Está usted en:

Compartir en Facebook: abre ventana nuevaCompartir en Twitter: abre ventana nueva

Política fiscal

Miércoles 31 de diciembre de 2014
Billetes de euro
Billetes de euro (Parlamento Europeo)

Artículo 31 de la Constitución. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 

CONTENIDO

EL SISTEMA PRESUPUESTARIO ESPAÑOL

A nivel estatal, la elaboración de los presupuestos  generales del Estado corresponde al Gobierno central  y su examen, enmienda y aprobación a las Cortes  Generales.

En el ámbito financiero, la descentralización administrativa de España con sus tres niveles de gobierno (central, autonómico y local) se inspira en los principios de autonomía financiera, coordinación y solidaridad, reconocidos en la Constitución española de 1978. Tanto las comunidades autónomas como las corporaciones locales gozan de plena autonomía financiera para aprobar y administrar su propio presupuesto.

Delegación de HaciendaDelegación de Hacienda (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son  el documento en el que se recoge la previsión anual  de los ingresos y los compromisos de gastos del sector público estatal.  Constituyen uno de los instrumentos más importantes  de la política económica del Gobierno, en los que  se plasman los objetivos estratégicos de las distintas  políticas públicas y los recursos asignados para su  cumplimiento.

El marco jurídico de los Presupuestos Generales del  Estado se encuentra constituido fundamentalmente  por tres normas: la Constitución española, que dedica  su artículo 134 a regular los Presupuestos Generales  del Estado; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA FISCAL Y ENTORNO MACROECONÓMICO

La política económica desarrollada por el Gobierno desde el inicio de la legislatura está empezando a dar sus frutos y cada vez son más los indicadores que muestran el cambio de tendencia, algo que ha sido constatado por instituciones tanto nacionales como internacionales, públicas y privadas, y todo ello prestando una especial atención a las necesidades sociales ante la desfavorable situación económica que venimos afrontando en los últimos años.

Esta nueva situación ha permitido superar las turbulencias financieras a las que nuestra economía se ha visto sometida y conseguir un entorno de mayor estabilidad, lo que está posibilitando obtener la financiación que nuestra economía necesita a unos costes significativamente inferiores a los registrados en tiempos no muy lejanos.

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 afianzan la credibilidad en materia de política fiscal, garantizan el cumplimiento de la senda de consolidación fiscal aprobada en el Consejo ECOFIN del pasado 21 de junio, así como los objetivos de estabilidad fijados. Todo ello hace de nuestra economía una economía más competitiva, lo que permitirá que los primeros signos de crecimiento y mejora en materia de empleo que actualmente estamos viviendo, se consoliden y contemos en breve con una senda de crecimiento sostenido y mejoras significativa del mercado de trabajo.

La política económica del Gobierno, destinada a devolver  las finanzas públicas a una senda sostenible  y a reforzar la competitividad del modelo productivo, se ha instrumentado en un contexto de contracción, que se reanudó en 2011. En el conjunto del año 2013 el Producto Interior Bruto cierra con un caída del -1,2%, en línea con las previsiones del Gobierno (-1,3%), y del consenso de las previsiones de los principales organismos multilaterales. 

Consejo de Política Fiscal y Financiera (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)Por tanto, las políticas del Gobierno ya están dando buenos resultados en términos de crecimiento. La economía ha salido de la recisión técnica en el tercer trimestre del 2013 (+0,1% trimestral y -1,1% interanual), y esta evolución  se ha confirmado en el cuarto trimestre del 2013 (+0,3% trimestral).  Esta situación es debida a la mejora de la situación relativa de la demanda interna en términos de aportación al PIB y del impulso al crecimiento del sector exterior.

La economía española está obteniendo una importante mejora en términos de competitividad. Mientras que los costes laborales unitarios en España han crecido a tasas superiores al 3% hasta el año 2009, es a partir del año 2012 cuando comienzan a caer a tasas del entorno del 3%. Como resultado de este proceso de devaluación interna, España se ha situado a la cabeza de la UE en ganancia de competitividad: mientras que los costes laborales han aumentado en 3,8 puntos en la zona euro, sobre una base 100 para el año 2010, en los 3 últimos años, la economía española ha seguido una tendencia inversa, reduciendo sus costes en 6 puntos.

En este mismo sentido, la inflación media ha pasado del 3,2% en 2011 al 2,4% en 2012 y al 0,3% en 2013.

En este contexto, es importante destacar el logro de la economía española al conseguir pasar de una necesidad de financiación frente al resto del  mundo que llegó a estar en el entorno del 10% del PIB en 2007, a una capacidad de financiación en el tercer trimestre de 2013 del 2,3% del PIB, con lo que las nuevas necesidades de financiación son cubiertas con recursos propios.

En cuanto al empleo, en el periodo enero-noviembre ha caído la afiliación media en 149.138, mientras que en el mismo periodo del año anterior cayó en 698.874; el número de parados ha disminuido en cerca de 40.000 personas de enero a noviembre de 2013, mientras en el mismo periodo de 2012 aumentó en cerca de 450.000 personas. El paro experimentó la primera caída en un mes de noviembre desde 1996. Se consolida, pues, la señal de menor destrucción de empleo y el efecto positivo de la reforma laboral sobre el mercado de trabajo. 

El empleo asalariado según la contabilidad nacional, medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, disminuyó en un 3,6% en el tercer trimestre, ligeramente por encima de las cifras previstas para el conjunto de 2013 en el cuadro macroeconómico de los PGE para 2014 (-3,5%).

EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL EN 2013

En los últimos años la economía española ha tenido que convivir con un entorno internacional desfavorable, marcado por un agravamiento de la inestabilidad financiera causada por la crisis de deuda de la zona euro. Las tensiones financieras afectaron de modo especial a las economías periféricas, dejándose sentir en la volatilidad de los flujos, el aumento de las primas de riesgo y las dificultades para acceder a financiación.

Sin embargo, está situación está cambiado en los últimos meses pudiéndose apreciar cómo la política económica desarrollada está empezando a dar sus frutos, siendo cada vez más los indicadores que muestran el cambio de tendencia.

En este contexto, nuestra economía está registrando una intensa transformación basada en el saneamiento de los balances del sector privado, el fortalecimiento de las finanzas públicas, el realineamiento de los precios y la reasignación de factores productivos, todo ello dirigido a recuperar la competitividad y sentar las bases para crecer y crear empleo.  Esta transformación ha requerido una revisión integral de la política económica a lo largo de los dos últimos años. El Gobierno de España ha llevado a cabo actuaciones prioritarias en tres áreas. En primer lugar, la consolidación fiscal, elemento ineludible para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el frágil entorno financiero de la zona euro. En segundo lugar, la recapitalización y reestructuración del sector bancario, de modo que se despejen de forma definitiva las dudas sobre su solvencia y se facilite la reactivación del crédito a los hogares y empresas. Y, por último, la adopción de reformas estructurales para relanzar nuestra competitividad y revertir la necesidad de financiación exterior.

Por ello, tanto los Presupuestos Generales del Estado para 2012 como para 2013 han tenido como objetivo prioritario corregir los desequilibrios en las cuentas públicas, han profundizado en el proceso de saneamiento de la economía española, al tiempo que están reforzando la imagen de España como país que cumple con sus compromisos adquiridos con Europa y, junto con las reformas puestas en marcha, están siendo el soporte sobre el que se asienta la recuperación económica

Gracias a la política fiscal implementada, reflejada en los Presupuestos Generales del Estado, se ha conseguido que, en un entorno contractivo de la actividad económica, la necesidad de financiación de las Administraciones Públicas en 2012, neta de one-offs generados por el apoyo a las instituciones financieras, disminuyese en más de dos puntos de PIB, pasando de un 9,1 a un 6,8% del PIB, contribuyendo así de forma indudable a la relajación de las tensiones financieras a las que la economía española se había visto sometida recientemente. 

Este esfuerzo, dirigido al saneamiento de las finanzas públicas, se ha llevado a cabo de forma equilibrada tanto mediante cambios normativos que han supuesto un incremento de ingresos públicos como mediante reducciones del gasto público. 

En el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y dentro del marco del Procedimiento de déficit excesivo, el 10 de julio de 2012, tras la revisión efectuada por el ECOFIN de la senda de consolidación fiscal, se acordó situar el déficit por debajo del 3 por ciento del PIB en 2014. De acuerdo con esta previsión y mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de julio de 2012, se estableció para el conjunto de las Administraciones Públicas un objetivo de estabilidad presupuestaria de déficit del 4,5% del PIB para 2013, correspondiendo a la Administración Central y Seguridad Social un déficit del 3,8%, a las Comunidades Autónomas un déficit del 0,7% y a las Corporaciones Locales equilibrio presupuestario.

En este contexto se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado para 2013. Unos presupuestos en los que el esfuerzo de contención del déficit descansaba tanto en medidas de gasto como de ingreso, correspondiendo al gasto un 58% del ajuste, mientras que los ingresos aportaban el restante 42%. Ahora bien, pese a este importante esfuerzo de consolidación presupuestaria, el Gobierno mantuvo como prioritarias todas aquellas partidas que integran el gasto social, que en su conjunto, vino a representar el 63,6% del total del gasto consolidado presupuestado para 2013, incrementándose un 1,9% respecto a 2012.

El entorno económico complejo a inicios del año 2013, caracterizado por las mayores incertidumbres que subyacían en la recuperación de la economía europea, demandaba un proceso de ajuste más gradual y que atendiera en mayor medida al esfuerzo estructural, depurando así los efectos derivados del ciclo. Así, en coherencia con las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el Gobierno aprobó, el pasado 26 de abril, la actualización del Programa de Estabilidad para el periodo 2013-2016, en el que se preveía situar el déficit de España por debajo del 3% del PIB en 2016 y en el que se establecía para 2013 un déficit máximo del 6,3% del PIB, para el conjunto de las Administraciones Públicas.  Las instituciones comunitarias, a la vista del esfuerzo estructural realizado en 2012 y 2013, constataron que se había dado cumplimiento a la recomendación revisada del procedimiento de déficit excesivo.  Atendiendo a este cumplimiento consideraron justificada una ampliación de dos años del plazo para la corrección del déficit excesivo, modificando en consecuencia la senda de consolidación fiscal, en el ECOFIN celebrado el 21 de junio, ampliando los objetivos intermedios, incorporando, de este modo, en la nueva senda los nuevos condicionantes del entorno económico y presupuestario y reflejando el pleno impacto de la crisis económica en las cuentas públicas.

Este ajuste, más gradual, tiene por tanto en cuenta el difícil entorno económico y la importante transformación estructural que la economía española está desarrollando, que podría verse frenada por los efectos negativos de una consolidación fiscal excesivamente intensa.

Ello ha supuesto una ampliación del objetivo de déficit para 2013 de 0,2 puntos de PIB respecto del objetivo recogido en la Actualización del Programa de Estabilidad, con lo que, finalmente, para el año 2013, el objetivo déficit se sitúa en el 6,5% del PIB para el conjunto de las Administraciones Públicas, lo que supone reducir 0,3 puntos el déficit del ejercicio anterior (sin considerar el efecto derivado del mecanismo de ayuda financiera europea al sistema bancario).

En consonancia con esta modificación, el Consejo de Ministros de 12 de julio de 2013 adecuó el objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Administraciones Públicas y de cada uno de los subsectores para 2013. En concreto, los objetivos de déficit para 2013 fueron del 3,8% del PIB para la Administración Central, del 1,3% para las Comunidades Autónomas y del 1,4% para la Seguridad Social. Las entidades Locales debían presentar equilibrio presupuestario.

 

LA SENDA DE CONSOLIDACIÓN FISCAL

Bolsa de MadridInterior de la Bolsa de Madrid (Bolsas y Mercados Españoles)Por lo que se refiere a la nueva senda de consolidación fiscal 2014-2016, el ECOFIN el 21 de junio estableció la obligación de alcanzar en 2016 un déficit del 2,8% del PIB.  Así, en aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Consejo de Ministros de 28 de junio de 2013 aprobó los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para todas las Administraciones Públicas para el período 2014-2016, lo que supone el cumplimiento de unos objetivos intermedios de déficit en términos del PIB del 5,8%, 4,2% y 2,8% para los años 2014, 2015 y 2016, respectivamente.  De conformidad con la nueva senda de consolidación fiscal la Administración Central deberá reducir su déficit progresivamente hasta alcanzar el 2,1% en 2016. Igualmente la Seguridad Social reducirá su déficit hasta el 0,5% del PIB en 2016.

En cuanto a las administraciones territoriales se prevé que las Comunidades Autónomas tengan un déficit presupuestario en 2016 del 0,2% del PIB mientras que las Entidades Locales mantendrán equilibrio presupuestario en todo el periodo.  En este sentido, el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local, en aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, informaron favorablemente, el pasado mes de junio, los objetivos de déficit y deuda para las Comunidades Autónomas y para las Entidades Locales, respectivamente.  Resulta oportuno señalar que la deuda pública incorpora el efecto que sobre el endeudamiento ha tenido el mecanismo de ayuda financiera europea, mecanismo que se excluye del cómputo del déficit a efectos del procedimiento de déficit excesivo y, por tanto, de los objetivos de estabilidad.

 

EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS DE 2012 Y 2013

Ejercicio 2012

En un contexto de recesión económica, con una caída del PIB real del 1,6% en 2012 y tras un año 2011 de estancamiento (0,1%), se ha logrado reducir el déficit, en términos nominales, en 24.502 millones, 2,23 puntos de PIB, una vez descontado el coste de la ayuda financiera.

El incremento de los ingresos no financieros respecto al PIB ha sido de 0,95%  y la reducción de los gastos no financieros de un 1,27% .

La reducción del déficit nominal en valor absoluto, se descompone en 20.956 millones de euros por el lado del gasto y 3.546millones de euros el lado del ingreso: 85,5% de la reducción del déficit proviene de la reducción del gasto y el 14,5% proviene del aumento de ingreso en términos de contabilidad nacional.

La Comisión Europea en su recomendación de 29 de mayo sobre el Procedimiento de Déficit Excesivo ha evaluado el esfuerzo estructural efectivo en un 2,9% del PIB en 2012, superior a los 2,7 puntos que se nos había exigido y con un total de medidas equivalente a 4,3 puntos de PIB (un 60% de éstas por el lado del gasto). Este volumen de medidas ha supuesto el segundo mayor ajuste estructural primario entre los países avanzados en 2012.  En base a ello, el Consejo ECOFIN de 21 de junio propuso extender la senda de consolidación fiscal dos años, hasta 2016, pero sin reducir el esfuerzo estructural requerido.

Monedas de euroMonedas de euro (Parlamento Europeo) (Pool Moncloa)Estos resultados reforzaron notablemente la credibilidad de las finanzas públicas españolas, al demostrarse que incluso en las condiciones cíclicas más adversas se podía reducir el déficit excesivo, cumpliendo así los compromisos asumidos en el marco de la Unión Europea.

Ejercicio 2013

Con los datos disponibles a 28 de enero de 2014, el déficit conjunto hasta noviembre de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social ha sido el 5,44% del PIB, un total de 55.841 millones de euros, una vez excluidas las ayudas al sistema financiero. Para el total de Administraciones Públicas habría que sumar los datos de Entidades locales que se publican trimestralmente, y que arrojaban superávit hasta septiembre. El objetivo del año se sitúa en 6,5% del PIB con un requerimiento de ajuste estructural de 1,1 puntos de PIB de acuerdo con las Recomendaciones del Consejo ECOFIN en el marco del Procedimiento de Déficit Excesivo.

Las ayudas concedidas por el FROB a Entidades de crédito hasta noviembre han sido de 4.822 millones de euros, que representan 0,47 puntos del PIB, pero no se computa a efectos de objetivo de déficit.

Con los datos a noviembre, la Administración Central arroja un déficit de 3,86 % del PIB,  una vez descontada la ayuda financiera.

Este saldo resulta de unos recursos no financieros del Estado imputados en contabilidad nacional, de 111.099 millones, cifra superior en un 6,1% a los del mismo periodo del ejercicio anterior. Los empleos no financieros, con un importe de 151.705 millones, han aumentado un 6,8% en relación a mismo periodo de 2012. Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 5,1%, con 10.572 millones.

Por su parte, las Comunidades Autónomas han registrado un déficit en términos de contabilidad nacional de 12.901 millones de euros, el 1,26 % del PIB.

Hasta noviembre de 2013, las operaciones no financieras realizadas por la Seguridad Social han dado como resultado acumulado un déficit de 3.337 millones de euros, lo que representa el 0,33% del PIB.

 

PRINCIPALES ELEMENTOS DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2014

Perspectiva general

Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 tienen como objetivo prioritario la corrección de los  desequilibrios en las cuentas públicas, que será el soporte, junto con las reformas puestas en marcha,  sobre el que se asiente la recuperación económica. Son un paso más en la estrategia de reequilibrio de las cuentas públicas estatales llevada a cabo por el Gobierno desde el inicio de esta legislatura, base para generar la credibilidad y confianza necesaria para la recuperación económica del país.

Los Presupuestos permitirán, de acuerdo con el objetivo establecido, reducir el déficit del Estado al 3,7% del PIB en 2014 y el de la Seguridad Social al 1,1% del PIB.  Esta reducción del déficit público, a diferencia de lo sucedido en 2012 y 2013, ya no se realizará en un entorno de contracción de la economía. No obstante, dado que existen aumentos ineludibles de gastos, como es el caso de las pensiones, la financiación del déficit de tarifa eléctrico o las prestaciones por desempleo, aún debe realizarse un esfuerzo de austeridad en el resto de partidas.

El Presupuesto del Estado para el año 2014 se enmarca en la nueva senda de consolidación fiscal que amplía el plazo de corrección del déficit excesivo en dos años, es decir hasta 2016, lo que supone realizar un proceso de ajuste más gradual que contemple, por una parte, el entorno económico en el que nos encontramos, y por otra, las importantes reformas de carácter estructural que se están llevando a cabo en la economía española y cuyos resultados podrían verse frenados por un ajuste fiscal demasiado intenso.

Este Presupuesto continúa con el compromiso en la reducción del déficit público, siendo plenamente coherente con el cumplimiento de los objetivos de déficit público 2014-2016 que las Cortes Generales aprobaron para el Estado en julio de 2013

Este compromiso se materializa, en primer lugar, en el mantenimiento de las partidas destinadas al gasto social. En este sentido hay que destacar el esfuerzo que a través del presupuesto realiza el Estado para dotar al Servicio Público de Empleo Estatal de la financiación que requerirá el organismo para el desempeño de sus funciones, lo que supone un incremento de las transferencias al organismo de 4.256,69 millones de euros. Asimismo, en línea con la política presupuestaria del ejercicio anterior, en el Presupuesto del Estado para 2014 se incluyen aportaciones para complementar la financiación del Sistema de la Seguridad Social por aproximadamente 13.000 millones de euros.

Por otra parte, como continuación a las medidas fiscales para la sostenibilidad energética adoptadas el pasado año 2012 y que fueron incorporadas en los Presupuestos Generales del Estado del año 2013, y en aplicación del aprobado Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, se incrementa la financiación a través del presupuesto del déficit de tarifa eléctrica. Esto conlleva aumentar la financiación de determinados costes del sistema eléctrico por importe de 1.232,25 millones de euros.

Por otro lado, el Estado también debe hacer frente al sistema de financiación de las Administraciones Territoriales, cuyo importe en el presupuesto de gastos asciende para el año 2014 a 31.589,49 millones de euros.

Finalmente dentro del Presupuesto del Estado deben atenderse una serie de compromisos de carácter ineludible como son los intereses de la deuda, las pensiones de Clases Pasivas, las transferencias a la Unión Europea, los Órganos Constitucionales, el Fondo de Compensación Interterritorial y otros gastos de los Entes Territoriales. Este conjunto de gastos ascienden en 2014 a 66.923,49 millones de euros, manteniéndose en niveles muy similares a las dotaciones previstas en 2013.  Descontando las partidas anteriores se obtiene el importe disponible para el gasto no financiero de los Ministerios, con una dotación de 34.584,01 millones de euros, un 4,7% menos que en 2013.

Bolsa de ValenciaInterior de la Bolsa de Valencia (Bolsas y Mercados Españoles)Los ingresos no financieros del Estado se cifran para 2014 en 128.159 millones, lo que supone un incremento respecto del presupuesto de 2013 del 0,9%.  Este aumento provendrá, en una parte, del impacto en la recaudación de las medidas fiscales adoptadas a lo largo del proceso de consolidación fiscal, y, en otra, del moderado aumento de las bases imponibles ligado a la recuperación del crecimiento económico que se prevé para el próximo año.

Pensiones

El gasto presupuestado para la política de pensiones en 2014 asciende a 127.484 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4,9% respecto a 2013.  Los elementos de esta política son las pensiones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social, así como las pensiones de clases pasivas del Estado.

Con el fin de atender las pensiones contributivas se destinan 112.103 millones de euros lo que supone un crecimiento del 5,4%. En este importe se ha tenido en cuenta el incremento del colectivo de pensionistas, la variación de la pensión media y una revalorización del 0,25%.  Para el año 2014 las aportaciones del Estado para la financiación de los complementos para pensiones mínimas ascienden a 7.633 millones, incluidos los gastos de gestión.  La dotación para los programas de pensiones de clases pasivas es de 12.383,25 millones de euros.

En cuanto a las pensiones no contributivas el crédito previsto asciende a 2.166,14 millones de euros.

Desempleo

El Gobierno mantiene el compromiso asumido durante la legislatura de apoyar a aquellos sectores que se han visto más duramente golpeados por la crisis que hemos padecido, en un entorno de una todavía leve recuperación. De modo especial ello se refleja en la política de desempleo.  Los créditos destinados a atender esta política ascienden a 29.727,53 millones de euros, un 10,1% más que en 2013. De este importe, 29.429,23 millones de euros se destinarán al pago de prestaciones, lo que supone un aumento del conjunto de las prestaciones por desempleo por importe de 2.733,23 millones de euros.

El elevado gasto en prestaciones por desempleo requiere de aportaciones del Estado para financiar al Servicio Público de Empleo Estatal, cuando hasta 2007 este organismo se autofinanciaba con las aportaciones sociales de empresarios y trabajadores.  Para 2014, está prevista una aportación de 14.597,54 millones de euros.

La política de desempleo se articula en dos niveles de protección. Uno, de carácter contributivo, que se concreta en la prestación por desempleo, para el que se estima un gasto de 21.041,32 millones de euros, lo que permitirá dar cobertura a 1.305.000 beneficiarios.

Otro, de carácter asistencial, complementario del anterior, que comprende el subsidio por desempleo y la renta agraria (6.562,03 millones de euros), el subsidio SEASS (656,58 millones) y la renta activa de inserción (1.169,30 millones de euros).

 

PRINCIPALES CAMBIOS NORMATIVOS EN 2012 Y 2013

  • Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica: en esta ley se suprime la deducción por inversión en vivienda habitual para las compras realizadas a partir del 1 de enero de 2013, manteniéndose el derecho a la deducción para las adquisiciones anteriores. Esta supresión tendrá efecto en la declaración anual correspondiente a 2013 que presenten los contribuyentes a mediados de 2014 por lo que el impacto se producirá en dicho año. Lo mismo sucede con el cambio en el tratamiento de las ganancias y pérdidas patrimoniales dado que será desde la próxima declaración de IRPF cuando por primera vez se incluyan en la base imponible del ahorro las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales que hubieran permanecido en el patrimonio del contribuyente durante más de un año. El objetivo de este cambio es penalizar fiscalmente los movimientos especulativos.
  • Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo: el objetivo de este real decreto es establecer unas condiciones iniciales más favorables para las nuevas empresas que se concretan en dos medidas. En el IRPF se establece para los autónomos una nueva reducción del 20% sobre los rendimientos netos de la actividad económica, reducción que se aplicará durante dos años a partir del primer período impositivo en que se obtengan beneficios. En el Impuesto sobre Sociedades, se establece un tipo impositivo del 15% para los primeros 300.000 euros de base imponible y del 20% para el exceso sobre dicho importe, que, igual que en el caso anterior, se aplicará durante dos años a partir del primer período impositivo en que se obtengan beneficios.
  • Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación: en materia de Impuestos Especiales, introduce modificaciones en la imposición sobre las bebidas alcohólicas que forman parte del ámbito objetivo del Impuesto sobre Productos Intermedios y del Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, elevando su tributación en un 10%, constituyendo, por tanto, una fuente relevante de ingresos tributarios para la Hacienda española. Además, debe tenerse muy presente que esta imposición constituye también un importante instrumento al servicio de la política sanitaria. El cumplimiento del compromiso político del Gobierno de alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria y el hecho de que la imposición sobre las labores del tabaco constituya una fuente relevante de ingresos tributarios para la Hacienda Pública, son razones que justifican un incremento de los tipos impositivos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, sustentando al tiempo los objetivos de esta imposición en materia sanitaria.
  • Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización: Se crea el régimen especial del criterio de caja en el IVA, al amparo del artículo 167 bis de la Directiva 2006/112/CE del Consejo de Ministros de la UE que resulta de aplicación desde el 1 de enero de 2013. Esta norma permite a los Estados Miembros establecer un régimen optativo para las empresas con un volumen de operaciones inferior a 2.000.000 de euros de manera que éstas puedan declarar sus operaciones no en el momento de la venta, sino cuando realmente han cobrado la factura (o pagado en el caso de las compras). El cambio de criterio afecta tanto a los que voluntariamente se acojan al nuevo régimen, como a sus clientes por las operaciones realizadas con ellos (esto es, los clientes sólo podrán deducirse el IVA soportado en el momento del pago, sea cual sea al régimen al que pertenezcan). Se introduce en el Impuesto sobre Sociedades una nueva deducción por inversión de beneficios para las empresas de reducida dimensión. El importe de la deducción es 10%  de los beneficios del ejercicio, bajo la condición de que se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias ligadas a actividades económicas. La deducción exige la creación de una reserva por inversiones.  El objetivo de esta medida es fomentar la inversión y la capitalización empresarial, y tiene como efecto reducir la tributación de aquella parte de los beneficios que se invierten en lugar de repartirse. Esta modificación lleva aparejada un cambio similar para los autónomos en el IRPF. Con el mismo objeto de fortalecer la capitalización de las nuevas empresas se incorporan beneficios fiscales para aquellos contribuyentes que no sólo aportan capital, sino también conocimientos y experiencia a las empresas en las que invierten, lo que se conoce como la figura del inversor de proximidad o «business angel». Estos inversores tendrán derecho a una deducción en la cuota estatal del IRPF al invertir en una empresa de nueva o reciente creación, y a la exención de las posibles ganancias en el caso de desinvertir en esa empresa y reinvertir en otra también de nueva o reciente creación.

Delegación de Hacienda en Aragón (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)Junto con estas tres medidas, la Ley modifica el régimen fiscal que atañe a las rentas procedentes de determinados activos intangibles para hacerlo consistente con los sistemas vigentes en países de nuestro entorno.

  • Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras: esta Ley incluye dos novedades para 2014. La primera afecta al Impuesto sobre Sociedades y se refiere a la supresión de la deducibilidad del deterioro de valor de las participaciones en el capital o fondos propios de entidades, así como de las rentas negativas generadas durante el plazo de mantenimiento de establecimientos permanentes ubicados en el extranjero. Se trata con ello de evitar que las pérdidas se deduzcan dos veces, en la sede donde se generan y en la sede de la cabeza del grupo inversor. La referencia en tratamiento de estas pérdidas es la normativa que rige en los países del entorno. La segunda novedad es la creación del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero.  Este impuesto se configura como un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de estos gases y grava, en una única fase, la puesta a consumo de los mismos en proporción a su potencial de calentamiento atmosférico.
  • Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal: Con esta Ley Orgánica, se refuerza el compromiso de lograr un control eficaz del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla de gasto mediante la introducción de nuevos mecanismos de supervisión y transparencia en las políticas fiscales de las distintas Administraciones Públicas. Asimismo, se da cumplimiento a lo previsto en la Directiva 2011/85/EU, del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los estados miembros, en cuanto a la necesidad de contar con instituciones fiscales independientes que realicen el ejercicio de un seguimiento efectivo del cumplimiento de las reglas fiscales, basado en análisis fiables e independientes realizados por órganos con autonomía funcional respecto de las autoridades presupuestarias de los Estados Miembros. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal velará por el estricto cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público, y el análisis de las previsiones económicas. Con ese fin, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal valorará las previsiones macroeconómicas que se incorporen a los proyectos de presupuestos y escenarios a medio plazo y analizará la implementación y la ejecución de las políticas fiscales, con la finalidad de detectar de forma temprana las posibles desviaciones en los objetivos perseguidos. Además, podrá formular, cuando considere, las opiniones que estime oportunas sobre los asuntos previstos en ésta u otras leyes.
  • Se ha puesto en marcha un Plan global de lucha contra la morosidad de las AAPP que incluye la ley de factura electrónica y registro contable, el plan de pago a proveedores para limpiar el stock definitivamente en CCAA y Entidades locales, otras medidas de liquidez junto con la exigencia de consolidación para la mejora de solvencia de determinadas Entidades locales y el cambio en la Ley Orgánica de Estabilidad para incluir la deuda comercial en el concepto de sostenibilidad.
  • Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público: su objetivo es dar seguridad a los proveedores en sus relaciones con las AAPP. Con esta normativa, la presentación de sus facturas se hará en un registro administrativo. Como consecuencia, las Administraciones tendrán un mayor control contable de las facturas, lo que permitirá un mejor cumplimiento de los plazos de pago, sin olvidar los efectos positivos en la lucha contra el fraude, el déficit y el gasto público.
  • Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el Sector Público: esta Ley hace pivotar el control de la deuda comercial sobre el concepto de período medio de pago a proveedores cuya publicación será obligatoria para las Administraciones Públicas. Asimismo se establece que todas las administraciones públicas incluyan en el plan de tesorería mensual, al que ya obliga la Ley de Estabilidad, información relativa a la previsión de pagos a proveedores y garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad (actualmente 30 días). Los incumplimientos implicarán un sistema de aplicación sucesiva de medidas preventivas, correctivas y, finalmente, coactivas, llegando a la retención de recursos para el pago al proveedor.
  • Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a Entidades Locales con problemas financieros.
  • Plan de Pago a Proveedores, con objeto de eliminar las facturas pendientes de pago de los entes territoriales, como punto de partida de la ley de control de deuda comercial comentada. El Plan entró en vigor mediante el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las AAPP y de apoyo a Entidades Locales con problemas financieros. En el Título I del Real 28 Decreto-ley, se regula una tercera y última fase del mecanismo de financiación para el pago a proveedores que ayude a las administraciones autonómicas y locales a hacer frente a su deuda comercial derivada de facturas de los proveedores vencidas, líquidas y exigibles con anterioridad a 31 de mayo de 2013. Además, en su Título II, regula un conjunto de medidas extraordinarias y urgentes de apoyo a la liquidez, para ayudar a los municipios que se encuentren en situaciones de especial dificultad. Se establecen medidas coercitivas de aumento de ingresos y reducción de gastos para los ayuntamientos y otras entidades locales con dificultades de liquidez que garanticen además su solvencia.
  • Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local: La reforma de la Administración Local, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios por parte de las Entidades Locales y su sostenibilidad, fundamentalmente a través de la reorganización de competencias entre los distintos niveles de las Administraciones Públicas: la Ley tiene los siguientes objetivos: clarificar y simplificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones; racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local, de acuerdo con los principios de eficiencia y equilibrio presupuestario y en último lugar garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso. Favorecer la actividad económica local con medidas liberalizadoras.