La ministra Delgado apuesta por reforzar la confianza mutua entre Estados como pilar del espacio de libertad, seguridad y justicia europeo

En el segundo Consejo JAI bajo presidencia austríaca, la ministra Delgado ha propuesto una mayor comunicación entre autoridades judiciales para mejorar la eficacia de las peticiones de reconocimiento entre países y la aportación de cuanta información relevante sea necesaria en cada caso para clarificar posibles dudas por parte de la autoridad ejecutora. La ministra ha defendido el cumplimiento del principio de confianza mutua entre todos los Estados miembros, ya que constituye, ha dicho, uno de los principios constitucionales de la Unión Europea y la piedra angular del espacio de libertad, seguridad y justicia que compartimos.

Los ministros de Justicia de la UE se han pronunciado también respecto a las posibles vías para mejorar el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas en materia penal cuando los datos están almacenados o en poder de proveedores de servicios de Internet con sede en el extranjero. La ministra Delgado ha apostado por una solución de consenso que incida en la agilidad y eficacia del procedimiento frente a otras propuestas que abogan por introducir un mecanismo de notificación temprana que redundaría en una mayor burocracia.

Además, el Consejo JAI ha acordado hoy su posición sobre la directiva relativa a la insolvencia empresarial. La ministra ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado encaminado a posibilitar que los empresarios en dificultades puedan reorientar su negocio en una fase temprana y evitar así la acumulación de deudas que impidan la viabilidad de su actividad económica.

En materia de derechos humanos, España ha agradecido la labor que lleva a cabo la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) y se ha sumado a la posición de los 25 Estados miembros que, junto a la Presidencia austriaca, han adoptado las conclusiones sobre la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 2017.

Por su parte, la Comisión Europea ha dado cuenta del avance de las actuaciones para el establecimiento de la Fiscalía Europea previsto para 2020. Esta institución tiene como objetivo combatir el fraude contra los intereses financieros de la Unión, complementando los controles de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Recientemente, España ha apoyado la ampliación de sus competencias a los delitos de terrorismo y de trata de personas. Asimismo, se ha informado a los Estados miembros acerca de las medidas propuestas para asegurar el normal desarrollo de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán en mayo de 2019.