Rajoy: "Ustedes han dividido al Parlamento de Cataluña y a la sociedad catalana"

Senado, Madrid

Durante su intervención en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado, el jefe del Ejecutivo ha reiterado que se niega a autorizar la convocatoria de un referéndum que liquida la soberanía nacional en Cataluña porque "así lo dice la Constitución, las leyes y el sentido común". Además, ha asegurado que el Estado pagó los vencimientos de deuda y el déficit de esa comunidad, para evitar su quiebra, con el fin de que se pudieran cubrir los servicios públicos, pagar a los proveedores y que los ciudadanos de Cataluña no salieran perjudicados.

Rajoy ha respondido así al senador del Grupo Parlamentario Nacionalista (GPN), Josep Lluís Cleries, quien le ha acusado de impedir la democracia y abandonar a los catalanes.

El presidente ha insistido en que comunicó al presidente catalán, Carles Puigdemont, que "no podía negociar el referéndum porque el referéndum es innegociable". Además, ha pedido a Cleries que no hable de democracia, libertad y derechos humanos cuando el PDeCat ha intentado en dos sesiones parlamentarias liquidar la Constitución Española, el Estatuto de Cataluña y todos los principios que eran la base de la legalidad, el más importante la soberanía nacional.

A su juicio, los independentistas también han atentado contra los derechos de los diputados del Parlament, "que no pudieron defender sus posiciones en esos debates", y ahora "amenazan a los alcaldes que están en contra de sus planteamientos, como hizo ayer el señor Puigdemont".

"Ustedes han dividido al Parlamento de Cataluña y a la sociedad catalana. Y ahora están amenazando a periódicos y a alcaldes por negarse a ponerse a las órdenes de sus señorías", ha subrayado el presidente.

No podemos aceptar planteamientos totalitarios

Pool Moncloa / J.M. CuadradoMariano Rajoy ha agradecido al senador socialista Andrés Gil el apoyo de su partido en este asunto: "Creo que es muy importante que, en un tema de estas características, vayamos todos juntos, porque todos perseguimos lo mismo".

El presidente ha aceptado la propuesta de Gil para responder a los problemas de Cataluña , basada en el diálogo sin exclusiones y en la necesidad de hacer política, porque "estamos en una situación en la que se están poniendo en juego valores y principios básicos de nuestro sistema de convivencia".

En este sentido, ha insistido en que el Parlamento de Cataluña ha pretendido liquidar las normas que rigen nuestra convivencia, apoyando una legalidad alternativa en cinco horas sin legitimidad para hacerlo, "hurtando al conjunto del pueblo español su soberanía y saltándose todos los cauces democráticos". Además, se hizo caso omiso de los dictámenes de las instituciones catalanas, de los letrados del Parlamento y de la opinión del Comité de Garantías Estatutarias.

"No podemos aceptar, de ninguna de las maneras, en una nación que es una democracia ya asentada, una de las más importantes del mundo y, desde luego, una de las más importantes de Europa, estos planteamientos totalitarios, antidemocráticos, que pretenden pasar por encima de los derechos de todos los ciudadanos", ha concluido el presidente.

Defensa de las garantías judiciales

Pool Moncloa / J.M. CuadradoEl jefe del Ejecutivo ha contestado, por otra parte, a la cuestión planteada por el senador Jokin Bildarratz, del PNV, sobre los motivos por los que el Gobierno ha recurrido la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999.

Mariano Rajoy ha destacado que, antes de la presentación de ese recurso de inconstitucionalidad, la Ley fue objeto de una negociación en la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco. Además, el Gobierno contó con dictámenes favorables a ese recurso del Consejo de Estado y de los Ministerios de Interior, Justicia y Sanidad.

El recurso, ha precisado el presidente, no afecta al conjunto de la norma aprobada por el Parlamento vasco, sino a algunos artículos. El motivo principal, ha explicado, es que la Ley crea una comisión de valoración como órgano administrativo colegiado cuya función principal es tramitar el procedimiento para reconocer la condición de víctima de vulneración de derechos humanos. "Impugnamos la creación de esa comisión porque se le atribuyen funciones de investigación de hechos que constituyen delitos recogidos en el Código penal, y eso es función jurisdiccional, aquí y en cualquier lugar del mundo", ha sostenido.

Rajoy ha agregado que el procedimiento previsto en la ley puede afectar al contenido esencial de derechos fundamentales. "Siempre que alguien dice que hay una víctima dice que hay un culpable, y ese culpable no lo puede declarar culpable una comisión administrativa porque eso afecta a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, a la presunción de inocencia, al juez predeterminado por la ley, a un proceso contradictorio con las debidas garantías y al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen", ha argumentado.