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Seguridad

Jueves 10 de marzo de 2016
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía (Ministerio del Interior)

​Artículo 17 de la Constitución. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma prevista en la ley.

Contenido

Fuerzas y cuerpos de seguridad​

La seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, siendo la propia Constitución español​a la que, en su artículo 149.1.29, reconoce esta competencia. Su mantenimiento corresponde al Gobierno de la nación. Asimismo, en el artículo 104 de la norma suprema se detalla que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estarán bajo la dependencia del Gobierno. Posteriormente, este artículo establece que "una Ley Orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Por lo que, la regulación de las competencias en materia de seguridad vienen determinadas en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En el artículo 2 de la citada ley, se concreta y define cuales son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en nuestro país, y en concreto:

  • Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la nación: ejercen sus funciones en todo el territorio nacional. Están integradas por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Su misión principal es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. El Cuerpo Nacional de Policía es un instituto armado de naturaleza civil, dependiente del Ministerio del Interior. Ejerce sus funciones en las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el Gobierno determine. La Guardia Civil es un cuerpo de seguridad. Fue fundado a mediados del siglo XIX. Se configura como un instituto armado de naturaleza militar, dependiente de los Ministros del Interior y de Defensa. Ejerce sus funciones en el resto del territorio nacional y su mar territorial.
  • Los cuerpos de policía dependientes de las Comunidades Autónomas: algunas Comunidades Autónomas, en uso de las competencias que tienen reconocidas en sus Estatutos, han creado cuerpos de policía para funciones de vigilancia y protección establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pertenecen a esta categoría, entre otros, los Mossos d'Esquadra en Cataluña, la Ertzaintza en el País Vasco, la Policía F​​​​​or​al de Navarra y el Cuerpo General de la Policía ​Canaria. Asimismo, y empleando la vía de la adscripción, reconocida en el artículo 47 de la LOFCS, se han creado las denominadas Unidades Adscritas en las regiones de Galicia, Valencia, Madrid, Andalucía, Aragón y Asturias. Estas unidades conviven en el territorio autonómico con los cuerpos de policía nacionales, y pertenecen orgánicamente al Cuerpo Nacional de Policía y funcionalmente a las Comunidades Autónomas.
  • Los cuerpos de policía dependientes de las Corporaciones Locales: son institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizadas. Las policías locales son competentes en todo lo que tiene que ver con la aplicación y ejecución de las normas específicamente locales en el ámbito de sus competencias.

En los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo para mejorar la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías autonómicas y las policías locales. Todas ellas suman más de 243.000 efectivos para garantizar la seguridad en España.

Lucha antiterrorista 

El derecho a la vida y a la libertad, y en ese contexto a la integridad física y a la libertad de expresión, son derechos fundamentales establecidos en la Constitución española. Estos derechos, en particular, y nuestra pacífica y democrática convivencia, al igual que en otros países, se ven en peligro por la lacra del terrorismo, que se ha convertido en una de las mayores amenazas de carácter mundial.

En nuestro país, la actividad terrorista de ETA comienza en los años sesenta, antes del advenimiento de la democracia, con un objetivo claro: la independencia de una parte de España (País Vasco y Navarra) y de Francia (tres comarcas en el departamento de Pirineos Atlánticos) mediante la práctica de un terrorismo indiscriminado, ocasionando más de ochocientas víctimas mortales y miles de heridos, así como cuantiosos daños materiales, además de extorsiones, amenazas y coacciones que han forzado a buscar residencia fuera de aquellas regiones a numerosas personas.

Con la llegada de la democracia, que abre cauces para la actividad de todos los partidos y organizaciones, cualesquiera que sean sus objetivos e ideas, y tras beneficiarse de una amnistía general en 1977, la sociedad española en su conjunto concibió la esperanza de que ETA abandonara la actividad terrorista. Esa aspiración se vio defraudada y la banda terrorista no sólo no abandonó la violencia, sino que intensificó su actividad criminal.

El 8 de diciembre de 2000, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español suscribieron el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo en el que se estipula que «al Gobierno de España corresponde dirigir la lucha antiterrorista» y se manifiesta la «voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo». Igualmente, se afirma que «de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno». Este acuerdo fue ratificado por los principales agentes y grupos sociales.

Firma del Acuerdo contra el Terrorismo (Ministerio de la Presidencia)Posteriormente, el pasado 2 de enero de 2015, se ha firmado un nuevo Acuerdo para Afianzar la Unidad en Defensa de las Libertades y en la Lucha contra el Terrorismo, suscrito por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español que, entre otros aspectos, contempla el de las reformas legislativas que se consideren necesarias para actualizar y reforzar el marco jurídico que permita a las Autoridades Judiciales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad una mayor eficacia en la investigación criminal de los delitos de terrorismo.

En los últimos años la justicia ha continuado desmantelando las estructuras políticas, internacionales, financieras, mediáticas y de desobediencia civil de las que había dispuesto ETA en las cuatro últimas décadas, con el importante aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La fortaleza del Estado de Derecho, puesta de manifiesto mediante la eficaz actuación policial y judicial, ha forzado a ETA a anunciar el cese definitivo de su actividad terrorista. Hoy la banda terrorista todavía existe y la sociedad española, a través de sus representantes democráticos, viene exigiendo su disolución definitiva e incondicional.

En la lucha antiterrorista, España cuenta con el apoyo y colaboración de otros países en los cuales se había constatado la presencia de terroristas. La colaboración con Francia es un referente en el modelo de cooperación internacional, tanto a nivel policial como judicial. Ambos países han constituido Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) para luchar contra el terrorismo, tanto de ETA como del yihadismo radical. Asimismo la colaboración con las Autoridades del Reino de Marruecos ha fructificado, mediante el desarrollo de operaciones conjuntas, en la desarticulación de células yihadistas que operaban en ambos países con la finalidad, bien de cometer atentados en los mismos, bien con la de reclutar personas que posteriormente serían enviadas a combatir en zonas de conflicto como Siria e Irak.

Las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) se han convertido, igualmente, en instrumentos fundamentales de colaboración judicial y se ha ganado en eficacia y agilidad en los procedimientos de extradición, haciendo de la cooperación internacional uno de los pilares básicos de la lucha contra todo tipo de terrorismo.

Desde el comienzo de la X Legislatura el 14 de diciembre de 2011 el Gobierno ha continuado la lucha contra el terrorismo que ya realizaban Gobiernos precedentes. La situación del fenómeno terrorista en España ha sufrido un gran cambio en estos últimos años debido a la derrota de la banda terrorista ETA que, acosada por los servicios policiales tanto españoles como extranjeros, ha declarado unilateralmente un cese definitivo de su actividad armada, es decir de la comisión de atentados.

Sin embargo se ha mantenido la actividad terrorista en otros ámbitos. Dentro del terrorismo de carácter autóctono, las manifestaciones del terrorismo más relevantes se han dado entre los grupos independentistas gallegos (Resistencia Galega) y grupos antisistema (anarquistas).

En lo referente al terrorismo islamista e internacional, si bien no se ha producido ningún atentado en España desde el 11-M, si se ha seguido actuando contra los individuos vinculados a organizaciones terroristas relacionadas con Al Qaeda y otras organizaciones terroristas internacionales como el PPK de Turquía.

Como ya se citó anteriormente la actividad terrorista de  ETA ha cesado, pero no así la presión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil). Dicha presión sobre ETA ha fructificado en la detención, desde el comienzo de la X Legislatura, de 89 miembros de la organización, 50 en España, y en base a la colaboración policial internacional de 39 miembros de ETA en otros países, 27 en Francia, 5 en el Reino Unido, 1 en Italia, 1 en Brasil, 1 en Venezuela, 1 en Bélgica, 1 en Alemania y, finalmente, 2 en México.

La actividad terrorista del terrorismo autóctono ha consistido por parte de los antisistema (anarquistas) en la colocación de artefactos explosivos, siendo los más señalados los de la Catedral de la Almudena de Madrid y el de la Basílica del Pilar de Zaragoza. Los autores de este último fueron detenidos en Barcelona en noviembre de 2013, registrándose en la Legislatura un total de 20 detenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por actividad terrorista antisistema 1 en 2011, 5 en 2013 y 14 en 2014). En lo referente al independentismo gallego, Resistencia Galega su actividad terrorista consiste principalmente en la colocación de artefactos explosivos en entidades bancarias, sindicales, oficinas de empleo, sedes de partidos políticos nacionales (PP, PSGA en Galicia) y repetidores de señales de comunicaciones. El Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil han detenido en la presente Legislatura a un total de 9 miembros de Resistencia Galega (7 en 2012, 1 en  2013 y 1 en 2014). Finalmente, y aunque su actividad terrorista ha cesado y la banda terrorista GRAPO ha sido desarticulada, en 2012 se detuvo a 4 miembros de GRAPO por el secuestro del industrial Publio Cordón, y a uno de estos en otra ocasión por un supuesto delito de depósito de armas y explosivos.

En la lucha contra el terrorismo yihadista, las investigaciones de los servicios de información del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil han permitido el desarrollo y culminación de más de 20 operaciones contra este fenómeno terrorista, permaneciendo abiertas un número aún mayor de investigaciones en curso. Dichas operaciones, las culminadas tanto las individuales de cada Cuerpo como las llevadas a cabo conjuntamente, han permitido la detención en España, durante el transcurso de la X Legislatura, de un total de 62 individuos vinculados con actividades yihadistas. De ellas destacan las que superando la docena se llevaron a cabo contra organizaciones que se dedicaban a reclutar y enviar combatientes a Siria/Irak y Mali, siendo de reseñar la operación conjunta llevada a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en septiembre de 2013 contra una organización que operaba entre las ciudad autónoma de Ceuta y la de Castillejos (Marruecos), en la que se practicaron 9 detenciones en Ceuta y una en Bélgica.

Asimismo es de resaltar la cooperación internacional, sobre todo con el Reino de Marruecos, que ha permitido la detención de otros 11 individuos vinculados al terrorismo yihadista (10 en 2014 y 1 en 2015). Los detenidos fuera de nuestro territorio nacional lo fueron en Marruecos (6), Luxemburgo (1), Bulgaria (3), y Turquía (1).

Por último las investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre el terrorismo han propiciado la detención en 7 miembros del PKK (partido de los Trabajadores del Kurdistán) en diferentes localidades españolas (6 en 2013 y 1 en 2014).

Criminalidad en España

Los datos sobre criminalidad que se publican por parte del Ministerio del Interior, con una periodicidad trimestral mediante el Balance de Cri​minalidad, atienden a unos indicadores de seguridad concretos que comprenden diferentes categorías. Clasificación que ha experimentado una modificación a partir del mes de septiembre del año 2015. Por ello, en la actualidad, se introducen en el Balance de Criminalidad los siguientes indicadores de criminalidad: Delitos y Faltas (UE), Homicidios Dolosos y Asesinatos consumados (EU), Robo con Violencia e Intimidación (EU), Robos con Fuerza en Domicilios (EU), Sustracción Vehículos a Motor (EU), Tráfico de Drogas (EU), Daños y Hurtos.

Esta  modificación en los indicadores de seguridad es motivada por los cambios implementados por la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT). Cambios propugnados por las decisiones adoptadas por  la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, en su 46ª reunión, y la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su 24º período de sesiones, celebradas en los meses de marzo y mayo de 2015, respectivamente. En concreto, estas Comisiones han aprobado la Clasificación Internacional del Delito con fines estadísticos (ICCS), es decir,  una norma estadística internacional para la recopilación de datos que permitirá una mejor comparación a nivel de la Unión Europea y de Naciones Unidas.

La ICCS se constituye, por lo tanto, como una estructura de clasificación de las infracciones penales, y la finalidad perseguida con su aprobación es mejorar la coherencia y la comparabilidad internacional de las estadísticas sobre la delincuencia y aumentar la capacidad de análisis, tanto a nivel nacional como internacional.

Por otra parte, las últimas reformas legislativas operadas en nuestro país, y en concreto, las Leyes Orgánicas 1 y 2 del año 2015 que han modificado la también Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, han tenido una repercusión clara sobre las estadísticas de criminalidad. Sin duda, la más importante de todas ellas ha sido la supresión de las faltas penales, transformándose algunas de ellas en delitos leves, mientras otras han sido reconducidas a la vía administrativa y civil.

De esta forma, y fruto de las diferentes reformas legislativas y nuevas prácticas estadísticas sobre criminalidad llevadas a cabo por organismos europeos e internacionales, se han venido realizando las adaptaciones correspondientes en el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) por parte del Ministerio del Interior. Con ello, se persigue, obtener una correcta explotación de la información estadística de criminalidad de nuestro país que resulte comparable con los indicadores de seguridad de EUROSTAT e internacionales.​

​En el año 2015, se han conocido un total de 2.035.625 delitos y faltas en nuestro país, lo que supone un 2,7% menos con respecto al año 2014, cuya cifra ascendía a 2.092.040. El total contabilizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad conduce a que la tasa de criminalidad sea de 43,7 infracciones penales por cada 1.000 habitantes. Esta tasa se ha reducido en 1 punto respecto al año 2014, como consecuencia de la disminución de infracciones penales registradas. En el año 2014, también se apreció un descenso de la criminalidad en relación al año 2013 de un 3,6%.

Agentes de la Guardia Civil (Ministerio del Interior)Aunque es complicado armonizar y comparar datos cuando nos referimos a países con legislaciones bastantes diferentes, sí podemos encontrar un indicador bastante independiente de las circunstancias locales, y que permite medir el nivel de violencia de forma más homogénea. Dicho indicador son los homicidios dolosos y asesinatos consumados. En este aspecto, la tasa media en la UE es de 1,02 homicidios dolosos y asesinatos consumados por cada 100.000 habitantes, mientras que en España es de 0,65.

Esta comparativa con otros países de nuestro entorno permite establecer que España es un país seguro, prueba de ello, es el continuo incremento en la afluencia de turistas, siendo la seguridad ciudadana española uno de los aspectos que más contribuyeron a aumentar el grado de satisfacción de los turistas internacionales que visitaron nuestro país.

El marcado carácter bajista del índice de criminalidad se refleja en el conjunto de los indicadores de seguridad especificados anteriormente. Si bien, esta disminución se aprecia en mayor medida en el tráfico de drogas (-10,1%), la sustracción de vehículos a motor (-9,4%), los robos con violencia e intimidación (-8,2%) los homicidios dolosos y asesinatos consumados (-6,2%), y los robos con fuerza en domicilios (-6,1%).

Además, junto a los datos objetivos  que muestran una reducción de la criminalidad, en España se puede apreciar, igualmente, un creciente  sentimiento de seguridad por parte de la ciudadanía. El buen estado de la percepción sobre la inseguridad ciudadana se ha venido mostrando con los valores más bajos de toda la serie histórica publicada en las diferentes encuestas de opinión (CIS, EUROBARÓMETRO).

Lucha contra el crimen organizado y la corrupción en España

La labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas -Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Autonómicas- en materia de lucha contra el crimen organizado está coordinada en España por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

El CITCO es el órgano de recepción, integración y análisis de toda la información estratégica disponible referida al terrorismo, la criminalidad organizada y los radicalismos violentos, elaborando inteligencia estratégica y prospectiva, ofreciendo una valoración de estas amenazas permanentemente actualizada, proponiendo y coordinando estrategias nacionales para combatirlas, y estableciendo los criterios de actuación y coordinación operativa entre los distintos organismos en los casos de coincidencia o duplicidad entre investigaciones que se desarrollan contra estos fenómenos.

Según los criterios establecidos por las normas de Europol, se considera un grupo de crimen organizado aquellas organizaciones en los que se dan las siguientes condiciones:

  • Colaboración de más de dos personas.
  • Actuación prolongada o indefinida en el tiempo.
  • Comisión de delitos graves.
  • Búsqueda de beneficios o poder.

Y al menos dos de las siguientes:

  • Reparto específico de tareas.
  • Uso de algún tipo de control interno.
  • Extensión de su actividad al ámbito internacional.
  • Uso de la violencia.
  • Implicación en el blanqueo de capitales.
  • Uso de estructuras económicas o comerciales.
  • Corrupción de autoridades públicas o empresas.

Los grupos de crimen organizado se pueden dividir en tres tipos diferenciados: de alta intensidad, típicos, y de baja intensidad.

Durante 2015 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas (Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Autonómicas) detuvieron a 5.936 personas, investigaron a 18.463 personas y detectaron a 445 grupos de crimen organizado de los que 274 fueron totalmente desarticulados (62%) y 158 fueron parcialmente desarticulados (35%). El 80% de estos grupos tiene un tiempo de actividad inferior a 3 años, el 68% está compuesto por personas de más de una nacionalidad y el 19% solamente por españoles. Además, el 65% de los grupos presenta actividad internacional y el 60% fue detectado a lo largo del año 2015.

Es importante destacar que se ha actuado de una manera total o parcial contra el 97% de los grupos de crimen organizado, lo que demuestra la gran eficacia policial en España en la lucha contra este fenómeno así como la desarticulación total del 62% de estos grupos.

Gráfica 1.pngMinisterio del Interior

Respecto a sus principales actividades, el 28% de estos grupos se dedicaba al tráfico de cocaína (123), el 21% al tráfico de hachís (95), el 16% al robo con fuerza (69), el 11% a la comisión de estafas (48), el 8% al robo con violencia o intimidación (34), el 6% a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (25), el 5% al tráfico de drogas sintéticas (23), el 5% al blanqueo de capitales (21) y el 4% al tráfico de heroína (18). Hay que señalar que algunos de estos grupos delictivos son multiactivos y desarrollan más de una actividad criminal.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas han incautado un total de 1.657 vehículos, 153 embarcaciones, 10 aeronaves, 309 armas de fuego, 433 armas blancas, 899 ordenadores, 6.455 teléfonos móviles, 169 inmuebles y 26,5 millones de euros. El valor mínimo estimado del total de los bienes incautados al crimen organizado exceptuando las drogas asciende a 128.717.000 euros.

Respecto a las drogas aprehendidas a estos grupos, se han incautado 17.584 kilos de cocaína -que representa el 80% de total de cocaína incautada en España-, 190.882 kilos de hachís -que supone alrededor del 50% del total de hachís incautado en España-, 173 kilos de heroína y 145 kilos de speed. Respecto a 2014, las incautaciones de cocaína y de hachís se han incrementado un 8% y las de heroína más del 20%.

Las cantidades incautadas en 2015 por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas representan respecto del hachís, el 70% de lo incautado en toda la Unión Europea y el  23% en todo el mundo. Y respecto a la cocaína, las aprehensiones en la pasada Legislatura representan el 43% de cocaína intervenida en la UE y el 5% a nivel mundial.

Además, el total de la cocaína intervenida tanto en alta mar como en puertos y aeropuertos representa alrededor del 62% del total de cocaína incautada en España, lo que demuestra que España es el muro de contención del tráfico ilícito de drogas.

En la X Legislatura (2011-2015) se han investigado, por tener algún tipo de relación con la criminalidad organizada, a más de 69.000 personas, y resultaron detenidas 25.000 personas.

A lo largo de estos cuatro años el número de investigados ha ido aumentando desde los 16.642 en el año 2012 hasta llegar a los 18.436 el año pasado, en 2015. En cuanto al número de detenidos, las cifras se han mantenido en alrededor de los 6.000 por año, en concreto, de los 6.460 en el año 2012 a un total de 5.936 en el año 2015.​

Desde la creación del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), en octubre de 2014, se han detectado más de 250 coincidencias entre personas vinculadas principalmente con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales con el terrorismo yihadista.

mapa_1.2.pngMinisterio del Interior

La actividad del crimen organizado en España se concentra principalmente en Madrid y Barcelona, en la costa mediterránea y en la costa gallega, aunque estos grupos no limitan sus actuaciones en una sola provincia.

Además de Madrid y Barcelona (en color rojo) también destacan otras provincias como Valencia, Alicante, Málaga y Cádiz (en color naranja) seguidas por Sevilla y Murcia (en color amarillo) y A Coruña, Pontevedra, Toledo, Granada y Tarragona (en color azul), entre otras. ​​​​

Lucha contra la corrupción en España​

Desde 2010 se ha producido un incremento lineal del número de detenidos, sólo roto por el notable aumento de detenidos del año 2014 con un total de 2.743. Si en 2010 se produjeron 389 detenciones por corrupción en España, en 2015 hubo un total de 2.442 detenidos.​

Lo mismo ocurre con el total de hechos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España. Hay un incremento de las investigaciones que en 2010 eran 366 y en 2015 han superado las 1.000, en concreto, 1.108. (Ver gráfica 2)

Durante la X Legislatura, se han detectado en España casi 40 diferentes tipologías delictivas vinculadas con la corrupción. La tipología más frecuente que pasa desapercibida cuando hablamos de corrupción son los fraudes contra la Seguridad Social -que representan el 16,3% del total-, junto con los fraudes a la hacienda pública (el 8,1%), afectan al conjunto de los ciudadanos aunque no seamos conscientes de ello.

Gráfica 2.pngMinisterio del Interior

Asimismo, hay que destacar también los delitos de cohecho que suponen el 12,5%, la prevaricación administrativa con el 9,8%, la malversación con el 8,2% y los delitos societarios que representan el 4,6%, entre otros.

A lo largo de la X Legislatura, los fraudes a la Seguridad Social representaron un total de 530 delitos, el blanqueo de capitales sumó un total de 138 delitos, los delitos por cohecho (407), la prevaricación administrativa (320 delitos), los fraudes contra la hacienda pública que registraron un total de 263 delitos y los delitos societarios con un total de 151, entre otros.

Lucha contra el fraude en España en 2015

La Policía Nacional y la Guardia Civil han investigado en 2015 a 6.488 empresas, se ha propuesto para infracción a 2.057 empresas, han sido detectadas 847 empresas ficticias, se han inspeccionado 11.424 centros de trabajo, se han detectado 4.616 infracciones administrativas a la Ley de Extranjería en España y finalmente el fraude detectado en 2015 en euros ha superado los 79 millones.

En la lucha contra el fraude participan otros ministerios como el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El Gobierno y el Ministerio del Interior han combatido el fraude con contundencia y determinación desde el comienzo de la X Legislatura (2011-2015), y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han desplegado toda su capacidad para hacer de España un país más seguro.​

Lucha contra la inmigración irregular

Desde el inicio de la legislatura, el Ministerio del Interior ha llevado una intensa actividad en el ámbito de la extranjería y la inmigración, especialmente en lo relativo a la lucha contra la inmigración irregular y las redes que trafican con seres humanos, abarcando diversas líneas de actuación. 

El año 2015, desde el punto de vista de control fronterizo, ha sido el año que ha registrado el mayor número de detecciones de cruce ilegal de fronteras de la UE con cifras superiores a 1,8 M de detenciones en las fronteras exteriores. En relación con la inmigración irregular que llega a las costas españolas, el año 2015 ha registrado un incremento del 16,7% contabilizándose 5.312 interceptaciones, a pesar de la fuerte presión migratoria existente, y muy alejadas de las cifras que se han registrado en el resto del Mediterráneo.

Estos resultados son el fruto de la conjunción de dos factores principales: el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la colaboración alcanzada con los principales países de origen y tránsito de este tipo de inmigración irregular. Entre ellos, destaca la cooperación lograda con Marruecos, país con el que, por ejemplo, el Ministerio del Interior inició en 2013 y sigue manteniendo actualmente una colaboración para facilitar el retorno voluntario de inmigrantes irregulares presentes en su territorio, en el marco de un Programa impulsado por la Organización Internacional de l​​as Migraciones (OIM).

Atención a inmigrantes recién llegados (Ministerio del Interior)

Marruecos sigue considerándose, por los candidatos a la inmigración ilegal, como la principal base para cruzar a España. En consecuencia, la presencia de subsaharianos repartidos por numerosos asentamientos en Marruecos, junto con los flujos migratorios procedentes de Siria, explica la alta presión migratoria registrada en las inmediaciones de Ceuta y Melilla y en la fachada Atlántica.

El fenómeno de la inmigración siria, inexistente durante el año 2013, se ha incrementado considerablemente en 2015, especialmente en Melilla. En proporción similar, han aumentado las solicitudes de asilo realizadas por ciudadanos procedentes de Siria.

Por otro lado, a lo largo de la legislatura la política en materia de repatriaciones del Ministerio del Interior se ha centrado en priorizar la acción policial de este Ministerio en materia de extranjería en las denominadas expulsiones cualificadas, aquellos extranjeros que cometieron  delitos, y no "acosar" a quienes se encuentran en una mera situación de irregularidad.

Se puede afirmar que el control que España ha alcanzado en las rutas marítimas que las redes de inmigración irregular vienen empleando hacia las costas españolas, limita las posibilidades de estas organizaciones criminales, que ven cerradas sus rutas de actuación por lo que tienen que buscar nuevas vías de entrada.

Ante esta realidad, las redes de crimen organizado durante 2015 concentraron sus esfuerzos en probar nuevos modus operandi como así sucediera tratando de reactivar rutas desde el sur de Marruecos y el Sahara Occidental hacia las costas canarias.

Por último, cabe indicar que si bien la percepción ciudadana sobre la inmigración como una cuestión problemática ha aumentado en 2015, (en noviembre de 2014 un 2,8% consideró la inmigración como un problema frente a un 7,7% que lo considera en 2015), este incremento se debe principalmente a la situación migratoria internacional (la crisis de la guerra de Siria, la masiva llegada de migrantes a las fronteras europeas,…).

La Dirección General de Tráfico y la seguridad vial

La Dirección General de Tráfico (DGT), organismo autónomo dependiente del Ministerio del Interior, tiene encomendada la competencia para dirigir y aplicar las políticas de seguridad vial y movilidad sostenible en España.

España se sitúa en el quinto lugar de los países con menor siniestralidad del mundo con una tasa de 36 fallecidos en accidentes de tráfico por millón de habitantes, por debajo de la tasa media europea que fue de 51 en 2014. Con esta tasa España cumple con siete años de antelación el objetivo establecido en el Plan Estratégico para 2020.

El número de fallecidos por accidente de tráfico en 2015 vuelve a registrar un mínimo histórico. En concreto, los datos preliminares referidos a vías interurbanas  registran 1.126 fallecidos en España. Esta cifra es incluso mucho más baja que la registrada en 1960, primer año en el que se tienen estadísticas y en el  que se produjeron 1.300 muertos, con un escenario de movilidad bien  distinto (un millón de vehículos frente a los más de 31 millones de parque en 2015).

Además, 2015 ha sido un año en el que se ha incrementado el número de desplazamientos de largo recorrido por carretera. Se han alcanzado los 374 millones de movimientos,  14 millones más que el año anterior y se ha batido el record en el número de turistas internacionales que visitaron nuestro país. Pese a todos estos datos positivos, la DGT continúa trabajando para conseguir la visión 0: 0 lesionados, 0 congestión, 0 contaminación, 0 deuda y más competitividad.

La DGT es consciente que reducir las cifras actuales no es una tarea sencilla y que, para ello, es necesario impulsar políticas eficaces de seguridad vial, basadas en la evidencia científica; políticas que tengan en consideración los diferentes sectores implicados y que comprometan de manera efectiva a todos los actores, tanto públicos como privados, en la reducción de las cifras de siniestralidad vial.

A lo largo de este año, Tráfico  ha iniciado diversas actuaciones que abarcan no solo el plano normativo, con la aprobación del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, sino que también avanzan en un mejor conocimiento de los factores que intervienen en el riesgo de sufrir un accidente y en el resultado final del mismo, así como en la coordinación con otras instituciones tanto nacionales como europeas con competencia en seguridad vial.

Durante 2015, la DGT ha comenzado a remitir denuncias a titulares de otros países que han cometido infracciones de tráfico en España, gracias a la transposición de la Directiva Transfronteriza de información en materia de infracciones de tráfico al texto refundido de la Ley. Con esta transposición se ha iniciado un nuevo modelo de política sancionadora de carácter europeo cuyo objetivo principal es evitar la impunidad de los conductores cuando cometen una infracción vial en un Estado de la UE diferente al suyo.

Los conjuntos de vehículos en configuración euro modular, más conocidos como megatrucks de hasta 60 toneladas y longitud máxima de 25,50 metros han quedado regulados en el Reglamento General de Vehículos. El objetivo ha sido favorecer la competitividad y eficiencia tanto de las empresas demandantes de trasporte como de las propias empresas transportistas al tiempo que avanzar en la armonización progresiva de las condiciones de circulación establecidas en nuestro país con respecto a las del resto de países de nuestro entorno. También se han regulado la conducción de vehículos autónomos en el país, en una clara apuesta por el futuro y de manera muy novedosa incluso en Europa.

Centro de control de tráfico de la DGT (Ministerio del Interior)
La modificación sobre alcohol y drogas en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial ha permitido que las pruebas para la detección de sustancias psicoactivas se generalicen entre los conductores durante 2015 llegando a realizarse más de 75.000 pruebas. El 59% de los conductores que habían cometido alguna infracción fueron además detectados positivos a drogas ilegales, así como el 33% de los conductores evaluados en controles preventivos.

Asimismo, Tráfico facilitó 10.000 equipos de drogas y formación a policías locales para controlar el consumo de estas sustancias y la conducción dentro del ámbito urbano. La idea es que desde los municipios se contribuya también a la tolerancia cero en drogas y alcohol.

A fin de progresar en la identificación de las intervenciones adecuadas y de los colectivos específicos sobre los que actuar con medidas preventivas, la DGT ha abordado el estudio en profundidad de todos los aspectos relacionados con los heridos graves y con factores concurrentes en los accidentes como son la vía y la antigüedad del parque.

Durante los dos últimos años se ha realizado un esfuerzo por profundizar en el conocimiento de la accidentalidad según la localización del accidente, con objeto de colaborar con los titulares de las vías para abordar en la medida que sea posible las intervenciones que resulten más eficientes y que tengan un mayor impacto en la reducción de la siniestralidad. Para ello se han localizado y publicado  los tramos de vías secundarias más peligrosos para la conducción; se han trasladado allí los radares de control de velocidad, se ha unificado el umbral de tolerancia con el que actúan estos en todo el territorio de competencia DGT,  para evitar la discriminación geográfica y se han aplicado métodos informáticos para que los radares distingan según tipo de vehículo y comprueben si los vehículos circulantes llevan el seguro obligatorio de automóvil y la inspección técnica en regla. 

Se ha avanzado también  en conocer la calidad de nuestro sistema de información y en especial en la notificación de accidentes en el ámbito municipal.  La puesta en marcha del Registro Nacional de Víctimas de accidentes de tráfico y la comunicación de los accidentes con víctimas por parte de las Administraciones competentes supone una herramienta fundamental para conocer tanto los accidentes como sus causas y poder avanzar en la mejora de la seguridad vial.

Otra tarea importante que está desarrollando este organismo, se centra en la implantación de proyectos informáticos  que faciliten al ciudadano un servicio telemático a través del cual pueda realizar muchos de los trámites administrativos, desde cualquier lugar y a cualquier hora. De entre todos ellos, destaca la implementación de la tarjeta electrónica de ITV que reemplaza a la de papel, otra iniciativa única en el mundo que agiliza enormemente los trámites administrativos asociados a la compra o transferencia de un vehículo.

También se están desarrollando las tareas necesarias para ampliar la cartera de servicios en la asistencia post accidente a las víctimas permitiendo así reducir la victimización secundaria y documentar las secuelas psicofísicas de las mismas.

La evolución de la siniestralidad vial en España y el trabajo constante de todos los actores implicados en la misma  ha sido determinante  para que la DGT haya sido elegida a través de un proceso de concurrencia competitiva con otros países europeos para asesorar durante dos años a Argelia en materia de seguridad vial, convirtiéndose así en un organismo de referencia en materia de seguridad vial a nivel internacional.

Además,  ha sido la primera administración pública española en obtener dos certificaciones  AENOR, una como proveedores de información sobre movilidad, y la otra  por el Sistema de Gestión de Seguridad Vial Laboral implantado en los servicios centrales del Organismo.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior continúa avanzado en todos los aspectos que comprende el concepto de Protección Civil, como la acción integral de las administraciones públicas para la protección física de las personas y de los bienes, cuando se produce una situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria. Y lo hace mediante el impulso de nuevas actuaciones integradas, profundizando en la normativa y desarrollando nuevas herramientas de coordinación. 

Legislación

El proyecto más ambicioso en el terreno normativo ha sido, sin duda, la elaboración y aprobación de la nueva Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la Ley 17/2015, de 9 de julio,  que dota a nuestro país de uno de los Sistemas de Protección Civil más sólido y avanzado. 

Con la experiencia adquirida durante más de 30 años y la incorporación de los últimos avances tecnológicos, la Ley se adapta a la realidad española y a la legislación europea. Se trata de una norma integradora que aglutina a todas las partes que tienen algo que aportar a la Protección Civil, en la que conviven competencias municipales, autonómicas y estatales.

Una Ley que nace con la vista puesta en los ciudadanos y con vocación de consenso, gracias a la colaboración y el apoyo de todos los actores del Sistema.

_MG_2940.JPGCentro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Proteccion Civil (Ministerio del Interior)

Por otro lado, el Ministerio del Interior elaboró en 2014 un Convenio Marco de Colaboración en la gestión de emergencias con las Comunidades Autónomas al que, a lo largo de 2015, ya se han adherido prácticamente todas las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Asimismo, a lo largo de este año, se mantiene y perfecciona un sistema común de comunicación para la gestión de los medios necesarios ante una emergencia y la definición de programas de formación, ejercicios prácticos y jornadas técnicas. Se trata de incrementar la cooperación entre la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y los órganos competentes autonómicos, así como de garantizar el principio de solidaridad interterritorial en la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente, en caso de emergencias.

En el ámbito de la prevención y la planificación ante los diversos riesgos, la Dirección General ha impulsado, entre otras iniciativas, la actualización del Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014.

Se ha publicado el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre por el que se aprueban e nuevas medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.​

Además, se ha elaborado un Proyecto de Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos (Real Decreto 1053/2015, de 20 de noviembre), y un Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico (Real Decreto 1054/2015, de 20 de noviembre).

Se ha desarrollo un Protocolo de Coordinación para la Asistencia a las Víctimas de Accidentes de Aviación Civil y sus Familiares que, por primera vez, ha sido activado con motivo del accidente aéreo de Germanwings.

​Intervención

En el aspecto operativo, desde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias se han coordinado diversas campañas estatales, como son las de Incendios Forestales, Paso del Estrecho y la Vialidad Invernal, que han resultado especialmente intensas durante el año 2015. 

Así, durante la Campaña de Incendios 2015, resultó quemada una superficie de 103.000 hectáreas, cifra ligeramente inferior a la media de la última década. La anormal ausencia de precipitaciones y altas temperaturas  en las Comunidades del Cantábrico y Navarra durante el mes de diciembre, con cerca de 30.000 hectáreas quemadas, contribuyó de forma muy desfavorable a la superficie quemada tras un verano propicio para la ocurrencia de incendios.

La Operación Paso del Estrecho 2015 ha sido una de las más fluidas de la historia desde el inicio de la coordinación de esta Operación por la Dirección General, a pesar de que han atravesado España un total de 2.810.338 magrebíes y 628.287 vehículos, lo que supone un incremento del 10,3%  y del 5,6% respectivamente con respecto a 2014.

Esta fluidez se ha debido fundamentalmente a la excelente coordinación entre los organismos implicados de la Administración General del Estado, así los como autonómicos y locales, y su buena capacidad de respuesta. De igual forma, la Operación se ha llevado a cabo en estrecha colaboración con las autoridades marroquíes con quienes se celebran reuniones periódicas, en el seno de una Comisión Mixta y en una perfecta sintonía.

Por último, en la Campaña de Vialidad Invernal,  durante 2015  tan  sólo produjo un único episodio de frio y nieve en el mes de febrero, que afectó a los accesos a la Comunidad de Cantabria desde la Meseta, ocasionando que un centenar de vehículos quedaran atrapados o retenidos durante algunas horas, precisándose el rescate de sus vehículos que llevó a cabo la Unidad Militar de Emergencias con la colaboración de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, y el alojamiento de sus ocupantes en la localidad de Aguilar de Campoo, mientras dicha Operación se efectuaba.

Ayudas y subvenciones para paliar daños ante desastres naturales

Desde el punto de vista hidrometeorológico, los episodios que han ocasionado mayor número de daños a personas y bienes en 2015 han sido los temporales de lluvia viento, mar y fenómenos invernales extremos, que produjeron múltiples daños en casi todo el territorio nacional y, en especial, en el norte peninsular e islas Baleares. Igualmente, el Ebro sufrió dos crecidas, provocando numerosas inundaciones.

A finales del año 2015, fuertes temporales de lluvia provocaron importantes daños en la Comunidad Autónoma de Canarias y en el sur y este peninsular en los meses de septiembre y octubre.

En el marco de las acciones de rehabilitación de las zonas afectadas por estos fenómenos para su vuelta a la normalidad, el Gobierno aprobó los oportunos reales decretos leyes de medidas urgentes para paliar estos daños y se constituyeron las correspondientes Comisiones Interministeriales de Seguimiento, coordinadas por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, con representación de los Ministerios implicados.

En cada una de las normas aprobadas, se ha buscado incluir medidas que se ajustaran al tipo de daños que produjeron las distintas situaciones catastróficas. Así, se introdujeron nuevamente en estos reales decretos leyes ayudas a establecimientos comerciales que habían sido excepcionalmente afectados por las inundaciones y temporales de lluvia, ayudas que aparecieron por primera vez en el Real Decreto Ley  de 2014.

Las inundaciones provocadas por la crecida del rio Ebro,  afectaron fundamentalmente  a las explotaciones agrarias, por lo que -en la normativa que se aprobó- se introdujeron ayudas para los titulares de esas explotaciones, además de mantener las ayudas para los establecimientos comerciales. En este sentido, el Ministerio del Interior podrá conceder a los titulares de  estas explotaciones subvenciones de hasta el 70% de los daños valorados por peritos colegiados, hasta un importe máximo de 8.000 euros, siempre que los titulares tengan pólizas amparadas por el Plan de Seguros Agrarios combinados. Estas mismas líneas de ayuda se incluyeron en la normativa aprobada para reparar los daños causados por temporales de lluvia en la Comunidad Autónoma de Canarias y en el sur y este peninsular durante los meses de septiembre y octubre

La Escuela Nacional de Protección Civil

Asumiendo la obligación de promover la competencia técnica del personal del Sistema Nacional de Protección Civil que tienen los poderes públicos y que se explicita en la nueva Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, se encuadran las actividades  formativas realizadas por la Escuela Nacional de Protección Civil.

La Escuela Nacional de Protección Civil, como instrumento vertebrador de la formación especializada y de mandos de alto nivel, desarrolla las siguientes actividades:

  • ​Formar y entrenar al personal de los servicios de Protección Civil de la Administración General del Estado y de otras instituciones públicas y privadas, mediante los correspondientes convenios, en su caso, así como a personas de otros colectivos que sean de interés para el Sistema Nacional de Protección Civil. Podrá acordar con otras administraciones, mediante los correspondientes convenios, la formación y entrenamiento del personal al servicio de dichas Administraciones.
  • Desarrollar acciones de I+D+i en materia de formación de Protección Civil.
  • Colaborar con los centros de formación de Protección Civil de las otras Administraciones Públicas, así como en las actividades de formación que se prevean en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión o de otras iniciativas europeas para favorecer la interoperabilidad de los equipos y servicios.
  • Impartir actividades de formación en favor de otros Estados o de instituciones extranjeras o internacionales.

Durante 2015, el Plan de formación contó con 181 actividades docentes, con un total de 4.269 horas de formación y un total de 7.059 plazas. Se ha enfocado de forma integral, y tratando de potenciar las actuaciones conjuntas y coordinadas entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales en los diferentes ámbitos.

La cooperación con los países iberoamericanos ocupa un capítulo destacado en las actividades de la Escuela. Por ello, y en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), durante 2015, se celebraron cinco cursos en el marco del Programa Internacional de Formación Técnica Especializada (PIFTE), tres en los centros de la AECID en Iberoamérica, y dos en la propia Escuela, que han contado con la dirección y coordinación  de especialistas de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

_MG_3312.JPGFachada de la sede de la Escuela Nacional de Protección Civil en Rivas Vaciamadrid (Ministerio del Interior)

Se mantiene un programa de colaboración con Portugal, en el que se ha seguido trabajando para desarrollar en 2016 dos ejercicios de mesa y una Jornada sobre colaboración en Incendios Forestales trasfronterizos, en la que profesionales y autoridades de ambos países establecerán las bases para una colaboración más estrecha en esta materia. Se ha trabajado también con la Escuela Nacional de Bomberos de Francia (ENSOSP) para elaborar programas comunes de formación.

Asimismo, en las instalaciones de la Escuela, se han realizado entrenamientos, jornadas en colaboración con otras instituciones, visitas y reuniones, tanto de ámbito nacional como internacional.

Actividad editorial y divulgativa e información a la población

El Centro de Documentación de la Dirección General ha editado 17 publicaciones, todas de ellas disponibles en la web, con una distribución institucional de 5.968 ejemplares en formato papel y electrónico y 2.267 ejemplares destinados a cursos, visitas y otras necesidades del Departamento.

Aula, la Feria de Seguridad Homsec y la Semana de Autoprotección Escolar, han sido alguno de los foros en los que la Dirección General ha tenido presencia, con una importante divulgación de los materiales editados.

Por otra parte, el Gabinete de Prensa de dicha Dirección General ha emitido más de 130 Notas para informar a los ciudadanos, manteniendo una amplia difusión de diversos mensajes y recomendaciones preventivas a través de la página web y redes sociales, en la cuenta del Ministerio del Interior @interiorgob.

Actividad internacional

Por último, es importante resaltar la tarea que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias lleva a cabo en el terreno internacional, en especial, afianzando su presencia y participación en los foros internacionales y mejorando la cooperación con los países de nuestro entorno.

En este sentido, cabe destacar su participación como organismo coordinador de la representación española en la Conferencia Mundial de Reducción del Riesgo de Desastres que se celebró en Sendai (Japón), del 14 al 18 de marzo de 2015 y que estableció el Marco de Acción durante los próximos 15 años en la reducción del riesgo de desastres.

La delegación española, presidida por el subsecretario del Ministerio del Interior, participó activamente en las mesas ministeriales, en los diálogos de alto nivel y en el Plenario de la Conferencia.

En el ámbito de la Unión Europea, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, ha desarrollado el Proyecto 'WestTsunami', una iniciativa española aprobada por la Comisión Europea en 2014, que ha consistido en la organización y ejecución de un ejercicio internacional de puestos mando e instrumentos de comunicación para  poner a prueba la capacidad de respuesta de los centros nacionales de control en el hipotético caso de que se produjera un maremoto en el suroeste de la península Ibérica, similar al ocurrido en 1755 en Lisboa. En este Ejercicio han participado las Direcciones Generales de Protección Civil de España, Marruecos y Portugal, además de un Equipo de la Comisión Europea y un grupo de observadores de varios países europeos y vecinos.

En cuanto a las relaciones bilaterales, el año 2015 se ha continuado trabajando para incrementar las vías de colaboración con los países del Magreb. En este sentido se ha constituido la Comisión Mixta hispano-argelina de Protección Civil, con la finalidad de facilitar el intercambio de experiencias e información entre los Sistemas Nacionales de Protección  Civil y establecer las modalidades de apoyo mutuo en caso de emergencias.

​Igualmente, se mantienen relaciones bilaterales con otros Estados, entre las que destaca, este año, la celebración de la octava reunión de la Comisión Mixta Hispano-Rusa de cooperación en materia de Protección Civil, que se vio reforzada con la participación en el Congreso Internacional sobre Gestión de Riesgos y Desastres que tuvo lugar en esas fechas, en Moscú, y la Comisión Mixta Hispano-Portuguesa para el intercambio de formación e información y reforzar la cooperación transfronteriza.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias

La Institución Penitenciaria es una pieza ineludible de las políticas de seguridad  y de intervención social de un país. Sólo se puede dar una respuesta eficaz que incrementen la seguridad y la libertad ciudadana con la construcción de espacios de tratamiento, reeducación y rehabilitación de las personas que han cometido un delito. De ahí que, en un Estado de las Autonomías tan descentralizado como el actual, la política penitenciaria sea competencia exclusiva de la Administración General del Estado, salvo en Cataluña, comunidad que tiene transferida la misma desde la década de los 80.

En este escenario, el Estado desarrolla la política penitenciaria a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, departamento dependiente del Ministerio del Interior. Esta Secretaría General está integrada por 68 centros de régimen cerrado, dos establecimientos psiquiátricos y 13 centros de inserción social independientes, con una población reclusa cercana a las 53.000 personas y una plantilla superior a los 24.300 funcionarios.

_K2D4505.jpgTorre de vigilancia de un centro penitenciario en España (Ministerio del Interior)De la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dependen, a su vez, siete Subdirecciones Generales (Tratamiento y Gestión Penitenciaria, Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial, Inspección Penitenciaria, Coordinación de Sanidad Penitenciaria, Penas y Medidas Alternativas,  Recursos Humanos y Servicios Penitenciarios) y una entidad estatal de derecho público.

En esta legislatura, el descenso de la población reclusa constituye uno de los logros más significativos alcanzados, al pasar en la última semana de 2011 de 59.872 a 52.991 internos en la última semana de diciembre de 2015. Es decir, la población reclusa ha bajado en 6.881 internos en estos 4 años.

En esta importante disminución ha tenido especial  incidencia la del número de internos extranjeros, como consecuencia  de la implementación de medidas de repatriación previstas en la normativa penal y penitenciaria (traslados de personas condenas, expulsiones, libertad condicional en el país de origen…) Como no podía ser de otra manera, esta política tiene un carácter continuista gracias a las reformas acometidas para la transposición, entre otras, de la Decisión Marco 2008/909. Esta normativa europea posibilita que reclusos comunitarios que cumplen condena en territorio español puedan hacerlo en sus países de origen, aún sin contar con su voluntariedad cuando concurran determinados requisitos. Además, el  nuevo Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio pasado, permite la expulsión de cualquier recluso extranjero sin necesidad de que concurra la exigencia de la condición de irregularidad.

Otro de los hitos de esta legislatura ha sido la erradicación de los incidentes más graves en las cárceles. Una adecuada política de distribución de los internos, de separación interior y de potenciación de todas y cada una de las medidas de seguridad interior previstas en nuestra normativa penitenciaria ha propiciado en estos años la desaparición de secuestros, plantes colectivos y motines.

En este período, la Administración Penitenciaria ha dado respuesta también al fenómeno del terrorismo yihadista. Para ello, ha puesto en marcha un programa orientado a detectar y prevenir la posible radicalización en prisión de los internos procedentes de países donde mayoritariamente se profesa la religión musulmana.

Además, se han potenciado programas específicos de intervención con internos con problemas de drogadicción,  mediante  el modelo de tratamiento en unidades terapéuticas educativas (UTEs). En esta legislatura se han abierto UTEs en 10 centros penitenciarios más de los que había al inicio de la misma. Se han impulsado también los programas de tratamiento de los agresores de violencia de género para dar a la víctima  la seguridad y la dignidad que necesita.

En estos momentos, se está trabajando para adaptar  la gestión penitenciaria a las múltiples reformas normativas adoptadas en 2014 y 2015, que afectan especialmente al modo de cumplir la condena (Ley 23/2014, Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal, Ley Orgánica 4/2015 de Estatuto de la Víctima del Delito) y que exigirán su correspondiente reflejo en las normas penitenciarias.

Telemedicina

La implantación de la Telemedicina en algunos centros constituye otro de los logros de esta legislatura. Aunque a priori pueda parecer más costoso para la Institución, supone un ahorro para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, proporciona más rapidez en el servicio y mayor seguridad en la sociedad al evitar traslados innecesarios de personas privadas de libertad

La Institución Penitenciaria se ha integrado, además, en el Comité Institucional de la Estrategia Nacional para la Hepatitis C, con el objetivo general de asegurar la equidad en el acceso a las nuevas terapias para esta enfermedad infecciosa.

En relación a Penas y Medidas Alternativas, se está desarrollando en este año nuevos programas de actuación:

  • Programa de intervención en Violencia Familiar/Doméstica
  • Programa Prosocial/Prevención del delito.
  • Programa de intervención con agresores sexuales y abusadores de menores en medidas alternativas
  • Programa de intervención en seguridad vial (PROSEVAL)
  • Programa de intervención frente a la pornografía infantil por internet
  • Programa de intervención frente a los agresores por violencia de género sometidos a medidas alternativas

Mientras, la entidad estatal de derecho público, Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, ha cumplido con creces sus dos objetivos:

  • La gestión de la formación para el empleo y la orientación laboral, a través de cursos y programas que actualicen, mantengan y desarrollen aquellas enseñanzas profesionales y habilidades laborales que posee el interno previo a su ingreso en prisión o bien iniciarlas.
  • Proporcionar al interno un empleo retribuido, con los beneficios de la Seguridad Social, en los espacios productivos del centro. A su vez, este empleo productivo dará cobertura al resto de la población penitenciaria en aspectos básicos de su día a día, como son la alimentación, los servicios de economato, de mantenimiento, de lavandería, de enfermería, etc.

En este contexto, se han impartido en 2014 un total de 851 acciones de formación para el empleo, con la participación de 14.510 alumnos, de los cuales el 9% han sido mujeres. En ese mismo ejercicio, se han desarrollado 54 programas de formación y orientación laboral, con la participación de 828 internos, d​e los que el 11%  han sido mujeres.

Esta entidad ha desarrollado el plan de inserción laboral, que proporcionar apoyo y acompañamiento individualizado a los internos que inician su etapa de semilibertad o libertad condicional. En 2014, se han beneficiado del mismo 2.674 internos.  La media de número de reclusos trabajando en talleres penitenciarios en 2015 se situó en 12.300 personas.

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