Esta decisión unilateral va en contra de la creación del clima de confianza necesario para la reanudación de conversaciones de paz entre palestinos e israelíes y su ejecución tendería a hacer inviable la solución de los dos estados.
España, como la comunidad internacional en su conjunto, considera los asentamientos de colonos en territorios ocupados contrarios a la legalidad internacional.
El Gobierno de España insta a las autoridades israelíes a revocar esta decisión, ilegal a la luz del derecho internacional y contraria al proceso de paz.