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El Gobierno se compromete a convocar la mesa de diálogo social a lo largo del mes de julio

La Moncloa, Madrid, martes 10 de julio de 2018

En este encuentro, los agentes sociales han presentado al presidente y a la ministra de Trabajo el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y han puesto sobre la mesa las propuestas recogidas en el pacto para abordar en una comisión tripartita con el Gobierno.

La creación de una mesa de diálogo social vendrá acompañada de la puesta en marcha de diferentes grupos de trabajo para la reforma del marco de relaciones laborales y negociación colectiva. Una de las líneas prioritarias de trabajo será la búsqueda de consensos en materia de pensiones para garantizar la sostenibilidad social y económica del sistema público y preservar a su vez el equilibrio financiero.

Los grupos de trabajo abordarán a su vez las bases de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. El Gobierno señala la importancia del nuevo marco de relaciones laborales que requiere una reforma legal profunda, integral, con carácter de permanencia, capaz de adaptar nuestra legislación laboral a los nuevos retos de la economía y del trabajo, garantizando las instituciones básicas que proporcionan seguridad jurídica y laboral a trabajadores y empleadores: un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. Ese nuevo marco, en el que es pieza imprescindible el diálogo social, ha de articularse dentro del respeto al Derecho de la Unión Europea, así como de acuerdo a las diversas Estrategias de la OIT.

Líneas de desarrollo en el ámbito tripartito

Entre las líneas prioritarias de actuación en el ámbito tripartito los interlocutores sociales han instado al Gobierno a establecer una mesa de trabajo en materia de Formación Profesional para el Empleo que contribuya a proporcionar a los trabajadores las competencias y conocimientos necesarios para mejorar su cualificación profesional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda a los representantes de los agentes socialesPool Moncloa/Fernando CalvoLas mesas de trabajo también abordarán la eliminación de la prevalencia de  los convenios de empresa por encima de los del sector, así como la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar las condiciones laborales en los procesos de descentralización productiva. Además, se estudiará la adaptación de las jornadas de trabajo como alternativa al despido y el fomento de las políticas de igualdad.

Será prioritaria la lucha contra la brecha salarial para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado laboral. También se revisará y promocionará el contrato de relevo y el contrato en prácticas, y se reforzarán las políticas activas de empleo y formación para que tengan en cuenta las dificultades específicas del mercado laboral con altas tasas de desempleo.

Plan Director contra la explotación laboral

Gobierno y agentes sociales han coincidido en la necesidad de intensificar la lucha contra la economía sumergida. En ese sentido, el presidente del Gobierno ha aprovechado para anunciar avances en el borrador del Plan Director contra la Explotación Laboral 2018-2020, que se llevará a cabo con una metodología participativa en la que se incluirá a los interlocutores sociales y a las comunidades autónomas.

Se reforzarán las labores de la Inspección de Trabajo para combatir las malas prácticas laborales alrededor de la figura del falso autónomo, los abusos de la contratación temporal y en la contratación a tiempo parcial no voluntaria, que además encubre jornadas a tiempo completo.

Contenido del Acuerdo AENC 2018-2020

Sindicatos y empresarios alcanzaron un preacuerdo el 2 de julio y lo formalizaron el pasado jueves en un acto en el que hicieron un llamamiento al consenso para impulsar reformas en el marco laboral. El IV Acuerdo 2018- 2020 fijó como directrices salariales un incremento salarial en torno al 2% anual al que se añade un 1% adicional ligado a indicadores cuantificables como la productividad y el absentismo laboral. El salario mínimo fijado por convenio que se incrementará progresivamente hasta los 1.000 euros mensuales (14.000 euros anuales). Y se podrán establecer mecanismos de revisión salarial basados en los "indicadores que en cada caso estimen aplicables los negociadores".

Asimismo, se fijan criterios sobre la estructura de la negociación colectiva orientados a mantener la vigencia de los convenios durante los períodos de negociación, para lo que se propone impulsar la renovación, revisión y actualización de los convenios respetando la autonomía de las unidades de negociación y garantizando la ultraactividad. Y en los casos en los que se agote la negociación se recurrirá a los mecanismos de arbitraje, estatales y autonómicos.