​El presupuesto de la Secretaría General de Inmigración y Emigración asciende a 380,49 millones de euros en 2018 y se incrementa un 1,9% respecto a 2017

A esta cifra está previsto sumar otros 65 millones de euros adicionales procedentes de fondos europeos, lo que elevaría el presupuesto total a 445,49 millones de euros.

Marina del Corral ha destacado que este Presupuesto mantiene un "claro carácter social" y refleja la "firme voluntad del Gobierno de cumplir con sus compromisos internacionales para la acogida e integración de los solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional".

También tiene como objetivos -añadió- impulsar la integración de los extranjeros residentes en nuestro país; atender la especial situación de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en el ejercicio de sus competencias de protección de menores, en relación con la atención de menores extranjeros no acompañados; y continuar buscando garantizar la protección social de los emigrantes españoles y retornados que carecen de recursos.

Inmigración

Las acciones a favor de los inmigrantes cuentan con una dotación de 318,09 millones de euros para 2018, dotación superior a la de 2017 en 5,29 millones. Marina del Corral destacó que se consolida el esfuerzo realizado en 2016, ejercicio en el que se incrementó el presupuesto de este programa en un 175,3% con el objetivo principal de atender los compromisos de España en materia de protección internacional.

La finalidad de este programa es favorecer la integración de los inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y personas acogidas a otros regímenes de protección temporal y subsidiaria, así como el desarrollo y promoción de acciones coordinadas y homogéneas en materia de canalización de flujos y cooperación con los países emisores de emigrantes.

Las partidas de mayor relevancia en esta área son:

• Sistema de Protección Internacional para la Acogida e Integración de Refugiados y Asilados y el Programa de Reasentamiento y Reubicación de personas susceptibles de protección internacional: Cuenta con un presupuesto de 253,08 millones de euros para 2018. El Gobierno mantiene para este año el mismo crédito que en los ejercicios anteriores, tras su incremento en 2016 en más de 243,42 millones de euros respecto a 2015 (+2.522,3%). Igualmente se mantiene la subvención nominativa a ACNUR para programas de atención de a refugiados, 100.000 euros.
• Protección de menores no acompañados: Se incrementa en un 87% la dotación, pasando de 3,45 millones de euros en 2017 a 6,45 millones en 2018. Con este crédito se financian las subvenciones destinadas a ayudar financieramente a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla en el ejercicio de sus competencias en materia de protección de menores, dada su especial situación de frontera terrestre sometida a una elevada presión de presencia de menores extranjeros no acompañados.
• Atención humanitaria a inmigrantes: La dotación destinada a esta partida que se ha incrementado en un 75% desde 2015 es de 11,14 millones de euros. Con cargo a este crédito se concede una subvención directa a las ONG que atienden a personas llegadas a las costas españolas y a Ceuta y Melilla de manera irregular y que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Mantiene el mismo crédito que el año 2017, con 1,98 millones de euros, la subvención nominativa a Cruz Roja Española para la atención humanitaria urgente a las personas llegadas a nuestras costas de manera irregular.
• Recursos para el mantenimiento de los CETI y los CAR. En 2018 se destinarán 16,31 millones de euros, a sufragar los gastos corrientes y de funcionamiento de los dos Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y de los cuatro Centros de Acogida a Refugiados (CAR).
• Actuaciones de asociaciones y ONG en materia de integración y de retorno voluntario: Se prevén 14,3 millones de euros, que se distribuirán a través de subvenciones adjudicadas en régimen de concurrencia competitiva.
• A la ordenación de flujos migratorios laborales se destinará un presupuesto de 755.600 euros, que igualmente se distribuirá a través de subvenciones adjudicadas en régimen de concurrencia competitiva.

Emigración

Las acciones a favor de los emigrantes cuenta para 2018 con una dotación de 59,37 millones de euros, un 3,3% más que en 2017 (1,89 millones de euros más). Las principales partidas son las destinadas a:

• Prestaciones por razón de necesidad. Se destinan 45,28 millones de euros al pago de prestaciones para los españoles residentes en el exterior que tengan más de 65 años o estén incapacitados para el trabajo y se encuentren en situación de necesidad. Engloba las prestaciones económicas por ancianidad, por incapacidad y la asistencia sanitaria en sus países de residencia cuando carezcan de la cobertura de esta contingencia o ésta sea insuficiente.
• Pensiones de ancianidad de los españoles que retornen a España se prevé una cuantía de 1,70 millones de euros. Como en años anteriores, tiene carácter de crédito ampliable con el fin de garantizar la cobertura, que se actualiza cada año, teniendo como referencia la pensión no contributiva de la Seguridad Social.
• Prestaciones a los españoles desplazados al extranjero durante su minoría de edad como consecuencia de la Guerra Civil. Se asigna un crédito de 6,35 millones de euros para estas prestaciones cuya cuantía se establece anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. Para este año se propone una cuantía anual de 7.219,26 euros.
• A atender de manera inmediata situaciones individualizadas de extraordinaria necesidad, tanto en el exterior como en el momento del retorno, así como a financiar los programas de subvenciones que la Secretaría General desarrolla a favor de los emigrantes españoles, se destinan 3,54 millones de euros (+129% respecto a 2017).
• La partida destinada a la UNED cuenta con 200.000 euros, con el fin de facilitar el acceso de los españoles residentes en el exterior a la educación universitaria española.

La Secretaria General de Inmigración y Emigración finalizó su intervención recalcando que se trata de un proyecto de presupuesto de carácter "marcadamente social" que refleja la voluntad del Gobierno de cumplir con sus compromisos internacionales en materia migratoria.