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Seguridad

Miércoles 31 de diciembre de 2014
Agentes de la Guardia Civil
Agentes de la Guardia Civil (Ministerio del Interior)

Artículo 17 de la Constitución. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma prevista en la ley.

CONTENIDO

FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

La seguridad pública es competencia exclusiva del Estado. Su mantenimiento corresponde al Gobierno de la nación. La regulación de estas competencias en materia de seguridad viene determinada en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Agentes de la Guardia Civil de tráficoAgentes de la Guardia Civil de Tráfico (Ministerio del Interior)Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están formadas por:

  • Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la nación: ejercen sus funciones en todo el territorio nacional. Están integradas por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Su misión principal es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. El Cuerpo Nacional de Policía es un instituto armado de naturaleza civil, dependiente del Ministerio del Interior. Ejerce sus funciones en las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el Gobierno determine. La Guardia Civil es un cuerpo de seguridad. Fue fundado a mediados del siglo XIX. Se configura como un instituto armado de naturaleza militar, dependiente de los Ministerios del Interior y de Defensa. Ejerce sus funciones en el resto del territorio nacional y su mar territorial.
  • Los cuerpos de policía dependientes de las Comunidades Autónomas: algunas Comunidades Autónomas, en uso de las competencias que tienen reconocidas en sus Estatutos, han creado cuerpos de policía para funciones de vigilancia y protección establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pertenecen a esta categoría, entre otros, los Mossos d'Esquadra en Cataluña, la Ertzaintza en el País Vasco, la Policía Foral de Navarra y el Cuerpo General de la Policía Canaria.
  • Los cuerpos de policía dependientes de las Corporaciones Locales: son institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizadas. Las policías locales son competentes en todo lo que tiene que ver con la aplicación y ejecución de las normas específicamente locales en el ámbito de sus competencias. 

En los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo para mejorar la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías autonómicas y las policías locales. Todas ellas suman más de 246.000 efectivos para garantizar la seguridad en España.

 

LA LUCHA ANTITERRORISTA

El derecho a la vida y a la libertad y, en ese contexto, a la integridad física y a la libertad de expresión, son derechos fundamentales establecidos en la Constitución española. Estos derechos y, en particular, la convivencia pacífica y democrática, al igual que en otros países, se ven en peligro por la lacra del terrorismo, que se ha convertido en una de las mayores amenazas de carácter mundial.

En nuestro país, la actividad terrorista de ETA comienza en los años sesenta, antes del advenimiento de la democracia, con un objetivo claro: la independencia de una parte de España (País Vasco y Navarra) y de Francia (tres comarcas en el departamento de Pirineos Atlánticos) mediante la práctica de un terrorismo indiscriminado, ocasionando más de ochocientas víctimas mortales y miles de heridos, así como cuantiosos daños materiales, además de extorsiones, amenazas y coacciones que han forzado a buscar residencia fuera de aquellas regiones a numerosas personas.

Con la llegada de la democracia, que abre cauces para la actividad de todos los partidos y organizaciones, cualesquiera que sean sus objetivos e ideas, y tras beneficiarse de una amnistía general en 1977, la sociedad española en su conjunto concibió la esperanza de que ETA abandonara la actividad terrorista. Esa aspiración se vio defraudada y la banda terrorista no sólo no abandonó la violencia, sino que intensificó su actividad criminal.

El 8 de diciembre del año 2000, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español suscribieron el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo en el que se estipula que «al Gobierno de España le corresponde dirigir la lucha antiterrorista» y se manifiesta la «voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo». Igualmente, se afirma que «de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno». Este acuerdo fue ratificado por los principales agentes y grupos sociales.

En los últimos años la justicia ha desmantelado las estructuras políticas, internacionales, financieras, mediáticas y de desobediencia civil de las que había dispuesto ETA en las cuatro últimas décadas. La fortaleza del Estado de Derecho, puesta de manifiesto mediante la eficaz actuación policial y judicial, ha forzado a ETA a anunciar el cese definitivo de su actividad terrorista. Hoy la banda terrorista todavía existe y la sociedad española, a través de sus representantes democráticos, viene exigiendo su disolución definitiva e incondicional.  

En la lucha antiterrorista, España cuenta con el apoyo y colaboración de otros países en los cuales se había constatado la presencia de terroristas. La colaboración con Francia es un referente en el modelo de cooperación internacional, tanto a nivel policial como judicial. Ambos países han constituido Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) para luchar contra el terrorismo, tanto de ETA como del yihadismo radical. Las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) se han convertido, igualmente, en instrumentos fundamentales de colaboración judicial y se ha ganado en eficacia y agilidad en los procedimientos de extradición, haciendo de la cooperación internacional uno de los pilares básicos de la lucha contra todo tipo de terrorismo.

Agentes del Cuerpo Nacional de PolicíaAgentes del Cuerpo Nacional de Policía (Ministerio del Interior) Desde el comienzo de la X Legislatura el Gobierno actual ha continuado la lucha contra el terrorismo que ya realizaban Gobiernos precedentes. La situación del fenómeno terrorista en España ha sufrido un gran cambio en estos últimos años debido a la derrota de la banda terrorista ETA que, acosada por los servicios policiales tanto españoles como extranjeros, ha declarado unilateralmente un cese definitivo de su actividad armada, es decir la comisión de atentados.

La actividad terrorista de  ETA ha cesado, pero no así la presión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil). Dicha presión sobre ETA ha fructificado en la detención, desde el comienzo de la X Legislatura, de 58 miembros de la organización, 23 en España, y

35 en otros países (26 en Francia, 5 en el Reino Unido, 1 en Italia, 1 en Brasil, 1 en Venezuela y finalmente 1 en Bélgica) gracias a la colaboración internacional.

La actividad terrorista del terrorismo autóctono ha consistido por parte de los antisistema (anarquistas) en la colocación de artefactos explosivos, siendo los más señalados los de la Catedral de la Almudena de Madrid y el de la Basílica del Pilar de Zaragoza. Los autores de este último atentado fueron detenidos en noviembre de 2013 en Barcelona produciéndose un total de 6 detenciones por actividad terrorista antisistema. En lo referente al grupo independentista gallego, Resistencia Galega, su actividad terrorista consiste principalmente en la colocación de artefactos explosivos en entidades bancarias, sindicales, oficinas de empleo, sedes de partidos políticos nacionales (PP, PSGA en Galicia) y repetidores de señales de comunicaciones. El Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil han detenido en la presente Legislatura a un total de 8 miembros de Resistencia Galega (7 en 2012 y  1 en  2013).

Por último, las investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre el terrorismo internacional han propiciado la detención en 2013 de 6 miembros del PKK (partido de los Trabajadores del Kurdistán) en diferentes localidades españolas. Asimismo se ha detenido a 26 individuos vinculados con actividades yihadistas, destacando la operación conjunta llevada a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en septiembre de 2013 contra una organización que se dedicaba a enviar combatientes a Siria desde Ceuta y Castillejos (Marruecos) y en la que se practicaron 9 detenciones en Ceuta y una en Bélgica.

 

LA CRIMINALIDAD EN ESPAÑA

Los datos sobre criminalidad atienden a unos indicadores de seguridad concretos como son el total de los delitos y faltas, homicidios dolosos y asesinatos consumados, delincuencia violenta, robo con violencia o intimidación, robos con fuerza, robo con fuerza en domicilios, sustracción de vehículos a motor, tráfico de drogas, daños y hurtos. La gran mayoría de estos indicadores corresponden con los que establece la Oficina Europea de Estadística (EUROSTAT).

En el año 2013 se han conocido un total de 2.172.133 delitos y faltas en nuestro país, lo que supone un 4,3% menos respecto al año 2012 cuando se conocieron 2.268.867. Estas cifras resultan en una tasa de criminalidad de 46,1 infracciones penales por cada 1.000 habitantes. Esta tasa se ha reducido en 1.9 puntos respecto al año 2012, como consecuencia de la disminución de infracciones penales conocidas. En el año 2012 también se apreció un descenso de la criminalidad en relación al año 2011 de un 0,73%.

Al igual que el año pasado, la tasa de criminalidad en España se mantiene entre las más bajas de la Unión Europea. Aunque es complicado armonizar y comparar datos cuando nos referimos a países con legislaciones bastantes diferentes, sí podemos encontrar un dato bastante independiente de las circunstancias locales, como son los homicidios y asesinatos consumados. En este aspecto, la tasa media en la UE es de 1,00 asesinato u homicidio consumado por cada 100.000 habitantes, mientras que en España de 0,64.

Por tipologías penales, el balance muestra que casi todos los indicadores experimentan un descenso, especialmente pronunciado, como ya se ha indicado, en el caso de los homicidios y asesinatos consumados, que pasan de 364 en el año 2012 a 302 en el 2013, y de los robos con violencia o intimidación que descienden un 10,9%. Solamente las agresiones sexuales con penetración y los robos con fuerza en domicilio suben un 0,8% y un 1,4% respectivamente.

LUCHA CONTRA LA INMIGRACIÓN IRREGULAR

Desde el inicio de la presente legislatura, el Ministerio del Interior ha llevado una intensa actividad en el ámbito de la extranjería y la inmigración, especialmente en lo relativo a la lucha contra la inmigración irregular y las redes que trafican con seres humanos, desarrollando distintas líneas de actuación. Por un lado, y en relación con la inmigración irregular que llega a las costas españolas, se ha conseguido reducir este tipo de llegadas, rompiendo la tendencia alcista registrada a finales de 2011 (incremento del 18%). Así, en 2012, ya se consiguió reducir un 30% las llegadas marítimas respecto a 2011 y en el año 2013 se ha vuelto a marcar un nuevo descenso del 15%.

Patrullera de la Guardia CivilPatrullera de la Guardia Civil (Ministerio del Interior)Estos resultados son fruto de dos factores: el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la colaboración alcanzada con los principales países de origen y tránsito. Entre ellos, destaca la cooperación lograda con Marruecos, país con el que el Ministerio del Interior inició en 2013 una colaboración para facilitar el retorno voluntario de inmigrantes irregulares presentes en su territorio, en el marco de un Programa impulsado por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

Dentro de las actuaciones contra las redes que trafican contra seres humanos, destaca la presentación del plan contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual,  realizada en abril de 2013 por  la Dirección General de la Policía.

El empleo de recursos tecnológicos avanzados constituye una prioridad en el Ministerio del Interior, especialmente en materia de extranjería y control fronterizo.  Además se está avanzando en la modernización del control de las fronteras en el nuevo planteamiento europeo, que conllevará la gestión integral de las mismas bajo el modelo de fronteras inteligentes (Smart Borders).

La inauguración de las instalaciones del Centro de Coordinación para la Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras, el 16 de octubre de 2013 por el Príncipe de Asturias y el Ministro del Interior, es otra muestra de la decidida apuesta española por el desarrollo del  Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (EUROSUR) cuyo reglamento entró en vigor el 2 de diciembre de 2013.

Por otro lado, a lo largo de la legislatura la política en materia de repatriaciones se ha centrado en priorizar la acción policial en las denominadas expulsiones cualificadas, aquellos extranjeros que cometieron  delitos. Estas expulsiones cualificadas representan actualmente el 84% del total.

Por último, cabe indicar que durante los dos últimos años la percepción ciudadana sobre la inmigración como una cuestión problemática ha disminuido. Al menos, esa valoración puede extraerse a la luz de los indicadores del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El Barómetro del CIS de octubre de 2011 indicaba que la inmigración era considerada como uno de los tres problemas más importantes para el 8,3% de los encuestados. Transcurridos dos años, esa misma encuesta, en octubre de 2013, reflejaba un descenso en la percepción negativa sobre la inmigración de los encuestados, de entre los que sólo el 3,2% consideró la inmigración como un problema.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO Y LA SEGURIDAD VIAL

La Dirección General de Tráfico (DGT), organismo dependiente del Ministerio del Interior, tiene encomendada la competencia para dirigir y aplicar las políticas de seguridad vial y movilidad sostenible en España.

España se encuentra entre los 10 países con menor siniestralidad de la Unión Europea, y en concreto, ocupa la 7ª posición, con una tasa de 41 fallecidos por millón de habitantes, por debajo de la tasa media europea que fue de 55 en 2012.

Por décimo año consecutivo las cifras de siniestralidad se reducen en España. Esta circunstancia  es un motivo más para seguir trabajando con el objetivo de aumentar los niveles de seguridad vial y por lo tanto que las personas afectadas por accidentes de tráfico sean cada vez menos.

Sin embargo, la DGT es consciente que reducir las cifras actuales no es una tarea sencilla y que, para ello, es necesario impulsar políticas eficaces de seguridad vial, basadas en la evidencia científica. Políticas que tengan en consideración los diferentes sectores implicados y que comprometan de manera efectiva a estos actores, tanto públicos como privados, en la reducción de las cifras de siniestralidad vial.

El número de fallecidos por accidente de tráfico en 2013 registró un mínimo histórico. En concreto, en 2013 fallecieron en España 1.128 personas en accidente de tráfico ocurrido en vías interurbanas, 173 menos que en 2012, lo que representa un descenso del 13,3 %.

Esta cifra es incluso mucho más baja que la registrada en 1960, primer año para el que existen estadísticas y en el que el número de vehículos era 30 veces menor. Por primera vez, el número de accidentes mortales en carretera no supera la barrera de los 1.000, mientras que los heridos graves se reducen un 16 %.

La DGT a lo largo de este año ha iniciado diversas actuaciones que abarcan no solo el plano normativo, como la reforma que se está abordando de la Ley de Seguridad Vial, sino que también avanzan en un mejor conocimiento de los factores que intervienen en el riesgo de sufrir un accidente y en el resultado final del mismo, así como en la coordinación con otras instituciones con competencias en seguridad vial.

A fin de progresar en la identificación de las intervenciones adecuadas y de los colectivos específicos sobre los que actuar con medidas preventivas, la DGT  está abordando el estudio en profundidad de todos los aspectos relacionados con los heridos graves y los factores que concurren en los accidentes como son la vía y la antigüedad del parque.

Durante los dos últimos años se ha realizado un esfuerzo por profundizar en el conocimiento de la siniestralidad según la localización del accidente, con objeto de colaborar con los titulares de las vías para abordar en la medida que sea posible las intervenciones que resulten más eficientes. Así se ha avanzado en conocer la calidad de nuestro sistema de información y en especial en la notificación de accidentes en el ámbito municipal. 

En este sentido, sabemos que en las vías urbanas se producen el 24% de los fallecidos, el 42% de los heridos graves y 55% de los heridos leves y que la mejora de las cifras de siniestralidad y las intervenciones sobre colectivos específicos como son los mayores, los niños y los ciclistas, pasa sin lugar a duda por intervenciones coordinadas y en colaboración con el ámbito municipal.

Otra línea de trabajo se centra en la implantación de proyectos informáticos  que faciliten al ciudadano un servicio telemático a través del cual pueda realizar los trámites administrativos, desde cualquier lugar y a cualquier hora, así como la creación de un sistema de cita previa para que los ciudadanos eviten retrasos en la tramitación administrativa en las diferentes jefaturas de Tráfico.