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Intervención y coloquio del presidente del Gobierno en el Foro ABC

Madrid, jueves 8 de febrero de 2018

Señora presidenta del Congreso de los Diputados, señora presidenta de la Comunidad de Madrid, señores ministros, señor presidente de Vocento, señora presidenta de "ABC", señores presidentes de Ferrovial y de Deloitte, señoras y señores, queridos amigos,

Muchas gracias a todos por su asistencia, que me honra, y agradezco también el hecho de ser invitado a este prestigioso Foro ABC.

Estuve aquí hace casi un año. Entonces les decía que veíamos con optimismo la recuperación de la economía española y con ese optimismo confiábamos en que España creciera un 2,5 por 100 en 2017 y se crearan cuatrocientos mil empleos. Pues bien, hemos cerrado, como aquí se ha recordado, 2017 con un crecimiento del 3,1 por 100 y una creación de más de seiscientos mil puestos de trabajo. Hoy les anuncio que este año 2018 tendremos una previsión de crecimiento de, al menos, un 2,5 por 100, con una creación de cuatrocientos mil empleos. Entenderán que me gustaría que lo que sucedió en el año 2017 también ocurriera en este año 2018 y que, por tanto, las previsiones del Gobierno se quedaran cortas y la realidad las superase. Trabajaremos para que así sea.

Hace un año les dije también que confiábamos en recuperar, a lo largo del ejercicio, toda la riqueza que destruyó la crisis. Hoy puedo decirles que ya hemos recuperado, como también se ha dicho aquí hace un momento, todo el PIB, así como los niveles de recaudación fiscal y dos tercios del empleo. Saben que, para el Gobierno, recuperar todo el empleo que se perdió durante la crisis y seguir impulsando la generación de oportunidades es la máxima prioridad.

Este crecimiento viene acompañado de algunos indicadores muy esperanzadores. Les daré solo cinco:

- 2017 ha sido el cuarto año consecutivo en el que se han creado alrededor de medio millón de empleos netos.

- Ya hemos alcanzado el nivel de diecinueve millones de ocupados y eso nos acerca a lograr nuestro objetivo de veinte millones de personas trabajando en España antes de 2020.

- Terminamos 2017 con más mujeres trabajando que nunca en la historia de España.

- El empleo entre los jóvenes crece a doble velocidad que la media nacional y ese es el mejor indicador de presente y la mejor garantía para el futuro.

- Además, España lleva cuatro años liderando la reducción de paro en Europa. Gracias a ello, nuestra tasa de desempleo, que sigue siendo muy elevada, es la menor desde 2008.

En aquel 2008 empezó una crisis económica sin precedentes. España padeció cinco años seguidos de recesión: de 2009 a 2013; un lustro de crecimiento negativo en el que perdimos la décima parte de nuestra riqueza y se destruyeron más de tres millones y medio de empleos. La tasa de paro se disparó hasta un estratosférico 26 por 100 y llegaron a estar sin empleo seis millones de personas. La pérdida de puestos de trabajo fue la faceta más dolorosa de la crisis más profunda del último medio siglo.

Con el esfuerzo de todos y una nueva política económica, logramos transformar la recesión en recuperación, la destrucción de empleo en creación de puestos de trabajo y la incertidumbre en certeza y en voluntad de ganar, juntos, un futuro mejor.

Esa nueva política económica que pusimos en marcha al finalizar 2011, al asumir la tarea de superar la crisis, se fundamentó y se mantiene en tres ejes:

- Primero, la estabilidad presupuestaria, que ha devuelto la confianza en nuestro país. Ya nadie se acuerda de esa prima de riesgo que llegó, efectivamente, a los 639 puntos; ahora baja, como aquí se ha dicho, de 70 y las agencias de calificación mejoran nuestra nota.

- En segundo lugar, el saneamiento de nuestro sistema financiero, que ha devuelto liquidez al tejido empresarial y la iniciativa, a los emprendedores.

- Y, en tercer lugar, la mejora de la competitividad de la economía española.

Todo ello fue el objeto de una ambiciosa agenda reformista, que arrancó con la difícil reforma laboral. Lo que entonces, para muchos, fue un error, hoy se ha demostrado un acierto.

La crisis castigó más a España por la acumulación insostenible de desequilibrios: déficit público, déficit exterior, inflación o pérdida de competitividad. Fue la consecuencia de un modelo de crecimiento basado en el endeudamiento externo. Hoy, en cambio, nuestro pujante sector exportador es uno de los principales protagonistas de la recuperación: vendemos al extranjero un tercio de nuestro PIB y somos el segundo país del mundo que más turistas recibe y en el que más dinero gastan los visitantes.

2017 es nuestro cuarto año consecutivo de crecimiento, creación de empleo y superávit externo. Es una combinación de tres elementos que en nuestro modelo de crecimiento no se había dado nunca y esa es la principal garantía de que esta etapa expansiva sea sostenible en el tiempo.

Señoras y señores,

Estamos impulsando una economía más fuerte y diversificada, más equilibrada y competitiva; una economía más abierta, más productiva y más capaz de adaptarse a la globalización. Todo ello, de la mano de la vocación constante y compartida de España: una activa nación europea, abierta al mundo y que comparte el español como lengua universal, fuente de cultura, unión y oportunidades.

Queremos todo esto con un objetivo muy claro, mejorar la vida de los españoles, porque ahora lo más importante es seguir consolidando la recuperación para que llegue a todos. Nuestra tarea se resume en el propósito de crear las condiciones para que la gente pueda vivir mejor.

Se vive mejor cuando hay libertad, seguridad y oportunidades; cuando todos pueden aspirar a labrar, con su trabajo, un mejor futuro para ellos y para sus hijos; cuando está garantizado que pueden hacerlo en un ambiente de estabilidad económica, normalidad política y serenidad social; y cuando todo el mundo es libre de pensar y creer lo que quiera, y sabe que su libertad solo está limitada por el respeto a la libertad de los demás; unos marcos de convivencia que, en democracia, regula la Ley y marca el Estado de Derecho.

Un buen Gobierno debe facilitar las condiciones para que esas legítimas aspiraciones de todos puedan dar frutos como mejor quiera cada uno. Esa es la tarea que nos hemos impuesto y esto, para mí, es hacer política: pensar en lo mejor para el país. Tenemos las ideas claras y, además, una buena hoja de servicios y una clara hoja de ruta que define nuestras prioridades. Y la principal, como les decía al principio, es el empleo; un empleo cada vez más estable y de mayor calidad. Y los datos demuestran que vamos por el buen camino:

- Encadenamos 48 meses seguidos de aumento en la contratación indefinida.

- Ya hemos recuperado el nivel de empleo indefinido previo a la crisis.

- Y en 2017, el paro de larga duración se redujo en casi medio millón de personas. De hecho, el año pasado nueve de cada diez desempleados que encontraron trabajo llevaban en el paro un año o más.

Esto demuestra que se está creando empleo y es empleo estable, y de calidad, que fomenta la igualdad de oportunidades y corrige las brechas de la desigualdad.

Es un objetivo del Gobierno trabajar para seguir corrigiendo las desigualdades. El esfuerzo merece la pena y ya está dando sus frutos: se ha producido una mejora en las condiciones de vida de las familias y se está reduciendo el riesgo de pobreza y de exclusión; las prestaciones por dependencia están en máximos históricos y la brecha salarial entre mujeres y hombres se está reduciendo en estos años.

Son algunos ejemplos de que las cosas van mejor; pero tenemos que continuar ganando productividad si queremos mantener esta línea, porque solo así podremos aumentar nuestros niveles de renta, mejorar los salarios y, en definitiva, lograr más bienestar y seguir mejorando en igualdad.

A ello se encaminan nuestros esfuerzos y, por eso, el Gobierno ha pactado con los agentes sociales una subida del Salario Mínimo para los próximos tres años, siempre que sigamos creciendo y creando empleo al ritmo actual. Esta subida se suma a la que acordamos con el PSOE en 2017. Entonces fue un pacto parlamentario y este ha sido un acuerdo social.

Ofrecemos diálogo y buscamos el pacto. Lo hacemos porque la política no puede ser un enfrentamiento eterno y estéril. La política es debatir, pero con el objetivo de acordar y aceptar que, para lograrlo, hay que compartir siempre los fines y hay que ceder, a veces, en las posiciones de partida.

Nuestra voluntad de diálogo y acuerdo es clara y sincera en todo aquello que puede mejorar la vida de los españoles. Por eso, pusimos todo de nuestra parte para la firma del acuerdo contra la violencia de género, que se cerró en el Congreso con el consenso de todos.

Esta Legislatura podría ser pródiga en pactos. Debería serlo. Los españoles votaron una composición política del Parlamento que exige buscar acuerdos y el momento económico, tras la tempestad de la crisis y sus urgencias, nos invita a pensar en el medio y largo plazo.

En el Parlamento están en marcha grupos de trabajo, subcomisiones y comisiones para estudiar la mejora y buscar el pacto en muchos asuntos importantes, a algunos de los cuales se ha hecho referencia aquí hace un momento: educación, pensiones, sistema autonómico, Justicia, ciberseguridad o menores; y también sobre medidas concretas para los trabajadores autónomos, con una ley que el pasado año aprobamos por unanimidad.

Creo que los acuerdos le sientan bien a nuestra economía y, por eso, creo que hay uno especialmente urgente si queremos poner todo de nuestra parte para que la recuperación siga adelante con más fuerza: los Presupuestos de 2018. La economía de cada uno de los españoles mejorará si hay un acuerdo para la economía de todos, porque los Presupuestos dan estabilidad y certidumbre, y generan nuevas inversiones que mejoran la vida de las personas.

Queremos pactarlos y espero que se imponga el sentido común y no otros intereses diferentes al sentido común. En cualquier caso, si esos intereses se impusieran --¡Dios no lo quiera!-- al sentido común, haremos todo lo posible para que ello no perjudique a los españoles. En todo caso, ya tenemos prorrogados los Presupuestos de 2017. Son unos buenos presupuestos, han impulsado el cuarto año consecutivo de crecimiento y podrían impulsar el quinto.

Pero todavía estamos a tiempo. El pacto presupuestario es posible y es lo mejor para el conjunto de los españoles.

Yo les pido a todos que no veamos los Presupuestos como una mera disputa política; tampoco la financiación autonómica. Ambos asuntos son clave para las inversiones públicas y los servicios esenciales que reciben los españoles.

Llevamos más de un año trabajando con las Comunidades Autónomas para alcanzar un acuerdo sobre financiación. Hemos evaluado el actual sistema, sus defectos y virtudes, y estamos escuchando a todos para conocer sus prioridades y sus propuestas. El objetivo es configurar un sistema que garantice el acceso de todos los ciudadanos a lo importante: la educación, la sanidad y los servicios sociales. En este caso, el concurso de todos es conveniente y el del PSOE, además de responsable, es imprescindible: es el principal partido de la oposición y gobierna en muchas Comunidades Autónomas y municipios. Espero y deseo que esté a la altura de su responsabilidad.

Necesitamos pactar un sistema que dé seguridad y que garantice que esos servicios públicos fundamentales no vuelvan a estar sometidos a los vaivenes del ciclo, como ocurrió al comienzo de la crisis; un sistema más sencillo, equitativo, estable y transparente, que no cree agravios entre Comunidades. Esta reforma es esencial y, además, éste es el mejor momento para hacerlo. Tanto el Gobierno como las Comunidades Autónomas estamos de acuerdo en que hay que cambiarlo. Están de acuerdo, incluso, aquellos que apoyaron el actual sistema, aprobado por el Gobierno socialista en 2009, pese al voto en contra de mi partido. Y la situación económica es hoy mucho mejor que la de hace unos años.

Señoras y señores,

Si somos capaces de ponernos de acuerdo en lo urgente, podremos dedicar más esfuerzos a los retos de las próximas décadas. Les hablo de asuntos que podemos agrupar en cuatro ejes: medio ambiente, globalización, proyección exterior o cuestiones demográficas. El bienestar futuro de los españoles depende de que seamos capaces de dar la mejor respuesta a estos importantes desafíos.

El primer eje es medioambiental y afecta al agua, a la energía y al cambio climático. Estamos cumpliendo con los compromisos internacionales y, próximamente, enviaremos al Congreso la primera Ley de Cambio Climático. Vamos a seguir apostando por las energías renovables, donde somos una potencia reconocida en el mundo, y me propongo alcanzar un Pacto Nacional por el Agua que sea integrador, consensuado y solidario.

El segundo eje es fruto del mundo global en que vivimos y tiene en la digitalización y los avances científicos sus demandas más acuciantes. Seguiremos respaldando la transformación digital de nuestra economía, industria y servicios, en un entorno de seguridad, garantías y confianza. Y debemos ser capaces de retener y atraer el mejor talento, con un sistema de ciencia e investigación mucho más apegado a las necesidades del tejido productivo. Estas son dos tareas, como se ha recordado también aquí hace un rato, esenciales para la creación de riqueza y oportunidades.

El tercer eje para el bienestar de España depende de que seamos capaces de seguir siendo activos protagonistas en Europa y en el mundo. Mi Gobierno está firmemente comprometido en la múltiple tarea de integración europea, porque Europa es el mayor espacio de libertad, bienestar y prosperidad del mundo. Pero, además, Europa es una responsabilidad. Por eso, queremos una Europa fuerte, abierta y segura; un proyecto capaz de exportar los valores de la democracia, el imperio de la Ley y los derechos humanos; un proyecto solidario, responsable y con visión de futuro que está en condiciones de ofrecer soluciones integrales a retos acuciantes como el de la inmigración.

El cuarto y último eje es el resultado de una gran noticia --vivimos más años y queremos vivir mejor hasta el final-- y de otra que no es tan buena: hay menos nacimientos. Es un tema amplio al que debemos aplicarnos en el futuro, pero hoy solo quiero referirme a las pensiones.

Es necesario dar la mejor respuesta a temas como el envejecimiento y hacerlo combinando la protección pública con el impulso y el respeto a la iniciativa de cada persona. Nadie mejor que uno mismo para evaluar sus necesidades presentes y futuras.

Como les decía, vivimos más y tenemos derecho a vivir mejor. Por eso estamos trabajando intensamente en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para alcanzar un acuerdo que dote de mayor solidez a nuestro sistema de pensiones. Hay muchos motivos para estar orgullosos de nuestro sistema de protección social, de los mejores del mundo, aunque a algunos, desconozco por qué, no quieran reconocerlo.

De lo que se trata es de preservarlo y, tras unos años difíciles, empieza a haber razones para el optimismo. Acabamos de saber que en 2017, por primera vez en nueve años, los ingresos por cuotas a la Seguridad Social crecieron más que el gasto en pensiones, y el cierre de 2017 arrojará los ingresos por cotizaciones sociales más elevados de la historia, a pesar de que aún no hemos recuperado completamente el nivel de empleo previo a la crisis, ni son aún suficientes para cubrir la totalidad del gasto en pensiones.

Pero estas buenas noticias no deben esquinar una enseñanza de los malos años pasados: la crisis no solo dejó sin empleo a mucha gente, sino que frustró sus expectativas y su confianza en el futuro. Ahora que las cosas empiezan a ir bien, es el momento de volver a ser previsores.

Desde los poderes públicos debemos incentivar que el ahorro piense en el largo plazo; un ahorro con un horizonte temporal prolongado, que sirva como complemento de la pensión pública pero también para otros planes vitales, como la educación de los hijos, un proyecto personal o superar cualquier revés que nos pueda traer la vida; una inversión para el futuro a la que se pueda recurrir cuando sea necesario. Por eso, mañana viernes voy a proponer al Consejo de Ministros la aprobación de un Real Decreto que permitirá a las personas que ahorran en planes y fondos de pensiones recuperar todo o parte de lo ahorrado a partir de los diez años de la aportación. Además, se van a rebajar muy sensiblemente las comisiones que los ahorradores pagan a las entidades gestoras.

En España el sistema de pensiones público está garantizado por el Estado; un derecho irrenunciable de los españoles que impulsamos con políticas económicas que favorecen el crecimiento y la creación de empleo. Pero también, como he dicho anteriormente, tenemos que seguir acordando entre todas las fuerzas políticas medidas para su estabilidad y mejora.

Todo esto es compatible con la iniciativa privada del ahorro. Los planes de pensiones privados existen en España desde hace treinta años. Complementan, no sustituyen, el modelo de pensiones públicas. El Pacto de Toledo, en sus recomendaciones, anima a reforzar estos sistemas complementarios de ahorro. Hoy, más de ocho millones de personas tienen un plan de pensiones, con un ahorro acumulado de más de cien mil millones de euros.

Según las estadísticas de la OCDE, los españoles dedicamos menos que los ciudadanos de otros países avanzados a los planes y fondos de pensiones. Ocupamos el puesto 21º en ese ranking, justo por detrás de Portugal, en esta forma de ahorro a largo plazo. La reforma que les acabo de anunciar intenta incentivar ese ahorro, apela a la responsabilidad individual y da más libertad y garantías al ahorrador, que puede disponer antes de su dinero.

Hablando de futuro y libertad, me van a permitir que concluya mi intervención refiriéndome al mayor desafío que ha afrontado nunca la democracia española.

En 1977, España recuperó la democracia; cuarenta años después, hemos estado a la altura cuando nos ha tocado defenderla. En 1978 nos dimos una Constitución de consenso; cuarenta años después, la democracia española ha demostrado que tiene instrumentos y fortaleza para defenderse cuando se la ataca. Y esa enseñanza queda, y debe quedar siempre, para el futuro.

Lo que ha ocurrido es bien conocido y la respuesta del Gobierno y de muchos más, también. Ha quedado meridianamente claro que este Gobierno no cede nunca a las imposiciones, menos aun cuando son ilegítimas e ilegales. También ha quedado claro que en España se cumple la Ley y que quien la incumple responde ante los Tribunales; unos tribunales de justicia que también cumplen su labor en nuestro Estado y, desde su absoluta independencia, protegen los derechos de todos y establecen las responsabilidades de los que se sitúan fuera de la Ley.

Algunos pensaron que podían vivir fuera de la Ley y lo único que han conseguido es acabar fuera del Gobierno. Fue una decisión difícil, pero era la única posible. Hicimos lo que teníamos que hacer en defensa de la Constitución, de la democracia y de la Ley, y lo hicimos con el más amplio respaldo posible; repito, con el más amplio respaldo posible.

Hubo que negociar mucho --repito, mucho-- para que el "no" al 155, ya fuera rotundo o veleidoso, se transformara en un "sí". Teníamos muy claro que había que buscar lo que nos une por encima de lo que nos separa, no caer en el "partidismo", porque yo creo, y siempre he defendido, que hay asuntos que están por encima de los idearios de los partidos, porque afectan a nuestros intereses como Nación.

Los desafíos al Estado se responden con políticas de Estado y deben contar con el respaldo unánime de quienes creemos que los derechos de todos se defienden desde la Ley.

Yo, como presidente del Gobierno, convoqué unas elecciones que dieron la voz a los catalanes, con toda la legalidad y la legitimidad. Los ciudadanos votaron con normalidad y ahora está en manos del nuevo Parlamento catalán elegir, de una forma normal, a un presidente normal. Algo tan sencillo como un candidato que pueda estar presente en su propia investidura, que esté en su sitio y que pueda estarlo, y, que una vez elegido, pueda ejercer su cargo y gobernar, debatir con la oposición y someterse a su control. Un presidente que no esté inmerso en procedimientos judiciales.

Cada vez son más los catalanes que se preguntan cuánto tiempo se puede mantener a una Comunidad Autónoma sometida a la voluntad y a los vaivenes de una sola persona. También comprendo que otros muchos no entiendan que no se presente una alternativa constitucionalista a la situación actual. Se puede y se debe hacer. A todos los que piensan una cosa y la otra les quiero mandar un mensaje de tranquilidad: mientras el nuevo Parlament busca un President que pueda serlo, o se repiten las elecciones si no lo encuentra, Cataluña no va a estar sin Gobierno, porque el artículo 155 es la garantía de que se siguen atendiendo los servicios esenciales y las necesidades reales de los catalanes.

Mi deseo es que todo vuelva cuanto antes a la normalidad. Es lo mejor para todos los catalanes y para el conjunto de España.

Señoras y señores,

Al final, los que nos dedicamos a la política estamos para solucionar problemas a la gente, no para generarlos. Por eso mi objetivo es siempre garantizar que haya serenidad, normalidad y estabilidad.

El Partido Popular puede cometer errores; pero creo que todo el mundo estará de acuerdo en que hoy es el único partido de España que pone la estabilidad del país por delante de sus intereses electorales. A veces, nos va mejor y, a veces, nos va peor; pero a mí lo que me importa es que le vaya bien a España y a los españoles porque, así, nos irá también mejor a algunos de esos españoles. Ese siempre ha sido mi objetivo en política y el objetivo del Partido Popular. Por eso estamos actualizando estos días nuestra oferta a los españoles para seguir rindiendo un servicio a nuestro país.

Termino ya. Hace una semana celebrábamos el 50º cumpleaños del Rey Felipe VI y este año conmemoramos el 40º aniversario de nuestra Constitución. En estas cuatro décadas de democracia hemos conseguido, entre todos, forjar la mejor España de la historia, la España a la que aspiraron nuestros padres: una España abierta, vital, moderna, pujante y hospitalaria, una España llena de razones para seguir trabajando.

Es la España a la que servimos y a la que queremos pero, sobre todo, es la gran nación que estamos obligados a cuidar para legar a las próximas generaciones de españoles.

Muchas gracias.

Coloquio con el presidente del Gobierno

 

Bieito Rubido.- A los directores de periódico todo el mundo nos explica cómo tenemos que dirigir el periódico y supongo que a los presidentes de Gobierno les pasa algo parecido: que todo el mundo les dice lo que tienen que hacer para gobernar el país. El gran asunto de estos últimos meses ha sido Cataluña y sigue siendo el gran problema de este país, aunque sea muy tedioso y haya un gran hartazgo en la ciudadanía con él. Nosotros, en los medios de comunicación, también estamos muy cansados cada vez que tenemos que hablar de un nuevo capítulo; pero es el asunto más trascendente que tiene ahora mismo la sociedad española.

La primera pregunta, señor Rajoy, es: ¿fue demasiado lento el Gobierno en la aplicación del 155? ¿Hubo un exceso de prudencia en su aplicación? ¿No era, probablemente, mejor no haber llegado al 1 de octubre y haber aplicado el 155 en el momento en el que el Parlamento autonómico catalán aprueba las leyes que aprueba para desarrollar todo el proceso posterior?

Presidente.- Recibí muchas instrucciones, efectivamente, señor director. Hubo quien quería que lo hiciéramos seis meses antes, hubo quien quería que lo hiciéramos el 6 o el 7 de septiembre, hubo quien pensaba que lo mejor era no hacerlo nunca y hubo quien, incluso, dijo que teníamos que hacer las tres cosas a la vez, que, como fuéramos imaginativos, podíamos hacerlo.

Yo creo que, en cualquier Gobierno, el presidente del Gobierno tiene más datos, más información y tiene una visión más global de lo que está ocurriendo en cada momento. Entonces, yo creo que lo hicimos en el mejor momento posible. Usted me dice: ¿el 6 y el 7 de septiembre hubieran sido una buena fecha? Sin duda, porque el 6 y el 7 de septiembre es cuando pusieron en marcha aquellas famosas leyes de transitoriedad y la ley del referéndum; pero, claro, yo tenía que valorar algunas cosas.

Por ejemplo, tenía que valorar lo que tres días antes aparecía en un medio de comunicación nacional, que rezaba así: "El señor Sánchez y el señor Rivera le aconsejan a Rajoy que no ponga en marcha el artículo 155". Yo creo que era razonable que yo intentara ir bien acompañado para aplicar el 155.

También tenía que tener en cuenta, a la hora de tomar decisiones, qué podían pensar en Europa porque, claro, el 155 no era un tema menor; el 155, entre otras cosas, suponía cesar a un Gobierno que había sido elegido democráticamente y eso en Europa no tiene muchos precedentes; que yo sepa, no tiene ninguno. Entonces, eso tendría que valorarlo.

Luego, cuando el Gobierno presenta un recurso ante los Tribunales, tiene que intentar ganarlo y para eso tiene que fundamentarlo bien y cargarse de razones.

Por tanto, creímos que lo más razonable era tomar la decisión en ese momento. En ese momento en que la tomamos ya habíamos conseguido el apoyo del PSOE y de Ciudadanos; en ese momento, también en Europa habíamos podido explicar bien las cosas; creíamos que en los Tribunales nos podía ir bien porque teníamos la razón y, sobre todo, porque trabajamos --pienso que con eficacia de los servicios jurídicos-- para ganarlo y, por lo tanto, creo que, al final, la solución fue la más razonable.

En cualquier caso, si alguien cree que es mejor hacerlo quince días antes o después, a mí tampoco me preocupa mucho; pero, sinceramente, a la vista de los datos que manejábamos, el más importante era: yo no podía ir solo, a pesar de que en el Senado el Partido Popular tenia mayoría, sino que necesitábamos el apoyo de esas dos fuerzas políticas. Creo que, a la luz de todos estos datos y consideraciones y alguna más, la fecha fue la razonable.

B. Rubido.- ¿Qué papel jugó en su decisión el discurso del Rey del 3 de octubre?

Presidente.- El Rey hizo un discurso, efectivamente, en defensa de la unidad de España y, por tanto, estuvo a la altura de las circunstancias; pero también hubo otros españoles que estuvieron a la altura de las circunstancias. Él fue el primero. El Gobierno fue el que tomó la decisión de llevar al Senado el artículo 155 de la Constitución; el Senado estuvo a la altura, aprobando la posición del Gobierno; también, los Tribunales, la Fiscalía y muchos medios de comunicación. Creo que fue una gran labor, producto de un gran consenso nacional, que fue muy reconfortante, porque eso significaba que, desde la más alta institución del Estado hasta el más pequeño de los españoles, estaban dispuestos, cada uno en su ámbito de responsabilidad, a dar la batalla por su nación y por la soberanía nacional.

B. Rubido.- Dos críticas que le hacen a la forma de aplicar el 155. Una, ¿por qué no se intervino TV3, que es una máquina de generar propaganda --el concepto de propaganda; no publicidad, sino propaganda-- política independentista?

Dos, ¿por qué se convocaron las elecciones tan pronto y no se le dio tiempo a la sociedad catalana a hacer una reflexión sobre el momento que vivía?

Presidente.- ¿TV3? La razón por la que no se tomaron decisiones en TV3 fue porque así lo aprobó el Senado. Es que yo tengo que ir al Senado. Aquí no se hace lo que digo yo; tengo que ir al Senado y tengo que ir al Congreso, y tengo que buscarme apoyos. Entonces, a mí me preocupaban cuatro asuntos fundamentalmente: el primero, la Hacienda; el segundo, la seguridad; el tercero, las oficinas-embajadas --así se llamaba por parte de algunos-- y, en cuarto lugar, el asunto por el que usted se ha interesado.

Yo, como dije antes, tenía que pactar. De cuatro objetivos que tenía, conseguí tres y otro no lo pude conseguir. Eso es la demostración inequívoca de que el presidente del Gobierno no lo puede todo. Pero creo que controlar la hacienda, cesar a alguna persona que había tenido sus responsabilidades en los temas de seguridad y cerrar en veinticuatro horas todas las llamadas oficinas diplomáticas no está mal. Sin duda, podíamos hacer muchas cosas; pero ya sabe que España es un país plural y hay opiniones para todos los gustos, y el Gobierno tiene muchas capacidades, pero tiene que buscar los apoyos necesarios para poder hacerlo.

B. Rubido.- A los promotores de la insurrección catalana se les debe juzgar, lógicamente, pero ¿qué cree usted exactamente que debe pasar con ellos?

Presidente.- Yo tengo la buena costumbre de respetar uno de los principios básicos de nuestra Constitución que, además, también es uno de los principios fundamentales sobre los cuales se ha construido Europa, que es el Estado de Derecho y el imperio de la Ley. Por tanto, nosotros tenemos una función, el Poder Legislativo tiene otra y los jueces y tribunales tienen otra. Y, si los jueces y tribunales han tomado las decisiones que han tomado, mi obligación como presidente del Ejecutivo es acatarlas, respetarlas y no comentarlas.

B. Rubido.- Ayer se suscitaba lo del FLA, de si se habían utilizado recursos del Fondo de Liquidez Autonómica, incluso, para las iniciativas de los independentistas. Usted decía que estaba seguro que no, pero el ministro Montoro mostró ciertas dudas.

Presidente.- El Fondo de Liquidez Autonómica es una de las operaciones más importantes que se han hecho en España en los últimos cuarenta años. Perdón que lo diga así, pero creo en ello: el Fondo de Liquidez, el Fondo de Pago a Proveedores y el Fondo Social; 240.000 millones de euros, de los cuales 64.000 millones han ido a Cataluña, en préstamos. Gracias a eso se evitó la quiebra de España porque, si hubieran quebrado tres o cuatro Comunidades Autónomas, como era la situación que nos encontramos nosotros al llegar al Gobierno, es evidente que España hubiera quebrado, hubiera habido rescate y hubiéramos tenido muchos más problemas que los que tuvieron Grecia o Portugal, porque somos mucho más grandes.

El Fondo de Liquidez Autonómica, por tanto, sirvió, entre otras cosas, para mantener muchas empresas, para mantener muchos empleos y para que mucha gente que contrataba con la Administración pudiera cobrar. A partir de ahí, ¿cómo funciona el Fondo de Liquidez Autonómica? El dinero del Fondo de Liquidez Autonómica no se le da a las Comunidades Autónomas; se le da directamente a los proveedores que no cobraban y se le da directamente a los acreedores bancarios; directamente. Por tanto, no lo maneja la Comunidad Autónoma.

Lo que yo he querido decir es que es evidente, y a ver si todos tenemos un poco de buena fe, que el Gobierno de España no se dedica a dar dinero para que se haga un referéndum como este y, por tanto, yo no tengo ningún conocimiento de que eso se haya producido. Si se ha producido, agradezco que alguien me dé la factura que demuestra que eso ha tenido lugar, en cuyo caso rectificaré y diré: evidentemente, aquí ha habido un fraude.

Pero esa es la historia. Lo terrible es estar hablando de un tema como este, con la importancia y la trascendencia que tiene, y, al final, estar discutiendo sobre si una factura se le dio o no se le dio. Cada uno puede hacer lo que estime oportuno y conveniente; pero yo, desde luego, créanme ustedes, tengo la conciencia muy tranquila. Si alguien se cree que yo he pagado una factura --además, como saben, yo pago las facturas-- para pagar el referéndum, francamente es que no está muy bien.

B. Rubido.- Señor Rajoy, hablando del FLA, a propósito del Fondo de Liquidez Autonómica, ¿comparte usted con su ministro de Hacienda esa idea que ha sugerido el señor Montoro de hacer alguna quita a las deudas de las Autonomías con el Estado?

Presidente.- Yo, normalmente, estoy de acuerdo con el ministro de Hacienda, por la cuenta que me tiene y porque creo que es un magnífico ministro.

El modelo de financiación autonómica que quiero, y se lo digo después de haber participado en bastantes negociaciones sobre modelos de financiación autonómica… Además, desde una región, porque yo fui vicepresidente de la Xunta de Galicia, negocié un modelo de financiación --entonces era Almunia el que lo negociaba por el Gobierno de España-- y, luego, he participado como ministro de Administraciones Públicas, incluso como dirigente del Partido Popular, en la negociación de estos modelos.

El mejor modelo de financiación autonómica es aquel que es producto de un acuerdo unánime, ese es el mejor modelo. El actual, que todo el mundo critica y yo voté en contra, entre otras cosas tenía un problema que es que el principal partido de la oposición de entonces, en el año 2009, no lo apoyó. Yo soy partidario de eso y ahí, cuando se discuta, que se está discutiendo ahora, todo el mundo podrá dar su opinión y todo el mundo podrá decir si ha sido bueno o malo para España haber evitado la quiebra de algunas Comunidades Autónomas porque, si tres o cuatro Comunidades Autónomas --vuelvo a repetirlo-- hubieran quebrado, las otras, también; y el conjunto de España, también.

Entonces, como tantas y tantas veces en la vida, a veces, uno tiene que decidir entre lo malo y lo peor; pero al final lo que cuentan siempre son los resultados y, con absoluta franqueza, compare usted cómo estaba España en el año 2012 con cómo está España en el año 2018.

B. Rubido.- Pero esto viene a propósito de que algún presidente de alguna autonomía, en concreto, de su propio partido, se quejaba de que se premia al que mal administra y se castiga al que mantiene el rigor.

Presidente.- Pero todo ello con un objetivo, que es salvar a todos porque, como no se intente ayudar a los que están en una situación lamentable, automáticamente todos nos ponemos en una situación igual de lamentable. Por eso, le digo que lo más inteligente es intentar que todos lleguen a un entendimiento: aquellos que han cumplido mejor y aquellos que han cumplido peor. Esa es la posición que va a mantener el Gobierno, que sobre este asunto todavía no tiene tomada ninguna decisión.

B. Rubido.- Dos preguntas para cerrar el tema catalán. Una de ellas es: ¿Le faltó una estrategia ganadora al Estado español, no solo en su Gobierno? Probablemente, ¿desde que se aprueba el Estatuto de Autonomía en Cataluña el Estado estuvo ausente de Cataluña todos estos años?

Presidente.- Ausente de Cataluña en todos estos años no ha estado el Estado. Estuvimos allí, hemos invertido, hemos trabajado y hemos intentado buscar puntos de conexión. Al final, tenemos una cierta tendencia en castigarnos. Entonces, en lugar de decir que la culpa la ha tenido el Estado, o porque no ha hecho una oferta, o porque no…, ¿alguien no se ha planteado que el culpable es el que pasa por encima de la Ley, pretende quitarles a los españoles el derecho a opinar sobre lo que es su país, el derecho a decidir, declara la suspensión de la Constitución en una parte del territorio nacional, crea una legalidad paralela y se salta las sentencias del Tribunal Constitucional? ¿Quién es más culpable, ese o uno, que puedo ser yo o cualquiera de las personas que me antecedieron en el cargo, que pudieron acertar o no en un determinado momento?

No es la primera vez, desgraciadamente, en la historia de España que hemos vivido un acontecimiento de esas características. Yo me quedo con la parte positiva y la parte más positiva es que España, en un momento de dificultad como es este, ha logrado superar la mayor crisis económica en muchísimo tiempo en nuestro país y ahí estamos creciendo por encima de los demás. Y, luego, hay un buen mensaje, que es el 155. El mensaje del 155 es que la nación española tiene instrumentos para defenderse cuando es atacada y Gobiernos que son capaces de utilizar esos instrumentos. Ese es el mensaje del 155.

B. Rubido.- La última, sobre Cataluña. Presidente, ¿cómo es que nos presentan una denuncia al diario "ABC" por hacer una entrevista a Inés Arrimada el día de…? ¡Si esto está ya casi superado con las nuevas tecnologías! En todo caso, además, ¿no cabe la oportunidad, a partir de este incidente, de reformar la Ley de modo y manera que no exista el día de reflexión, porque las encuestas se pueden publicar en cualquier web, las redes sociales agitan de cualquier manera…? Yo creo que es un poco antiguo, más allá de que me sorprende que nos hayan presentado la denuncia.

Presidente.- La consideración segunda, que ahora se ha convertido en la primera, porque la primera ha sido la segunda en la última parte del cierre de su intervención, sin duda alguna, es opinable y, sin duda alguna, puede parecer razonable que modifiquemos las leyes.

¿La otra? Tampoco hay que tomárselo tan a mal. Esas cosas pasan, se olvidan y continuamos.

B. Rubido.- Supongo que los aplausos serán por mi pregunta, claro.

Presidente.-Absolutamente. ¡Quien se hubiera atrevido a pensar lo contrario!

B. Rubido.- Señor Rajoy, la Legislatura, las relaciones con Ciudadanos… El líder de Ciudadanos viene diciendo, de una u otra manera, que no hay un cheque en blanco de apoyo al Partido Popular. Estamos en febrero y no se vislumbra la aprobación del Presupuesto. ¿Está poniendo en peligro, en riesgo, la continuidad de esta Legislatura el desencuentro con Ciudadanos?

Presidente.- Yo espero que no. Yo, desde luego, no tengo con ningún desencuentro con Ciudadanos. Creo que hicimos un pacto al principio de la Legislatura. Todo el mundo lo conoce, se está cumpliendo razonablemente, entre sus compromisos estaba el apoyo a los Presupuestos y el apoyo a la política europea, a la política exterior, de defensa… Está funcionando razonablemente. Entre partidos siempre puede haber sus cosas, pero estoy muy tranquilo y yo, desde luego, voy a trabajar parar que Ciudadanos haga honor a su palabra y no tengo ninguna duda de que así va a ser. Les hemos escuchado y vamos a seguir haciéndolo hasta el último momento.

B. Rubido.- Si no se aprueba el Presupuesto, ¿lo prorrogaría y eso podría acortar la Legislatura?

Presidente.- No hay que ponerse en el peor de los escenarios nunca; pero, aun en el peor de los escenarios en este caso, tenemos, como he dicho en mi intervención inicial, un Presupuesto ya en vigor, que se ha prorrogado, que es el de 2017 y que no debía ser muy malo porque, entre otras cosas, sirvió para que España creciera por encima del 3 por 100 y para que se crearan seiscientos mil nuevos afiliados a la Seguridad Social.

Por tanto, creo que en cualquiera de los dos escenarios, siendo preferible el primero, todos los que estamos aquí y los que están fuera podemos estar tranquilos.

B. Rubido.- Hago un paréntesis, no político. Ya que hablamos de pactos, ¿con quién se tomaría usted mejor una cerveza: con Pedro Sánchez o con Albert Rivera?

Presidente.- ¿Una qué?

B. Rubido.- Una cerveza o una copa de vino. ¿Con quién iría usted un poco distendido?

Presidente.- Yo creo que con el que llevara mi ritmo.

B. Rubido.- Vamos a pasar a cosas serias. A la Ley de Memoria Histórica parece que le quieren dar una segunda vuelta de tuerca desde el Partido Socialista. Llega, incluso, a plantear en algún caso, que puede ser sancionado con prisión --dice el texto o la propuesta del Partido Socialista-- quien pueda hacer una referencia positiva a la etapa franquista? ¿Usted no cree que, uno, es un atentado a la libertad de expresión y, dos, que quizás perdieron ustedes una oportunidad de haber anulado, cuando tenía mayoría absoluta, esa Ley que lo único que genera es enfrentamiento entre los españoles?

Presidente.- Yo creo una cosa. España hizo una de las más brillantes operaciones políticas que se recuerdan en mucho tiempo, que fue la Transición. Lo que pasa es que aquí tenemos una cierta tendencia a contar lo mal que hacemos algunas cosas y somos incapaces de decir que hay cosas que son muy positivas.

La Transición, y puedo decirlo con tranquilidad porque además yo no estaba allí, fue una gran operación política. Allí se pusieron de acuerdo personas que estaban en el exilio y personas que habían sido miembros de los Gobiernos de Franco. Allí hubo generosidad, hubo inteligencia, hubo habilidad y no funcionó tan mal esa Transición, porque creo que hemos vivido, con algunos problemas que hemos tenido, de los cuarenta mejores años de nuestra historia como nación. Yo creía que, cuando se produjo la Transición, los españoles, muy inteligentemente, habíamos dicho: vamos a mirar hacia adelante, no vamos a mirar hacia atrás porque eso sirve para bastante poco.

Por tanto, a mí nunca se me va a encontrar en una posición de dedicarme a revisar el pasado, no lo haré nunca y los demás que hagan lo que les parezca bien; pero, desde luego, no será con mi acuerdo.

B. Rubido.- En el caso de lo que se está moviendo ahora en torno al País Vasco y el Partido Nacionalista Vasco, se está hablando de una reforma de Estatuto donde también le da una vuelta de tuerca e, incluso, hablan del derecho a decidir. ¿Le inquieta eso?

Presidente.- Las relaciones que tenemos aquí con el Partido Nacionalista Vasco son buenas y, además, son personas que han cumplido sus compromisos; nosotros, también. Es evidente que yo no voy a estar en el derecho a decidir, como todo el mundo sabe.

El PNV ha presentado las conclusiones de unas ponencias que han tenido lugar en los últimos meses y el Partido Popular presenta otras. Yo, lógicamente, estoy más cerca de lo que ha presentado Alfonso Alonso, estoy con ellas, que con las que puedan presentar otros partidos. Y, a partir de ahí, todos tendrán que hacer un esfuerzo para construir, respetando, naturalmente, los marcos y los procedimientos que nos hemos dado entre todos.

B. Rubido.- Aparte de la propuesta que ha hecho sobre el rescate de planes de pensiones, aunque yo creo que lo que había que modificar era la parte fiscal para incentivar más el ahorro… No voy a entrar en ese debate ahora, porque se nos agota el tiempo y no quería perder la oportunidad, señor Rajoy. Quizá hay grandes debates como el suicidio demográfico de España o la dificultad que hay con las pensiones; pero, por ejemplo, hay esta nueva economía, la aparición de los grandes gigantes de Internet, y la pregunta --son preguntas de largo recorrido, temas de fondo-- que yo le quiero hacer es: ¿cuándo el Gobierno de España y la Unión Europea se pueden plantear seriamente el papel de estos gigantes de Internet que no pagan impuestos, que van contra la economía de algunos países y que parece que, a veces, en el día a día de la clase política no tiene nada que ver, pero, sin embargo, en el día a día de los ciudadanos, mucho?

Presidente.- Yo creo que ese es, efectivamente, un tema muy importante. Yo creo que las empresas deben pagar sus impuestos allí donde obtienen sus beneficios, se llamen Amazon o se llamen como quieran llamarse.

Creo, además, que estamos hablando de un mundo muy global, de grandes multinacionales, y este es un tema en el cual no se puede dar la batalla en solitario. Por eso, nosotros, con Francia, con Alemania y con Italia, nos hemos dirigido a la Comisión Europea para que se tome esto en serio. Se está trabajando a fondo y espero que los resultados sean positivos y que eso que decía yo al principio de que cada uno debe pagar, primero, sus impuestos, y, segundo, donde obtenga sus beneficios, se convierta en una realidad. De hecho, ya está funcionando la Comisión y ha habido sanciones económicas muy importantes, por ejemplo, creo recordar a Apple en Irlanda y creo recordar, también, en Luxemburgo al propio Amazon.

Yo creo que tenemos que trabajar intensamente. A mí una de las cosas que me gustaría que pudiéramos avanzar de cara al futuro es en el Impuesto de Sociedades. Creo que se puede hacer en toda Europa, creo que eso, sin duda, nos ayudaría y, a partir de ahí, estoy de acuerdo con lo que dice usted y es uno de los grandes retos que tenemos por delante en el futuro.

B. Rubido.- No podemos terminar sin esta pregunta. El Partido Socialista le ha reprochado que no proponga usted al Banco Central Europeo a una mujer y supongo que aprovechará la oportunidad para, en lugar, de Luis de Guindos, poner a una mujer, ¿no? El ministro de Economía, ¿va a ser una mujer? Era para a ver si nos llevamos una exclusiva de aquí.

Presidente.- No descarto que sea una mujer el ministro de Economía, ni tampoco que sea un hombre. Ya veremos. Pero creo que en el Partido Popular, por suerte para nosotros, tenemos muchas mujeres muy importantes en puestos de responsabilidad: fíjese usted, presidenta de las Cortes, tercera autoridad del Estado; la presidenta de la Comunidad de Madrid; la ministra de Defensa y secretaria general del Partido Popular… Estoy bien acompañado.

B. Rubido.- Muchas gracias, señor presidente. Tenía muchas preguntas que hacerle, pero el tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias.

Presidente.- Muchas gracias.

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