Intervención del presidente del Gobierno en el pleno del Congreso de los Diputados

Congreso de los Diputados

Señora presidenta, señorías,

En un semana como ésta, hace cuatro décadas, en este mismo lugar, 258 diputados y diputadas aprobaron el dictamen de la Comisión Constitucional sobre nuestra Carta Magna. Fue un primer paso en un camino que concluyó el 6 de diciembre de 1978, con la aprobación en referéndum de la que es hoy nuestra Constitución.

En aquella España todavía persistían discriminaciones que no podrían ser entendidas por las generaciones actuales. Era una España con casi todo por hacer, desde su propia Constitución hasta la descentralización territorial y local del vetusto Estado centralista procedente de la dictadura.

Una España en la que Europa seguía siendo una aspiración lejana para millones de españoles y españolas.

Aquél verano, precisamente de hace cuarenta años, en esta ciudad mientras 258 diputados y diputadas trazaban la España que habría de ser, miles de personas salían a las calles para reivindicar con orgullo y por primera vez, su libertad sexual.

La España en la que todo estaba por hacer empezó a caminar en consecuencia con un paso de temor y esperanza, también. El temor a perder la democracia recién conquistada, y la esperanza del progreso y la libertad que se abrían de par en par, como consecuencia de esa democracia conquistada.

Una España aún amenazada por quienes vivían atrapados en la nostalgia de un tiempo que supuso para los españoles represión y exilio. Una España golpeada por el terror que sembró la muerte durante décadas y cuya derrota por la democracia quedó certificada este año.

La generación de entonces, señorías, entendió que había que avanzar, cometiendo errores, dado que nadie está libre de incurrir en ellos. En la vida, señorías, yerra aquel que camina, el que se mueve, el que propone. Porque en la quietud de quien espera inmóvil a que los problemas se arreglen solos, reside el germen de la frustración de una sociedad que termina adelantando a sus instituciones por el carril de la historia.

En el relato de estas cuatro décadas hay tiempo para las alegrías, y también para las decepciones, pero en el cómputo general, sin duda, hay más aciertos que errores.

Hoy, España es una democracia consolidada, homologable a la del conjunto de países europeos, con una economía internacionalizada, con unos profesionales reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras, con empresas líderes en sectores de futuro. España, en definitiva, cuenta, señoras y señores diputados, con un Estado social y democrático de derecho cuya calidad institucional es reconocida en los rankings más prestigiosos del mundo. Y con un nivel de descentralización política y de autogobierno superior al que muchos países, de corte federal semejantes al nuestro, tienen.

En términos históricos, señoras y señores diputados, todo este ejercicio de transformación y de modernización se ha realizado en un suspiro, en cuarenta años. Con el impulso, en primer lugar, que dieron los ciudadanos con su respaldo a las opciones políticas transformadoras, y, también, bajo el liderazgo compartido de diferentes Gobiernos que obraron como mejor supieron, todos ellos de acuerdo a sus convicciones y siempre sirviendo a España.

Es la sociedad, señorías, la que lideran los cambios a los que la política no responde siempre con la rapidez necesaria y por eso el principal propósito del nuevo Gobierno es caminar junto a la sociedad. Es poner el reloj de la política a la hora de España. Es acompañar a los hombres y mujeres trabajadoras y empresarios y empresarias. Es estar juntos a las personas discapacitadas. Es ganar cuotas de igualdad entre hombres y mujeres. Es servir a la España urbana, pero también a la España rural. Es construir una alianza entre todas las generaciones. Es cuidar de los que están fuera de nuestro país, atender a quienes llegan a nuestras costas huyendo de la guerra y del horror. Pensar en las generaciones que están por venir y que merecen heredar un planeta sostenible, alertar ante cualquier tipo de discriminación y de delito de odio, fortalecer los lazos que unen a todos los pueblos de España. Y en definitiva, situar a la política, a nuestra democracia, a sus instituciones, a la altura de una sociedad solidaria, abierta y profundamente europeísta, como es la española.

Señorías, un país que mira al futuro tiene que estar en paz con su pasado. Y con el bagaje que dan nuestros cuarenta años de democracia constitucional esto tenemos que hacerlo con serenidad, con moderación y con naturalidad.

Pertenezco a una generación que nació y creció en democracia; que ha vivido y ha trabajado fuera de España y ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura, la nuestra tampoco. Por eso, señorías, quiero anunciarles que la decisión política de este Gobierno es firme: vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de Los Caídos. Y su materialización, a falta de dar los últimos retoques al instrumento que lo hará posible, será señorías, en breve. En muy breve espacio de tiempo. Las heridas han estado abiertas durante muchos años, demasiados, y ha llegado el momento de cerrarlas. Nuestra democracia tendrá símbolos que unan a la ciudadanía, no que la separen.

Señorías, el pasado 31 de mayo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 de nuestra Constitución recibí el encargo de la mayoría de la Cámara de formar Gobierno. Asumí, lo que considero es el mayor privilegio, el mayor honor de cualquier ciudadano de nuestro país. Y lo hice con la premisa de que tal Gobierno iba a tener una composición paritaria, que sería decididamente europeísta y con el firme propósito de consolidar el crecimiento económico y la creación de empleos dignos. He impulsado esos compromisos en una Agenda Europea, particularmente intensa, a lo largo de estas últimas semanas, con viajes a Lisboa, a París, a Berlín, con la participación del Gobierno de España en los Consejos Europeos y, también, en la Cumbre de la OTAN.

Señorías, entiendo el europeísmo, como lo hace la mayor parte de la sociedad españolas. Como el compromiso con los valores que han hecho de nuestro continente un espacio de paz y libertad, de cohesión y de defensa de los Derechos Humanos.

Una de las primeras decisiones que adopté como jefe del Ejecutivo fue acoger al buque 'Aquarius'. Lo hice, señorías, primero, por coherencia con nuestra propia historia, la historia de compatriotas que no hace mucho tiempo tuvieron que ser exiliados, y verse exiliados durante la larga noche franquista que fueron acogidos, por citar algunos países, en Francia, en México, en Venezuela o en Argentina.

Lo hice también en coherencia con los valores de solidaridad, que definen a la sociedad española, y que pedimos tengan otras sociedades que reciben a nuestros hijos e hijas emigrantes, como consecuencia de la falta de oportunidades en nuestro país.

Lo hice, en definitiva, como una llamada de atención a la Unión Europea para actuar en favor de la dignidad y de los Derechos Humanos.

En el Consejo Europeo la cuestión migratoria fue central. España defendió la idea de que son necesarias respuestas en el ámbito europeo a desafíos globales, como es el de la migración. Lo hice desde el valor de nuestra experiencia como país fronterizo, y en nuestra relación con los países de origen y de tránsito. El resultado del Consejo lo he dicho públicamente, y quiero también compartirlo con ustedes señorías, no es el que hubiera gustado al Gobierno, pero mantuvimos algo importante, mantuvimos viva la llama de una política migratoria europea, solidaria con el continente africano y decidida a construir un sistema europeo común de asilo. Y comprometida, señorías, con algo que sería importante que no se quebrara en la política española; comprometida a preservar la libre circulación de personas, que es el principal fundamento de nuestra Unión, y que hoy está siendo puesto en cuestión por la ultraderecha europea.

Solidaridad y responsabilidad fuera, pero también dentro de nuestras fronteras. Y esa es la idea que explica el por qué el Gobierno defendió el acuerdo con Alemania para la recepción de solicitantes de asilo provenientes de ese país.

Hace un mes y medio, señorías, solicité su apoyo para impulsar el cambio en nuestro país, para liberar a la política de la correa de la corrupción y de la falta de ejemplaridad a la cual se había sometido durante estos últimos siete años.

Si algo tengo claro, es que la moción de censura ha servido para un cambio de época en la política española, un cambio que conviene seguir cultivando y consolidando a base de diálogo y de acuerdo. Y sigo creyendo que merece la pena intentarlo, porque a fin de cuentas, la línea más corta entre dos posiciones, siempre es el acuerdo. Y cegando la mera posibilidad del debate, como ha ocurrido durante estos últimos siete años, hemos terminado por cegar durante demasiado tiempo la posibilidad de todo tipo de acuerdo. Así que es hora de abrir esa vía, aunque el tiempo evidentemente es limitado, más limitado aún que el de una legislatura completa, hay mucho que hacer y en múltiples ámbitos.

Este mandato de acción, el nuevo Gobierno lo ha asumido desde el primer instante, desplegando políticas, reconstruyendo complicidades y relaciones institucionales que durante estos últimos siete años se perdieron, ya sea con los presidentes autonómicos --con los cuales me voy a reunir con todos y cada uno de ellos a lo largo de los próximos meses--, con la máxima representación de los Ayuntamientos, o también con los agentes sociales, con los cuales me he reunido a lo largo de este mes y medio de vida del nuevo Gobierno, en dos ocasiones.

Y todo ello, señorías, durante unas semanas en las que el traspaso de poderes y las urgencias inmediatas no nos han impedido marcar una línea coherente, con los principios que explicaron la moción de censura que trajo a este nuevo Gobierno. Y en este punto quiero hacer una mención especial a la normalidad institucional, como una buena noticia, como una magnífica noticia, que da prueba de la fortaleza de nuestra democracia y también de nuestras instituciones. Quiero reconocer la labor de los funcionarios, del personal de las Administraciones Públicas, quienes, desde la independencia, y la vocación de servicio público constituyen el armazón del Estado gobierne quien gobierne este país.

Dicho esto, señorías, anuncié desde un principio que el nuevo Gobierno iba a tener una agenda europeísta, una vocación modernizadora, una inspiración progresista y un alma feminista.

En el territorio de la igualdad de género y de la representación política de la mujer, España cuenta hoy con ser el primer país de la OCDE con más mujeres que hombres en el Consejo de Ministros. Hemos cumplido la famosa regla de la paridad, 60-40: 60% para las mujeres y 40% para los hombres.

Señoras y señores diputados, me propongo a continuación a trasladarles la Agenda del Cambio que pretende liderar el Gobierno, esperamos con el apoyo mayoritario de esta Cámara.

Una Agenda del Cambio que se va a sustentar en cuatro pilares fundamentales:

El primero, consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo digno.

El segundo, avanzar en igualdad y en cohesión social.

El tercero, regenerar nuestra democracia y fortalecer nuestra cohesión territorial, sentando las bases para la solución de una crisis largamente larvada, que es la catalana.

Y en cuarto lugar, una participación activa en la construcción europea y el papel de España en el mundo.

Paso a continuación al primero de los objetivos que es, sin duda, el más importante: consolidar el crecimiento y la creación de empleo.

Señorías, hace justo una década, los primeros embates de la crisis económica golpearon a nuestra sociedad con una fuerza hasta entonces desconocida. España ha tenido que pagar una elevada factura para superarla. Una factura que ha expulsado a millones de españoles del mercado de trabajo y ha cerrado miles de empresas. Una factura que ha quebrado nuestra cohesión social y ha ensanchado como nunca los límites de la desigualdad social y territorial en nuestro país.

Nuestro país, por desgracia, lidera todos los rankings de desigualdad. La más grave: la desigualdad entre los jóvenes; la más dolorosa: la pobreza infantil.

Los jóvenes son los principales damnificados de la crisis, pero también de las equivocadas políticas en respuesta a esa crisis como consecuencia de los recortes y la austeridad. En las políticas educativas, por poner un ejemplo, o en las políticas de vivienda, por citar otro, sin olvidar la rueda de la precariedad laboral a la que están condenados.

Sin cohesión, hemos frustrado las expectativas de generaciones enteras, que crecieron creyendo en el mérito y en el esfuerzo. Sin cohesión, las sociedades se vuelven inseguras y egoístas, se encierran en sí mismas, y pierden la necesaria confianza en su democracia y en sus instituciones.

Diez años después, España ha recuperado, por fin, el nivel de renta per cápita, pero lo ha hecho con 1,6 millones menos de ocupados; con una emigración forzosa de muchísimos jóvenes fuera de nuestro país; con un alto paro juvenil, con menos población activa, en particular entre las mujeres y con un paro de larga duración que es el principal desafío que tiene nuestro país en este ámbito y la devaluación salarial que ha dado carta de normalidad a la figura del trabajador o la trabajadora pobre.

España, en consecuencia, señorías, crece, sí, pero no redistribuye ese crecimiento. España crece, sí, pero a golpe de precariedad, y no de productividad. España crece, sí, pero elevando sus emisiones de CO2, ajena al cambio climático y a su impacto en la España urbana y también, en la España rural, donde los riesgos de incendios forestales, la carestía del agua, y la despoblación constituyen ya su principal desafío. España crece, sí, pero en base al esfuerzo fiscal, reconozcámoslo, de la clase media y trabajadora, no de los grandes conglomerados empresariales que eluden su responsabilidad fiscal y, en consecuencia, lo que hacen es erosionar los ingresos fiscales que sostienen los pilares de nuestro Estado del bienestar.

Fíjense, la prueba más evidente de lo que estoy diciendo es que tras años por parte de la anterior Administración de subir impuestos a la clase media y trabajadora, a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios, tras años de ajuste fiscal, y de recortes en el Estado del bienestar, el déficit público de España es el más alto de la Unión Europea, 3,1% del PIB frente al promedio del 1% en Europa. Y con un volumen de deuda, próximo al 100% de nuestro PIB en un contexto financiero excepcional, extraordinariamente positivo y favorable, gracias a las políticas expansivas del Banco Central Europeo.

Y por tanto, ¿qué hacer? Señorías, en política económica la Agenda del Cambio que proponemos cuenta con los siguientes puntos en los que cree la mayoría de esta Cámara, que se puede encontrar reconocida en su Gobierno. En primer lugar, estabilidad presupuestaria y cohesión. Nuestro propósito es conjugar el necesario saneamiento de las cuentas públicas con la reconstrucción de nuestro Estado del bienestar. Es posible, otros países lo han hecho, nosotros también podemos hacerlo. Ello exige un compromiso explícito con la estabilidad presupuestaria que el Gobierno asume en primera persona, en especial, a las puertas de un objetivo importante para nuestro país, al menos, así lo entendemos nosotros, como es salir en el año 2019 del brazo correctivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Como saben, este Gobierno ha propuesto la modificación de la senda de estabilidad para los próximos dos años: 2,7% del PIB de déficit público en 2018, en lugar del 2,2%, que había propuesto el anterior Gobierno, y un 1,8% en 2019, en lugar del 1,3% previsto por el anterior Gobierno.

Estos objetivos, señorías, --y eso me parece muy importante para el debate que se pueda sustanciar en las próximas semanas, y en los próximos meses--, estos objetivos, en primer lugar, son coherentes con la evolución económica de nuestro país. Son coherentes con las estimaciones que han hecho la Unión Europea, el Banco de España, la AIReF, y los principales servicios de estudios económicos de nuestro país. Y son coherentes, y esto es lo más importante, al menos para este Gobierno, con las necesidades sociales de nuestro país. Y en este sentido, quiero anunciarles lo siguiente: Las cinco décimas adicionales de déficit se van a repartir entre los diferentes niveles de las Administraciones Públicas, de forma que las CCAA contarían con dos décimas más pasando de un objetivo de déficit público del 0,1 al 0,3 % del PIB, y estos dos décimas se traducirían en unos 2.400 millones de euros de margen fiscal adicional para el conjunto de las Administraciones Autonómicas.

El Gobierno lo que va a hacer es convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para el jueves, día 19 de julio, y el día 20 de julio lo aprobará el Consejo de Ministros. Aspiramos, señorías, señoras y señores diputados a contar con el apoyo de la mayoría de las Cámaras.

En segundo lugar, España está dando un paso al frente para defender un proyecto de Europa abierto y solidario y así lo defendí, además, en el Consejo Europeo. Ese futuro pasa por inculcar lo que se llama el Pilar Fiscal del euro, con un presupuesto que sirva como herramienta, no solamente para la estabilidad y la competitividad que nos dicen muchos de los países del norte y del este de Europa, pero también para la convergencia que es necesaria si queremos lograr esa estabilidad y esa competitividad. En ese sentido, el acuerdo de Mesenberg entre Francia y Alemania, que se firmó hace pocas semanas, constituye un paso adelante en la construcción de ese Pilar Fiscal. Nosotros lo apoyamos, y afianzar ese compromiso será el principal mensaje que trasladaré al presidente francés, Macron, en su primera visita oficial a España, el día 26 de julio.

Y en relación con un aspecto clave, como la Unión Bancaria, los Estados miembros hemos acordado que sea el Mecanismo Europeo de Estabilidad el que provea el respaldo fiscal para el Fondo Único de Resolución y en seguir trabajando, y esta es una de las principales, digamos, apuestas, compromisos por parte del Gobierno en España, en crear y poner en marcha, de una vez por todas, el Fondo Europeo de Garantía de Depósitos. Ambos instrumentos son, a nuestro juicio, a juicio del Gobierno, y creo que de la mayoría de la Cámara, fundamentales para evitar futuras crisis bancarias y financieras que también hemos sufrido en nuestro país.

En tercer lugar, señorías, el nuevo Gobierno es consciente de que no va a haber justicia social, si no hay justicia fiscal, sin que contribuya más el que más tiene, que no es lo que ha ocurrido hasta ahora.

Si el anterior Gobierno no hizo otra cosa más que subir los impuestos a la clase media y trabajadora a los pequeños y medianos empresarios. El nuevo Gobierno no elevará los impuestos a los ciudadanos de a pie, pero sí va a exigir un mayor esfuerzo fiscal a los grandes conglomerados empresariales.

Y nuestras prioridades, señorías, serán, en primer lugar, una fiscalidad que tenga en cuenta el impacto de las compañías tecnológicas, que no pagan impuestos. Este es un asunto en el que existe un amplio consenso dentro de la Unión Europea. En segundo lugar, rediseñar nuestro impuesto de sociedades. Nosotros no nos resignamos a que las pequeñas y medianas empresas tengan tipos efectivos superiores a los grandes conglomerados empresariales de nuestro país. Esto no es justo. Así que, lo que vamos a proponer a la Cámara es que el tipo efectivo de las grandes corporaciones se acerque al tipo nominal y en ningún caso sea inferior al 15%. Eso se llama, señorías, justicia fiscal. Y es lo que va a aprobar y por lo que apuesta este Gobierno.

En el ámbito de la necesaria transición ecológica es preciso diseñar un paquete de figuras tributarias orientadas a desincentivar las prácticas que perjudiquen el medio ambiente y, en consonancia con las resoluciones del Pacto de Toledo, y en la misma línea que están haciendo, por cierto, otros países europeos, pondremos en marcha una figura impositiva finalista vinculada al sector financiero que complemente las cotizaciones a la Seguridad Social y contribuya a sostener el sistema público de pensiones y la dignidad de las jubilaciones de nuestros mayores.

Y, por último, pero no menos importante, vamos a luchar contra el fraude fiscal y contra la elusión fiscal. Y, señorías, en este punto me gustaría detenerme en el debate suscitado sobre la amnistía fiscal, aprobada por el anterior Gobierno, y la afirmación del actual Gobierno de no poder publicar el listado de los amnistiados. En primer lugar, conviene recordar, señorías, que el Grupo Parlamentario Socialista fue quien presentó el recurso ante el Tribunal Constitucional por considerar que esta amnistía era ilegal e injusta. Y nosotros nos reafirmamos en esa convicción.

En segundo lugar, el anterior Gobierno, para justificar la amnistía fiscal, previó recaudar 2.500 millones de euros, y ni siquiera llegó a la mitad. Es decir, además de esta amnistía fiscal ser un fracaso, digamos moral, lo es también, desde el punto de vista recaudatorio, y también nos reafirmamos en esta convicción.

En tercer lugar, la amnistía fiscal ya cuenta con una sentencia dura, durísima, por parte del Tribunal Constitucional a la anterior Administración. El Constitucional declaró nula la amnistía, pero también, -esto es importante que lo sepa la Cámara- se pronunció expresamente sobre la irretroactividad de la misma. Así que, desgraciadamente, no es posible revisar los casos que se acogieron a dicha amnistía, y esa imposibilidad afecta, señorías, según el artículo 9.3 de la Constitución Española, a la publicación de los nombres de las personas que se acogieron a la misma.

Por tanto, desafortunadamente, no podemos modificar un pasado ya sentenciado. Ya me gustaría, créanme. Pero sí podemos evitar que se produzcan nuevas amnistías fiscales. Y por ello, les anuncio que el Gobierno presentará un Anteproyecto de Ley de Prevención y de Lucha contra el Fraude Fiscal para perseguir a los grandes defraudadores, incluir en la lista de morosos a los responsables solidarios de esa morosidad, actualizar la lista de paraísos fiscales, y prohibir futuras leyes de amnistía fiscal. Que nunca vuelva a haber una amnistía fiscal en nuestro país.

Este es el compromiso del nuevo Gobierno: justicia fiscal para lograr una justicia social. Que no vuelva a haber amnistías fiscales. Un Estado del Bienestar, señorías, de primera, exige un sistema fiscal de primera división y no de tercera, como lo tenemos en la actualidad.

Señorías, en cuarto lugar, creo que es importante subrayar el compromiso del Gobierno por crear empleo, y que este empleo sea digno.

España arrastra un problema endémico de salarios bajos que no se explica únicamente por la débil evolución de nuestra productividad, sino también por la merma en el poder de negociación de los trabajadores, favorecida por la reforma laboral del anterior Gobierno.

La segmentación y la elevada temporalidad, asociada a empleos de baja calidad y salarios bajos configuran una realidad, que para este Gobierno, no puede ser asumible. Y, ante ella, el Gobierno se propone actuar en las siguientes direcciones:

En primer lugar, lograr que los salarios recuperen el peso que tenían en el reparto de la renta nacional en el periodo previo a la crisis. En ese sentido, la línea de incrementos salariales pactada por los agentes sociales en el marco del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva, incide precisamente en esa dirección, que apoyamos desde el Gobierno y que ya apoyábamos, también cuando estábamos en la oposición, en el famoso y llamado "Pacto de Rentas": la de incrementar el salario mínimo por convenio, de manera progresiva, hasta los 14.000 euros y subidas anuales de entre un 2% y un 3% en el periodo de vigencia del acuerdo. Por tanto, subidas salariales, reparto equitativo de la riqueza entre los beneficios empresariales y las rentas asalariadas es el primero de los objetivos.

El segundo, señorías, es aprobar un Plan Director contra la Explotación Laboral. Lo haremos en el Consejo de Ministros de antes de finalizar el mes de julio, y supondrá un cambio de rumbo en las políticas laborales desarrolladas en nuestro país desde la reforma laboral del año 2012.

Persigue poner en marcha políticas e instrumentos para erradicar la desregulación de las condiciones de trabajo y la precariedad laboral, con la implicación y coordinación del conjunto de las administraciones y el diálogo social con la participación de los sindicatos y de las patronales. Este mismo verano se pondrán en marcha planes de choque contra los fraudes en la temporalidad injustificada y la parcialidad abusiva. Y esta, señorías, es una apuesta decidida y clara por el empleo de calidad, igualitario y con derechos.

Persigue, entre otros objetivos, poner fin a la temporalidad, la parcialidad abusiva; la utilización de los falsos autónomos; los excesos de jornada y las horas extraordinarias ilegales; las discriminaciones por razones de género, de raza, de edad, etc.; potenciar la prevención de riesgos laborales y combatir el fraude laboral y la economía sumergida.

Señorías, en tercer lugar, el diseño de políticas activas de empleo y formación adecuadas a las dificultades específicas de nuestro mercado laboral, representa también otro de los ejes de actuación del nuevo Gobierno.

Las políticas activas de empleo tienen que anticiparse a una realidad que experimenta los cambios de las nuevas formas de trabajo de la Industria 4.0. Tenemos que avanzar en la adaptación curricular a las nuevas ocupaciones y anticipar los grandes cambios para sintonizar oferta y demanda de nuevas competencias laborales.

El mundo, señorías, saben ustedes mejor que nadie, está cambiando a nuestro alrededor y los poderes públicos no pueden ser meros testigos de ese cambio. Al contrario, tienen liderarlo, abrir camino. Tienen que trazar la senda para no dejar a nadie atrás.

No somos, tampoco, señorías, ajenos a la brecha salarial que sufren los trabajadores, sobre todo, y singularmente, las trabajadoras. Apoyamos la tramitación de las leyes sobre brecha salarial e igualdad laboral que la Cámara está debatiendo.

Y, por último, pero no menos importante, los jóvenes. Señorías, en el relato triunfal de la salida de la crisis casi siempre se omite el recuerdo de lo que hemos perdido durante todos estos años en el camino. Hubo damnificados, todavía los hay, y muchos, en todas las franjas de edad. Pero la huella de esta década perdida ha dejado una profunda cicatriz en una generación enfrentada a un muro invisible que es el de la frustración. Esa generación está marcada por el desencanto. Hemos perdido demasiados, cientos de miles que hoy desarrollan sus carreras profesionales fuera de nuestro país. Y muchos otros que, cuando se han reincorporado al mercado de trabajo en nuestro país, lo han hecho en condiciones salariales indignas o en puestos de trabajo que nada tiene que ver con la formación que habían cursado.

En los próximos meses, señorías, el anuncio que les quiero hacer es que el Gobierno va a poner en marcha un Plan de Choque para crear empleo juvenil donde se revisará y se promoverán los contratos de relevo y de prácticas; donde se pondrán en pie nuevos instrumentos de políticas activas de empleo para los jóvenes; desarrollará una nueva regulación de las prácticas no laborales y los programas de becarios; creará el Estatuto del Becario y eliminará las prácticas extracurriculares.

Señorías, no quiero terminar el capítulo del mercado laboral, sin mencionar el compromiso del Gobierno de España para derogar el párrafo 3 del artículo 315 del Código Penal, relativo a la tipificación agravada de delitos relacionados con la libertad sindical.

Con la creación del Ministerio de Ciencia e Innovación y con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Gobierno sitúa como objetivo prioritario en la política económica el cambio de modelo productivo. España debe ampliar los motores de crecimiento. El turismo y la construcción son importantes. Son fundamentales, crean empleo, crean riqueza. Y así deben continuar haciéndolo. Desde luego, el Gobierno de España va a impulsar y va a apoyar, --y posteriormente, haré alguna referencia a ello--, el dinamismo de estos dos grandes sectores para la creación y la riqueza de nuestro país, pero debemos aumentar el número de motores de crecimiento, impulsando la ciencia y la reindustrialización de nuestro país.

España no puede permanecer ajena a la revolución que va a marcar el futuro de nuestro empleo, de nuestro sector productivo, y también de nuestro modelo de Bienestar.

Los años perdidos por la inejecución del presupuesto en Ciencia y en I+D+i y por el retroceso de la inversión pública que representan, durante estos años el abandono, precisamente, por parte de la Administración anterior, lo que han hecho ha sido posicionar a España en un lugar que no merece, dadas sus características económicas.

Tenemos, en consecuencia, la obligación de reconquistar el terreno perdido. De no rendirnos a ese falso lapidario de que "inventen ellos", en referencia a la Europa que hoy acoge a investigadoras e investigadores españoles que aquí no encontraron sitio. Así que, no, señorías, que inventen, aquí, en España. Este es el principal compromiso de nuestro Gobierno.

Este Ejecutivo está firmemente comprometido con el aumento de los fondos para la Ciencia, para la I+D+i. Así como levantar las cadenas que impiden la eficaz ejecución de los presupuestos asignados a centros científicos españoles de renombre y líderes en el mundo y en Europa.

Es fundamental también, avanzar en la colaboración público-privada en este ámbito, como forma de imbricar de forma intensa al tejido productivo con el conocimiento que sale de la universidad-. Y en esta estrategia, señorías, de modernización de nuestro sistema productivo, nosotros creemos que la Formación Profesional debe tener un protagonismo fundamental, tanto como para estar presente en la denominación del nuevo Ministerio de Educación.

El Gobierno, en este ámbito, se propone tres prioridades de actuación:

Primero. Integrar en un catálogo único cursos, módulos y ciclos formativos de los dos subsistemas de Formación Profesional bajo un mismo currículo.

En segundo lugar, regular -de una vez por todas en nuestro país- la Formación Profesional Dual.

Y por último, elaborar un mapa sobre el ajuste de la oferta y la demanda de la FP media y superior en las Comunidades Autónomas, así como de las especialidades emergentes que plantea la nueva economía.

El nuevo Gobierno, por otro lado, comparte el objetivo fijado por la Comisión Europea de que la industria represente el 20% del PIB en el año 2020 en nuestro país. Y fruto de este compromiso, la política industrial debe girar en torno a la transformación digital y la internacionalización.

Las pequeñas y medianas empresas serán la piedra angular de esta estrategia. La búsqueda de nuevas formas de financiación, la reducción de las trabas administrativas, el apoyo decidido a la iniciativa emprendedora formarán parte esencial de esta misma estrategia.

Nuestro país tiene grandes fortalezas en sectores determinados que no podemos desaprovechar, como por ejemplo son las energías renovables. Y, en ese, y en otros ámbitos, este Gobierno asume el firme propósito de acompañar a los sectores dinámicos, que generan riqueza y también oportunidades. Sectores que tienen como protagonistas a las PYMES y también a los autónomos. Y que proyectan la imagen exterior de nuestro país.

Hay, señorías, mucho talento en España, tanto como reconocimiento obtenemos fuera, y muy pocos medios en España para aprovecharlo. De lo que se trata, en consecuencia, es de acompañar con medios ese talento, y creo en un Gobierno que camina junto a los innovadores que abren puertas al comercio y no se conforman con la inercia favorable.

Señorías, en este punto sí me gustaría trasladarles algo importante para este Gobierno. España, Europa, yo creo que también la economía internacional, después de las declaraciones y las actitudes que estamos viendo en las últimas semanas por parte de algún dirigente extranjero: nos estamos enfrentando a un periodo de incertidumbres en ámbitos como el de la política comercial. España defenderá, como defendió en el Consejo Europeo, la necesidad de que la Unión Europea siga unida en su respuesta a las medidas proteccionistas anunciadas por la Administración estadounidense.

Y en el ámbito del turismo, queremos impulsar la Agenda 2030 para incorporar criterios de responsabilidad y sostenibilidad. Y de lo que se trata, en definitiva, no es más que algo que nos dice sistemáticamente el sector del turismo, y es que tenemos que modernizar, que tenemos mejorar la competitividad del sector turístico, sin aprovecharse solo de los vientos de cola, sin aprovecharse solo de que los competidores regionales estén afectados por crisis políticas profundas, viendo evidentemente rebajado su nivel de afluencia de turismo.

El cambio de modelo productivo debe sostenerse en todos los departamentos de la acción de Gobierno, también en el ámbito de las infraestructuras, donde nuestro trabajo estará basado en la transparencia, en el realismo a partir de tres ejes. El primero, reorientar el sistema de transportes desde parámetros de calidad de vida, de cohesión social y territorial y el impulso de la economía productiva.

El segundo, hacerlo con el consenso de las Comunidades Autónomas y también con los Ayuntamientos. Esa es la filosofía que estará presente, por ejemplo, en la elaboración de un Plan Nacional de Cercanías de Movilidad Urbana.

Y, finalmente, una apuesta decidida por la transparencia, por la digitalización, por la eficiencia y por la evaluación social de las inversiones en infraestructuras.

Es hora de rescatar una auténtica política de vivienda, también señorías, al servicio de la ciudadanía. Y, en especial, en materia de alquileres. Por motivo de esta cuestión nos hace proponer lo siguiente: En primer lugar, elevar la prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento de tres a cinco años.

Limitar las fianzas adicionales que el arrendatario tiene que prestar para alquilar la vivienda. Y ajustar la definición de arrendamientos de temporada para excluir de la Ley de Arrendamientos Urbanos a la vivienda turística.

Vamos a reorientar, también, el Plan Estatal de Vivienda 2018/2021 hacia la vivienda pública y la vivienda del alquiler. Nos proponemos impulsar un parque de 20.000, 20.000 viviendas públicas en el plazo de cuatro años, destinadas de forma indefinida al alquiler en aquéllos municipios con demanda acreditada.

Señorías, cuando hablamos de infraestructuras, hablamos también de vertebrar el territorio, y igualdad de oportunidades, con independencia del lugar en el que se resida.

Esta afirmación es especialmente relevante, en relación con la España rural y uno de los elementos fundamentales para su desarrollo económico, como es la agricultura y la pesca.

Tuve la ocasión de abordar asuntos relevantes en este sector en el reciente Consejo Europeo. Entre ellos, quiero manifestar de nuevo aquí, en la Cámara del Congreso de los Diputados, el compromiso del Gobierno España en defender a los productores de la aceituna negra, frente a los efectos de las políticas proteccionistas que algunos países están impulsando.

Señorías, estamos actualmente en pleno proceso de negociación del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y de la reforma de la Política Agraria Común a partir de 2020. Y para este Gobierno la Política Agraria Común es una cuestión de Estado, y por ello vamos a defender, con el más amplio consenso posible, una PAC fuerte, con un presupuesto acorde a los grandes retos que se plantean como son, entre otros, la lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente.

Contamos ya con el respaldo de los principales representantes de los sectores afectados, las Comunidades Autónomas, y estamos convencidos de que podemos seguir ampliando nuevas alianzas con Estados miembros y también con el Parlamento Europeo --en esta cuestión tiene muchísimo que decir-- con el fin de alcanzar nuestro objetivo de mantener un presupuesto de esta política fundamental para España.

En definitiva, necesitamos contar con una política europea potente para mantener y para desarrollar el medio rural que ofrezca oportunidades de vida y trabajo para mujeres y jóvenes, evitando el despoblamiento --que es esa enfermedad silenciosa que afecta a buena parte del territorio español-- y el desarrollo, también, de un sector agroalimentario y forestal más competitivo y sostenible. Este Gobierno es consciente de que una agricultura con futuro, implica una España rural con futuro.

Señoras y señores diputados.

La transición ecológica de la economía es fundamental para el cambio de modelo productivo, y para consolidar un crecimiento económico sostenible.

Este Gobierno quiere mirar la economía desde la perspectiva ecológica. Viendo oportunidades donde otros ven amenazas. Así que nos marcamos tres grandes prioridades normativas para este mandato. En primer lugar, aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En segundo lugar, un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y en tercer lugar, un Plan Integral de Innovación Tecnológica y Desarrollo Económico de la Transición Energética.

Como saben, nos enfrentamos a amenazas, evidentes, reales. Somos un país expuesto como pocos a las amenazas del cambio climático. El volumen de emisiones de CO2 en el año 2017 (tengan ustedes en cuenta este dato, señorías) de 338 millones de toneladas, representa un aumento del 4,4% respecto al año 2016, y es el mayor, en términos interanuales, desde el año 2002.

Este Gobierno pretende impulsar esa transición ecológica. Pretende hacerlo a través de una transición justa, en aquellas zonas que se vean afectadas, como consecuencia del cambio de modelo energético. Y ubicar, también, a la sociedad civil en el centro de su labor en este ámbito, apostando por medidas como el autoconsumo energético.

Queremos eliminar trabas, barreras ante una revolución, que entendemos, que puede ser ciudadana, que democratizará nuestro sistema energético y convertirá a los ciudadanos, empresas e instituciones en agentes del cambio, en esa transición energética.

Recursos finitos, recursos limitados como el agua, también señorías, requieren de planteamientos en el medio y en el largo plazo, así lo dijimos cuanto estábamos en la oposición, y así queremos ejercerlo cuanto estamos en el Gobierno.

Una política coherente de agua no puede limitarse al mero deseo de ver si llueve, como hizo el anterior Gobierno.

Hay mucho que hacer en un campo en el que falta consenso y sobra la mirada de corto plazo. El Gobierno va a trabajar en una nueva cultura del agua. Vamos a impulsar los planes de sequía y vamos a ejecutar inversiones, señorías, previstas, financiadas con Fondos europeos, en muchos casos, y en los que acumulamos retrasos que implican riesgo de devolución de esos Fondos, en un país, con un problema tan evidente como el que tenemos de sequía y de agua.

Señorías, como les decía, el segundo pilar de la agenda del cambio es avanzar en igualdad y en cohesión social. Somos conscientes de que partimos de una buena base. Pese a sus carencias, nuestro Estado del bienestar tiene cimientos sólidos. Y esa solidez nace del afecto con el que la sociedad española mira a los servicios y a los servidores públicos de nuestro sistema de bienestar. Son quienes se han movilizado contra los recortes, y son quienes no entienden que un Gobierno elimine aquello que tanto costó construir y levantar.

Nuestro modelo de bienestar ha cohesionado social y territorialmente España a lo largo de estas cuatro décadas. Y lo va a seguir haciendo por mucho tiempo. Este Gobierno no aspira sólo a recuperar, a reconstruir, sino a fortalecer y avanzar en la consolidación de un Estado del bienestar preparado para dar una respuesta eficaz y equitativa a nuevas desigualdades.

El principal desafío que debemos abordar es la sostenibilidad y la dignidad de nuestro sistema público de pensiones, que es la clave de bóveda de nuestro modelo de bienestar.

Los datos, señorías, sobre el sistema público de pensiones, ustedes los conocen, y por tanto, no quiero ahondar en ellos y tampoco recrearme. Ahí está el deterioro del equilibrio público de las cuentas de las Seguridad Social. Ahí están los problemas de ingresos que no se van a paliar única y exclusivamente con la necesaria creación de empleo, sobre todo, cuando ese empleo es precario. Ahí está la exigencia de volver a llenar una hucha de las pensiones, un Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que precisamente, la anterior Administración esquilmó, y ahí está la obligación moral que nos dijeron muchos mayores en las calles de España durante estos últimos meses de garantizar pensiones dignas, que no pierdan poder adquisitivo.

El Gobierno, señorías, es consciente de este desafío, probablemente, junto con el desafío del desempleo, y también con el desafío de Cataluña, es el desafío más importante que tenemos como sociedad, como instituciones, y por tanto, nosotros no somos ajenos a ello, y vamos, por supuesto, a ofrecer soluciones a esta Cámara. En ese sentido, señorías, el Gobierno tiende la mano a todos los Grupos Parlamentarios para construir un nuevo Pacto de Toledo.

Encontremos juntos soluciones a los grandes desafíos en una cuestión en la que la sociedad no entiende la incapacidad para alcanzar acuerdos por parte de los distintos Grupos Parlamentarios y también del Gobierno.

En nuestra opinión, en opinión del Ejecutivo, la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones se debe asentar en un cambio de modelo productivo, eso es indudable, a largo plazo, en el que el peso de los salarios recupere el vigor de la mano de obra, en contratación indefinida. No es sostenible --y esto lo sabemos todos-- un modelo que penaliza la contratación indefinida frente a los contratos de duración exigua. Esto es lo que hace que ahora mismo tengamos el mismo número de cotizantes en la Seguridad Social que antes de la crisis, pero, en cambio, recaudemos, menos. No sólo porque tal abuso, en consecuencia, es fraudulento, sino porque asienta en la sociedad una visión de inmediatez; de negarnos la capacidad de pensar, en el medio y en el largo plazo, en el futuro de nuestro país.

Uno de los efectos más dramáticos de esta década, se resume, señorías, en un dato que a nuestro juicio es, señorías, muy alarmante, muy preocupante, y que fue arrojado por el Instituto Nacional de Estadística hace pocas semanas. Somos menos; cada vez somos menos, señorías. En diez años, nacen en nuestro país un 25% menos de niños y niñas. Esa es la España del silencio de la crisis. La de los pueblos que pierden población. La de mujeres forzadas a elegir entre maternidad o carreras profesionales. La de quienes se marcharon y han hecho su vida fuera de España.

Señorías, este Gobierno cree que luchar contra la pobreza infantil, es fortalecer la Seguridad Social; avanzar en la igualdad y la cohesión, es fortalecer la Seguridad Social; que hacer factible la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, es fortalecer la Seguridad Social; que invertir en educación y en sanidad, es fortalecer la Seguridad Social. Por eso, ante una situación de riesgo evidente, heredada de la anterior Administración, como la que nos toca a nosotros gestionar y a ustedes también corresponsabilizarse, tenemos la obligación de actuar. Y este Gobierno lo hará sobre la base de cuatro ejes que propone a la Cámara.

En primer lugar, racionalizar el gasto de la Seguridad Social y reforzar el equilibrio financiero del sistema. En segundo lugar, garantizar la suficiencia de las pensiones. En tercer lugar, promover las medidas que reequilibren la brecha de protección entre hombres y mujeres en materia de conciliación, de permisos y de excedencias. Y en cuarto lugar, mejorar la acción protectora del sistema atendiendo a los colectivos más vulnerables.

Señorías, la mayoría de la sociedad nos ha trazado de forma clara un camino y es el de la actualización de las pensiones conforme al coste de la vida. Y confío, confío, señorías, en que una mayoría, lo más amplia posible de esta Cámara, se sume a esa propuesta de acompañar a la sociedad en la demanda de la que ya entiende como suyo. De la que ya no asume como una concesión graciosa del poder, sino como un derecho.

Así que, reitero: el compromiso del Gobierno de España es tender la mano para construir entre todos un nuevo Pacto de Toledo. Y estoy convencido de que la sociedad representada en todas sus generaciones, apoyaría este acuerdo. Hagámoslo posible.

Avanzar en igualdad y en cohesión también es apelar al valor cívico del Sistema Nacional de Salud. Lo haré sobre la base de una idea fundamental, señorías, y es adaptar nuestro modelo a las necesidades demográficas, sociales y tecnológicas de nuestro tiempo.

Y hacerlo desde la inversión en capital tecnológico y en capital humano, presente en los extraordinarios profesionales del sistema y en la inversión en investigación.

Señorías, la igualdad es un principio irrenunciable del Gobierno en lo que atañe a la atención sanitaria. Como lo es también empoderar al paciente en la toma de decisiones.

Si hablamos de igualdad, hablamos de garantizar, por ejemplo, que una mujer lesbiana, o una mujer sola, tengan acceso a la reproducción asistida en el sistema sanitario público, que el anterior Gobierno eliminó, y este Gobierno ha recuperado.

Si hablamos de empoderar al paciente y a sus cuidadores en los temas de decisiones, hablamos también de avanzar en derechos fundamentales, como pueda ser la regulación de la eutanasia en nuestro país.

El Gobierno apoya la tramitación de esta importante Ley, que de salir adelante, como así esperamos que salga adelante, supondrá la conquista de nuevos derechos y libertades para la sociedad española.

Entendemos que el derecho a la protección de la salud asiste a todas las personas en nuestro país. Medidas ya anunciadas, como la recuperación de la atención universal, como la reformulación de los copagos sanitarios, forman parte de esa filosofía. Y, en este empeño, tendremos muy presente el reparto competencial de nuestra arquitectura institucional. Sabemos, que la sanidad está en manos, principalmente de las Comunidades Autónomas. Vamos a reforzar la cohesión, la codecisión de los gobiernos autonómicos en el marco del Consejo Interterritorial, para que nuestro Sistema Nacional de Salud sea eficiente, sea sostenible y sea transparente. Y garantice la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan.

Tres son, en este sentido, las propuestas que también me gustaría subrayar en materia del Sistema Nacional de Dependencia, que ha sido abandonado durante en estos últimos años, y el coste, no en términos no económicos, sino principalmente sociales, está en las cifras que ustedes conocen, y que no hace falta que mencione.

Pero los compromisos, las propuestas, que ha planteado el Gobierno a la Cámara, son las siguientes. Primero, recuperar la financiación del nivel mínimo fijado con anterioridad al Real Decreto-ley 20/2012. En segundo lugar, avanzar en dirección a lograr la financiación recortada al Sistema al nivel acordado con las Comunidades Autónomas. Y en tercer lugar, recuperar el Convenio Especial en el sistema de Seguridad Social para los cuidadores no profesionales, que en su mayoría, las mujeres, son familiares de los dependientes.

Señorías, toda pobreza es una infamia. Pero la infantil, que afecta al 28% de nuestros niños y de nuestras niñas es sencillamente, inaceptable.

No podemos aceptar que miles de niños y niñas en este país arranquen una vida que ha de estar plena de ilusiones con una carga de frustraciones y privaciones que no merecen. Todo lo que invirtamos hoy en esta lucha tiene un retorno asegurado en el futuro para el conjunto de la sociedad. Esa es la filosofía con la que se ha creado el Alto Comisionado de la Lucha contra la Pobreza Infantil, dependiente de la Presidencia del Gobierno, y es también la filosofía del programa VECA, aprobado en Consejo de Ministros, y que va a complementar muchas de las actuaciones que están poniendo en marcha muchos Ayuntamientos y muchas Comunidades Autónomas, ahora que los niños y niñas están de vacaciones, los colegios están cerrados, para garantizar desayuno, comida, cena y el ocio a los niños durante los meses de verano.

La lucha contra pobreza infantil es la lucha contra la peor de todas las pobrezas. La que ataca desde la cuna y se prolonga hasta la edad adulta como freno a la igualdad de oportunidades, la que afecta, señorías, a 1,2 millones de niños y niñas que viven en hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza. Así que, hay mucho por hacer en este ámbito.

A ello obedece, también, el compromiso del Gobierno de reactivar el programa PROA de refuerzo escolar. Y nuestra intención de acabar con el aumento desmedido del número de alumnos y alumnas por aula.

Señorías, en este punto me gustaría también trasladarles una reflexión personal. Deberíamos valorar si es procedente incluso hablar de fracaso escolar en los términos en los que generalmente lo hacemos. ¿Cómo puede fracasar alguien que tiene doce años?, ¿Cómo puede ser un fracasado un niño, una niña, que no ha tenido estímulos en casa, sino privaciones?

El fracaso en la infancia no es el fracaso de ese niño o de esa niña, es el fracaso del conjunto de la sociedad.

La desigualdad arranca a una edad intolerable para un país que exhibe los valores como los que identifican al nuestro. Por eso, este Gobierno se propone eliminar los aspectos contrarios al principio de igualdad de oportunidades y la segregación escolar, que arrastra una Ley nacida sin consenso ni acuerdo, en esta Cámara, y por supuesto con la Comunidad Educativa, como es la LOMCE.

El nuevo Gobierno entiende que la asignatura de religión no debe tener valor académico, de la misma manera que entiende que debe existir una asignatura de valores cívicos y éticos de carácter obligatorio.

No se trata de optar entre dos alternativas, señorías, sino de darle la relevancia que merece a los valores y principios que fundamentan la convivencia en democracia. La relevancia debida en nuestro sistema educativo. Los valores cívicos y éticos presentes en nuestra Constitución.

Para este Gobierno no existen gastos en educación, existen inversiones en educación e invertir en educación es invertir en ciudadanía, en ciudadanos libres pensadores. Invertir en formación permanente del profesorado y en innovación educativa es invertir en ciudadanía. Un profesorado motivado, en la educación pública, es la mejor garantía de que se puede detectar el talento y actuar antes de que sea demasiado tarde.

Hagámonos, en definitiva, una experiencia, que seguro que hemos compartido todos los que estamos aquí presentes. ¿A cuántas personas les ha cambiado la vida haberse encontrado con un profesor o con una profesora que supo motivarles, cuando lo más fácil era rendirse?

Pues esa es la clave, señorías. Esa es la virtud de nuestros profesionales de la educación. Y este Gobierno estará a su disposición y a su lado. Ellos lideran el trabajo de campo y una vez más, el Gobierno lo que aspira a hacer es acompañar y estar a su altura.

Este Ejecutivo se propone recuperar una senda que nunca debió revertirse, que es la de recuperar los niveles de inversión que nos permitan competir con los países de nuestro entorno, del entorno europeo, desde una fe sincera en la capacidad de la educación pública para volver a hacer funcionar el ascensor social que ahora mismo está quebrado.

La política de becas que aspiramos articular nace de ese principio. El de no permitir que el apellido o el código postal marquen aquello que una niña o un niño pueden conseguir en la vida. Por eso es fundamental incrementar la cuantía de las becas para los alumnos y las alumnas de menor nivel de renta.

Y para conseguir la mayor parte de los objetivos expuestos, este Gobierno quiere impulsar un diálogo abierto con el resto de Grupos Parlamentarios y también con la comunidad educativa.

El objetivo último es el de consensuar un Acuerdo por la Educación para estabilizar el sistema en lo normativo, presupuestario y curricular. En ese trabajo, tomaremos como referentes los Objetivos de Naciones Unidas para el 2030 y los objetivos europeos de Educación y Formación.

Señorías, hemos recuperado el Ministerio de Cultura, que nunca más vuelva a desaparecer, gobierne quien gobierne. Estamos hablando del alma del país. España puede presumir ante el mundo de un enorme caudal de poder en este ámbito, que se nutre de nuestra historia, del arte, del espíritu de creadores libres, de nuestras lenguas que proyectan la imagen de lo que somos.

Y he dicho bien, nuestras lenguas. La promoción de todas las lenguas y culturas de España merece la máxima protección del Estado. Y el compromiso también de este Gobierno es reconocer y difundir todas las lenguas cooficiales, como hará el Instituto Cervantes, cuando abra su nueva etapa que será en muy breve espacio de tiempo.

La diversidad de nuestra cultura como país, forma parte de lo mejor que somos. La cultura no sólo es la esencia del país. También es un poderoso recurso económico. Más de medio millón de personas trabajan en este sector y más de 100.000 empresas tienen en el ámbito cultural su principal foco de actividad.

Por eso, lo que vamos es rescatar el Plan de Acción Cultural Exterior, abandonado a su suerte, desde el año 2011. Por eso, vamos a regular la financiación y la regulación del cine español. Por eso, también vamos a crear un

grupo de trabajo para avanzar en una nueva Ley de Mecenazgo que alcance a todas las manifestaciones artísticas en nuestro país. Y, por eso, también la intención del Gobierno es impulsar el Estatuto del Artista, que ya ha sido aprobado por la Comisión de Cultura de este Congreso, para proteger a los creadores.

Y tengo también, Señorías, la firme voluntad de trabajar en una nueva Ley del Deporte, con un marcado protagonismo para el deporte femenino y también para el deporte inclusivo.

España debe mucho a su proyección exterior al deporte y también a los valores que aporta en todas las etapas de la formación humana. Reivindicamos la celebración de eventos internacionales vinculados con el Deporte. Por ejemplo, hace poco, se han celebrado los Juegos Olímpicos del Mediterráneo, en Tarragona, y, en este ámbito, también, y con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio en dos años, ya se está trabajando en un plan de financiación público-privada, con un sistema de becas que garantice a las y los deportistas el apoyo necesario para esa cita.

Señorías como les anuncié al principio de mi intervención, el tercer pilar de la agenda del cambio es regenerar nuestra democracia y fortalecer nuestra cohesión territorial, hoy dañada por la crisis en Cataluña.

No hay mejor termómetro para medir la salud de una democracia que la fortaleza de sus instituciones.

En muchas ocasiones, nos enrevesamos mucho cuando hablamos de la regeneración democrática pensando que una ley, una simple ley puede regenerar toda una institución. Y yo creo que, por supuesto, las leyes garantizan y regeneran esas instituciones, y la vida democrática en nuestro país, pero también esa regeneración democrática, señorías, se consigue gracias a las personas que lideran esas instituciones, y que dentro de sus ámbitos permiten la transformación, la modernización y la adaptación a los nuevos tiempos de esas instituciones.

Este, señorías, no es el caso de la Radio y Televisión Española. La gestión del presidente saliente es la viva prueba del intervencionismo y de la manipulación con la que el anterior Gobierno entendió el Ente público, como un mecanismo de propaganda.

Con todo, fíjense, señorías, me parece importante esta reflexión que quiero compartir con todos ustedes, con todos. Y aun siendo grave la manipulación informativa, que hemos sufrido en estos últimos años y que es evidente -no, no se rían- porque hasta incluso el Parlamento Europeo está precisamente investigando la manipulación informativa de la RTVE. Pero con todo, siendo grave la manipulación informativa, siendo aún más grave que haya consejeros que llevan años sin ser renovados de su puesto, en representación de partidos políticos que ya no existen en el sistema político español, siendo grave el vacío de poder al que nos abocaba el bloqueo de dos grupos parlamentarios a la renovación en el final del mandato del Consejo, hace escasas semanas.

Siendo todo esto grave, señorías, lo que más preocupa al Gobierno es la viabilidad presente y futura de la RTVE. La viabilidad como servicio público, la sostenibilidad financiera y laboral de una institución que emplea a 6.400 trabajadores, trabajadoras, a sus familias, y que destina el Estado cerca de 1.000 millones de euros anuales.

Permítanme la reflexión siguiente, señorías, el streaming, las plataformas como Netflix o HBO están cambiando la cultura audiovisual, en el mundo, y también en nuestro país. Y esto tiene un impacto directo, trascendental en todas las televisiones generalistas, y si quieren sobrevivir a este cambio de cultura audiovisual, deberán hacer frente a ello. Este es el verdadero desafío, del que no se habla en el debate público, pero que me parece, es fundamental, es nuclear, es trascendental

Y la RTVE durante estos últimos siete años no está haciendo nada. Llevan años sin hacer nada. Lo único es el bloqueo político y empresarial del ente público.

Por eso, señorías, vamos a echar la vista atrás, porque en un mes como este de hace un año el grupo parlamentario socialista aprobó, con el apoyo de la mayoría de la Cámara, un proyecto de Ley para modificar el método de elección de los miembros del Consejo de Administración de RTVE. En aras de ese consenso logramos incorporar la idea de un concurso público, logramos incorporar también una disposición adicional que decía que si el 31 de diciembre del año 2017 no se lograba ese concurso público, se nombraría a los miembros de ese Consejo de Administración por el mecanismo anterior. Un año después, señorías, no se ha hecho absolutamente nada; dos grupos parlamentarios bloquean la renovación. Es más, pactan una representación que no tienen en esta Cámara.

Esta es la razón, señoría, por la que el Gobierno se vio obligado de manera urgente a aprobar un Real Decreto, esa es la reflexión que quiero hacerles a ustedes. El Gobierno no va a mirar para otro lado, no se va a esconder detrás del argumento de un concurso público que utilizan dos grupos parlamentarios, para bloquear y sostener el estatus quo ni representa la pluralidad de esta Cámara, ni afronta los desafíos trascendentales que garanticen sostener este importante servicio público.

Ayer, no salió adelante la renovación del Consejo. Y lo lamento de verdad, señorías. Voy a dar las gracias a los grupos parlamentarios que apoyaron el Real Decreto del Gobierno de España.

Estamos, señorías, los que queremos cambiar las cosas, los que queremos regenerar la vida democrática de este país, y están los que quieren mantener las cosas del pasado.

Así que, señorías, pido a la Cámara que apoye el último paso previsto en el Real Decreto para salir del bloqueo, y para facilitar una transición hasta que se sustancie el proceso de elección de los nuevos consejeros y consejeras.

Señorías, el Real Decreto ha forzado a quienes nunca creyeron en el concurso público a acelerar los tiempos, tras un año de idas y venidas. En definitiva, del marrullerismo parlamentario. No duden en que, si sale adelante este Decreto, el concurso cumplirá sus plazos, incluso, se agilizarán. Lo contrario, lo que va a hacer es languidecer por quienes sólo entienden la RTVE como voceros de sus intereses partidarios.

Señorías, una de las formas de fortalecer una democracia es compartiendo el poder. Eso es la descentralización, la desconcentración, compartir el poder. Así entiende este Gobierno un sistema altamente descentralizado, como el nuestro, que define constitucional y políticamente a nuestro país. Para que un sistema político descentralizado funcione, los mecanismos de cooperación deben ser operativos. El no ejercicio del diálogo provoca atrofia institucional, conflicto, y ensimismamiento. Evitar esa inercia es uno de los grandes objetivos de este Gobierno, y, fundamentalmente, a través de tres principios: El primero, recuperar el diálogo y la cooperación estable y sistemática entre las Comunidades Autónomas. En ese sentido, quiero hacer mención en este punto al impulso de la Agenda Canaria, que tiene importantes hitos por delante y en cuyo marco se están desarrollando medidas relevantes, como la bonificación del 75% al transporte de residentes aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 13 de julio. Una decisión que también beneficia a los residentes en Baleares, Ceuta y Melilla.

También, hacer un análisis riguroso y exhaustivo de la normativa propia para evitar conflictos competenciales: Impulsar los instrumentos de garantía del autogobierno y mejorar la coordinación institucional. Esta última previsión es igual y oportunamente válida para el ámbito local. Hay que impulsar la autonomía local, maltrecha tras años de injusto intervencionismo. Injusto, porque no hay una administración, señorías, que haya hecho mayor esfuerzo en la contención del déficit que las corporaciones locales, como ustedes saben.

Y señorías, dialogar no es ceder. Dialogar es hacer política. Solo desde el diálogo, poniendo en valor la política, podemos hacer frente a crisis institucionales que están en la mente de todos. Y que exigen de una respuesta política allí donde la confrontación ha sido la norma durante estos últimos años.

Reconducir la grave crisis institucional en Cataluña es el objetivo prioritario para este Gobierno. En ese empeño, consideramos imprescindible avanzar en la garantía de la vigencia efectiva del marco estatutario y constitucional en Cataluña. Hay alternativas políticas dignas de ser exploradas allí donde el enfrentamiento ha terminado por dividir a una sociedad extraordinariamente plural, como es la catalana. Este Gobierno está dispuesto a abrir un diálogo franco y directo. Y que se pueda dialogar sin cortapisas no es mérito de este Gobierno, es mérito de nuestra Constitución, que ampara nuestros derechos y nuestras libertades.

Yo soy consciente de que recuperar la normalidad institucional no será la meta, será la salida de una solución política para Cataluña. Una meta a la que llegaremos después de haber hecho una carrera de fondo, reconozcámoslo, no va a ser una solución fácil ni rápida. Va a ser una carrera de fondo, donde va a haber altos y bajos, donde va a haber situaciones difíciles y situaciones menos complicadas. Una carrera que, como toda carrera de fondo, señorías, va a exigir determinación, templanza, sentido de Estado y generosidad por parte de todas y de todos.

Señorías, los responsables políticos, los líderes no debemos pensar en lo que podemos perder personalmente, sino imaginar lo que pueden ganar los ciudadanos a los que representamos. Por eso, lo que les pido en relación con Cataluña, es que no abordemos esta cuestión en base a lo que estamos dispuestos a renunciar, sino en lo que estamos dispuestos a acordar.

Nosotros lo tenemos claro: queremos acordar unión y convivencia. Y, en ese camino, nos podremos volver a encontrar.

Creo que el primer paso dado, el de la activación de comisiones bilaterales, --que no se reunían, señorías, desde el año 2011--, será fundamental para ir construyendo confianzas y lealtades, que hoy están quebradas.

Sin diálogo solo hay bloqueo, y con diálogo habrá soluciones. Y este es el ánimo con el que he procedido a reunirme también con el lehendakari Urkullu, al que agradezco su compromiso y su lealtad institucional. Vamos a impulsar una agenda de diálogo bilateral en beneficio de la sociedad vasca. Y ya estamos, de hecho, trabajando en este sentido, con el Gobierno de Euskadi.

Y con ese ánimo, también, señorías, veré esta tarde al presidente de la Xunta de Galicia, al señor Núñez Feijoo; y, hasta el último día del mes de julio, a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; al presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, y al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

Mi compromiso, el compromiso del Gobierno es reunirme con todos y cada uno de los presidentes autonómicos antes de que finalice el año.

Señorías, el de la Justicia es uno de los ámbitos en los que es más urgente avanzar en la regeneración democrática y en el fortalecimiento institucional.

Una Justicia que ha de ser rápida, independiente y transparente. Para estar al servicio de toda la sociedad, pero, especialmente, de las víctimas.

En este propósito modernizador, quiero manifestar nuestra voluntad de avanzar en la dotación de los medios técnicos y humanos deseables. Pero también, y esto es muy importante, con diálogo necesario entre el Gobierno y las asociaciones de jueces y fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios.

Es preciso asegurar la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal, garantizando nombramientos basados en criterios objetivos de igualdad, de mérito y de capacidad. No solo por ser una exigencia propia de cualquier democracia madura, que lo es, en la que impera el principio de separación de Poderes, como la nuestra, sino para superar una etapa de pérdida de confianza de la sociedad en las instituciones vinculadas con la Justicia.

En ese sentido, les anuncio, señorías, el anuncio del Gobierno de promover la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establecía un plazo máximo de instrucción, especialmente nocivo en la tramitación de causas complejas vinculadas con la corrupción. La necesidad de una justicia ágil no puede servir nunca como excusa para la precipitación en la instrucción de determinadas causas, y mucho menos, como antesala para la impunidad

La aprobación de la reforma del reglamento de asistencia jurídica gratuita o el impulso de la mediación también parten de esta misma filosofía, la de fortalecer la Justicia y la de restablecer la confianza de la ciudadanía en un servicio público nuclear de nuestro Estado de derecho.

Por cierto, señorías, para fortalecer las instituciones y los cambios normativos que hagan más viable a esta sociedad necesitamos también una perspectiva de género ausente durante mucho tiempo. Vamos a impulsar esa mirada, señorías. Y lo haremos desde la formación especializada de profesionales en estos ámbitos e incorporando esa visión a toda acción de la Administración de Justicia. Que quede claro, señorías, si dice no, es que no. Y si no dice que sí, es que no.

Este, señorías, es un Gobierno feminista, y no tiene miedo ni complejo alguno en exhibir esa etiqueta.

El pasado 8 de marzo, la sociedad lanzó un mensaje que todas las instituciones tienen el deber de escuchar. Algo cambió ese día, y el mundo entero fue testigo precisamente de ello. Por primera vez en mucho tiempo, la atención de los medios internacionales estuvo en nuestro país. Y para algo en lo que sentirnos orgullosos que fue la lucha por la igualdad, la lucha contra la brecha salarial, la lucha por la igualdad laboral.

A la forma en que leemos normas jurídicas que parecen contradecir el espíritu de nuestro tiempo. A la educación en valores en el ámbito educativo. A la sensibilización temprana ante la violencia ejercida contra la mujer como expresión de algo especialmente infame, como es la dominación y la discriminación. Nadie es dueño de nadie y nadie es menos que nadie.

Esta sociedad tiene que mirarse en el espejo de la decencia cuando todavía hoy en día, señorías, una mujer tiene que fingir que habla por teléfono cuando camina sola de vuelta a casa en una calle de cualquier ciudad de nuestro país.

El miedo es la antesala de la dominación. Y, sencillamente, no hay derecho a que ellas sientan miedo en la España de 2018.

Señorías, contamos con una herramienta, fundamental, muy valiosa en este terreno, como es el Pacto contra la Violencia de Género. Y creo firmemente que, entre todos y todas, podemos impulsar la cultura del acuerdo todavía más lejos aún de este ámbito, hasta erradicar una violencia que deja en nuestro país tanta muerte como tantos huérfanos, hasta acorralar a los que acorralan. España debe tener las calles libres de manadas.

Mucho de lo que avancemos en esta causa tiene que ver con lo que se puede hacer desde el ámbito de la seguridad. Garantizar la seguridad de las mujeres que son víctimas de la violencia de género es un objetivo prioritario para este Gobierno, como lo es, igualmente, avanzar en la formación especializada de un personal, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es clave en la lucha contra esta lacra.

Señorías, los miembros de dichos cuerpos representan un elevado porcentaje del total de funcionarios de nuestra Administración, de la Administración General del Estado.

Iniciativas en el ámbito de la protección social, como la mejora transversal de las condiciones laborales, la equiparación salarial, el impulso a las medidas de conciliación son, en consecuencia, esenciales para este Gobierno.

Ante nuevas formas de delincuencia, el impulso a la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo o las organizaciones específicas de blanqueo de capitales, también va a ser una labor esencial por parte de nuestro.

Como lo va ser también la lucha contra la corrupción. Una materia en la que España ha protagonizado demasiadas portadas a los ojos del mundo entero, expresión de una enfermedad que corroe los cimientos de la democracia y destruye la fe y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Avanzar, en consecuencia, en la detección temprana de estas tramas es mucho más que dar cumplimiento a la Ley. Es también impulsar la transparencia, defender nuestro régimen de libertades y trabajar por la regeneración democrática. Este Gobierno asume su compromiso con la ejemplaridad en su grado más alto. Y no va a escatimar esfuerzos en la lucha contra una lacra que ha hecho mucho daño a la imagen de España y, también, a las arcas públicas.

Señorías, alguien dijo que cuando un pueblo renuncia a la libertad en aras de la seguridad acabará perdiendo ambas: la seguridad y la libertad. Es una afirmación muy oportuna a la hora de hablar de la Ley Mordaza.

Ofrecemos consenso y voluntad de acuerdo frente a una reforma que debilitó nuestras instituciones, deterioró la calidad de nuestra democracia y atacó las libertades. Diálogo político en el seno de esta Cámara para alcanzar el equilibrio entre dos valores igualmente valiosos para este Gobierno.

Señorías, en materia de política de Defensa, quiero hacer referencia a cinco ejes prioritarios de actuación.

• El primero tiene que ver con el reforzamiento de nuestras propias capacidades de Defensa.
• El segundo tiene que ver con el fortalecimiento de la posición de España en el sistema de seguridad internacional.
• El tercero el impulso decidido de la Europa de la Defensa.
• El cuarto contribuir a la lucha contra el terrorismo internacional.
• Y el quinto potenciar la diplomacia de la Defensa.

Ayer tuvimos la ocasión, el Consejo de Ministros, de participar en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional presidida por SM el Rey, algo que no sucedía desde el año 2015. Un órgano clave en la detección de nuevas amenazas y en la búsqueda de herramientas para combatirlas. Amenazas como la ciberseguridad y aquellas de naturaleza híbrida que constituyen fuentes de riesgo para todas las democracias, también la nuestra.

España es hoy un socio fiable en el mundo en materia de Defensa. Participamos en 15 misiones internacionales, en las que más de 2.400 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas desempeñan su labor con profesionalidad, dedicación y entrega. Y quiero hacer mención expresa a ello en esta intervención.

La política de Defensa es para este Gobierno una política de Estado. Así lo entendí en la oposición y así lo quiero manifestar también desde el Gobierno. El mandato es, por tanto, muy claro, el de la búsqueda del consenso.

España va a mantener sus compromisos internacionales y hará honor a su vocación en pos de la estabilidad y la paz mundial, promoviendo una cultura de seguridad nacional.

Tenemos retos importantes pendientes a la hora de facilitar la integración laboral, por ejemplo en el ámbito civil, y ustedes no son ajenos a ello porque también se han reunidos con ellos, de los integrantes de la escala de tropa y marinería con compromiso de larga duración que, al alcanzar los 45 años de edad, tiene que abandonar las Fuerzas Armadas. Y se encuentran con muchas dificultades para continuar trabajando.

Y en el mismo ámbito, y respondiendo una vez más a la transversalidad de la política de igualdad que este gobierno exhibirá, nos proponemos reforzar todas las medidas que favorezcan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En especial en lo referido a conciliación.

Y, finalmente, impulsar las medidas que doten de efectividad la garantía de igualdad de trato en el seno de las Fuerzas Armadas de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI.

Un colectivo que, junto a otros muchos, espera de esta Cámara un gran consenso para sacar adelante una Ley importante para este Gobierno, para el Grupo Socialista, como es la Ley contra la discriminación y contra los delitos de odio que está en proceso de tramitación parlamentaria.

Señorías, el cuarto y último pilar de la Agenda del Cambio que les proponemos, es la definición y participación de España en la construcción europea y el papel que tenemos que desempeñar en el mundo.

Consenso y vocación de política de Estado, son condición indispensable para la defensa de los intereses de España en el exterior y la proyección de la imagen de nuestro país, llamado a tener una presencia mucho más activa en los foros multilaterales.

España puede y debe desempeñar un papel activo en las organizaciones internacionales de las que forma parte. Y lo hará otorgando prioridad a los asuntos humanitarios, a la Agenda 2030, a la Agenda de género, a la lucha contra el terrorismo y a la diplomacia preventiva.

Somos un país comprometido con el fomento y la protección de los Derechos Humanos. Una democracia avanzada que quiere seguir apostando por el multilateralismo y la defensa del proceso de integración europea, que ahora mismo está puesta en cuestión dentro y fuera de nuestro continente.

En este ámbito, quiero hacer referencia nuevamente a tres principios que estarán presentes en nuestra acción exterior: en primer lugar, la responsabilidad, en segundo lugar, la solidaridad y en tercer lugar, la empatía.

Tenemos, señorías, retos de enorme calado por delante en esta cuestión.

En primer lugar, tenemos que cerrar la negociación del proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea despejando incertidumbres y garantizando la defensa de los intereses de España. También en lo que concierne a Gibraltar.

En segundo término, defender los intereses de España en la negociación de las perspectivas financieras 2021-2027 y progresar en la construcción de la Unión Económica y Monetaria.

En tercer lugar, trabajar con los socios europeos y del sur en el reto migratorio que, como ya he reiterado, debe tener un alcance y dimensión europea en la aproximación y en la solución.

Y, en cuarto lugar, fortalecer y recuperar la política de cooperación al desarrollo como elemento definitorio de la política exterior de España.

En este sentido, quiero hacer una mención a la voluntad, defendida por España en el último Consejo Europeo de que la prioridad, en el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, la constituye, para este Gobierno, la defensa de los derechos nuestros ciudadanos en el Reino Unido.

Señorías, también quiero hacer una mención especial a la necesidad de impulsar una modificación de la legislación para acabar con el llamado "voto rogado" y hacerlo antes de que se produzcan los procesos electorales del próximo año en el mes de mayo.

Quiero subrayar la importancia que el nuevo Gobierno dará a Iberoamérica. Así, en la próxima Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Guatemala, en el mes de noviembre, junto al resto de países, vamos a seguir perfeccionando esta Comunidad que formamos compartiendo objetivos y valores, en especial el intercambio de nuestras sociedades civiles en todos sus ámbitos.

Y finalmente, quiero trasladarles en firme compromiso del Gobierno por liderar en los foros multilaterales y globales propuestas conjuntas a desafíos cruciales para el futuro del planeta. Empezando por el Debate General de la LXXIII Asamblea General de Naciones Unidas, en la que participaré activamente.

También, asistiré, con idéntico espíritu, a la decimotercera Cumbre del G-20 en Buenos Aires. Y en materia de Paz y Seguridad participaré, como hemos participado previamente, en todos los debates que se planteen en la OTAN para conseguir que la guerra, la inestabilidad y las violaciones de los Derechos Humanos retrocedan en el mundo.

Quiero hacer una mención especial en este punto, señorías, a la Agenda 2030. Una Agenda para el desarrollo sostenible, para la que he nombrado una Comisionada dependiente directamente de Presidencia del Gobierno, que ocupará una parte importante de la proyección de este Gobierno, de la acción de este Gobierno y también de la presidencia.

Esta Agenda que guiará el trabajo de Naciones Unidas en los próximos años, pone al ciudadano en el centro de su acción, con un enfoque de derechos, de libertades. Su carácter universal e indivisible con tres facetas interrelacionadas, fundamentales para este Gobierno: la económica, la social y la medioambiental, son, y van a ser, una gran oportunidad para revertir el rumbo del planeta en la dirección adecuada para su sostenibilidad.

Y finalmente, no quiero acabar el capítulo de la política exterior sin mencionar que nuestro propósito es continuar manteniendo contactos bilaterales con todos los países de la comunidad internacional, en especial con nuestros amigos de América Latina, de África, regiones con las que, impulsados por nuestra historia y geografía, hemos creado lazos indisolubles. Desde luego Marruecos es un país vecino y amigo, y va a ocupar un lugar destacado en estos contactos bilaterales.

Señorías, a lo largo de mi intervención hay una constante que quiero recuperar en este momento. El nuevo Gobierno quiere acompañar a la sociedad. Estar a su lado.

Haciendo posible una agenda del cambio basada en cuatro pilares: el crecimiento económico y la creación de empleo; la igualdad y la cohesión social; la regeneración y la cohesión territorial; y volver al corazón de Europa.

No hemos venido a gobernar a los españoles. Hemos venido a gobernar con los españoles. De ahí que mi compromiso sea gobernar con el Parlamento y no contra el Parlamento, como ha sido la tónica habitual durante los últimos siete años.

Soy consciente de las esperanzas que este Gobierno ha despertado en buena parte de la sociedad y de la necesidad de estar a la altura de expectativas despertadas.

Vivimos, señorías, tiempos de cambio en muchos ámbitos: en el ámbito de la economía, en el ámbito del trabajo o en el ámbito de la innovación tecnológica. Y en el cambio siempre hay oportunidad. Pero también hay amenazas para los más expuestos y vulnerables de la sociedad. Son quienes conviven con la incertidumbre de un tiempo en el que la precariedad lo inunda todo: trabajos precarios, sueldos precarios, vidas precarias.

Este Gobierno si hace algo es un llamamiento a todos los sectores, a todas las fuerzas políticas y a todas las administraciones para que el miedo al futuro no siga debilitando nuestra cohesión social.

Lo hará sabiendo que no tiene todas las respuestas, pero que tiene claras las preguntas que nuestra sociedad se plantea en este momento decisivo para definir cómo será nuestro país mañana.

Señorías, comencé mi intervención apelando a la memoria de lo ocurrido en este hemiciclo hace cuatro décadas. Les hablé de los 258 miembros de esta Cámara que votaron "sí" a la Constitución. De quienes abrieron un tiempo que cambió la historia, para bien, de nuestro país.

De entre quienes formaban esta Cámara en aquél momento, 21 eran mujeres. Y de todas ellas, sólo una pudo participar en la Comisión Constitucional. Hoy son 146, de 350, las mujeres que forman esta Cámara. Así que hay mucho territorio por ganar en favor de la igualdad de género

A las puertas de una nueva década, España ya ha cambiado.

El cambio lo escriben las hijas, los nietos y nietas, de aquellos que protagonizaron el primer gran cambio de nuestro país: El paso de la dictadura a la democracia.

Este año celebraremos el Cuarenta Aniversario de nuestra Constitución. Y lo más importante es volver a entender, como hicieron las generaciones precedentes, la necesidad de que la política no puede ir por detrás de la sociedad.

Llego el momento, señorías, de volver a poner el reloj de la política a la hora de España.

Muchas gracias, señora presidenta.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)