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Justicia e Interior

Interior

Domingo 31 de diciembre de 2017
Atención a inmigrantes recién llegados (Ministerio del Interior)

Contenidos del capítulo:

​​​​Justicia

Interior

​​​​​Fuerzas y C​uerpos de Seguridad del Estado​

La seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, siendo la propia Constitución española la que, en su artículo 149.1.29, reconoce esta competencia. Su mantenimiento corresponde al Gobierno de la nación. Asimismo, en el artículo 104 de la norma suprema se detalla que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estarán bajo la dependencia del Gobierno. 

Posteriormente, este artículo establece que "una Ley Orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Por lo que, la regulación de las competencias en materia de seguridad vienen determinadas en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En el artículo 2 de la citada ley, se concreta y define cuales son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en nuestro país, y en concreto:

  • Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la nación: ejercen sus funciones en todo el territorio nacional. Están integradas por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Su misión principal es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. El Cuerpo Nacional de Policía es un instituto armado de naturaleza civil, dependiente del Ministerio del Interior. Ejerce sus funciones en las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el Gobierno determine. La Guardia Civil es un cuerpo de seguridad. Fue fundado a mediados del siglo XIX. Se configura como un instituto armado de naturaleza militar, dependiente de los Ministros del Interior y de Defensa. Ejerce sus funciones en el resto del territorio nacional y su mar territorial.

  • Los cuerpos de ​policía dependientes de las Comunidades Autónomas: algunas Comunidades Autónomas, en uso de las competencias que tienen reconocidas en sus Estatutos, han creado cuerpos de policía para funciones de vigilancia y protección establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pertenecen a esta categoría, entre otros, los Mossos d'Esquadra en Cataluña, la Ertzaintza en el País Vasco, la Policía Foral de Navarra y el Cuerpo General de la Policía Canaria. Asimismo, y empleando la vía de la adscripción, reconocida en el artículo 47 de la LOFCS, se han creado las denominadas Unidades Adscritas en las regiones de Galicia, Valencia, Madrid, Andalucía, Aragón y Asturias. Estas unidades conviven en el territorio autonómico con los cuerpos de policía nacionales, y pertenecen orgánicamente al Cuerpo Nacional de Policía y funcionalmente a las Comunidades Autónomas.

  • Los cuerpos de policía dependientes de las Corporaciones Locales: son institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizadas. Las policías locales son competentes en todo lo que tiene que ver con la aplicación y ejecución de las normas específicamente locales en el ámbito de sus competencias.

En los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo para mejorar la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías autonómicas y las policías locales. Todas ellas suman más de 243.000 efectivos para garantizar la seguridad en España.

Lucha antiterror​ista

​El derecho a la vida y a la libertad, y en ese contexto a la integridad física y a la libertad de expresión, son derechos fundamentales establecidos en la Constitución española. Estos derechos, en particular, y nuestra pacífica y democrática convivencia, al igual que en otros países, se ven en peligro por la lacra del terrorismo, que se ha convertido en una de las mayores amenazas de carácter mundial.

La fortaleza del Estado de Derecho, puesta de manifiesto mediante la eficaz actuación policial y judicial, ha forzado a ETA a anunciar el cese definitivo de su actividad terrorista. Hoy la banda terrorista todavía existe y la sociedad española, a través de sus representantes democráticos, viene exigiendo su disolución definitiva e incondicional.

Terrorismo yihadista​

Hoy en dia, España comparte la misma preocupación por la amenaza del terrorismo yihadista que la mayoria de los paises de nuestro entorno, más aún tras el ataque terrorista en Barcelona y Cambrils el 18 de agosto de 2017.

A pesar del desgraciado atentado yihadista, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas están realizando un gran esfuerzo en la lucha contra este tipo de terrorismo, y prueba de ello, es que desde principios de 2017 se han detenido a más de 55 personas en 36 operaciones contra el terrorismo yihadista, la última de ellas la llevada a cabo en Barcelona y Cambrils.

Las actuaciones contra el terrorismo yihadista en España se centran, mayoritariamente, en la desarticulación de redes de captación, adoctrinamiento y envío de combatientes a zonas de conflicto, principalmente Siria, con la finalidad de integrarse en los grupos terroristas que actúan en esas zonas, especialmente el DAESH. En las labores de captación y adoctrinamiento, Internet juega un papel esencial.

Además, desde el 26 de junio de 2015, fecha en el que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido a  más de 190 terroristas yihadistas en operaciones realizadas en España y en el exterior y a más de 235 desde principios de 2015.​

El Ministerio del Interior ha resaltado la importancia de seguir intensificando la cooperación e intercambio de información entre las Fuerzas de Seguridad de los países en la lucha contra el terrorismo yihadista con instrumentos como los protocolos de Colaboración entre diferentes países.

En la misma línea, España cuenta con el apoyo y colaboración de otros países en los cuales se había constatado la presencia de terroristas. La colaboración con Francia es un referente en el modelo de cooperación internacional, tanto a nivel policial como judicial. Ambos países han constituido Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) para luchar contra el terrorismo. Asimismo la colaboración con las Autoridades del Reino de Marruecos ha fructificado, mediante el desarrollo de operaciones conjuntas, en la desarticulación de células yihadistas que operaban en ambos países con la finalidad, bien de cometer atentados en los mismos, bien con la de reclutar personas que posteriormente serían enviadas a combatir en zonas de conflicto como Siria e Irak.

Las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) se han convertido, igualmente, en instrumentos fundamentales de colaboración judicial y se ha ganado en eficacia y agilidad en los procedimientos de extradición, haciendo de la cooperación internacional uno de los pilares básicos de la lucha contra todo tipo de terrorismo.

Criminal​idad en España

Los datos sobre criminalidad que se publican por parte del Ministerio del Interior, con una periodicidad trimestral mediante el Balance de Criminalidad, atienden a unos indicadores de seguridad concretos que comprenden diferentes categorías. En la actualidad, se introducen en el Balance de Criminalidad los siguientes indicadores de criminalidad: Delitos y Faltas (UE), Homicidios Dolosos y Asesinatos consumados (EU), Robo con Violencia e Intimidación (EU), Robos con Fuerza en Domicilios (EU), Sustracción Vehículos a Motor (EU), Tráfico de Drogas (EU), Daños y Hurtos.

La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, en su 46ª reunión, y la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su 24º período de sesiones, han aprobado la Clasificación Internacional del Delito con fines estadísticos (ICCS), es decir,  una norma estadística internacional para la recopilación de datos que permitirá una mejor comparación a nivel de la Unión Europea y de Naciones Unidas.​

La ICCS se constituye, por lo tanto, como una estructura de clasificación de las infracciones penales, y la finalidad perseguida con su aprobación es mejorar la coherencia y la comparabilidad internacional de las estadísticas sobre la delincuencia y aumentar la capacidad de análisis, tanto a nivel nacional como internacional.

​​Según los datos registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los seis primeros meses de 2017, el cómputo de infracciones penales corresponde a un total de 999.924 hechos, lo que constituye un 0,8% más con respecto al mismo período del año 2016, cuya cifra ascendía a 992.476​

Además, junto a los datos objetivos  que muestran una reducción de la criminalidad, en España se puede apreciar, igualmente, un creciente  sentimiento de seguridad por parte de la ciudadanía. El buen estado de la percepción sobre la inseguridad ciudadana se ha venido mostrando con los valores más bajos de toda la serie histórica publicada en las diferentes encuestas de opinión (CIS, EUROBARÓMETRO).

Lucha contra el crimen organizado y co​rrupción

La labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas -Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Autonómicas- en materia de lucha contra el crimen organizado está coordinada en España por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

El CITCO es el órgano de recepción, integración y análisis de toda la información estratégica disponible referida al terrorismo, la criminalidad organizada y los radicalismos violentos, elaborando inteligencia estratégica y prospectiva, ofreciendo una valoración de estas amenazas permanentemente actualizada, proponiendo y coordinando estrategias nacionales para combatirlas, y estableciendo los criterios de actuación y coordinación operativa entre los distintos organismos en los casos de coincidencia o duplicidad entre investigaciones que se desarrollan contra estos fenómenos.

La actividad del crimen organizado en España se concentra principalmente en Madrid y Barcelona, en la costa mediterránea y en la costa gallega, aunque estos grupos no limitan sus actuaciones en una sola provincia.

Lucha con​​tra la inmigración irregular

El Ministerio del Interior lleva a cabo una intensa actividad en el ámbito de la extranjería y la inmigración, especialmente en lo relativo a la lucha contra la inmigración irregular y las redes que trafican con seres humanos, abarcando diversas líneas de actuación. 

El éxito depende de la conjunción de dos factores principales: el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la colaboración alcanzada con los principales países de origen y tránsito de este tipo de inmigración irregular. Entre ellos, destaca la cooperación lograda con Marruecos, país con el que, por ejemplo, el Ministerio del Interior inició en 2013 y sigue manteniendo actualmente una colaboración para facilitar el retorno voluntario de inmigrantes irregulares presentes en su territorio, en el marco de un Programa impulsado por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

Marruecos sigue considerándose, por los candidatos a la inmigración ilegal, como la principal base para cruzar a España. En consecuencia, la presencia de subsaharianos repartidos por numerosos asentamientos en Marruecos, junto con los flujos migratorios procedentes de Siria, explica la alta presión migratoria registrada en las inmediaciones de Ceuta y Melilla y en la fachada Atlántica.

Por otro lado, a lo largo de la legislatura la política en materia de repatriaciones del Ministerio del Interior se ha centrado en priorizar la acción policial de este Ministerio en materia de extranjería en las denominadas expulsiones cualificadas, aquellos extranjeros que cometieron  delitos, y no "acosar" a quienes se encuentran en una mera situación de irregularidad.

La Dirección Ge​neral de Tráfico y la Seguridad Vial

La Dirección General de Tráfico (DGT), organismo autónomo dependiente del Ministerio del Interior, tiene encomendada la competencia para dirigir y aplicar las políticas de seguridad vial y movilidad sostenible en España.

España se sitúa en el quinto lugar de los países con menor siniestralidad del mundo con una tasa de 36 fallecidos en accidentes de tráfico por millón de habitantes, por debajo de la tasa media europea. Con esta tasa España cumple con siete años de antelación el objetivo establecido en el Plan Estratégico para 2020.

La DGT es consciente que reducir las cifras actuales no es una tarea sencilla y que, para ello, es necesario impulsar políticas eficaces de seguridad vial, basadas en la evidencia científica; políticas que tengan en consideración los diferentes sectores implicados y que comprometan de manera efectiva a todos los actores, tanto públicos como privados, en la reducción de las cifras de siniestralidad vial.

A lo largo de este año, Tráfico ​​​ha iniciado diversas actuaciones que abarcan no solo el plano normativo, con la aprobación del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, sino que también avanzan en un mejor conocimiento de los factores que intervienen en el riesgo de sufrir un accidente y en el resultado final del mismo, así como en la coordinación con otras instituciones tanto nacionales como europeas con competencia en seguridad vial.

A fin de progresar en la identificación de las intervenciones adecuadas y de los colectivos específicos sobre los que actuar con medidas preventivas, la DGT ha abordado el estudio en profundidad de todos los aspectos relacionados con los heridos graves y con factores concurrentes en los accidentes como son la vía y la antigüedad del parque.

Otra tarea importante que está desarrollando este organismo, se centra en la implantación de proyectos informáticos  que faciliten al ciudadano un servicio telemático a través del cual pueda realizar muchos de los trámites administrativos, desde cualquier lugar y a cualquier hora. De entre todos ellos, destaca la implementación de la tarjeta electrónica de ITV que reemplaza a la de papel, otra iniciativa única en el mundo que agiliza enormemente los trámites administrativos asociados a la compra o transferencia de un vehículo.​

La evolución de la siniestralidad vial en España y el trabajo constante de todos los actores implicados en la misma  ha sido determinante  para que la DGT haya sido elegida a través de un proceso de concurrencia competitiva con otros países europeos para asesorar durante dos años a Argelia en materia de seguridad vial, convirtiéndose así en un organismo de referencia en materia de seguridad vial a nivel internacional.

Además,  ha sido la primera administración pública española en obtener dos certificaciones  AENOR, una como proveedores de información sobre movilidad, y la otra  por el Sistema de Gestión de Seguridad Vial Laboral implantado en los servicios centrales del Organismo.

La Dirección G​eneral de Protección Civil y Emergencias

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior continúa avanzado en todos los aspectos que comprende el concepto de Protección Civil, como la acción integral de las administraciones públicas para la protección física de las personas y de los bienes, cuando se produce una situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria. Y lo hace mediante el impulso de nuevas actuaciones integradas, profundizando en la normativa y desarrollando nuevas herramientas de coordinación. 

Escuela Nac​ional de Protección Civil

Asumiendo la obligación de promover la competencia técnica del personal del Sistema Nacional de Protección Civil que tienen los poderes públicos y que se explicita en la nueva Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, se encuadran las actividades  formativas realizadas por la Escuela Nacional de Protección Civil.

La Escuela Nacional de Protección Civil, como instrumento vertebrador de la formación especializada y de mandos de alto nivel, desarrolla las siguientes actividades:

  • Formar y entrenar al personal de los servicios de Protección Civil de la Administración General del Estado y de otras instituciones públicas y privadas, mediante los correspondientes convenios, en su caso, así como a personas de otros colectivos que sean de interés para el Sistema Nacional de Protección Civil. Podrá acordar con otras administraciones, mediante los correspondientes convenios, la formación y entrenamiento del personal al servicio de dichas Administraciones.

  • Desarrollar acciones de I+D+i en materia de formación de Protección Civil.

  • Colaborar con los centros de formación de Protección Civil de las otras Administraciones Públicas, así como en las actividades de formación que se prevean en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión o de otras iniciativas europeas para favorecer la interoperabilidad de los equipos y servicios.

  • Impartir actividades de formación en favor de otros Estados o de instituciones extranjeras o internacionales. ​

Por último, es importante resaltar la tarea que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias lleva a cabo en el terreno internacional, en especial, afianzando su presencia y participación en los foros internacionales y mejorando la cooperación con los países de nuestro entorno.

En el ámbito de la Unión Europea, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, ha desarrollado el Proyecto 'WestTsunami', que consiste en la organización y ejecución de un ejercicio internacional de puestos de ​mando e instrumentos de comunicación para  poner a prueba la capacidad de respuesta de los centros nacionales de control en el hipotético caso de que se produjera un maremoto en el suroeste de la península Ibérica, similar al ocurrido en 1755 en Lisboa. En este Ejercicio han participado las Direcciones Generales de Protección Civil de España, Marruecos y Portugal, además de un Equipo de la Comisión Europea y un grupo de observadores de varios países europeos y vecinos.

Secretaria Gene​ral de Instituciones Penitenciarias

La Institución Penitenciaria es una pieza ineludible de las políticas de seguridad  y de intervención social de un país. Sólo se puede dar una respuesta eficaz que incrementen la seguridad y la libertad ciudadana con la construcción de espacios de tratamiento, reeducación y rehabilitación de las personas que han cometido un delito. De ahí que, en un Estado de las Autonomías tan descentralizado como el actual, la política penitenciaria sea competencia exclusiva de la Administración General del Estado, salvo en Cataluña, comunidad que tiene transferida la misma desde la década de los 80.

En este escenario, el Estado desarrolla la política penitenciaria a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, departamento dependiente del Ministerio del Interior. Esta Secretaría General está integrada por 68 centros de régimen cerrado, dos establecimientos psiquiátricos y 13 centros de inserción social independientes, con una población reclusa cercana a las 53.000 personas y una plantilla superior a los 24.300 funcionarios.