Intervención del presidente, Mariano Rajoy

Presidente.- Buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia.

Comparezco ante ustedes para hacer la valoración de lo que ha ocurrido en Cataluña el pasado domingo y explicar la política que va a seguir el Gobierno en relación con este asunto.

Como recordarán, el 12 de diciembre del pasado año, tan pronto como se anunció la celebración de un referéndum en Cataluña, les dije que ese referéndum no se celebraría y, como todos saben, no se ha celebrado. Eso es lo primero que quiero dejar claro: no ha habido consulta.

En lugar de ello, hemos asistido a un simulacro electoral, sin censo, sin interventores y controlado por los mismos que deseaban ganarlo; es decir, personas que se constituyeron en juez y parte del proceso. Lo que ha ocurrido el domingo en Cataluña no ha sido una votación democrática, no cumple ningún requisito para serlo; ha sido un acto de propaganda política. La diferencia frente a otras movilizaciones y lo que le confiere una gravedad especial a este simulacro es que se ha llevado a cabo incumpliendo las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Dejando a un lado las consecuencias jurídicas que pudieran resultar y centrándonos en el análisis político, que es el que a mí me corresponde, debo decir que hemos asistido a un profundo fracaso del proyecto independentista, dicho esto con el respeto hacia aquellas personas que participaron y lo hicieron de buena fe.

Después de tanto ruido, de tanta movilización, de tanto dinero público gastado; después de haber convertido este asunto en el único que ha ocupado al Gobierno de la Generalitat durante esta Legislatura, cuando esperaban una participación masiva y unos resultados abrumadores a favor de las tesis de los convocantes, resulta que, según sus propias cuentas, las suyas, la gran mayoría de los catalanes han renunciado a secundar este empeño del señor Mas: dos de cada tres catalanes ni siquiera se han molestado en participar, dos de cada tres no le han hecho caso. Es decir, donde el proyecto independentista pretendía ofrecer una exhibición de fuerza nos ha mostrado su debilidad.

No voy a hacer más valoraciones de unos datos que, para mí, carecen de cualquier tipo de credibilidad; pero hay un hecho innegable: hemos constatado otra vez una verdad ya conocida: que en Cataluña hay muchísimos más catalanes que independentistas, que Cataluña es plural, muy plural, y que el señor Mas no puede llevar a cabo su objetivo sin provocar una enorme fractura en el seno de la sociedad catalana y sin afectar gravemente a la concordia y la paz social, un valor este que considero que representa al sentir mayoritario de la ciudadanía de todo el país.

¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? El señor Mas ha sugerido que reanudemos el diálogo. Nunca me he negado al diálogo, ni con el señor Mas, ni con nadie.

Todo el mundo lo sabe: creo profundamente en el diálogo para resolver problemas políticos y creo que eso es un deber irrenunciable de todo dirigente democrático. Claro está que todo diálogo en el que yo intervenga ha de enmarcarse siempre -insisto, siempre-- en los límites que establecen la Constitución y las obligaciones de mi cargo.

En este aspecto no quisiera que nadie se llamase a engaño o malinterprete la situación en que nos encontramos. Como hemos sabido que lo primero que desea hacer el señor Mas es imponerme la celebración de un referéndum "de verdad", "una consulta definitiva" para utilizar sus propias palabras, ya adelanto que eso no puede ser.

Lo que era ilegal hace un año sigue siéndolo hoy, lo que era mi deber hace un año tampoco ha variado y mi posición política de que la independencia es mala para los catalanes y para el resto de españoles sigue siendo la misma.

Si el señor Mas pretende que nos saltemos el artículo primero de la Constitución, el que se refiere a la soberanía del pueblo español, el que establece que corresponde a todos los españoles decidir sobre lo que hemos de ser y nuestro futuro, va a tener la misma respuesta que ha tenido siempre. Es la posición de este Gobierno, la posición que expresó en su día en el Tribunal Constitucional y la posición que, por una abrumadora mayoría, votó el Congreso de los Diputados el pasado mes de abril.

Si lo que el señor Mas desea es modificar la Constitución para que quepa en ella el derecho de autodeterminación y para liquidar, en consecuencia, la soberanía nacional, tiene todo el derecho. Debería haber comenzado por ahí. El Parlamento de Cataluña está facultado para iniciar el proceso de reforma constitucional. Eso es lo que tenían que haber hecho desde el principio; ése es el único camino legal y responsable de llevar adelante sus propios planteamientos.

Y el señor Más lo sabe, porque yo se lo he explicado todas y cada una de las veces que he hablado con él, que han sido muchas. Tiene un camino para conseguir lo que quiere, un camino legal, un camino inobjetable; lo que no tiene, aparentemente, son los apoyos para recorrerlo.

Sobre este asunto quiero dejar clara mi posición: yo me opondré a cualquier reforma constitucional que liquide la soberanía nacional y mi partido, también.

Dicho esto, añado que mi obligación, como presidente del Gobierno, es atender a las necesidades, al bienestar y a las preocupaciones de los catalanes como del resto de los españoles. Lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. Por ejemplo, en una situación crítica para las finanzas de la Generalitat ha sido el Gobierno de la Nación el que ha puesto en marcha mecanismos de liquidez que han permitido financiar los servicios públicos esenciales, atender a los vencimientos de la deuda de la Generalitat y pagar a sus proveedores, entre otras cosas.

Para eso siempre he estado dispuesto a hablar con la Generalitat: para atender a las necesidades y las preocupaciones de los ciudadanos de Cataluña.

Pero, como he señalado antes y vuelvo a insistir en ello, no estoy dispuesto a atender ningún desafío que se plantee desde la ilegalidad. Que nadie aspire a sacar ventaja política de lo que ha sido un acto ilegal que, además, ha sido un rotundo fracaso de sus promotores. Que nadie espere, pues, que el Gobierno convoque o autorice que se convoque nada que sea ilegal o sea injusto, tanto para los catalanes, como para el resto de los españoles, en cuanto usurpe el derecho de soberanía que corresponde a todos.

El diálogo sólo es posible y sólo tiene sentido, y sólo da frutos, cuando se comparte una mínima lealtad institucional. No se trata de poner condiciones al diálogo sino de recordar que nunca se puede condicionar el diálogo a lo imposible, ni fijar de antemano el resultado del mismo; en este caso, la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, porque éste es el diálogo al que se me invita.

Para terminar, quiero insistir en el valor que tiene la unión; en primer lugar, porque no quiero una Cataluña dividida en sí misma y donde unos impongan a otros la obligación de renunciar a lo que es suyo. Vivimos tiempos de integración, de sumar y de multiplicar en un mundo que no nos va a esperar. Porque la Cataluña y la España de hoy encarnan un ideal, el de que podemos convivir gentes diversas y que esa diversidad hace nuestra cultura más rica; nuestra sociedad, más avanzada; nuestra economía y nuestra política, más fuertes, y nuestra presencia en el mundo, mucho más visible.

Aunque algunos pocos tratan de no sentirse cómodos en España, algún mérito habremos tenido al convertir este rincón de Europa en un país importante de proyección global que muchos desearían; un país que pertenece a todos y que nadie va a arrebatar a tantos millones de catalanes. España es la casa de todos y entre todos la debemos cuidar y conservar. Yo, desde luego, voy a seguir trabajando para ello.

A partir de ahora quedo a su disposición para cualquier pregunta que tengan a bien hacerme sobre este asunto.