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Felipe González Márquez, Congreso de los Diputados, 22 de julio de 1986

Señor Presidente, señoras y señores Diputados.

Hace un mes, los ciudadanos españoles convocados a las urnas eligieron libremente a sus representantes. Como responsable del Partido Socialista, la fuerza política que obtuvo la mayoría de la representación en dichas elecciones, quiero que mis primeras palabras sean de felicitación para todos aquellos que han conseguido, con el respaldo popular, un puesto en esta Cámara.

Entre todos somos depositarios de la confianza popular, y entre todos representamos la soberanía de nuestros conciudadanos.

Los ciudadanos han valorado lo que se ha hecho hasta ahora. Es evidente que a la mayoría parlamentaria, a la mayoría electoral,  le corresponde la tarea de gobierno. Y, cumplidos los trámites constitucionales, habiéndose producido la designación o la propuesta por parte de Su Majestad el Rey, comparezco hoy ante sus Señorías para solicitar su apoyo en la investidura. Incluso en el supuesto de haber oído que hay tomas de posiciones previas en la mayor parte o en la casi totalidad de los grupos políticos, dirigiré mis palabras a todos los que coincidan con las orientaciones programáticas que me dispongo a exponer.

Decía antes que los ciudadanos habían valorado lo hecho en la anterior legislatura. La valoración se extiende, como en todo proceso electoral, al comportamiento y actuación del Gobierno y al comportamiento y actuación de las distintas fuerzas de la oposición. Pero, al mismo tiempo, los ciudadanos han elegido, y han elegido entre distintas ofertas programáticas, las que les han parecido más convenientes, y han elegido también en función de las personas en las que creían poder depositar mayor confianza.

No hablaré de lo hecho, dando por supuesto que, como demócratas, aceptamos la decisión popular, y, por tanto, me concentraré en el análisis de la situación actual. Creo que el debate tendrá mayor interés si, a partir de los datos de que disponemos en este momento,  podemos intentar esbozar las líneas fundamentales de la actuación de futuro y, por consiguiente, la respuesta a los desafíos, la corrección de los problemas que se hayan planteado y, en definitiva, la construcción de futuro para nuestro país.

De mi propia convicción y de la experiencia que he ido adquiriendo, creo que hay dos principios inexcusables en la actuación del gobierno. Por una parte, el primer principio, siempre sometido naturalmente a la posibilidad de error pero no afectado en cuanto a su sentido de fondo,  es la actuación de defensa de los intereses generales. En una sociedad compleja como la española,  existen con frecuencia intereses legítimos, pero también contradictorios,  y, a mi juicio, el Gobierno debe actuar intentando no supeditar su acción o su decisión a la mayor capacidad de presión de cada grupo social o económico.

En segundo lugar, la actuación del Gobierno debe estar orientada, debe estar dirigida de acuerdo con las aspiraciones que expresa la mayoría de la sociedad; la mayoría de la sociedad en un sistema democrático, único, por otra parte, para compulsar cuál es la vocación mayoritaria, se expresa en mayoría electoral. Estoy convencido de que existe una mayoría social que quiere el progreso,  que quiere una sociedad de justicia, de libertad y de solidaridad, y estoy convencido también de que esa mayoría social transciende la propia representación o la propia mayoría electoral obtenida por el Partido Socialista. Y, a partir de ahí, cabe hacerse la reflexión de que el Partido Socialista, que ha obtenido ese respaldo para gobernar por segunda vez en la presente legislatura, ha sido elegido por ese conjunto de ciudadanos en función de que entiende que es el Partido Socialista el que garantiza más, a mi juicio, una línea de estabilidad, una línea de defensa de los interese generales; y, en segundo lugar, que el socialismo democrático es hoy el instrumento a través del cual se pueden realizar esos deseos de sociedad más justa, más solidaria, de sociedad de progreso, en definitiva.

Quiero manifestar que pienso ser fiel a ambos deseos: a la defensa de los intereses generales sin supeditarlos a intereses particulares que puedan entrar en contradicción con otros y que ejerzan en mayor medida que otros la presión sobre los instrumentos de poder (y digo bien, sin supeditarlos), y también fiel a ese sentimiento, que creo mayoritario en la sociedad, de progreso, de justicia social y de solidaridad. Y desearía hacerlo tendiendo la mano a todos los que coincidan con ese objetivo y con esa aspiración en un clima de diálogo y de cooperación con los demás.

Desde estas premisas desearía explicar las grandes líneas, las grandes orientaciones, no entrando en la multitud de detalles que contiene todo programa electoral ni tampoco en la enorme complejidad y cantidad de acciones que componen lo que puede ser la tarea del Gobierno, como sus Señorías bien saben.

Pero antes de entrar en los temas, destacaré uno, uno que nos golpea por su actualidad dramática, cual es el tema del terrorismo, para hacer una reflexión previa en torno a él.

Hay varias interpretaciones, tanto sobre el sentido de la presión del grupo de asesinos que componen la banda terrorista ETA, cuanto sobre los mecanismos, los medios puestos en marcha para intentar combatir el fenómeno terrorista de ETA, en particular, o cualquier otro, en general.

Hay una interpretación que tiende a hacer pensar a los ciudadanos que se pretende una negociación, incluso que es posible una negociación. Querría destacar, desde el comienzo, que cuando se habla de medidas políticas, de ninguna manera se puede estar pensando en una negociación con un grupo que actúa mediante la coacción del terror, mediante la coacción de la violencia. La Constitución, desde mi punto de vista, y creo que desde el de la mayoría de los presentes, y los Estatutos, no son objeto de negociación. Por consiguiente, hay que cerrar toda vía de falsa esperanza a los que actúan mediante la coacción.

El Gobierno está convencido de que la lucha contra el terrorismo necesita un marco legal adecuado, respetuoso del Estado de derecho, y creemos que existe ese marco legal adecuado. Sin embargo, estamos abiertos, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista de las medidas que se puedan sugerir, a cualquier tipo de discusión: Creemos que éste es uno de entre los temas importantes que necesita un esfuerzo común, que necesita un esfuerzo de consenso y de unidad entre la inmensa mayoría de las fuerzas políticas y sociales que sea posible en nuestra sociedad.

Se ha dicho que los instrumentos de lucha contra el terrorismo, y se ha repetido en muchas ocasiones, son los instrumentos policiales, las medidas políticas que tienden a reducir la base de apoyo que pueda tener ese terrorismo y la cooperación internacional. Hemos venido haciendo un esfuerzo y lo seguiremos haciendo en el primero de esos instrumentos: las medidas policiales.

Y aún con el dramatismo de estos días, y reconociendo, por consiguiente, la existencia de un fallo en cuanto a la capacidad de desmontar, de desarticular el grupo terrorista de ETA que actúa en Madrid, debo decirles, señorías, que se ha avanzado en estos años en la lucha contra el terrorismo; se han disminuido los grupos operativos, se ha avanzado también en la desarticulación, en el desmantelamiento del terrorismo de ETA.

A pesar de esta circunstancias, creo que es necesario afirmarlo para que no cunda un desánimo que no se base en un análisis justo de la realidad. Pero además de ello, querría decirles que las Fuerzas de Seguridad tienen, han tenido y tendrán, el apoyo del Gobierno de la nación, apoyo que desearía que también fuera un apoyo generalizado de fuerzas políticas y sociales y de instituciones en una tarea extraordinariamente dura y extraordinariamente compleja en la que están empeñadas esas Fuerzas de Seguridad.

La política de aislamiento de los terroristas tiene una base natural, pero no tiene esa finalidad. Esa base natural es el desarrollo de la Constitución y de los Estatutos, en particular del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Pero me gustaría decir con claridad que para la organización terrorista ETA ni la Constitución, ni el Estatuto sirven de nada y para nada. Por consiguiente, es un falso empeño pensar que el terrorismo tiene algo que ver con el desarrollo de una Constitución democrática homologable a las constituciones de los países más avanzados o con el desarrollo del propio Estatuto de Autonomía.

Hemos intentado un clima de diálogo y de comprensión con las fuerzas más representativas del País Vasco, y creo que hemos avanzado en esa línea de cooperación. Al mismo tiempo, hemos hecho una política de reinserción, política de reinserción que nos parece ajustada a la finalidad del aislamiento social de los terroristas.

Y, finalmente, hemos insistido durante varios años, y seguiremos insistiendo en la necesidad de una coordinación internacional. La coordinación internacional en la lucha contra el terrorismo, que hace unos años no era tenida en cuenta por muchos países, hoy se va abriendo camino, y no sólo en la relación bilateral con Francia, que ha incrementado o ha ido desarrollando esas medidas de cooperación y que parece decidida en este momento a incrementarlas hasta el punto de que no haya posibilidad de encontrar un refugio para la acción terrorista que se realiza sobre España en el sur de Francia; esas medidas de cooperación internacional -digo- son un instrumento indispensable para acabar con la lacra del terrorismo.

Es verdad que, con frecuencia, se siente la necesidad de que haya mucha más explicación o mucha más información sobre el terrorismo. Estoy convencido de que la lucha contra el terrorismo exige unas líneas de actuación que se sostengan, no largos debates sobre los procedimientos de cómo se lucha desde el punto de vista policial; de cómo se avanza desde el punto de vista de los servicios de información en la lucha contra el terrorismo. Uno de los elementos que aprovechan las bandas terroristas es precisamente la información; información absolutamente lógica, natural en un estado democrático, pero que debe tener los límites que sean necesarios, y no impuesto, sino desde la asunción responsable de la libertad, para impedir que los terroristas saquen provecho de cuáles pueden ser los planes o los proyectos policiales de lucha contra el terrorismo.

No querría, señorías, que el fenómeno del terrorismo y su actuación, que pesa sobre todos y que, sin duda alguna, genera inquietud y dolor, absorbiera hasta tal punto lo que puede ser el debate de esta Cámara, que hiciéramos al final verdad la pretensión de los terroristas de que vivimos girando en torno a lo que puede ser su presión, su acción violenta, su acción de terror.

Pasaría, por consiguiente, a hacer una exposición de las líneas de actuación del Gobierno, intentando concentrarla en lo que considero que son elementos fundamentales de nuestro desafío histórico en los próximos cuatro años.

Como recordatorio diré que la primera parte estará dedicada a la superación de la crisis económica, la posibilidad de impulsar esa recuperación de manera sostenida y continuada, de tal manera que podamos también garantizar que se va generando empleo. Dedicaré después mi atención a la integración de España en las comunidades europeas, en la doble dimensión de adhesión y de participación en la construcción de Europa. Después hablaré de la lucha contra las desigualdades, aprovechando, además, las posibilidades o los márgenes que se abren con la recuperación económica. Más tarde, del funcionamiento del Estado al servicio de los ciudadanos; y terminaré explicando las orientaciones de la política exterior y de seguridad para España.

Comienzo por lo que como título genérico, denominaríamos el impulso para salir de la crisis y para generar condiciones de empleo.

Abordo este tema, señorías, con prudencia, con la prudencia de haber pasado durante doce años una época de una gran incertidumbre, de una crisis económica sin precedentes, pero, al mismo tiempo, con la convicción de que estamos en presencia de unos claros síntomas de recuperación de la economía, y, por consiguiente, que es nuestra obligación como Gobierno impulsar esa recuperación, de manera que sea sostenida y continuada, y sólo sobre esa base tendremos la oportunidad de ir generando empleo estable.

Señalados el objetivo, yo creo que es necesario reflexionar sobre las condiciones para sostener esa recuperación e impulsarla. Y esas condiciones exigen el mantenimiento de los equilibrios básicos. No se ha llegado a una situación de recuperación sin esfuerzo; se ha hecho un esfuerzo de saneamiento interno durante esta etapa que ha mejorado nuestra balanza de pagos, que ha reducido la inflación, que ha recuperado el excedente de las empresas, saneándolas y haciéndolas capaces de un mayor nivel de autofinanciación; que ha intentado también afrontar los desafíos de la modernización y de la reconversión y, por consiguiente, que se ha ganado el margen por un esfuerzo interno, que se complementa ahora con un clima más distendido desde el punto de vista internacional, aunque no ausente todavía,de incertidumbres importantes, pero, sobre todo, clima más distendido por la baja de los precios del petróleo y también por la tendencia al descenso de los tipos de interés.

El mantenimiento de estos equilibrios básicos será uno de los objetivos de la política del Gobierno. No hay una sola política económica que haga pasar a los ciudadanos de una situación de incertidumbre a una situación de esperanza si no es capaz de sostenerse en su propósito de mantener el saneamiento, de mantener los equilibrios básicos. Por tanto, no querría que en eso hubiera duda alguna para la sociedad.

El esfuerzo de saneamiento no se echará por la borda. El mantenimiento de una balanza de pagos como la que hemos tenido hasta ahora y la recuperación de ese excedente en nuestra balanza de pagos nos permitirá sostener el equilibrio y el cambio de la peseta, y eso tiene repercusiones importantes para el flujo de importaciones necesarias en el esfuerzo de inversión y de modernización.

Pero aún hay dos elementos que son un cuello de botella para que la recuperación económica sea una recuperación sostenida y continuada como la que pretendemos. Y esos dos elementos clave son la inflación y el déficit.

El Gobierno se propone seguir combatiendo la inflación hasta situarla en tasas que se equiparen a la media de la Comunidad Económica Europea. Bien saben sus señorías que este año la inflación podría haber conocido un descenso semejante al de los países europeos. Podríamos estar situándonos al final del año en tasas en torno al 6 por ciento, si pudiéramos descontar el impacto inevitable, necesario, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Por consiguiente, no es un objetivo irrealizable, aunque sea ambicioso, que en dos años podamos estar en tasas de inflación de en torno al 3 por ciento. Es importante conseguir este objetivo, porque la competitividad de nuestros productos, en un proceso de integración con la Comunidad, depende fundamentalmente de que seamos capaces de conseguir una estabilidad a la baja del precio de nuestros productos. Y es importante también porque el nivel de rentas de los sectores más desfavorecidos de la sociedad depende -y depende fundamentalmente- de que se consiga un control eficaz del proceso inflacionista.

He hablado también del déficit público como uno de los elementos que pueden frenar el crecimiento sostenido, el crecimiento continuado de nuestra economía. Para este año esperamos que la tasa sea del 4,5 por ciento, que el porcentaje sea de un 4,5 por ciento sobre el producto bruto, y para el año que viene que pueda ser de un 4 por ciento.

Les quiero decir que hay perspectivas, además de voluntad, de disminuir el déficit público en la situación actual. Me referiré a algunas.

Los costes financieros de la deuda pública, con la bajada que ya se experimenta en los tipos de interés, también tenderán a descender y, por consiguiente, a reducir una parte de la presión que tenemos hacia el déficit por el Capítulo III de nuestros Presupuestos. Los ingresos públicos en la próxima etapa no presionarán, desde el punto de vista fiscal, a los muchos ciudadanos que están en orden con Hacienda, esos ciudadanos que se están acomodando a hábitos que son normales ya en las Comunidades Europeas, que son normales en los países desarrollados.

Por consiguiente, la contención y reducción del déficit no irá por un aumento de la presión sobre esos ciudadanos que pagan sus impuestos, y que los pagan en un esfuerzo que, a veces, no se ve correspondido por las bolsas de defraudación. Sin embargo, sí quiero decir a su señorías que aumentaremos, que incrementaremos los instrumentos para conseguir hacer desaparecer las bolsas de defraudación y extender así la base social de los que pagan impuestos. Conseguiremos de esa manera reducir incluso la presión sobre aquellos que, como los asalariados, pagan su Impuesto sobre la Renta sin posibilidad, y, creo que en la mayor parte, sin desear que haya una posibilidad de evasión de su obligación como ciudadano de contribuir a las cargas del Estado.

Por tanto, desearía dejar claro que no habrá incrementos de presión sobre los ciudadanos que pagan; que lucharemos contra el fraude fiscal, y que de ahí esperamos que se obtenga una evolución de los ingresos que pueda compensar el déficit que padece todavía la Administración pública del Estado y de la Seguridad Social.

Finalmente, el gasto público como tercer instrumento de control y de reducción del déficit. Les querría decir que la situación actual es una situación que conviene, que merece la pena públicamente poner de manifiesto. Menos del 2 por ciento sobre el producto bruto supone hoy el déficit que generan las Administraciones públicas y la Seguridad Social, si no se tiene en cuenta la carga de la Deuda. Por consiguiente, estamos en casi más que el doble el déficit generado por los intereses de la Deuda sobre el déficit del funcionamiento de nuestras administraciones del Estado y de la Seguridad Social.

Nos proponemos ajustar al mínimo el coste de funcionamiento de la Administración, y también disminuir las subvenciones a las empresas desde los Presupuestos del Estado. Esperamos que esto elimine intervenciones, nos acerque a las técnicas de la  Comunidad Económica Europea y produzca una mayor libertad, naturalmente no sólo obligada por el proceso de adaptación, sino también de saneamiento y de funcionamiento de la economía.

Nos va a permitir estas medidas liberar recursos para que haya más inversión pública en infraestructuras y para que haya una mayor aportación a la Seguridad Social; una aportación que compensará el necesario incremento de gastos sanitarios o de gastos de pensiones, sin tener que recurrir a un incremento de las cotizaciones de la Seguridad Social, que siguen operando como un impuesto contra el empleo.

Si sostenemos estas premisas de saneamiento económico, de lucha contra el déficit y contra la inflación, podremos obtener un crecimiento sostenido; podremos facilitar el desarrollo de unas inversiones privadas, que en este momento ya están mostrando una gran capacidad de crecimiento, que necesitan la seguridad de que va a haber una disponibilidad suficiente de crédito y la seguridad de que esa disponibilidad de crédito va a estar acompañada también de una tasa de interés razonable; cosa que sería, como saben sus señorías, imposible conseguir si no se disminuye la inflación y si no se disminuye el déficit público.

El crecimiento esperado en los próximos años también existe una conciencia clara de que vendrá por la vía de la demanda, del consumo interno y de la inversión. Pero quiero llamar la atención sobre la evolución del consumo. Esperamos que esa evolución del consumo contribuya al crecimiento; crecimiento que, en el presente año, se situará en una tasa de en torno al 3 por ciento, y que si no hay grandes trabas desde el punto de vista internacional, esperamos que pueda aumentar en los próximos años y situarse en torno al 4 por ciento.

Como digo, la evolución del consumo tiene que hacerse sobre bases de precaución, y el Gobierno propondrá una evolución salarial que sea acorde con la inflación prevista. A nuestro juicio, los salarios globales -ya lo hemos dicho en el programa- deben acomodarse a la inflación prevista -más tarde hablaré de la concertación social como instrumento-, pero apoyaremos decididamente esa política que nos permitirá no tener que recurrir a una política monetaria para intentar evitar rebrotes inflacionistas que pongan en peligro toda la evolución de crecimiento de la economía de la que estoy hablando.

  La inversión privada, que ya muestra en este momento una tendencia hacia su crecimiento, se está basando en una capacidad de autofinanciación de las empresas, en su propio saneamiento, y deberá aumentar esa inversión privada garantizando que hay un flujo suficiente de crédito porque no hay presión del sector público sobre esos créditos, un flujo suficiente para esa evolución. Es imprescindible el crecimiento de la inversión privada, no sólo para el crecimiento del producto en los próximos años, sino también para la modernización de nuestras empresas que tienen que hacerse más competitivas en el ingreso o en la adaptación a la Comunidad Económica Europea. Y de ese impulso que dará la adaptación a la comunidad Económica Europea también saldrá el estímulo necesario para que la inversión en modernización, en incorporación de nuevas técnicas, se vaya produciendo en las empresas privadas. Si alcanzamos un crecimiento de esta naturaleza podemos esperar que haya expectativas de evolución favorable en el empleo. Pero desearía decir a S.S. S.S. que no vamos a actuar pasivamente esperando que la evolución produzca expectativas de empleo; Que queremos seguir impulsando políticas de empleo concretas; Que queremos intensificar lo que han sido ya políticas de empleo ensayadas por este Gobierno, que han producido resultados que conocen S.S. S.S.: 1.400.000 contrataciones por técnicas de fomento de empleo, de contratos temporales, de contratos de formación en el año 1985; probablemente más de dos millones, según la evolución hasta el momento presente, en el año 1986.

Hay que intensificar las medidas positivas que faciliten el empleo. Y hay que intensificarlas sobre todo porque más allá de la discusión que se abre en la sociedad -y algunas veces se reclama que se diga cuales son las realidades que contemplamos todos y cada uno de nosotros en relación con las estadísticas de empleo-, lo cierto es que hay un problema grave de paro juvenil del que todos somos conscientes,  al que todos deseamos y desde luego el Gobierno desea dar una respuesta.

Los programas de formación ocupacional, los programas de formación profesional junto con los fondos sociales que recibiremos ya a partir de este año de la Comunidad Económica Europea permitirán hacer una política de empleo específica más intensa para los sectores juveniles. Los Ministerios de Trabajo y de Educación tendrán que actuar coordinadamente para intentar introducir, dentro del sistema educativo y a través de técnicas de Formación Profesional a segmentos de la juventud no afectados por el período de educación obligatoria, que les permita no sólo tener un mayor grado de formación sino una mayor facilidad para intentar encontrar un puesto de trabajo que les permita esa mayor formación al final de aquel período.

Hay situaciones específicas de desempleo que también necesario atacar: las situaciones de desempleo de larga duración. Aplicando las técnicas de reciclaje y de formación de los desempleados de larga duración, un esfuerzo en medidas tendentes a reincorporar al trabajo a aquellos trabajadores privados de empleo durante un largo período de tiempo.

Comprenderán que una política económica, vista de su conjunto, exige, además, complementarla con las aportaciones de las políticas sectoriales concretas. No me detendré mucho tiempo para no hacer excesivamente larga la explicación, pero desearía llamar la atención de SS. SS. sobre la voluntad del Gobierno que pueda formar si obtengo la mayoría de apoyo de la Cámara, de impulsar políticas sectoriales en infraestructuras y equipamientos básicos; apoyar sectores emergentes de nuestra economía; promover las iniciativas empresariales en un esfuerzo de desburocratización, de aligeramiento de trámites, para que se desarrollen esas iniciativas; promover las iniciativas que suponen el relevo generacional, como ya se está haciendo en la agricultura y la modernización de las explotaciones familiares; fomentar y desarrollar el cooperativismo agrario y el asociacionismo, tanto en el terreno de la producción como en el de la comercialización; y hacer una política energética que sea capaz de maximizar nuestros propios recursos, que desarrolle esos recursos y nos haga menos dependientes.

Cuando se habla de política económica es importante hacer una referencia a la necesidad de incorporar nuevas tecnologías. El Gobierno presentó, y se aprobó por las Cámaras, una Ley de la Ciencia, de la que surgirá un plan nacional (que también se someterá al debate, a la aprobación y al desarrollo por parte de estas Cámaras) que permita no solo incorporar nuevas tecnologías, sino también desarrollar instrumentos dentro de nuestro país para crear nosotros nuestras propias tecnologías.

La relación entre el sistema educativo, la incorporación de nuevas tecnologías, la investigación, la empresa y la economía, es una tarea a desarrollar para que puedan ser útil desde el punto de vista de nuestra sociedad en su conjunto y desde el punto de vista de nuestra integración en la Comunidad, esa aportación tecnológica que, sin duda alguna, va a cambiar el destino de la sociedad moderna. Creo necesario, llamar la atención sobre que las nuevas tecnologías supondrán para toda la sociedad, para la Administración y para las empresas un mayor grado de flexibilidad en sus comportamientos; de flexibilidad para adaptarse, de flexibilidad para responder a los nuevos desafíos y, una vez más, una concertación adecuada entre los sectores sociales. En ésa me detendré un momento.

La concertación social se ha convertido en un mecanismo, en una manera de trabajo específicamente nuestra a lo largo de toda la transición democrática. A través de la concertación social se ha intentado luchar en los peores momentos de la crisis contra la inflación, contra los peores o  más manifiestos efectos de esa crisis económica. En un momento en que la recuperación económica es posible, yo quiero manifestar la voluntad del Gobierno de impulsar esa concertación social, imprescindible para que haya una evolución salarial adecuada; imprescindible también para que se incremente el propio contenido de la negociación y pueda discutirse, en el ámbito de la autonomía de las partes, sobre las nuevas formas de contratación, sobre la integración de tecnología y su impacto en el sistema productivo, sobre el reparto del tiempo de trabajo disponible.

La Administración impulsará esta negociación y estará dispuesta también a asumir los compromisos que correspondan a la propia Administración, al propio Gobierno- algunos de esoscompromisos ya se han practicado-, compromisos que se transformen en inversiones, en infraestructura que, además de generar empleo, permitan ayudar a la modernización necesaria.

Creo, señorías, que desde hace doce años no hay una mejor oportunidad para la economía española que la que estamos viviendo en estos momentos, y no me estoy refiriendo ya, como decía desde el comienzo, a hacer ningún balance; hay síntomas claros de recuperación. La voluntad del Gobierno es aprovechar esta oportunidad de recuperación de la economía, sin bajar la guardia en la política de saneamiento y en el mantenimiento de los equilibrios;la voluntad del Gobierno es hacer un llamamiento a la opinión pública, a los sectores sociales, para que apoyen esa política de saneamiento, modernización, crecimiento sostenido de nuestra economía, que nos permita, además, afrontar el desafío del que hablaré ahora, el desafío de nuestra integración en las comunidades Europeas. Creo que la mayoría de los representantes políticos en esta Cámara, que el proceso político, económico e institucional más importante de los próximos años es el proceso de nuestra integración en la vida política comunitaria.

Para el año 1992 está previsto, señorías, que se acabe el período transitorio, en sus partes fundamentales, del Tratado de adhesión. Pero quiero advertir que, al mismo tiempo, está previsto que en 1992 culmine el proyecto de integración comunitaria que se contempla en lo que se conoce en la terminología comunitaria como el Acta Única. Por consiguiente, estamos ante un proceso con repercusiones extraordinariamente importantes para la sociedad española desde el punto de vista económico, social y político-institucional. Pero, además, estamos ante un proceso doble. Por una parte, adhesión a la Comunidad, contemplada en el Tratado de acuerdo con lo que son los parámetros de la propia Comunidad, sus contenidos normativos, sus mecanismos de actuación en 1986; y por otra, la coparticipación de España, como firmantes del Acta Única europea, en el proceso de integración comunitaria que está en marcha y que tiene una de sus fechas-objetivo fundamentales en 1992.

Señorías, cuando se habla de esa fecha se puede fácilmente valorar lo que supondrán, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, los cuatro años de legislatura en ese esfuerzo de adaptación y de participación en la integración. Como es complejísima la operación, necesita orientaciones claras y necesita por consiguiente un esfuerzo que yo llamaría un esfuerzo colectivo del conjunto de la sociedad española, me van a permitir que en este tema como en otros- el terrorismo y algunos importantes que también afecta a la política exterior- les diga que, más allá de lo que sea su voto en la investidura, sobre estos temas tendremos que hablar, porque sobre ellos es lógico reclamar el máximo esfuerzo conjunto posible para obtener también el mayor grado de eficacia; para obtener, también, el mayor grado de aproximación en esa adaptación y participación comunitaria.

El primer gran paquete es el de la adaptación a la Comunidad Económica Europea. Querría destacar aquí el enorme valor del Tratado de adhesión como instrumento.¿ Y por qué deseo destacarlo? Porque el Tratado de adhesión, votado unánimemente por la Cámara, aunque pueda haber suscitado críticas parciales, sobre todo garantiza algo que me parece trascendental para la sociedad española en su conjunto: garantiza una gradualidad que tendremos que defender para no precipitar procesos que no podamos soportar en la adaptación. Y en ese proceso de adaptación a la Comunidad hay dos tipos de repercusiones: repercusiones de carácter socio-económico-político, y repercusiones en la economía española, a las que de alguna forma he hecho referencia en el esfuerzo de adaptación, y en el esfuerzo de recuperación del que he hablado hace unos momentos. El desafío de la economía española, de su modernización; de su acercamiento en cuanto a tasas de inflación, en cuanto a déficit público, a la economía europea; de la incorporación de nuevas tecnologías, es, sin duda alguna, un proceso que afecta al conjunto de la sociedad española en su desarrollo económico y social que nos obligará, y estamos lógicamente dispuestos a ello, a incrementar los niveles de liberalización y de flexibilidad en nuestro sistema económico.

La adaptación también afecta al funcionamiento de nuestras instituciones- En otras ocasiones he hablado sobre el tema, en particular lo hice en el debate sobre el estado de las Autonomías en el Senado-; afecta al nivel de competencias de las distintas instituciones, habida cuenta de que ha existitido un proceso de transferencia de una parte de las responsabilidades que se tomaban en los distintos niveles de poder del Estado, a las Comunidades Económicas Europeas. No querría extenderme, pero sí recordar los principios básicos de actuación en esta materia que afectan, lógicamente al funcionamiento del Estado de las Autonomías.

Por una parte, tenemos que la responsabilidad en la política exterior, por tanto, en el cumplimiento o incumplimiento de nuestras obligaciones con la Comunidad o con las Comunidades Europeas, es una responsabilidad del Gobierno de la nación. Por otra parte, tenemos que la Constitución reparte las competencias entre el Gobierno de la nación y los diferentes poderes autonómicos. A mi juicio, la línea de orientación a seguir en este proceso difícil y complejo es mantener el reparto competencial previsto en la Constitución, no afectado, en absoluto, por el proceso de adhesión a las Comunidades Económicas Europeas, afectado en cuanto a la capacidad de decisión en algunas competencias que se trasladan a las propias Comunidades, pero que altera el reparto interno de competencias.

Al mismo tiempo que se hace ese esfuerzo de respeto a la Constitución y a los Estatutos, es imprescindible generar mecanismos de coordinación, de cooperación entre los entes autónomos y la Administración central para que el grado de cumplimiento de nuestra obligaciones y compromisos no nos lleve a la aplicación de normas que pudieran ser de carácter imperativo, como obligación asumida por el Gobierno de la nación.

Con anterioridad el Gobierno ha hecho una propuesta de convenio de cooperación. Esperamos que esta propuesta, este instrumento que hemos querido poner a disposición de las Comunidades, reciba una respuesta favorable que permita que, efectivamente haya una coordinación entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno de la nación; en definitiva, entre los distintos poderes del Estado con repartos competenciales afectados por el proceso de integración, para que pueda hacerse de manera armónica y de manera solidaria.

Les hablaba del impacto que va a crear la otra dimensión de nuestro proceso de integración en la Comunidad: el Acta Única Europea. Si me detengo en estos grandes problemas es porque creo que son los que más van a afectar a la vida política y social de España en los próximos años. El Acta Única Europea supone un desafío de integración comunitaria que empezaré por calificar de mínimo indispensable en la perspectiva de la unidad europea. En el Acta Única Europea existe una cláusula de salvaguardia, como no podía ser menos; cláusula de salvaguardia en relación con el Tratado de adhesión de España a las Comunidades. Pero el que exista una cláusula de salvaguardia, de respeto del Tratado de adhesión, en manera alguna quiere decir que el proceso de integración comunitaria no nos vaya a afectar. No solo somos parte firmante -Y, como decía, se ratificará pronto por esta Cámara- del Acta Única Europea, sino que somos co-protagonistas en su propio desarrollo.Yo creo que España debe mantener esa actitud de consideración Acta Única Europea como mínimo indispensable en el proceso de integración. Es verdad que responde a un compromiso entre países que tienen una distinta sensibilidad europeísta, o, si quieren, una distinta vocación europeísta. Y desde esa actitud, de alineamiento con los países que desean, en función de sus propios intereses- yo creo que ese es el interés de España- , un proceso de integración europeísta que lleve a sus últimas consecuencias esa corriente, a mi juicio mayoritaria, de la sociedad europea para eliminar barreras que dividen a los distintos Estados que la integran, respetando sus características, respetando, sin duda, su personalidad; en ese proceso de avance hacia la unidad, España, como digo, debe estar situada en primera fila con los países que desean ese proceso de integración al máximo y que lo desean en defensa de sus propios intereses como naciones o como paises.

Querría destacar dos instrumentos importantes, porque nos van a afectar de una manera extraordinariamente directa en ese proceso de integración. Un instrumento es el mercado interior, el otro, el que se conoce en la terminología comunitaria como la cohesión económica y social. Son dos instrumentos, a mi juicio, inseparables. El mercado interior producirá los efectos que es lógico esperar. Hay un paquete de trescientas medidas, preparadas por la Comisión Europea, de eliminación de barreras aduaneras, de liberalización de movimientos de mercancías, de capital, de establecimiento, etcétera. Por consiguiente, va a producir el efecto de disponer de un mercado de trescientos veinte millones de personas, potencialmente equiparable al propio mercado de Estados Unidos, para que nos dé una idea de la dimensión, de la potencialidad, de lo que ello supone. Es verdad, que el desarrollo de ese mercado es importante por igual para los doce países comunitarios; sin embargo, no es cierto que los doce países comunitarios estén en las mismas condiciones de desarrollo, de competitividad, para afrontar el desafío sin barreras, sin compensaciones, que supone avanzar hacia ese mercado interior.

España está dispuesta y propiciará la adopción de medidas para conseguir que, en la meta de 1992, se haya avanzado tanto como se pueda en la política de mercado interior; pero, al mismo tiempo, a mi juicio, debemos poner sobre la mesa el otro gran paquete de la integración europea que en este terreno se denomina la cohesión económica y social.

En el momento en que se habla de la cohesión económica y social hay algunos reflejos de los que querría salir. No se trata de que los países menos favorecidos presionen sobre los países mas desarrollados simplemente en demanda de ayuda -ésa es una parte de lo que podría suponer una política de cohesión económica y social-; se trata de una doble operación complementaria con la anterior y que tiene que funcionar en paralelo. Así lo hemos propuesto ya en los últimos meses, así lo acepta la Comisión y también lo apoyan otros países de la Comunidad Económica Europea. Se trata de hacer una política de convergencia económica, lo que vale tanto como decir una política en la que ningún país que no haga un esfuerzo de saneamiento en materia de inflación, en materia de déficit, en materia de modernización pueda estar en condiciones de exigir a otros países que haya una política como la que sí vamos a exigir de fondos estructurales suficientes para intentar compensar los desequilibrios en los niveles de desarrollo.

Partiendo de la base de que hacemos nuestra parte del esfuerzo en la política de convergencia económica, proponemos que haya fondos estructurales disponibles suficientes como para compensar los desequilibrios interterritoriales e intersectoriales que se plantean en la Comunidad Económica Europa. No es posible soportar, de buenas a primeras, la competencia de empresas con un alto nivel de desarrollo, con un alto nivel de competencia, con un alto nivel de tecnología. Es necesario que esas políticas estructurales se pongan en marcha en paralelo al mismo tiempo que las decisiones de mercado interior. Esto no completa todo el esfuerzo de integración europea contemplado en el Acta Única ni todas las dimensiones que nosotros debemos tener en cuenta.

Es evidente que, en los próximos años, tendrá que producirse, probablemente con gradualidad, pero inexorablemente, un cambio en la política agraria común, que tiene exactamente el mismo sentido que acabo de decir: la entrada de España, y la entrada de Portugal, supone la necesidad de un reequilibrio al sur de las políticas comunitarias en las producciones mediterráneas respecto de las producciones mediterráneas respecto de las producciones continentales. Es evidente también que eso tendrá un impacto presupuestario. Desde nuestro punto de vista,  el impacto será cualitativo -cambiar la estructura de los presupuestos- y, desde luego, puede ser, deberá ser, casi inexorablemente, cuantitativo. Con una política presupuestaria como la actual no se puede atender el doble frente de los gastos permanentes de la Comunidad y de los gastos que va a generar una política de cohesión económica y de reequilibrio interterritorial.

La integración comunitaria supone, además,  el avance en proyectos de investigación científica y técnica. Para nosotros, los proyectos de desarrollo tecnológico de la Comunidad tienen una especial importancia porque van a suponer, con nuestra posibilidad de incorporarnos a ellos, el esfuerzo complementario que necesitamos en la modernización de nuestras estructuras económicas como país.

Más allá de lo que pueden ser consideraciones económicas, nosotros pretendemos que se camine hacia lo que se llama también en Europa el espacio europeo. Más allá de lo que es la libertad de comunicación, desde el punto de vista mercantil o comercial exige la libertad para desarrollar íntegramente a los ciudadanos de las Comunidades Europeas. Existe, por consiguiente, no sólo un mercado interior, existe, por consiguiente, no sólo una política económica, que naturalmente va a un proceso unitario y cada día reducirá -no digo que hará desaparecer- márgenes excesivamente amplios de actuación de unos respecto de otros, si queremos que haya una verdadera Comunidad, sino que exige también, y particularmente, un esfuerzo político de consideración a los ciudadanos como objetivo en su desarrollo cultural, social y político como objetivo de la integración europea.

La coordinación interestatal propia de la Comunidad Económica Europea debe complementarse, a nuestro juicio, con una cooperación ineludible, desde el punto de vista de las fuerzas sociales y económicas de Europa. Defensores como somos de la concertación a nivel interno, creemos que es necesario también propiciar, impulsar la concertación en el ámbito comunitario.

No será posible avanzar en los procesos de distribución del tiempo de trabajo disponible, necesarios para generar empleo, no será posible avanzar en los esfuerzos del propio crecimiento sostenido y con estabilidad en los precios si no hay una coordinación no sólo interestatal, sino también entre las fuerzas sociales y económicas de la Comunidad Económica Europea. Este proceso tiene una dimensión exterior, a la que me referiré más tarde, en la cooperación o en la coordinación de la política exterior europea.

El Partido Socialista tiene la vocación de hacer una política de corrección de las desigualdades, señorías, implícita en la propia ideología del socialismo democrático. Por tanto, consideramos -lo hemos dicho en muchas ocasiones- como instrumental la política económica, política económica al servicio de las políticas finalistas que tienen sus terminales en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, que tienen sus terminales en la corrección de las desigualdades. Con frecuencia he mantenido (y algunas veces he oído respuestas críticas sobre ello) que una política social eficaz, una política de lucha contra la desigualdad se basa necesariamente en una política económica también eficaz. Es posible hacer un incremento de la política social en la medida en que se ganen márgenes desde el punto de vista de la política económica. Si no hay un crecimiento de la riqueza, se puede combatir la desigualdad dentro de la crisis o de la pobreza; hemos hecho un esfuerzo para combatirla dentro de la crisis, pero no se puede caminar hacia sociedades más igualitarias con las que queremos homologarnos, una vez más, como las más desarrolladas en Europa. En ese sentido habrá que seguir haciendo un esfuerzo, y un esfuerzo dedicado a la educación y a la cultura como uno de los elementos fundamentales para la política de igualdad entre los ciudadanos. Hemos hecho un marco de reforma de la educación, desde la base de la educación a la educación universitaria, que comprende la propia Ley de Investigación. Esta educación, reformada en su conjunto, debe aplicarse con un sentido participativo de libertad y de igualdad de tratamiento a los ciudadanos, y así nos proponemos hacerlo.

Ligar, por consiguiente, el proceso educativo a las necesidades de generar empleo y de formar a los segmentos de la juventud no comprendidos en la educación obligatoria, y que necesitan formación profesional, ligar el proceso educativo a la necesidad de nuevos títulos, ligar el proceso educativo al apoyo con becas y también a la formación con becas ocupacional con becas que se está desarrollando y que se irá complementando y ampliando en los próximos tiempos, es hacer una política de igualdad de medio y de largo plazo, es aprovechar la potencialidad de la juventud para el futuro, potencialidad que en parte en este momento se despilfarra por la marginación que produce la crisis, por la imposibilidad de llegar a entender las aspiraciones de jóvenes sin empleo y sin posibilidad de integrarse, tampoco en el sistema educativo. Dar acceso a la cultura a todos los ciudadanos, sea cual sea su condición social, sea cual sea la situación que ocupen dentro de nuestro territorio, seguirá exigiendo un esfuerzo para fortalecer nuestro patrimonio, para fortalecer la infraestructura que puede permitir ese acceso a la cultura.

Quisiera hacer una referencia, aunque sea breve, al impulso al deporte como un derecho que se debe extender a todos los ciudadanos, y poner una nota sobre nuestro empeño en conseguir que la Olimpiada 1992 se realice en España, en la ciudad de Barcelona, que sin duda crearía un impacto importante en el desarrollo del deporte.

La lucha contra la desigualdad contempla a colectivos que, aun tratados con igualdad ya desde el punto de vista normativo, como la mujer, sin embargo, desde el punto de vista social, no tienen la equiparación necesaria a lo que representan en la sociedad, a lo que son, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, como ciudadanos de esta sociedad. Se ha hecho la asimilación legal, se ha denunciado por todos - por nosotros también- que hay un tratamiento desigual. Hemos desplegado esfuerzos durante la etapa pasada, pero son insuficientes esos esfuerzos, hay que intentar cambiar la mentalidad, cambiar los hábitos de la sociedad para facilitar el acceso y eliminar las trabas que muchas veces se oponen al propio acceso de las mujeres a puestos de trabajo en nuestra sociedad en condiciones semejantes al de los hombres.

El esfuerzo de igualdad también se debe proyectar sobre la sanidad. Tenemos una nueva Ley con un marco de desarrollo sanitario que pensamos llevar a sus últimas consecuencias, extendiendo la asistencia sanitaria a los sectores de la población que todavía no tienen esa asistencia, en un esfuerzo complementario al que se viene haciendo; avanzando en la humanización de la atención y, desde luego, intentando modificar la situación de la asistencia primaria y de la asistencia hospitalaria.

La protección del desempleo es otro de los grandes desafíos de esa lucha contra las desigualdades. Nosotros deseamos insistir más en las medidas positivas, no sólo hacer un esfuerzo de extensión de la cobertura, sino intentar que con ese esfuerzo se puedan también adoptar fórmulas de formación, de reciclaje, que permitan la incorporación de los parados de larga duración, como decía anteriormente, y de los jóvenes que acceden a su primer empleo. Me propongo que haya una respuesta a los parados con cargas familiares que no tienen cobertura, en el momento actual ( tal como se acordó, y que debe ser desarrollado en los próximos meses), que no tienen cobertura, como decía, desde el punto de vista de las prestaciones sociales, y que haya un esfuerzo para poderles dar esa cobertura.

La política de pensiones forma parte de la lucha por la igualdad, y a ella me referiré brevemente. El propósito del Gobierno es mantener la capacidad global adquisitiva de las pensiones, acercar las más bajas al salario mínimo interprofesional, esfuerzo que se viene haciendo y que hay que desarrollar y complementar. Y también pretendemos que haya un salto cualitativo, desde el punto de vista de la integración en un sistema de pensiones de aquellos sectores de la sociedad que por no haber contribuido, por una u otra razón, en este momento se encuentran desasistidos, y advierto que eso supondrá una revisión del sistema global de atención que no puede seguir presionando sobre las cotizaciones de la Seguridad Social, sobre el Régimen General de la Seguridad Social; que hay que tender, por el contrario, a ir disminuyendo las cotizaciones y a ir aumentando, con una nueva concepción desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de la financiación, a ir aumentando, digo, la aportación del Estado. Para atender a sectores marginales no propondremos coordinar los servicios con los que en este momento tienen las propias administraciones autonómicas.

Querría referirme al funcionamiento del Estado y de sus instituciones al servicio de los ciudadanos y, habiendo hablado del fenómeno del terrorismo, haré una reflexión sobre el Estado de las Autonomías y sobre los principios que orientarán nuestra actuación.

Por una parte, creo, que es válido decir que se ha llegado a un grado de desarrollo importante del Estado de las Autonomías. Los ciudadanos, en definitiva últimos receptores a los que tenemos que prestar el servicio en ese esfuerzo de desconcentración, de descentralización, de reparto de poderes del Estado, tienen derecho a esperar que con el desarrollo autonómico, con el desarrollo, por consiguiente, de ese proceso de reparto de poderes, haya cada vez más y mejores servicios, más eficaces servicios para ellos y se presten con más inmediatez y más proximidad. Durante estos años, como digo, se ha hecho una reforma profunda de la estructura del poder del Estado. Nos disponemos a completar las transferencias que todavía no se han hecho, a las Comunidades Autónomas que no han completado el ciclo de dichas transferencias. En los próximos cuatro años se puede acabar perfectamente el proceso de transferencias y se puede aprobar, por esta Cámara, los Estatutos de Ceuta y Melilla. Una reflexión complementaria, no entre paréntesis, sobre Melilla, me obliga a decir que con la preocupación por la situación existente en esa ciudad, el Gobierno se propone y se propondrá algo que es tan comprensible, pero a la vez tan difícil de aplicar, como que la Constitución sea igual para todos los ciudadanos, sea cual sea su raza, sea cual sea su religión y sea cual sea su condición.  Por consiguiente, lo que haremos será respetar y defender prudentemente y firmemente aquellos derechos que tienen los ciudadanos respecto de la propia protección que la Constitución les da, y así pretendemos intentar llegar a un clima de comprensión, de comunicación, que excluya cualquier tentación marginadora de cualesquiera que sean los sectores de la población.

En el Estado de las Autonomías hemos pasado de un imperativo constitucional a un imperativo social y económico en cuanto a las necesidades de cooperación y coordinación entre los diferentes poderes autonómicos y el Gobierno de la nación; cooperación, coordinación, y Autonomías solidarias, en su conjunto con el Gobierno de la nación. Que ya decía antes que son instrumento imprescindible desde el punto de vista de nuestra adaptación a la Comunidad Económica Europea, pero también instrumento imprescindible para la política territorial en el Estado, aunque es cierto que el Gobierno de la nación tiene competencias para los problemas económicos de carácter global, para la ordenación de la economía en su conjunto; es cierto que queremos y mantenemos la voluntad de que los instrumentos de coordinación y cooperación con las Comunidades Autónomas se fortalezcan y se les dé respuesta definitiva al problema de la financiación, problema que venimos discutiendo desde hace algún tiempo y sobre el cual el Gobierno, en la comisión correspondiente, ha presentado un proyecto que consideramos un elemento válido para el diálogo y que puede dar lugar a un acuerdo para encontrar un sistema de financiación definitivo para las Comunidades Autónomas.

El paso, por consiguiente, está dado, es uno de los mecanismos de coordinación que debe extenderse también a la coordinación en materias tan elementales como estadística, como información en todas las direcciones, como cooperación en esfuerzos que eviten duplicidades de servicios, que eviten, a veces, roces entre servicios que presentan a los ciudadanos burocracias multiplicadas. Necesitamos también para ello organizar la administración periférica del Estado central desde otra perspectiva de mayor integración en delegaciones y en gobiernos civiles, para evitar esas colisiones, esas duplicidades y conseguir un mayor grado de eficacia.

En la anterior legislatura hemos concentrado un grado de esfuerzo considerable en el desarrollo del Estado de las Autonomías. En la presente legislatura tendremos que complementar ese proceso y prestar una atención prioritaria a las Corporaciones Locales. Pensamos que en esta legislatura se debe dar una respuesta también al sistema de financiación de las Corporaciones Locales, y así me propongo que se pueda hacer y que se haga.

En cuanto al funcionamiento del Estado podría ser más extensa mi intervención. Querría decirles sólo a sus señorías que nuestro propósito de ir desburocratizando e ir eliminando controles innecesarias por parte de la Administración, es una propuesta que tiende a aligerar la prestación de servicios y hacerla más eficaz a los ciudadanos. No compartimos, desde luego, la idea de que la sociedad es más sociedad mientras el Estado sea menos Estado. Creo que hay que encontrar un equilibrio entre una administración del Estado capaz de prestar servicios a los ciudadanos, y de prestarlos eficazmente, y también capaz de luchar contra las desigualdades, contra las injusticias, al mismo tiempo que se potencian los cauces de participación de los ciudadanos.

No puedo salir de este capítulo sin hacer una referencia específica a un tema de preocupación entre todos nosotros. Preocupación por la inseguridad, y, especialmente, preocupación por las limitaciones que la inseguridad puede suponer para el ejercicio de las libertades.

El esfuerzo de perfeccionamiento, desde el punto de vista del equipamiento de las fuerzas de seguridad; el esfuerzo de desarrollo de nuevas técnicas de seguridad; el esfuerzo que se ha hecho en una nueva concepción de la justicia, tendrán que completarse en la próxima etapa no sólo accediendo a algo que estaba a punto al finalizar la anterior legislatura, de una justicia gratuita (y que espero que pronto pueda ser acordado nuevamente con la unanimidad que lo fue entre nosotros), sino haciendo la mayor aportación que sea posible, desde el punto de vista de los márgenes presupuestarios de que dispongamos, para mejorar la justicia desde el punto de vista técnico, de tal manera que sea más ágil, que sea más rápida, que sea más eficaz su comunicación y su prestación de servicios a los ciudadanos.

Hay un fenómeno que afecta especialmente a la inseguridad, que es el fenómeno de la droga. El Gobierno, como bien conocen y saben sus señorías, ha presentado el Plan Nacional sobre la Droga. En el Plan Nacional sobre la Droga se prevén una serie de actuaciones que, por conocidas por la mayor parte de la Cámara, no reiteraré su contenido, no insistiré en ello. Pero es necesario, sin duda, institucionalizar la fiscalía prevista en el propio Plan, es necesario incrementar las penas de los traficantes de droga, es necesario incrementar las multas y los decomisos, afectarlas a la reabilitación y desarrollar ese plan de prevención, de represión y de reinserción previsto en el Plan Nacional de la Lucha contra la Droga.

Acabaré la exposición del contenido de las líneas políticas con unas reflexiones sobre la política exterior y la política de seguridad de España. Creo que podemos afirmar, señorías, que empezamos la legislatura sobre unas bases de política exterior despejadas y sólidas, en relación con lo que ha ido siendo la evolución en el pasado. Esas bases tienen dos elementos fundamentales, que conocen perfectamente sus señorías, y a uno me he referido extensamente: la integración en las Comunidades Europeas, la integración, por tanto, en el destino de una parte importante de la Europa Occidental, y, con esa integración, la decisión, refrendada en marzo del 1986, de participación en la Alianza Atlántica en los términos que han sido aprobados por el pueblo español; participación coherente con el otro gran elemento de participación en el destino de la Europa comunitaria, es decir, de la mayor parte de la Europa Occidental.

Sobre esa política de seguridad hice una larga exposición en octubre de 1984. Los elementos fundamentales de la política de seguridad se decidieron en referéndum en marzo de 1986. Hoy sólo reiteraré cuáles son los principios de actuación por los que se regirá la política del Gobierno en esta materia, y que, lógicamente, están en coherencia con lo ya dicho, y naturalmente apoyado por los ciudadanos.

En primer lugar, el cumplimiento estricto de los términos de la permanencia en la Alianza, que supone la participación en todos los órganos de la Alianza Atlántica, la cooperación leal con los otros miembros de la Alianza, y supone también la exclusión de la participación en la estructura militar integrada. Pero reitero algo que a veces produce confusión y debate: en todos los órganos de la Alianza participaremos, exclusión hecha de la estructura militar integrada.

El pueblo español y esta Cámara decidió en su día no aceptar la instalación de armas nucleares en España. Se sostendrá, naturalmente, esa política en coherencia con la voluntad mayoritaria del pueblo español, y con la voluntad casi unánime de esta Cámara, pero además se extenderá a las armas químicas y biológicas.

El tercer elemento básico es el de la negociación con los Estados Unidos. Dos cosas quiero decir: sin avanzar, como no era posible hacerlo, una posición definitiva durante el período de gestión de Gobierno, se conducirá el proceso de negociación con Estados Unidos, tal como está previsto, hacia la reducción de la presencia de efectivos, tanto personales como de instalaciones, y se conducirá también hacia el cambio en la naturaleza, en el sentido mismo de la relación bilateral defensiva que nos une a Estados Unidos, para hacerla más próxima, más homologable con otras relaciones que conocemos en países europeos occidentales.

Dentro de esa política exterior, que ya enunciamos en octubre de 1984, no puedo dejar de hacer mención al problema o al tema de Gibraltar. Esperamos que en esta legislatura se avance en una solución definitiva, o se llegue a una solución definitiva, sobre el mecanismo de descolonización de la Roca. A partir de la Declaración de Bruselas, a partir de nuestra inserción en órganos multilaterales de encuentro, esperamos que ese proceso de diálogo con Gran Bretaña pueda producir el fruto de encontrar una solución definitiva a la descolonización. Hay otros puntos de la propia exposición hecha sobre política exterior y de seguridad en aquel momento que se desarrollarán en esta legislatura, en particular la integración en la Unión Europea Occidental, y en particular también el avance en una consideración positiva del Tratado de No Proliferación.

Me referí en aquel momento, y hoy tampoco quiero obviarlo porque me parece un punto importante, a la política de defensa, instrumento necesario desde el punto de vista tanto de la seguridad como para la realización de una política exterior respetada. Se han puesto en marcha, como saben sus señorías, el Plan Estratégico Conjunto y el Plan de Defensa Nacional, con un proyecto de modernización de las Fuerzas Armadas, de nuevo despliegue, con una reforma de la justicia, con un avance en los mecanismos que complementan la educación entre nuestros profesionales de la milicia. Este es un proyecto que no se cubre en un plazo de tiempo como el que ha transcurrido y que tenemos que seguir avanzando y desarrollando en el futuro. Las líneas maestras y sus contenidos están en ese Plan Estratégico Conjunto y en el Plan de Defensa Nacional. Son conocidas por las Cámaras las leyes de reforma de la justicia, el nuevo despliegue es un despliegue que trata de ser operativo en la defensa nacional, y la reforma misma del Ministerio de Defensa trata de descargar a los responsables directos, a los jefes de Estado Mayor, de tareas burocráticas, para dedicarlos, lógicamente con mayor tiempo y disponibilidad, a lo que es propio desde el punto de vista de ese despliegue previsto en el Plan Estratégico Conjunto. Queremos que en esta fase además se resuelva un tema candente y preocupante como ha sido el tema de la extinguida UMD.

España, en su política exterior, ha hecho un esfuerzo de relación con el Este y también de relación con la gran potencia del Este que es la Unión Soviética. Pensamos que la persistencia en un esfuerzo de diálogo con los dos grandes poderes, de los que depende el avance en una política de desarme, en una política de distensión, es útil no sólo para nuestro país, es útil para la creación de un clima de mayor confianza y de diálogo internacional. Insistiremos en esa política, igual que insistiremos en la política de relación desde el punto de vista de la presencia comercial de España con los países del Este. Pero en la política de distensión y de paz, objetivo prioritario para conseguir un clima de cooperación internacional, nuestra participación será especialmente activa en aquellos órganos a los que pertenecemos, como la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea o la propia Conferencia de Desarme de Estocolmo.

Creo poder afirmar, señorías, que superado el proceso de negociación para la adhesión de España a las Comunidades, podemos liberar energía para profundizar y afianzar nuestras relaciones con el continente iberoamericano. Afianzar esas relaciones con un marco de cooperación desde España bilateralmente, y también con un marco de cooperación que empezamos a propiciar y que queremos desarrollar desde la Comunidad Económica Europea con el subcontinente latinoamericano.

En este proyecto de desarrollo de la política con Iberoamérica hay una fecha importante, también coincidente con otras fechas que hemos citado en estos momentos: la de 1992. Una fecha de encuentro, pero una fecha que puede servir de potenciación en el desarrollo de nuestras relaciones; una fecha que también tiene una especificidad para nosotros, puesto que se nos encargó la realización, como país, de la Exposición de 1992, a la que empezaremos a dedicar una atención especial en el próximo Presupuesto y, desde luego, a lo largo de la legislatura.

Para hacer esa política de cooperación tenemos todavía instrumentos que son frágiles y recursos que son escasos. Nos proponemos potenciar los recursos que se destinan a la cooperación, darles una mayor fortaleza a esos instrumentos frágiles y, además, conectarlos con la sociedad civil; conectarlos con sectores privados y con sectores juveniles que pueden participar en esa política de cooperación que, en nuestro caso, se referirá preferentemente al continente iberoamericano, a aquellas zonas con las que mantenemos una relación desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista cultural, pero también a otras zonas con las que también tenemos esa vinculación, como puede ser el caso de Guinea, como puede ser el caso de algunas zonas del Magreb o como puede ser el caso de Filipinas.

Nuestras relaciones con el Este y con el Extremo Oriente no sólo han contribuido y pueden contribuir a fortalecer nuestra presencia comercial en defensa de nuestros intereses, sino también a fortalecer un clima de diálogo que sea positivo desde el punto de vista de la distensión y desde el punto de vista de la paz.

Creo, señorías, que estamos en mejores condiciones que hemos estado hasta ahora para el desarrollo de nuestra política exterior. España tiene intereses vitales en el Mediterráneo. El crecimiento de la tensión en el Mediterráneo quizá haya sido la consecuencia de la multiplicación de focos de conflicto en un área, que es la área de vecindad natural para España.

Junto al esfuerzo de avance en la universalización que ha supuesto el reconocimiento de Israel, que creo que nos da una posición de mayor equilibrio, sin perder de vista la política de España hacia los países árabes y de defensa de los intereses y de los derechos del pueblo palestino, desde esa perspectiva queremos no sólo incrementar nuestra cooperación, nuestra presencia, nuestra relación, sino hacer posible también una cooperación entre Europa y los países del Mediterráneo. Una cooperación que se base en la solidaridad del conjunto de Europa, que distienda la situación del Mediterráneo y que lleve por un camino de paz lo que es en este momento una situación tensa y difícil de relación.

Desde esta nuevas condiciones, o condiciones más firmes, en las que se asienta nuestra política exterior, España tiene la vocación y la oportunidad, desde la defensa de sus propios principios y de sus propios intereses, de contribuir a la paz, de contribuir a la seguridad y de contribuir a la cooperación. Y tiene la oportunidad de hacerlo desde un pueblo que quiere ser libre, que quiere desarrollarse y que quiere que en su política exterior estos principios sean principios que operen tanto en la propuesta de la condena del "apartheid", cuanto en el apoyo a los esfuerzos de paz de Contadora, cuanto en la promoción de nuestra lengua o de nuestra cultura, cuanto en el apoyo al desarrollo de la democracia, cuanto en la protección de nuestros conciudadanos fuera, etcétera.

Pero además de eso, señorías, es necesario decir que para hacer esa política exterior tenemos que potenciar y mejorar nuestro servicio exterior. Tenemos todavía un servicio exterior que fundamentalmente se corresponde con una situación que no es la situación, desde el punto de vista de su cuantía, de su peso, de los recursos que se le dedican, que España vive en este momento, no sólo ya por el proceso de participación en la Europa comunitaria, que tendrá también esa dimensión de política exterior que es la coordinación de la política exterior comunitaria, sino también por todo el desarrollo de los procesos de cooperación de España, casi el 25 por ciento de nuestro producto interior bruto está ya en nuestras exportaciones, en nuestro comercio exterior y, por consiguiente, no hay más remedio que intentar adaptar nuestro servicio exterior a esas necesidades, y nos proponemos hacerlo en la medida en que vamos ganando márgenes de posibilidad también desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista económico.

A lo largo de esta intervención, señorías, he tratado de exponer, en consonancia con nuestro programa electoral y con los principios de defensa de los intereses generales, cuáles van a ser las líneas de acción del Gobierno en la legislatura que se inicia, si obtiene la mayoría de este Parlamento. He ofrecido a la consideración de la Cámara algunos de los objetivos básicos que pretendemos alcanzar en estos cuatro años, lo que aspiramos a hacer y cómo queremos hacerlo.

Pero no se trata sólo, señorías, de un problema de gestión. Se trata también de poner de manifiesto que hay un compromiso para avanzar hacia una sociedad -algo de lo que conceptualmente se ha abusado mucho y que me resisto a decir-, hacia un modelo de sociedad que sea equiparable a aquel modelo de sociedad de los países más desarrollados, más justos, con mayor capacidad de modernización, de progreso y de igualdad. En este proyecto hacia el que queremos avanzar sin duda recogemos una vieja aspiración popular de libertad, de justicia y de igualdad. En muchos países europeos, el impulso del socialismo democrático ha contribuido de manera decisiva a que se realice ese tipo de sociedad fundamentada en la justicia, en la igualdad y en la solidaridad. Queremos que la confianza depositada por el pueblo español en el Partido Socialista cumpla esta función y estos objetivos. Creemos fundamental para conseguirlo, para avanzar paso a paso hacia esa sociedad, que nadie se aferre al pasado y que nadie pretenda que hay formulaciones mágicas que nos colocan en el futuro sin esfuerzo. Pretendemos, por consiguiente, huir de esa doble contradicción que, por otra parte y desde otras perspectivas, intenta con frecuencia y con algún atisbo demagógico, intenta quemar etapas, intenta inventar el futuro sin ser capaces de transformar paso a paso el presente.

La sociedad a la que aspiramos -yo creo que a la que aspira la mayoría de los ciudadanos- obliga a los poderes públicos a garantizar a todas las personas las mínimas condiciones materiales necesarias para una vida digna, y el Gobierno ha de asumirlo -y yo lo asumo así- haciéndolo compatibles siempre con el equilibrio fiscal del Estado. La tarea del Gobierno se dirigirá, por consiguiente, a la búsqueda de una eficacia económica y de una eficacia social complementaria. Tenemos que seguir intentando elevar la productividad de los servicios públicos, fomentar la descentralización de las decisiones, mantener con rigor el gasto que reporta un beneficio social y suprimir lo que sea un gasto innecesario. Es imprescindible continuar los esfuerzos que hemos venido desplegando para mejorar las prestaciones sociales, para proporcionar a nuestros conciudadanos más y mejor sanidad, más y mejor cultura, más y mejor educación, más protección al desempleo y más atención a los pensionistas. Tenemos que ser capaces de conseguir que ese proceso tecnológico al que aspiramos, y que todos pretendemos que no pase de largo por nuestra sociedad, sea un proceso que desarrolle armónicamente al conjunto de la sociedad. Tenemos que ser capaces de conseguir una sociedad equilibrada y superar una sociedad dual que rechazamos; equilibrada socialmente y equilibrada desde el punto de vista interterritorial.

En torno al socialismo democrático, creemos que puede y que debe aglutinarse un bloque social capaz de superar los atrasos que vienen en España de tan lejos y de construir mediante el diálogo social permanente una nación moderna y avanzada en la que todos los españoles podamos sentirnos a gusto. Deseamos, por consiguiente, señorías, avanzar por el camino de una sociedad flexible y dinámica, capaz de adaptarse a los cambios, que mire al futuro con esperanza y con voluntad de dominarlo; de una sociedad donde nadie vea coartada su libertad, su creatividad o el desarrollo de sus potencialidades como persona; de una sociedad donde todos tengan garantizado el bienestar material imprescindible; de una sociedad donde nadie se sienta discriminado o injustamente tratado; de una sociedad, desde luego, donde nadie vea amenazada su vida y su convivencia en paz.

Sabemos que ésta es una larga tarea que se cubre paso a paso y con tenacidad, impulsando acciones positivas y corrigiendo errores cuando se cometen. Pero conscientes de las limitaciones, abordaremos la acción de gobierno con esa aspiración. Para ello es, señorías, para lo que solicito el voto favorable en esta investidura, con la conciencia clara de que ese proyecto se verá cumplido mucho más rápida y eficazmente cuanto mayor sea el apoyo social y político que logremos aglutinar.

Gracias, señorías.