Cada año la comunidad internacional sigue avanzando hacia la abolición de este castigo, con países que se van sumando a esta tendencia global irreversible.
El Gobierno aprovecha esta ocasión para reiterar la firme oposición de España a la pena de muerte en todos los casos y circunstancias, con independencia de la gravedad del crimen cometido, por considerarlo un castigo cruel, inhumano y degradante, que implica serias violaciones de derechos humanos, carece de efectos disuasorios probados en el comportamiento criminal y provoca efectos irreparables en caso de error judicial.