Intervención del presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados

Madrid

Señora presidenta, Señorías,

Como saben, el Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña, al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor. Este requerimiento, que se produce al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia.

Es la respuesta que el señor Puigdemont dé a este requerimiento la que marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días. En su mano está volver a la legalidad y restablecer la normalidad institucional, como todo el mundo le está pidiendo, o prolongar un período de inestabilidad, tensiones y quiebra de la convivencia en Cataluña. Deseo fervientemente que acierte en su respuesta.

Señorías,

Intentaré ser muy claro desde el primer momento: nuestra democracia vive estos días uno de los momentos más graves de su historia reciente. No se trata de una disputa de competencias o de una diferencia entre Administraciones. No estamos siquiera ante un problema de orden público. No es así. Lamentablemente, no es así.

Lo que vivimos estos días en Cataluña, en España y en Europa nada tiene que ver con las diferencias políticas que cotidianamente se gestionan, de forma democrática, en los países democráticos. Estamos ante hechos, comportamientos y actitudes que superan en mucho la saludable controversia política propia de las sociedades civilizadas. Estamos ante el cuestionamiento y el desafío a requisitos previos a cualquier discusión política. Me refiero a principios como son el imperio de la Ley, el Estado de Derecho o la ruptura deliberada de la concordia entre los ciudadanos. Estamos hablando, en definitiva, de un cuestionamiento sin precedentes a los ejes sobre los que se sustenta una sociedad democrática: la libertad, la pluralidad y la legalidad.

Señorías,

Desde que recuperamos la democracia hace cuarenta años, los españoles hemos sabido encontrar en la diversidad de ideas, anhelos y proyectos, un espacio para el acuerdo donde los ciudadanos de todos los rincones de España nos sentimos representados. Ese acuerdo, plasmado en nuestra Constitución, une generaciones, territorios y personas en un proyecto común que nos ha convertido en uno de los mejores países del mundo. Esto es lo que se ha puesto en riesgo en los últimos tiempos.

Señoras y señores diputados,

Los problemas que se viven en Cataluña, con toda su gravedad, no son más que la consecuencia inevitable de la crisis institucional que allí se ha venido gestando, deliberada e irresponsablemente, desde hace meses.

Lo que ocurrió en los Plenos del Parlament los días 6 y 7 del pasado mes de septiembre ha sido el detonante de una escalada de radicalidad, desobediencia y tumultos de la que no existen precedentes en nuestra historia reciente.

El diagnóstico de la situación no admite muchas discrepancias. Los gobernantes de Cataluña, principales representantes del Estado allí, han utilizado su posición institucional para perpetrar un ataque desleal y muy peligroso contra nuestra Constitución, la unidad de España, el propio Estatuto de Cataluña y, lo que es peor, contra la convivencia pacífica entre ciudadanos. Algo que ningún gobernante responsable se debe permitir.

El pasado 1 de octubre el Gobierno autonómico incumplió la Ley, las sentencias de los Tribunales, su propia legalidad y, además, soliviantó las calles para simular una legitimidad democrática de la que carecían sus decisiones.

Quienes estamos presentes en este hemiciclo encarnamos el Poder Legislativo en representación de los ciudadanos. En nombre de los ciudadanos controlan ustedes la labor del Gobierno. Hacemos las leyes conforme a la Constitución y a la voluntad de los ciudadanos. Esa es la legitimidad democrática y frente a ella no existe legitimidad alternativa posible.

Señorías,

Lo que hemos visto estos días en las calles de Cataluña (el desorden, la división entre catalanes y, finalmente, la huida de empresas) no son más que dramáticas consecuencias de la violación de la Ley. Es la Ley la que nos permite vivir civilizadamente, la que ampara los derechos de todos, la que defiende al débil y la que delimita los cauces de la convivencia en armonía. Cuando falla la Ley, triunfa la arbitrariedad, se abren paso el abuso y la injusticia, se pisotean los derechos y desaparece la concordia.

Somos libres cuando todos nos sometemos a la Ley y perdemos esa libertad cuando la Ley deja de ampararnos. Por eso lo que no es legal no es democrático.

A lo largo de esta intervención me propongo explicar los pormenores de lo ocurrido y de la respuesta del Gobierno. Ya les adelanto que lo fundamental es que ese referéndum ilegal, ideado para volar nuestra Constitución, la unidad de España y el propio Estatuto de Cataluña, ha fracasado rotundamente, tal y como certificó la semana pasada la Junta Electoral Central. En consecuencia, ningún supuesto resultado de ese referéndum ilegal y fraudulento puede ser esgrimido como argumento para legitimar ninguna decisión política y, mucho menos, la independencia de Cataluña.

A ello me referiré con detalle a lo largo de esta intervención. Escucharé también con mucha atención las propuestas que tengan a bien realizar y sus aportaciones a un debate que, como todos hemos podido comprobar estos días, afecta al nervio más profundo de la sociedad catalana y del conjunto de la sociedad española.

Los catalanes y el conjunto de los españoles están viviendo los acontecimientos de estos días con inquietud y con zozobra. Todos tenemos la obligación de contribuir a mitigar ese desasosiego con serenidad, defendiendo nuestras normas de convivencia y nuestros valores, entre ellos, el respeto a la verdad.

Señorías,

El pasado 1 de octubre, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña pretendió llevar a cabo un referéndum ilegal. No fue una acción, ni inocente, ni espontánea, ni democrática. Fue el último episodio de una estrategia política destinada a imponer al conjunto de la sociedad catalana, y a todos los españoles, una independencia que pocos quieren y a nadie conviene.

Para saber cómo hemos llegado hasta aquí, conviene enmarcar esta fecha en su contexto. Para entender lo que ha pasado y para evitar que vuelva a suceder en el futuro, sobre todo, tendríamos que remontarnos a 2012. En aquel entonces la economía española atravesaba un momento crítico, porque se encontraba al borde del rescate, y todas las Comunidades Autónomas tenían graves dificultades. Cataluña no era una excepción; en realidad, era la que estaba en peor situación.

El 20 de septiembre de aquel año, el entonces presidente de la Generalitat me pidió una reunión en la que me solicitó que Cataluña se pudiera acoger al Fondo de Liquidez Autonómica para hacer frente a una deuda de más de 5.000 millones de euros. Y así lo acordamos.

También me solicitó lo que sabía que no podía conceder: un Concierto Económico para Cataluña. Le recordé que ese sistema no tenía cabida en nuestra Constitución ni podía ser afrontado por el conjunto de España, en especial en un momento de grave crisis económica. Su respuesta fue que deberíamos atenernos a las consecuencias. Acuérdense, Señorías, de aquella creativa invitación al diálogo: "o referéndum o referéndum".

Señorías,

Quiero dejar esto meridianamente claro: siempre hubo por mi parte disposición al diálogo. He tenido más entrevistas con los responsables de la Generalitat que con los de cualquier otra Comunidad Autónoma. Siempre mostré mi sincera disposición a entendernos y colaborar en la solución de los problemas de Cataluña.

Si hubieran querido dialogar, no hubiera sido necesario que convocaran elecciones autonómicas en 2012, un simulacro de referéndum en 2014 y otras elecciones autonómicas, aunque las llamaron plebiscitarias, en septiembre de 2015, con el resultado de todos conocido: quien lo hizo perdió cada vez más apoyos. Esta es otra realidad que no debemos ignorar cada vez que nos referimos a este asunto. Nunca han tenido el apoyo democrático de los catalanes para avanzar en la independencia.

A pesar de ello, siguieron en su huida hacia adelante. En vez de buscar la alianza con cualquiera de los partidos de mayor representación en Cataluña, en vez de buscar un acuerdo de concordia, decidieron echarse en brazos de la fuerza política más minoritaria y más antisistema de todas: las CUP. No importó que les exigieran el sacrificio del señor Mas en plaza pública. Lo aceptaron junto al compromiso de lanzarse al abismo de la independencia en solo dieciocho meses.

Los gobernantes de Cataluña no pueden alegar que no se dialogó con ellos, simplemente porque no es verdad. Tampoco pueden alegar que no se les haya ayudado, como al resto de Comunidades Autónomas, porque en estos años han tenido acceso a casi 70.000 millones de euros en mecanismos de liquidez; aproximadamente, un tercio del total nacional. Ni siquiera pueden alegar que sea mi Gobierno o mi persona la única que se opone a sus pretensiones. Les recuerdo que esta Cámara también rechazó concederles la competencia para organizar un referéndum de autodeterminación en abril de 2014.

Esta es la realidad de los hechos, Señorías: ni son ciertas sus razones y ni son tantos sus apoyos. Tienen los votos y la legitimidad necesarios para gobernar la Comunidad Autónoma, pero no para imponer una independencia unilateral o para liquidar su propio Estatuto de Autonomía.

Ese es el primer vicio antidemocrático de toda esta operación: responde a una estrategia deliberada para separar a Cataluña de España en contra de la mayoría de catalanes y del conjunto de los españoles que, no olvidemos, son los únicos competentes para decidir sobre esta cuestión.

Un plan, como digo, antidemocrático desde su origen; pero también por sus métodos y en sus consecuencias. Prueba de ello es lo que ocurrió en el Parlament de Cataluña el día 6 de septiembre. Aquello no fue una sesión ordinaria, sino un debate fraudulento; un acto de insumisión en el que se desobedeció la suspensión del Tribunal Constitucional y se privó a los partidos de oposición de sus legítimos derechos.

Se atacó nuestra Constitución, también las normas e instituciones de autogobierno de Cataluña y el propio Estatut, varios de cuyos preceptos se violaron en la sesión del día 6 y que resultó definitivamente liquidado en la sesión del día 7, con la aprobación de la Ley de Transitoriedad.

Si algún desavisado aún no había percibido la verdadera naturaleza autoritaria y excluyente que lidera las instituciones catalanas, en esas fechas quedó meridianamente claro. Para imponer su proyecto necesitan azuzar a unos catalanes contra otros, acosar al discrepante e imponer una uniformidad que no existe. En otras palabras, pasar por encima de todo lo que constituye el ejercicio deliberativo e incluyente que define un régimen democrático.

Señorías,

Ante este golpe a nuestro modelo de convivencia, la respuesta del Estado ha sido ajustada a Derecho, proporcionada e integral. Gracias a la actuación conjunta de todas las instituciones, se pudo desactivar la organización logística del referéndum de autodeterminación antes de que este se produjera.

El día 27 de septiembre, la Comisión de Venecia ya certificó que la pretendida consulta no cumplía los estándares exigidos por el Consejo de Europa. Con posterioridad a la jornada del domingo, la Junta Electoral Central, en un acuerdo adoptado por unanimidad, confirmó que el referéndum de autodeterminación no había existido, porque carecía de las garantías de objetividad y transparencia en su desarrollo, escrutinio y control, y, que por lo tanto, ningún resultado podría admitirse del mismo.

Eso, Señorías, no ocurrió por casualidad, sino por la acción sistemática de todos los poderes del Estado que privaron a la convocatoria de cualquier tipo de legitimidad. Les recuerdo alguno de estos elementos.

- La legalidad: la Ley reguladora del referéndum y los decretos de convocatoria fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional; también el decreto de normas complementarias y la constitución de la Sindicatura Electoral. A mayor abundamiento, el propio Boletín Oficial de la Generalitat publicó el 18 de septiembre la suspensión del mismo.

- La Sindicatura Electoral: todos los miembros de la Sindicatura Electoral renunciaron después de que el Tribunal Constitucional les apercibiera con multas coercitivas. Su renuncia se ha publicado en el BOE.

. Papeletas y cualquier otra documentación oficial: la Guardia Civil, siguiendo instrucciones judiciales, se incautó de más de diez millones de papeletas, las actas de constitución de las mesas, el listado de votantes y las actas de escrutinio.

- Mesas electorales: no hubo ningún tipo de notificación oficial a los presidentes, vocales y miembros de las mesas, porque la Guardia Civil interceptó las notificaciones oficiales.

- Censo oficial: no existió censo electoral y la Agencia Española de Protección de datos abrió un expediente por uso ilegítimo de datos personales en relación con el censo electoral a raíz de diversas denuncias planteadas por los particulares.

- Tarjetas censales: la Generalitat renunció al envío de las tarjetas censales, preceptivas en cualquier convocatoria electoral.

- Administración electoral: el Govern cesó a al máximo responsable de la misma para intentar eludir la multa coercitiva de doce mil euros diarios impuesta por el Tribunal Constitucional.

- No existían representantes de la Administración que velaran por la neutralidad. ANC, Ómnium Cultural y otras asociaciones fueron, tanto los promotores del referéndum, como los encargados de vigilarlo.

Por si todo esto no fuera suficiente, el mismo día 1, y de buena mañana, cambiaron sus reglas del juego de forma inesperada. Dijeron: "vote usted donde quiera y cuantas veces le venga en gana. No se preocupe por el resultado, ya que está escrito de antemano".

Señorías,

Nada importaba que los partidarios de una casilla fueran los mismos que pusieran las urnas y contaran los votos en los lugares más insospechados. En estas condiciones, a nadie puede extrañar que hubiera más votos que habitantes en algunas localidades.

No causó sorpresa alguna que los sistemas informáticos no funcionaran, que las urnas llegaran llenas o que la gente votara en la calle o en casas particulares. Y para rematar tanto despropósito, el presidente anunció su victoria antes de contar los votos, si es que alguien pensó en hacer tal cosa.

Un ejercicio, como pueden comprobar, que no resiste la más elemental prueba de transparencia, neutralidad y control de veracidad del resultado. Y así lo ha ratificado la Junta Electoral Central.

Señorías,

No existe un solo país en el mundo que se haya tomado mínimamente en serio lo que vivimos el pasado 1 de octubre.

Quiero subrayar que el Estado ha actuado como lo habría hecho cualquier país democrático. Actuar frente a quien incumple la Ley es proteger los derechos de todos. Por ello, debo agradecer, en nombre de todos los españoles, a quienes, de manera ejemplar, y en condiciones muy difíciles, han cumplido con su deber en la defensa del bien común. Me refiero a jueces y fiscales, pero también a la Policía y Guardia Civil. Todos ellos han desempeñado con entrega y profesionalidad su labor. Se ha incautado material, se han hecho registros, se han planteado denuncias y se ha citado a autoridades públicas, y todo de acuerdo con las garantías democráticas de nuestro Estado de Derecho. Señorías, todo dentro de la Ley y para defender, como es nuestra obligación, la Ley.

A nadie le puede gustar lo que ocurrió el 1 de octubre. Nadie puede sentirse feliz o satisfecho, ni de la imagen que se dio, ni de la farsa de las votaciones, ni de las burdas manipulaciones que ese día se vertieron contra Policía y Guardia Civil. Nada de eso debió haber ocurrido; pero los únicos responsables-- conviene no olvidarlo-- son aquellos que se empeñaron en mantener esa convocatoria a sabiendas de que era absolutamente inviable. Los culpables son quienes se empecinaron en seguir con su desafío a la Constitución y organizaron grupos de activistas para impedir que las fuerzas de seguridad pudieran cumplir el mandato judicial.

Señorías,

No busquen otros culpables distintos de los verdaderos culpables.

Permítanme ahora que, al hilo de lo que sucedió el 1 de octubre, haga una reflexión sobre la democracia y sobre lo que esta implica, porque ha sido tanta y tan burda la invocación manipulada de la misma que me parece necesario recordar tres o cuatro nociones básicas.

La primera es que una democracia representativa como la que gozamos los españoles es inseparable --repito, inseparable-- del respeto al propio marco que la hace posible: el marco de la Constitución y la Ley que todo representante público se compromete a cumplir y hacer cumplir. La democracia no se puede ejercer al margen de las reglas que la ordenan. Una democracia sin reglas y sin procedimientos no es viable. Y una democracia en la que las reglas y los procedimientos son ignorados o violentados no es una democracia.

En segundo lugar, el voto es esencial en la democracia, ya lo creo; pero es una falsedad completa ese mantra del que tanto se ha abusado: "votar es democracia". Votar contra la democracia, como ha sido el caso, e incluso votar al margen de la democracia no es democracia. Y en este caso concreto ninguna de las reglas que vinculan el voto con la democracia se ha cumplido.

La farsa del pasado 1 de octubre no fue un ejercicio democrático, fue un ejercicio contra la democracia, y todo lo que ha ocurrido después de esa jornada no ha sido más que las consecuencias inevitables de esa quiebra de la legalidad.

Señorías,

Durante estos cuarenta años nuestra vida en común ha sido, en términos generales, tan pacífica y tan democrática que el reconocimiento de los fundamentos básicos de nuestra concordia cívica pudiera llegar a parecernos una rutina, un conjunto de frases hechas, o, lo que es peor, un conjunto frases huecas. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos de estos días, todos hemos recuperado la percepción exacta del alcance y de la importancia de esos valores.

La gestión eficiente y pacífica de la complejidad de intereses que caracteriza la convivencia de un país avanzado exige un diálogo pactado y permanente bajo la cobertura cotidiana de la Ley. O la Ley es el eje de gravedad de la convivencia, o cualquier sociedad se atomiza en un sinfín de conflictos.

Cuando se rompe la Ley --la Ley democrática--, la sociedad en su conjunto se resiente y se allana el camino hacia la sinrazón generalizada y el caos. Surgen el miedo, la inseguridad y la zozobra, se rompe la convivencia y se acaba liquidando el bienestar.

Antes del 1 de octubre, y después de esa fecha, hemos asistido a todo tipo de ejemplos de esa quiebra de la convivencia: hemos visto enfrentamientos entre ciudadanos, acoso a alcaldes que se negaron a colaborar con el referéndum, intimidación a jueces, insultos a periodistas y hostigamiento a las fuerzas de seguridad. Hemos visto comportamientos inadmisibles en algunas escuelas y pintadas amenazadoras contra los discrepantes, y hemos conocido la vulneración de datos personales que deben estar protegidos por la Ley.

En ese ambiente, decenas de empresas han anunciado en los últimos días su salida de Cataluña. Grandes empresas, ejemplares en su capacidad emprendedora, que levantaron la prosperidad de esa Comunidad Autónoma y que contribuyeron a llevar la marca de Cataluña por todo el mundo, se han visto obligadas a salir de allí ante la amenaza de la ruptura.

Igualmente, en las últimas jornadas varias agencias de calificación han empeorado el rating de Cataluña, algo que no ha afectado a la Comunidad en la medida en que se sigue financiando gracias al Tesoro español.

El sector turístico está resultando uno de los más golpeados por la inestabilidad, con una caída de reservas, según fuentes del sector, de hasta el 20 por 100 en los hoteles de alta gama y del 40 por 100 en apartamentos turísticos. Sirva como muestra del impacto negativo un solo dato, que es verdaderamente notable: se han producido muchas más advertencias y recomendaciones a viajeros internacionales con motivo de los acontecimientos de estos días que a raíz de los atentados terroristas de Las Ramblas y Cambrils del pasado mes de agosto.

No conviene seguir llamándose a nuevos engaños. A estas graves consecuencias seguirán otras peores mientras en Cataluña no se restablezcan el orden, la seguridad jurídica y el imperio de la Ley. Por ello resulta urgente, Señorías, volver cuanto antes a la legalidad. Hacerlo cuanto antes y evitar que sigan la tensión social y el deterioro económico.

Los responsables de las instituciones autonómicas deben poner fin a esa deriva que tanto daño está haciendo a todos los catalanes, a la reputación de esa Comunidad, a su futuro y a su bienestar. Nunca en su historia, los ciudadanos de Cataluña han gozado de más libertades, de más autonomía, de más capacidad de gasto y de más reconocimiento internacional. Ahora todo eso está en riesgo. Se ha vuelto a confirmar la máxima según la cual "todo extremismo acaba destruyendo lo que afirma". El independentismo está a punto de dar al traste con la mejor época de Cataluña en toda su historia.

La realidad, la implacable realidad, Señorías, ha desmontado de un plumazo todas las falsedades sobre las que se había cimentado el mito de una independencia de cuento de hadas. No es pacífica, no es gratuita, no será reconocida por Europa y ahora todo el mundo sabe que tiene costes y muy elevados.

Un referéndum fraudulento como el del pasado día 1 de octubre no puede llevarse por delante una Comunidad de siete millones y medio de personas, ni al cuarto país de la Unión Europa.

España no se va a romper mientras no lo decidan así sus ciudadanos y cualquier Gobierno, el que yo presido o el que pudiera presidir cualquiera de ustedes, estará obligado a defender la unidad del país y la soberanía nacional.

Este es un bien común que no puede parcelarse, ni amputarse, ni malvenderse, ni ser sujeto de cambalaches, trucos de magia, desprecio o carambolas.

Precisamente por ello, y por su enorme importancia, a nadie puede sorprender que desde el primer momento haya solicitado el apoyo de cuantos estén dispuestos a defender nuestra Constitución y nuestra convivencia.

He reclamado un apoyo responsable y generoso, porque están siendo amenazados valores que a todos nos importan; valores que compartimos y que hemos situado muy por encima de nuestras diferencias. Son los principios que albergan y hacen posible que podamos discrepar en paz y en libertad.

Importa mucho la unidad de los demócratas y desde aquí me comprometo a seguir perseverando para mantenerla y, si es posible, ampliarla.

Señorías,

Sé muy bien que el futuro de Cataluña y la tranquilidad de sus ciudadanos pasa por cerrar la fractura y restañar las heridas que tantas historias y tanta radicalidad han causado en su cuerpo social.

Cataluña, como el resto de España, es el resultado de un caudal de afectos entrecruzados durante siglos, Señorías; un lugar donde todos pueden ser distintos, sin que nadie se crea más que otro.

Ese es el futuro al que debemos aspirar: a reencontrar esa Cataluña mestiza que tanto ha contribuido al bienestar y al progreso de España. Y tenemos que contar para ello con el catalanismo pactista e integrador que ha dado a Cataluña sus mejores momentos, el que ha tenido siempre una visión integral de su país y el que ha conseguido hacer universales sus logros.

La España de hoy no se puede entender sin la contribución de ese catalanismo constitucional y europeísta, que fue colaborador necesario en nuestros éxitos colectivos. Y lo digo con pleno conocimiento porque yo participé directamente en algunos acuerdos fraguados durante una etapa de cooperación leal que hoy todos echamos de menos.

Siempre he sido y sigo siéndolo un firme partidario del diálogo como forma de resolución de los conflictos en la política, en la vida cotidiana o en cualquier ámbito; pero debo advertir, porque se dicen muchas cosas, que no es posible aceptar, bajo la apariencia de un diálogo equívoco, la imposición unilateral de puntos de vista que se saben imposibles de aceptar por una de las partes.

Tampoco es posible establecer un diálogo para acordar sobre lo que está expresamente prohibido en el artículo 2 de la Constitución: negociar sobre la titularidad de la soberanía que corresponde al conjunto de los españoles y sobre la indivisibilidad de España.

Eso es algo que deben tener en cuenta los numerosos "mediadores" que durante estos días se han ofrecido; la mayor parte de ellos, con buena intención para colaborar en buscar una salida a esta situación. No puedo más que agradecer su preocupación y su interés; pero no hay mediación posible entre la Ley democrática y la desobediencia o la ilegalidad.

Señorías,

Aquí no estamos dilucidando diferencias de interpretación de la Constitución, de las leyes del Estado o del Estatut de Cataluña. El Gobierno de Cataluña sabe perfectamente que las está incumpliendo. ¿Qué es entonces lo que se quiere dilucidar mediante la mediación? ¿Que un tercero le diga al Gobierno de la nación que abandone su deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes? ¿Que se dé carta de naturaleza a la actuación desleal del Gobierno catalán? ¿Que se reconozca un derecho que no existe?

Señorías,

El enredo que se ha montado en torno a un supuesto derecho a decidir, y que mucha gente ha creído de buena fe, es en realidad una manera tramposa de invocar un derecho de autodeterminación que ninguna Constitución democrática contempla; repito, ninguna Constitución democrática contempla. Las Naciones Unidas, cuyas Resoluciones se invocan de forma parcial e interesada, no reconoce ese derecho sino a los pueblos sujetos a dominación colonial y, por el contrario, sostiene, y cito textualmente, que "todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible --repito, Señorías, incompatible-- con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".

Dicho más llanamente, es falsa y contraria a cualquier norma de Derecho Internacional la invocación de un "derecho a decidir" que no existe en un país democrático que respeta el Derecho Internacional y que es un miembro activo de la Comunidad Internacional y una de las democracias más completas del mundo.

Señorías,

¿Se puede dialogar en una situación como esta? Sin duda. Se puede dialogar sobre la cantidad y la calidad de los servicios públicos, sobre su financiación, sobre el perfeccionamiento del autogobierno, sobre cómo combinar la eficiencia y la solidaridad, o sobre la rendición de cuentas.

¿Se puede mejorar el marco de convivencia? Sin duda. Entre todos y en el marco de los organismos existentes. En primer lugar, la Conferencia de Presidentes, a la que el Gobierno de la Generalitat no ha tenido a bien comparecer, y en todos los demás organismos de coordinación sectorial. Bilateralmente, por supuesto también, en el marco de los distintos recursos que para ello existen. Y en este Parlamento, sin duda también se puede dialogar.

Se puede hablar de todo lo que la Constitución y las leyes permiten hablar, y con todos los que estén dispuestos a hablar. Incluso, se puede plantear la propia reforma de la Constitución. Esta dista mucho de ser una ley perpetua, ni tiene pretensión de serlo. En absoluto, todas y cada una de sus determinaciones, incluidos sus preceptos más esenciales, pueden ser modificadas y esa aspiración está reconocida y amparada por la propia norma. También la Constitución se puede modificar, pero solo a través de las reglas y de los procedimientos previstos para ello.

En una democracia deliberativa como la nuestra todo es susceptible de ser dialogado; pero, recordemos, el diálogo es lo opuesto a pretender avanzar por la vía de la ilegalidad, la amenaza o los hechos consumados.

Termino ya, Señorías.

Hago mías las palabras del Rey Don Felipe en su intervención del pasado día 3 de octubre: "Saldremos adelante porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos. Porque nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos. Y lo son porque están basados en el deseo de millones de españoles de convivir en paz y libertad."

El Gobierno seguirá cumpliendo con su obligación de defender la Ley y la unidad de España. Lo hará buscando siempre el principio fundamental de recuperar la concordia y la paz social, porque "todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo rio".

Al calor de ese sol común han crecido generaciones de hombres y mujeres que han compartido una historia, una cultura, muchos sueños y también algunas decepciones.

Como cualquier país, nuestra historia tiene páginas muy dolorosas que hemos sabido superar y cuyas enseñanzas hemos incorporado a nuestra convivencia. Llevamos siglos juntos, mezclándonos unos con otros, compartiendo sentimientos y esa casa común que a todos nos alberga.

Hemos sabido hacer de nuestra diversidad una fortaleza. Por eso la España que hoy sufre por lo que está pasando es una España que quiere a Cataluña y que la siente como una parte fundamental de sí misma: con su lengua propia, con su cultura y con su propia manera de ser.

Es esa España integradora, amable y serena a la que quiero también quiero enviar desde esta tribuna mi reconocimiento. Estoy hablando de los miles y miles de españoles que durante estos días han salido a las calles, también a las de Cataluña, para proclamar espontáneamente su patriotismo y su amor a su país, incluso desde posiciones políticas diferentes. Lo han hecho sin estridencias, sin exclusiones, con la alegría de reconocerse como compañeros de un mismo proyecto común.

Por todos ellos es hora de poner fin a este desgarro y hacerlo con serenidad, con prudencia y con el objetivo último de recuperar la convivencia.

Muchas gracias.