento de la Guía para la aplicación de la LGUM, que el Consejo de Ministros encargó a la Secretaría del Consejo. Ambos documentos serán, como el Informe de la Secretaría del Consejo, objeto de publicación.

El Gobierno ha reconocido el esfuerzo de las CCAA y las ha emplazado a avanzar con más ímpetu en la aplicación de la LGUM, algo que también se hará desde la Administración General del Estado.

En el proceso de reformas que ha venido impulsando, el Ejecutivo otorga especial importancia a los principios de buena regulación económica de la LGUM. En este sentido, la Comisión Europea también ha indicado que se trata de una de las leyes más importantes de entre las promovidas por el Gobierno español.

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