Delgado defiende la implicación del mundo jurídico en la igualdad efectiva de las personas con discapacidad

La ministra ha señalado que esta guía, que ha sido elaborada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), constituye un tratado de derechos humanos de gran utilidad para los diferentes agentes que intervienen en la práctica y aplicación de la Justicia.

Según Delgado, aun cuando se han producido avances en la protección de las personas con discapacidad, estas siguen teniendo severas dificultades de acceso a bienes sociales básicos, así como al ejercicio regular de derechos fundamentales. Además, ha subrayado la ministra, como sucede en otros órdenes sociales, las mujeres y niñas con discapacidad se encuentran sistemáticamente en peor situación que los varones en las mismas condiciones, singularmente quienes son víctimas de la violencia de género.

Entre las medidas que se han llevado a cabo durante la anterior legislatura para promover que las personas con discapacidad sean ciudadanos de pleno derecho, la ministra Delgado ha destacado la creación de la figura de Fiscal de Sala Coordinador de las personas con discapacidad y mayores en situación de vulnerabilidad, que recibirá las denuncias que afecten a estos colectivos y determinará las medidas de coordinación y acciones pertinentes.

Otro avance importante que ya se ha hecho efectivo durante las últimas elecciones generales ha sido la concesión del derecho de sufragio a un total de 100.000 personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, gracias a una modificación de la Ley de Régimen Electoral General.

En camino están, como ha afirmado la titular de Justicia, otras medidas dirigidas a este colectivo, como el Anteproyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, que es una prioridad del Gobierno para la nueva legislatura. Esta norma pretende modificar aspectos del Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley del Registro Civil para llevar a cabo una adecuación definitiva de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con pleno reconocimiento de la dignidad que les corresponde.

Además, Dolores Delgado ha recordado el informe sobre las políticas de discapacidad presentado por el Gobierno ante el Comité de la ONU que vela por el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este informe se recogen medidas adicionales referentes al proyecto de una nueva Ley Orgánica de Educación que impulse una educación inclusiva, un Real Decreto para atender la emergencia social en materia de vivienda, especialmente en accesibilidad, y una propuesta de la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad para la adecuación del baremo a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud.