Respuestas del presidente del Gobierno en la sesión de control parlamentario

Senado

Respuesta del presidente del Gobierno a la pregunta formulada por don Josep Lluís Cleries, del Grupo Parlamentario Nacionalista

Sr. Cleries.- Señor Rajoy, un millón de personas estábamos ayer llenando el centro de Barcelona para poder votar, reclamando democráticamente y pacíficamente que queremos un nuevo Estado para Cataluña, y esto se realizó, no como aquí, sin ningún incidente.

Usted no ha dedicado un solo instante a pensar el por qué estos miles de personas salimos a la calle cada año. Usted habla de ley y democracia. ¿Nos puede hablar de ley y democracia usted, que no respetó el Estatut de Cataluña de 2006, tramitado constitucionalmente y votado en referéndum por el pueblo de Cataluña? ¿Usted, que recogió firmas contra Cataluña? ¿Puede decirlo quien con su acción rompió el pacto constitucional con Cataluña? Usted, que con ello rompió también el modelo de convivencia, nos quiso llevar y nos quiere llevar a un modelo de sumisión. ¿Pedir firmas contra Cataluña es defender la convivencia y la concordia, señor Rajoy?

Usted vendió Cataluña a cambio de votos y usted no defendía la convivencia; al contrario, la dinamitó. Ahora recoge los frutos de esos errores. ¿Con qué autoridad nos puede hablar cuando ha sido incapaz de impulsar una sola propuesta política para Cataluña? ¿Usted, que se ha negado a dialogar sobre un pacto fiscal y sobre un referéndum pactado?

Gracias a usted y al Partido Popular tenemos un Estatut que desde hace siete años fue impuesto por el Tribunal Constitucional, sin el voto de los catalanes y sin ningún respaldo democrático. No es nuestro Estatut este.

¿Con qué autoridad moral nos habla cuando tiene en su Gobierno dos ministros reprobados y aquí están, como si nada? ¿Puede decirlo quien conoce la utilización de las cloacas del Estado para fabricar montajes contra dirigentes de partidos soberanistas, alterando resultados electorales, y quien tuvo un ministro del Interior que alardeaba de haberse cargado la sanidad catalana?

¿Puede decirlo quien nos dijo a los contribuyentes que el rescate financiero no nos costaría ni un solo euro y nos costará más de cuarenta mil millones de euros? Este engaño espero que lo lleven al Tribunal de Cuentas y que el Gobierno solidariamente lo asuma. Para votar, ni un euro; para los bancos, cuarenta mil millones de euros. Vergonzoso.

En nombre de la Ley y la democracia, usted quiere negar e impedir la Ley y la democracia. Usted ha abandonado a todos los catalanes, ha abandonado también a los catalanes que querían o quieren seguir en el Estado español. ¿Es consciente, señor Rajoy, de que su incapacidad para el diálogo, su falta de propuestas y su negativa constante a escuchar y a conocer las razones por las que el 80 por 100 de los catalanes queremos votar en un referéndum para decidir nuestro futuro ha provocado la mayor crisis institucional del Estado español?

Presidente.- Muchas gracias por su pregunta y sus palabras, señor Cleries, que las podemos resumir diciendo: la culpa de todo la tiene usted, señor presidente del Gobierno.

Quienes nos dedicamos a la política debemos intentar hacer bien nuestro trabajo; pero luego hay algo que también es muy importante, que es hacernos responsables de cada uno de nuestros actos y de nuestras decisiones. Señor Cleries, se lo digo con toda franqueza: echarle la culpa a los demás de sus propios actos yo no se lo puedo aceptar. Es algo que hacen ustedes habitualmente y en la vida hay que tener la determinación y el coraje de asumir las responsabilidades de sus propias decisiones, cosa que ustedes no han hecho nunca.

Le voy a recordar brevemente la historia reciente, a ver si se le ocurre algo y hace un poco de autocrítica, que buena falta les hace.

Ustedes ganaron las elecciones en 2010 con 62 diputados; era un buen resultado. Ustedes aprobaron dos Presupuestos con el voto del Partido Popular y eso fue después de las firmas y de todas esas cosas que nos ha contado usted hoy aquí. Ustedes no tenían mayoría y entonces dijeron: hay que intentar tener mayoría, primero, para tenerla y, en segundo lugar, para enfrentarse a Madrid, que es lo que, por lo visto, les gusta a ustedes, a pesar de que eso que ustedes llaman Madrid estaba en ese momento preocupándose de evitar el rescate de España y de atender a la Generalitat de Cataluña, que no podía financiarse y, por tanto, atender los servicios públicos.

Pero es igual, decidieron que tenían que adelantar las elecciones y perdieron doce escaños. Después, tuvieron que buscar el apoyo de Esquerra Republicana y entonces entraron en la dinámica en la que están ahora: organizaron una consulta-referéndum, una pantomima en realidad, en 2014 y volvieron a adelantar las elecciones, a convocar otras nuevas, les llamaban plebiscitarias, y volvieron a perder escaños. Entonces se aliaron ya con la CUP, porque con Esquerra Republicana no llegaba, y entonces la CUP les obligó a echar a su candidato, al señor Mas, y entonces prometieron la independencia en dieciocho meses.

¿Y sabe lo que han hecho ahora, señor Cleries? En unas horas han pretendido liquidar toda la legalidad, en unas horas, los días 6 y 7 de septiembre: la Constitución Española, el Estatuto de Cataluña… Todos los principios que eran la base de esa legalidad; el más importante, la soberanía nacional. Además, han atentado contra los derechos de todos, empezando por los diputados del Parlamento de Cataluña, que no pudieron defender su posición en esos debates. Y por si todo ello no fuera suficiente, ahora amenazan a los alcaldes que están en contra de sus planteamientos, como hizo ayer el señor Puigdemont. Escuche: "díganles a los alcaldes --eso es lo que recomendó ayer el señor Puigdemont-- 'mírame a los ojos', 'te debes a mí', '¿me dejarás votar o impedirás que vote?'".

Señoría,

Yo no soy el culpable de todo eso. Esas decisiones las han tomado ustedes. Yo he tomado dos decisiones: la primera, negarme, como hubiera hecho cualquier persona en mi lugar, porque así lo dicen la Constitución, las leyes y el sentido común, a convocar un referéndum que liquida la soberanía nacional. Esa fue la primera decisión, que la volvería a tomar en cualquier circunstancia que se me vuelva a plantear. Y la segunda decisión fue intentar que cinco años sin hacer nada en el Gobierno de Cataluña no perjudicaran a los ciudadanos de Cataluña y, por tanto, pagar los vencimientos de deuda, pagar el déficit para que pudieran cubrir los servicios públicos y pagar a los proveedores. Eso fue lo que yo hice.

Sr. Cleries.- Como es habitual, no me ha contestado; pero le puedo recordar que cada año generan ustedes a Cataluña dieciséis mil millones de euros y que cada día sale un AVE hacia aquí, el Estado español, con cuarenta millones que se van y no vuelven. Y con estos sí podríamos hacer muchas cosas. Sí, se pueden reír, pero se van al resto de España y Cataluña los pierde.

Su Gobierno, señor Rajoy, no ofrece garantías democráticas. Convocar un referéndum no es ningún delito. ¿Cómo pueden perseguir penalmente lo que no es un delito, pretendiendo requisar urnas y papeletas? Ninguna ley española, europea ni internacional considera que sea un delito un referéndum. La Ley no puede ir en contra de la democracia; no puede impedir participar, decidir, votar. El Parlament de Cataluña ha impulsado una legislación para hacer posible que todos los ciudadanos puedan votar y los parlamentarios en Cataluña tienen… Imagínese, aquí estamos tramitando la mayoría de leyes por urgencia y lectura única, y, en cambio, en Cataluña nos lo prohíben. ¿Es esta su democracia?

El derecho de Cataluña a su autodeterminación es inherente a nuestra condición de nación. Lo reconoce el Derecho Internacional. Es una cuestión de legitimidad, de dignidad, porque los catalanes seremos lo que queramos ser, no lo que usted quiera que seamos. Con su represión, con sus amenazas y querellas, que hacen visible su desesperación e impotencia, ustedes quieren suspender la democracia y la política. Quieren ilegalizar las instituciones propias de Cataluña. Se han saltado el Estado de Derecho con su estrategia del miedo, porque esto, señor Rajoy, no es un Estado de Derecho; es un Estado extremadamente de derechas, eso sí.

Ni usted, ni el PP, ni ningún tribunal decidirá por nosotros. Desde la radicalidad democrática --esta radicalidad sí la tenemos, la democrática--, el día 1 de octubre seremos los catalanes y catalanas los que con estas papeletas vamos a votar, y todos los ciudadanos tendremos nuestra papeleta para votar. Seremos los que decidiremos nuestro futuro político. Usted quiere decidir por todos y después dice que nosotros hablamos en nombre de todos. Fíjese como no es así que nosotros queremos dar la palabra a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña; en cambio, usted quiere decidir por todos.

Porque, señor Rajoy, no es una cuestión de independencia o no; es una cuestión de libertad, de democracia, de derechos humanos y de defender nuestra dignidad frente al miedo que nos quieren imponer. Y aun así le decimos que hasta el último segundo estamos dispuestos a dialogar. Lástima que usted solamente tiene un monólogo y se puede hablar de lo que usted quiere.

Nos sentimos llamados a votar el día 1 de octubre, porque las urnas, el referéndum, es el mejor instrumento. Como dice nuestro himno, "quan convé seguem cadenes. Bon cop de falç!". Y con las urnas y la papeleta, el día 1 de octubre "seguerem las cadenas".

Presidente.- Señor Cleries, no puedo compartir sus argumentos. No tiene usted razón y así se lo digo. Y, como he señalado en mi primera intervención, vuelvo a recomendarle que hagan ustedes autocrítica si no quieren desaparecer.

Ustedes sabían perfectamente que yo no iba a autorizar el referéndum. ¿Sabe por qué, señor Cleries? Porque no puedo. Y se lo dije al señor Puigdemont y el señor Puigdemont sabía que no podía, y así me lo dijo. Y, además, me dijo también que él no podía negociar el referéndum porque el referéndum era innegociable. Por tanto, yo cumplí con mi obligación y avisé pero, cuando no se quiere negociar y se pretende imponer la celebración de algo que es claramente ilegal, sucede lo que sucede.

Lo que estuve haciendo a lo largo de todo este tiempo, como he dicho antes, es intentar que no quebrara la Generalitat, porque no podía ir a los mercados, no podía atender los vencimientos de deuda, no podía cubrir su déficit y, por tanto, no podía atender a los servicios públicos y no podía pagar a sus proveedores. Mientras unos gobernamos y nos ocupamos de los problemas reales, otros se dedicaron a otras actividades y nos han traído hasta aquí.

A usted se le ha llenado la boca de las palabras "democracia", "libertad", "derechos humanos"... Con absoluta franqueza, ustedes en este momento están a las órdenes de los más radicales y extremistas de Cataluña. Eran un partido con 62 escaños y mire lo que son ahora.

No hable de democracia, porque ustedes en dos días, los días 6 y 7 de septiembre, se han liquidado --aunque el Tribunal Constitucional ha dicho que no vale, como es natural-- la Constitución Española y el Estatuto de autonomía. Se han liquidado además, y esto es lo más importante --y habla usted de democracia, de libertad y derechos humanos--, todos los trámites parlamentarios propios de una democracia, todos. Pero lo más grave: usted, que habla tanto de derechos humanos, es que no les ha dejado a los diputados de la oposición el dar la batalla en un tema tan importante como es la liquidación de todo nuestro acervo. Señoría, ustedes han dividido al Parlamento de Cataluña, ustedes han dividido la sociedad de Cataluña y están amenazando ahora, amenazando, a periódicos y a alcaldes por negarse a ponerse a las órdenes de Sus Señorías.

Señorías,

No echen la culpa a los demás. Todo esto lo han hecho ustedes. Los demás lo que hemos hecho es cumplir con nuestra obligación. Y todo eso que hicieron ustedes lo hicieron con una mayoría y millones de catalanes en contra. En dos días han pretendido liquidar la Constitución, el Estatuto, fabricar una nueva legalidad, liquidar la soberanía nacional y quinientos años de historia.

¡Hombre! Por favor, señor Cleries.

Respuesta del presidente del Gobierno a la pregunta formulada por don Jokin Bildarratz, del Grupo Parlamentario Vasco

Sr. Bildarratz.- Señor presidente, en el año 2010 el Ayuntamiento de Tolosa homenajeó y recordó a todas aquellas víctimas del terrorismo que, o bien fueron asesinadas en Tolosa o, siendo de Tolosa, fueron asesinadas fuera del municipio. Esto homenaje me posibilitó, me permitió, hablar con todas y cada una de las familias que sufrieron, con todas y cada una de las familias de las víctimas, y en esos días también se me acercó una familia cuyo marido, cuyo padre, también había muerto de forma violenta: era el caso de Marcelo Garciandía, un joven trabajador de 37 años, padre de tres hijos, natural de Tolosa.

En el año 1982, una noche, después de haber cenado con los amigos, esta persona de camino a casa hace una parada en la carretera para, entre otras cosas, limpiar el vaho del cristal delantero. Un funcionario, con un disparo realizado a corta distancia y de frente, le hiere de gravedad. Marcelo vivió dos días, los suficientes para relatar lo acontecido. Después de largos años y largos juicios, el funcionario citado fue condenado a seis años de cárcel.

Conozco a la familia --entonces conocí a la familia-- y treinta años después siguen destrozados. Esa familia me pedía que también su familiar fuera homenajeado y considerado como víctima del terrorismo, y no podía ser. Yo les dije que no podía ser; pero lo que sí les prometí es que trabajaría para que esa persona fuese, de alguna manera u otra, reconocida.

El Parlamento vasco nos ha dado la oportunidad y nos ha dado la oportunidad a la hora de aprobar una ley; ley cuyo objetivo principal es el reconocimiento y la reparación a víctimas de determinadas violencias de derechos humanos: violaciones a la vida, violaciones a la integridad de la persona, violencias focalizadas en un contexto de motivación política en un intervalo de tiempo determinado, como es del año 1978 al año 1999. Y todo ello en aras a lograr, por una parte, el reconocimiento de la dignidad y, por otra parte, la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Este es uno de los elementos importantes que después de cincuenta años de drama, cincuenta años de sufrimiento, en Euskadi es uno de los grandes objetivos que el bipartito del Gobierno vasco tiene dentro del ámbito de la convivencia y de la normalización, y eso es el reconocimiento y el reparo de las víctimas.

Es una ley fruto de una iniciativa aprobada, tanto por el Partido Nacionalista Vasco, por EH Bildu, por Partido Socialista y Partido Popular, que instaron al Gobierno Vasco a --leo textualmente-- "continuar desarrollando las políticas de reconocimiento y reparación a las víctimas de derechos humanos provocados por abusos de poder o uso ilegítimo de la violencia policial". Esta Ley viene a ser el siguiente paso del camino iniciado con el decreto 107/2012, que supuso el reconocimiento y la reparación de las víctimas desde 1960 hasta 1978; decreto que, dicho sea de paso, no tuvo ningún reparo legal teniendo el mismo método de evaluación que propone esta Ley, e incluso esta Ley es mucho más integradora en ese sentido. Y les digo que el decreto dio respuesta a 174 víctimas y les digo que esto no ha generado ningún problema, sino todo lo contrario.

La pregunta que tenemos que hacernos, señor presidente, es si estas víctimas existen o no existen, o si estas víctimas están reconocidas o tienen que ser reconocidas. Sí me gustaría conocer su opinión, señor presidente. ¿Este sufrimiento injusto ha sido reparado de algún modo oficial o institucional? ¿Es consciente, señor presidente, de que al recurrir esta Ley al Tribunal Constitucional está dejando desamparadas a víctimas que sufrieron y que sufren en estos momentos lo indecible?

Muchas gracias, señor presidente.

Presidente.- Muchas gracias, señor Bildarratz. Señoría, yo quiero decirle que el Gobierno no rehúsa alcanzar acuerdos. Previamente, como usted sabe, a la presentación de este recurso, y precisamente para evitarlo, precisamente para ello, esa Ley a la que usted se refiere fue objeto de una negociación en la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco, en aplicación del procedimiento contemplado, y que usted conoce bien también, en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. De hecho, el recurso solamente se ha puesto contra unos artículos de la Ley y no contra la Ley en su conjunto.

Y, si no ha podido haber un acuerdo en el conjunto de la Ley, lógicamente, todos debemos pensar que todo el mundo tendrá su parte de responsabilidad, porque ustedes hablan de que ha habido juristas que han apoyado esta ley, pero también en el Parlamento vasco comparecieron otros juristas que advirtieron de que podía haber vicios de inconstitucionalidad; y también lo hizo mi partido en el debate que se produjo en el Parlamento vasco.

Cuando nosotros presentamos un recurso de inconstitucionalidad, no lo hacemos por qué sí. Lo hacemos después de informarnos y lo hacemos si pensamos que puede vulnerar lo que dice nuestra Constitución. Y aquí tuvimos encima de la mesa un dictamen del Consejo de Estado, un dictamen de la Comisión de Seguimiento de disposiciones y actos de las Comunidades Autónomas, de la Dirección General de Relaciones de las Comunidades Autónomas y los Entes Locales, y de los Ministerios de Interior, Justicia y Sanidad, que entendieron que el Gobierno tenía la obligación, a pesar de que lo intentamos, de presentar ese recurso ante el Tribunal Constitucional.

Le voy a explicar cuál es la razón más importante que motivó este recurso. No quiero entrar en detalles técnicos, porque creo que no hacen al caso en una intervención de estas características; pero el tema importante es la Comisión de Valoración. Se crea una Comisión de Valoración como órgano administrativo colegiado, cuya función principal es la tramitación del procedimiento para reconocer la condición de víctimas de vulneraciones de derechos humanos, y se dota a la Comisión de funciones de instrucción. Pues bien, lo que impugnamos es la creación de esa Comisión de Valoración, porque se atribuye funciones de investigación de hechos que constituyen delitos recogidos en el Código Penal, y eso es función jurisdiccional, aquí y en cualquier lugar del mundo.

Pero, además, y esto es más importante aún, el procedimiento previsto en la Ley puede afectar al contenido esencial de derechos fundamentales, porque siempre que alguien dice que hay una víctima dice que hay un culpable, y ese culpable no lo puede declarar culpable una comisión administrativa, porque eso afecta a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, a la presunción de inocencia, al juez predeterminado por la Ley, a un proceso contradictorio con las debidas garantías y al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

Usted se ha referido a un caso concreto aquí. Pues bien, habló de un funcionario que fue condenado por un tribunal. Es que es el tribunal quien tiene que condenar al funcionario y no una comisión administrativa. Esa es la razón fundamental por la que hemos planteado este recurso.

Sinceramente, creo que hemos cumplido nuestra obligación. No había más objetivo ni más razón que esa y, por tanto, pienso que están ustedes equivocados.

Sr. Bildarratz.- Quisiera matizarle una cuestión: primero, en estos momentos la Ley está recurrida en su totalidad. Otra cuestión es que únicamente estén suspendidos cautelarmente solo seis artículos.

La Resolución 60/147 de Naciones Unidas dice que "la víctima será reconocida con independencia de si el autor ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado". El artículo dos del Convenio Europeo sobre Indemnización a las víctimas dice que la reparación se concederá, incluso, si el autor no puede ser perseguido o castigado.

En materia de víctimas, atendiendo al doctrina de los Tratados y Acuerdos Internacionales, el proceso administrativo, que es de lo que estamos hablando, es posible sin necesidad de una sentencia judicial, porque lo primero es atender a las víctimas.

Para su reconocimiento y reparación, señor presidente, no es preciso un proceso penal, sino que es preciso un proceso administrativo, porque, además, le he dicho que esta Ley lo que hace es abarcar los años de 1978 a 1999, y con ello le estoy diciendo que la mayor parte de los casos han prescrito; están prescritos. Y eso ¿qué quiere decir' ¿Qué nunca van a ser considerados como víctimas? Y la propia Ley que ustedes han recurrido, en su artículo 14.5, lo que le está dando es precisamente la fuerza al ámbito jurisdiccional. Es justamente lo contrario; le está diciendo: "en aquellos casos en los que la Comisión de Valoración tenga conocimiento de la existencia de causas judiciales abiertas, el órgano encargado de resolver el expediente suspenderá la tramitación del procedimiento hasta que la vía judicial se haya agotado".

Hemos hablado de un caso concreto. Hemos dicho que el funcionario estaba condenado a seis años; pero esta persona no puede ser considerada víctima y esta familia no puede tener la consideración de víctima.

Lo que nosotros, señor presidente, le estamos pidiendo es que, además del ámbito competencial, si ustedes consideran que la competencia es suya, háganlo; pero, por favor, a todas estas personas que han sufrido lo indecible ayúdenles, que sean víctimas. El propio presidente del Partido Popular en Euskadi lo hizo y dijo a una de las víctimas que le ayudaría en la consideración de víctimas. Porque esta Ley el único objetivo que persigue, como le estoy diciendo, es la reparación y el reconocimiento a víctimas de determinadas violaciones de los derechos humanos.

Muchas gracias, señor presidente.

Presidente.- Señoría, ustedes tienen una opinión y hay otras personas que tienen unas opiniones diferentes. Nosotros creemos que estamos hablando de temas y de cuestiones que están reservadas al Estado: cuestiones penales, cuestiones procesales, cuestiones jurisdiccionales y, sobre todo, cuestiones de derechos fundamentales. Esa unidad de regulación hay que preservarla, hay que garantizar la seguridad jurídica y, por tanto, mantengo la posición que antes le he explicado.

No olvide usted que una Comisión de Valoración como la que ustedes han creado puede imputar a determinadas personas la comisión de un delito sin respetar las garantías --sí puede hacerlo; es que este es el problema y la razón de fondo, señor Bildarratz-- de un proceso ni observar los principios de un proceso administrativo sancionador. Y esto vulnera nuestros textos constitucionales.

Por tanto, esperemos a lo que resuelva el Tribunal Constitucional. Yo estoy dispuesto a hablar personalmente con usted de este asunto; pero lo que es evidente es que, cuando hay tantas y tantas razones y, sobre todo, tantos y tantos derechos que proteger, yo tengo que intentar que sea el Tribunal Constitucional el que diga si ustedes se han ajustado o no a lo que dice nuestra Constitución.

Muchas gracias.

Respuesta del presidente del Gobierno a la pregunta formulada por don Andrés Gil, del Grupo Parlamentario Socialista

Sr. Gil.- Señor presidente del Gobierno, no sé a usted, pero a mí me hubiese gustado que el tema de hoy, de esta pregunta de hoy, fuese otro bien distinto. Me hubiera gustado hablarle de la necesidad de impulsar la subida de los salarios de los españoles del 2,5 al 3 por 100, como ha planteado mi partido; me hubiera gustado debatir con usted sobre la necesidad urgente de poner en marcha un plan de rescate a los jóvenes de este país, como planteará el Partido Socialista en los próximos días; o me hubiera gustado conocer su opinión sobre la propuesta de Pedro Sánchez, de subir el Salario Mínimo Interprofesional a los mil euros de aquí al año 2020.

Pero, tras los últimos acontecimientos de los últimos días en Cataluña y lo visto ayer, no podemos dejar de referirnos al mayor desafío que en nuestra historia reciente se ha planteado a nuestra soberanía nacional, a nuestra democracia, al propio Estatuto de Autonomía de Cataluña y, en suma, entiendo que a la convivencia democrática en nuestro país por parte del secesionismo extremista catalán.

Señor presidente del Gobierno, cuenta usted con toda la fuerza de la Ley y del Estado de Derecho, y el Estado de Derecho, a su vez, cuenta con todo el apoyo y con toda la lealtad del Partido Socialista Obrero Español y de su secretario general, y usted lo sabe.

El Partido Socialista es un partido de Estado. Hemos gobernado muchos años en este país. Gobernamos pequeños Ayuntamientos y grandes ciudades, y hemos gobernado en todas y cada una de las Comunidades Autónomas. Por eso sabemos muy bien de la importancia que tiene el respeto a nuestro ordenamiento jurídico y la defensa de las instituciones.

Por eso, señor Rajoy, vamos a estar al lado del Gobierno en esta ocasión, en defensa de nuestra Constitución, en defensa de la Ley y en defensa de la unidad de España. No tenga ninguna duda, señor presidente. Los socialistas nunca hemos faltado para con nuestra responsabilidad con España y no lo vamos a hacer tampoco en esta ocasión.

Señor Rajoy, del salto al vacío que han dado en las últimas fechas el soberanismo extremista en Cataluña y de las consecuencias que se deriven de este viaje a ninguna parte emprendido por quienes hoy están al frente de las instituciones en Cataluña son solo y serán solo responsables aquellos quienes las han provocado. Quiero que esto quede claro. Pero, dicho esto, señor Rajoy, es patente que los últimos años de disputa entre las posiciones independentistas y el ninguneo a los anhelos de la sociedad catalana han dejado una importante fractura social, emocional y una importantísima, una carísima, factura democrática. Y parte de esa factura, señor Rajoy, es suya y de su partido.

Fue un error, señor Rajoy, y así lo manifestaba públicamente su ex ministro el señor Margallo estos días, la recogida de firmas en contra del Estatut catalán. El señor Margallo así lo manifestaba. Fue un error y fue un error el recurso al Tribunal Constitucional; un error que hoy tiene consecuencias. Pero permítame que le diga algo: ni uno solo de estos errores, ni uno solo, justifica ni justificarán nunca el ataque al Estado de Derecho o a la democracia por parte de nadie en nuestro país.

Pero yo creo que cabe preguntarse, señor Rajoy, cómo hemos podido llegar a esa desafección de una parte importante de la sociedad catalana con el resto del país. Pues hemos llegado aquí principalmente por insensatez, por la incompetencia y por la falta de respeto a la legalidad del señor Mas, del señor Puigdemont, del señor Junqueras y de la presidenta del Parlament, como hemos podido ver durante estos días. Insensatez por prometer a los catalanes la luna en forma de una independencia que nunca será, y ellos lo saben; e incompetencia por envolverse en la bandera de todos y todas los catalanes para tapar dos cuestiones: una, la incapacidad del Gobierno catalán para gestionar la crisis económica de estos años en Cataluña, al igual que en el resto de España, y, por desgracia, ha dejado a demasiada gente por el camino; y, dos, para tapar escándalos de corrupción como el 3 por 100 o el asunto de los Pujol.

Pero en todo esto, señor Rajoy, créame, en esta final de etapa también ha tenido mucho que ver su actitud y su inmovilismo político. Le decía al principio de mi intervención que el PSOE es un partido de Gobierno con un alto sentido de Estado, como acreditan la hoja de servicios a este país durante 138 años; y, por cierto, como están demostrando hoy, en una situación muy difícil, todos y cada uno de los alcaldes y alcaldesas del Partido Socialista de Cataluña, que en condiciones muy difíciles están defendiendo la democracia y están defendiendo el autogobierno y las instituciones en Cataluña, y, en definitiva, una Cataluña de todos y de todas.

Señor presidente, Señorías, yo creo que hemos hablado y mucho de lo que ha pasado en Cataluña; pero yo quiero acabar con lo más importante: creo que hemos hablado poco del futuro y de las soluciones.

El PSOE no ha dejado de trabajar en una solución para Cataluña y para España; una solución que tiene que contar, a nuestro juicio, con tres ingredientes imprescindibles: en primer lugar, debemos buscar una solución justa, que garantice la recuperación económica especialmente de aquellos que más han sufrido la crisis, y debemos conseguir una recuperación justa; en segundo lugar, debemos garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos de nuestro país, vivan donde vivan y hayan nacido donde hayan nacido; y, por último pero no menos importante, debemos encontrar una fórmula donde asumamos de una vez por todas que nuestra diversidad, señor Rajoy, es una fortaleza y no un riesgo, con una fórmula que reconozca la singularidad, que respete la diversidad y las diferencias, y que nos permita seguir viviendo juntos, Señorías, volver a crear en España la ilusión por un proyecto común.

Nuestra propuesta de respuesta a estos tres principios se llama "Declaración de Barcelona", respeta estos tres principios y se basa en una idea de partida muy sencilla: el diálogo. Por eso, hace unos días propusimos en el Congreso de los Diputados la creación de una comisión para la evaluación de la evolución del Estado de las Autonomías. Señor Rajoy, solo con la ley no basta; hace falta la política. Por eso hemos planteado esta fórmula para que se produzca un diálogo sin exclusiones. Hay que hablar con todos, señor Rajoy, incluso con aquellos que hoy puedan tener o albergar algún tipo de dudas sobre dónde posicionarse en este asunto. Es necesario hablar con todos.

Señorías,

Hemos escuchado y habrán escuchado conmigo estos días a muchos que dicen que es demasiado tarde para poner encima de la mesa soluciones. Yo digo que no es verdad, que no es tarde. Solo es tarde para seguir perdiendo el tiempo y eso es lo que el Grupo Socialista le invita a hacer, señor Rajoy: no sigamos perdiendo el tiempo, sentémonos a hablar entre todos y abordemos soluciones, que es lo que esperan los ciudadanos catalanes y españoles que pongamos encima de la mesa.

Presidente.- Muchas gracias, señor Gil. Quiero comenzar mi intervención, y es lo más importante que tengo que decir en este turno, agradeciendo su apoyo y el de su partido. Creo que es muy importante que en un tema de estas características vayamos todos juntos, por una razón: todos perseguimos lo mismo.

No voy a hablar de los errores ni de unos ni de otros, ni de los que hayamos podido cometer nosotros, ni de los que hayan podido cometer ustedes en Cataluña o en el conjunto de España, porque me parece que eso no tiene ningún sentido, y aquí no estamos en momentos de discrepancias menores ni de debates estériles, sino que estamos en un momento para hablar de los temas que son realmente importantes.

Yo estoy de acuerdo con los tres principios que ha enunciado usted. Me parecen muy razonables y no tendría ningún inconveniente en ponerme a hablar de ellos cuando a ustedes les parezca bien. También estoy de acuerdo en lo que ha dicho usted sobre el diálogo, totalmente de acuerdo, y sobre la política; totalmente de acuerdo. Llevo muchos años haciendo política, pero créame usted que, cuando el planteamiento que se hace al presidente del Gobierno de España es que tiene que autorizar un referéndum en el que se liquide la soberanía nacional, el diálogo es muy difícil y las cesiones son absolutamente imposibles, porque sería una irresponsabilidad que yo, desde luego, no voy a cometer.

En cualquier caso, siendo muy importante lo que usted acaba de decir, y teniendo toda la razón, tengo que señalar también que en este momento estamos en una situación en la que se están poniendo en juego valores y principios básicos de nuestro sistema de convivencia.

Fíjese usted, supóngase usted que usted es un diputado del Partido Socialista de Cataluña, o de Ciudadanos, o del Partido Popular; que está el día 5 de septiembre, martes, en su casa; que allí tiene una convocatoria de un pleno del Parlamento con un orden del día que ha fijado la Mesa, y en esa convocatoria no aparecen ni la Ley de Transitoriedad, ni tampoco la Ley del Referéndum; y, además, usted sabe que esas dos leyes no han sido calificadas por la Mesa.

Entonces, usted se levanta tranquilamente el día 6, miércoles, llega al Parlamento; va allí a escuchar o a participar, en su caso, en un debate sobre los temas que figuran en el orden del día, y de repente se entera usted de que la Mesa se ha reunido y que ha calificado la Ley de Referéndum y, a renglón seguido, ve usted cómo hay un debate sobre si se incluye o no --y, por supuesto, se incluye-- esa Ley de Referéndum en el orden del día. Y, además, usted pretende poner enmiendas, pero no le dejan; realmente, le dan un plazo de una hora. Y, además, no puede enmendar de totalidad. Pero, además, se le niego al derecho a acudir al Comité de Garantías Estatutarias. Y después se hace un debate, por llamarlo de alguna manera, se aprueba la Ley y a última hora se convoca nada menos que un referéndum por la independencia de Cataluña.

Realmente, eso es algo verdaderamente notable. Eso es lo que ocurrió en doce horas.

Y usted vuelve a su casa el día 6 por la noche y le cuenta a su familia lo que ha vivido, y lo califica como usted estime como oportuno y conveniente. Y al día siguiente, por si eso no fuera suficiente, se hace lo mismo con la Ley de Transitoriedad; y, entonces, en cuatro horas se liquida la Constitución, se liquida el Estatuto, se establece una nueva legalidad en Cataluña y, además, se liquida la soberanía nacional.

Señoría, esto es lo verdaderamente importante y este es el tema que no se puede aceptar. Y me alegro que ustedes estén de acuerdo y, además, no esperaba otra cosa. Para mi hubiera sido tremendo que el Partido Socialista no hubiese apoyado una situación como la que estamos viviendo.

¿Qué es lo que ha ocurrido? Que se ha pretendido liquidar las normas que rigen nuestra convivencia: la Constitución, el Estatuto, las leyes que lo desarrollan y, con ello, todos los principios y los valores, el más importante del cual es el principio de soberanía nacional que dice en cualquier país del mundo que son los ciudadanos los que tienen que decidir, todos, lo que quieren que sea su país. Y todo ello se hace aprobando una legalidad alternativa, en cinco horas, sin legitimidad alguna para hacerlo, hurtando al conjunto de pueblo español su soberanía y saltándose todos los cauces democráticos, los procedimentales y, sobre todo, el derecho de los diputados a defender sus posiciones.

¿Qué dirían ustedes si yo me planteara en esta Cámara o en el Congreso de los Diputados hacer la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de lo que se hizo los días 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña?

Señorías,

Este el problema de fondo; pero es que hay otro problema, que es el ataque a las libertades y a los derechos fundamentales, porque allí se pasó por encima de todas las normas y de todos los trámites. Allí se hizo caso omiso de los dictámenes de las instituciones catalanas, como de los letrados del Parlamento, a los que se trató como nunca se debía tratar ni a un letrado ni a una persona. También se hizo caso omiso de la opinión del Consejo de Garantías Estatutarias. Allí se vulneraron los derechos de los diputados del Parlamento de Cataluña y, por tanto, los derechos de los ciudadanos de Cataluña que eligieron al Parlamento de Cataluña. Y en un cuarto de hora cambiaron, menos mal que actúo el Tribunal Constitucional con agilidad, todo lo que tanto tiempo costó hacer en nuestro país.

No se trata solo de un problema de soberanía nacional y de liquidación de las normas; se trata de un atentado a derechos y libertades que son fundamentales.

Por eso, Señoría, le decía al principio de esta intervención: agradezco mucho su apoyo, agradezco que lo reiteren y no estamos ahora para temas menores, porque el tema en estos momentos es que no podemos aceptar, de ninguna de las maneras, en una nación que es una democracia ya asentada, una de las más importantes del mundo y, desde luego, una de las más importantes de Europa; no podemos aceptar estos planteamientos totalitarios, antidemocráticos, que pretenden pasar por encima de los derechos de todos los ciudadanos. Inaceptable.

Muchas gracias.