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Política Fiscal

Miércoles 20 de abril de 2016
Fachada del Ministerio de Hacienda y Función Pública

​​​Artículo 31 de la Constitución. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

​Contenido

El sistema presupuestario español

A nivel estatal, la elaboración de los presupuestos  generales del Estado corresponde al Gobierno central  y su examen, enmienda y aprobación a las Cortes  Generales.

Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (Ministerio de Hacienda y Función Pública)En el ámbito financiero, la descentralización administrativa de España con sus tres niveles de gobierno (central, autonómico y local) se inspira en los principios de autonomía financiera, coordinación y solidaridad, reconocidos en la Constitución española de 1978. Tanto las comunidades autónomas como las corporaciones locales gozan de plena autonomía financiera para aprobar y administrar su propio presupuesto.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son el documento en el que se recoge la previsión anual  de los ingresos y los compromisos de gastos del sector público estatal. Constituyen uno de los instrumentos más importantes de la política económica del Gobierno, en los que  se plasman los objetivos estratégicos de las distintas  políticas públicas y los recursos asignados para su  cumplimiento.

El marco jurídico de los Presupuestos Generales del  Estado se encuentra constituido fundamentalmente  por tres normas: la Constitución española, que dedica  su artículo 134 a regular los Presupuestos Generales del Estado; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Objetivos de la política fiscal y entorno macroeconómico

La economía española inició en el tercer trimestre de 2013 la senda de la recuperación económica, poniendo así fin a una profunda y prolongada recesión. Esta favorable evolución de la economía tiene su razón de ser en la política económica instrumentada por el Gobierno desde finales de 2011, centrándose en dos ejes fundamentales e interrelacionados: consolidación fiscal y reformas estructurales.

La política fiscal aplicada desde el comienzo de la X Legislatura tiene por objetivo situar nuevamente las finanzas públicas en una senda de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, como elemento imprescindible para conseguir un crecimiento duradero y fomentar la creación de empleo, manten​​​​iendo el sistema de protección social y prestando especial atención a la corrección de las desigualdades.

La reducción del déficit del 8,9 por ciento de 2011 al 6,3 por ciento en 2013, cumpliendo el objetivo marcado por la UE, se ha realizado en unas condiciones cíclicas muy adversas, que conllevaban una contracción de las bases tributarias con la consiguiente reducción de los ingresos públicos así como el incremento ineludible de determinadas rúbricas del presupuesto de gastos, como prestaciones por desempleo o los intereses de la deuda. El esfuerzo de consolidación ha sido el mayor dentro de los países del G-20. Si bien la política fiscal seguida ha permitido que los Presupuestos Generales del Estado para 2015 se enmarquen en un contexto económico nacional más favorable que en los ejercicios anteriores, ha de seguir avanzándose en la consolidación y aceleración del crecimiento económico y, sobre todo, en la creación de empleo.

Emblema de la Real Casa de la Moneda (Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales)La política fiscal se dirige, por tanto, a conseguir la combinación adecuada de ingresos y gastos que favorezca el crecimiento y que permita mantener el sistema de protección social y luchar contra las desigualdades generadas por la crisis. En este sentido apunta la reforma fiscal, que servirá para reducir la brecha fiscal en las rentas del trabajo, aumentar el consumo y la inversión, fomentar la capitalización de las empresas y mejorar la competitividad de la economía. Por el lado del gasto, los Presupuestos Generales del Estado para 2015 incrementan la eficiencia del gasto público alineando los objetivos del presupuesto nacional con los del nuevo marco financiero 2014-2020 del presupuesto de la Unión Europea, de manera que la programación y ejecución de las inversiones se lleva a cabo maximizando la aplicación de fondos europeos y explotando los nuevos mecanismos de financiación disponibles en este nuevo periodo, como son el uso de instrumentos financieros, así como la participación del sector privado.

El contexto económico en el que se enmarcan los Presupuestos Generales del Estado para 2015 se caracteriza por la prolongación de la recuperación de la economía española, que se inició ya en el tercer trimestre de 2013. Según el dato adelantado del Instituto Nacional de​​ Estadística, en el cuarto trimestre de 2014 se ha registrado una tasa intertrimestral de crecimiento positiva por sexto periodo consecutivo, la cual ha experimentado una aceleración paulatina hasta situarse en el 0,7 por ciento. En términos interanuales, la tasa de crecimiento registrada en el cuarto trimestre fue del 2 por ciento. Ello arroja una tasa de crecimiento del PIB del 1,4 por ciento para el conjunto del 2014, el doble que lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2014, y una décima más que lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2015.

La recuperación de la economía española se ha producido en un progresivo entorno de estabilidad en los mercados financieros que ha permitido un fuerte descenso de las primas de riesgo y avances de los índices bursátiles, y a pesar del estancamiento en la zona del euro. Esta evolución de la economía española viene impulsada por el mayor dinamismo de la demanda nacional, que en el cuarto trimestre de 2014 aportó 2,7 puntos porcentuales (pp) a la variación interanual del PIB, gracias al comportamiento favorable de todos sus componentes.

Por otro lado, la aportación de la demanda externa ha pasado a ser negativa (-0,7 puntos porcentuales) debido al proceso de recuperación, en el que toma más relevancia la inversión, con incremento de las importaciones, que en buena medida ha correspondido a la inversión en bienes de equipo (+10,4 por ciento 14Q3 vs -31,1 por ciento 09Q2), lo que demuestra el impulso que nuestras empresas han decidido dar a la inversión, fruto de la confianza que ya existe en la recuperación de España. La lógica económica nos tenía que llevar a continuación a un aumento del consumo privado y a la creación de empleo. La economía española ha logrado obtener superávit consecutivos de la balanza comercial no energética desde 2012, algo no observado desde 1985. En este contexto, España sigue registrando capacidad de financiación frente al resto del mundo.

La economía española está obteniendo una importante mejora en términos de competitividad. Mientras que los costes laborales unitarios en España crecían a tasas superiores al 3 por ciento hasta el año 2009, es a partir del año 2012 cuando comienzan a caer a tasas del entorno del 3 por ciento. Como resultado de este proceso de devaluación interna, España se ha situado a la cabeza de la UE en ganancia de competitividad: mientras que los costes laborales han aumentado un 4,5 por ciento en la zona euro, sobre una base 100 para el año 2010, desde 2009, la economía española ha seguido una tendencia inversa, reduciendo sus costes un 6,9 por ciento.

En este mismo sentido, la inflación inició una senda descendente ya en 2013 y en el tiempo transcurrido de 2014 ha mantenido, en términos generales, esa tendencia, situándose la tasa de inflación en el conjunto del año en el -0,2 por ciento, mientras que en la zona euro ha sido del 0,4 por ciento.

Es importante destacar el logro de la economía española al conseguir pasar de una necesidad de financiación frente al resto del mundo que llegó a estar en el entorno del 10 por ciento del PIB en 2007, a una capacidad de financiación en el año 2014 del 0,5 por ciento del PIB, con lo que las nuevas necesidades de financiación son cubiertas con recursos propios.

Evolución de l​a política fiscal en 2015

La política fiscal aplicada desde el principio de la X Legislatura ha jugado un papel decisivo en la salida de la crisis. Con la política monetaria transferida al Banco Central Europeo, España tenía restringidos los instrumentos de política económica para afrontar una crisis de alcance internacional, que era especialmente severa en el caso de nuestro país, de tal manera que la política fiscal adquiría un mayor protagonismo que en recesiones anteriores.

A ello hay que añadir que el fuerte deterioro de las finanzas públicas españolas, en los primeros años de la crisis, exigía aplicar una contundente política de consolidación fiscal para volver a una senda sostenible y recuperar la credibilidad de la economía española. España pasó de registrar un superávit del 2 por ciento del PIB en 2007 a un déficit del 11 por ciento en 2009. Todos los países de la zona euro empeoraron su posición fiscal en este periodo, pero en el caso de España este fenómeno fue cuantitativamente muy superior, de tal forma que la situación de las finanzas públicas era percibida como uno de los principales factores de riesgo de nuestra economía.

Oficinas de la Agencia Tributaria (Ministerio de Hacienda y Función Pública)

En este contexto, el actual Gobierno reaccionó aplicando una corrección fiscal sin precedentes para garantizar la solvencia y restaurar la confianza de la economía española en el frágil entorno financiero de la zona euro. La necesaria consolidación fiscal, junto con la ambiciosa batería de reformas estructurales, son los dos pilares fundamentales de la política económica que se está aplicando desde el principio de la legislatura, y que ya está dando sus frutos.

Ciñéndonos a la política fiscal, la acción del Gobierno no solo se ha centrado en controlar el déficit público, sino que se ha acometido una profunda reforma del marco legal para garantizar la disciplina fiscal en todos los niveles de la administración y para garantizar la sostenibilidad del sistema del bienestar.

A través de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la puesta en marcha de la Autoridad Independiente de Re​​sponsabilidad Fiscal, el paquete de medidas para luchar contra la morosidad comercial de las Administraciones o la reciente creación de la Central de Información Económico-Financiera, se han mejorado significativamente las reglas de gobernanza fiscal de las Administraciones Públicas, institucionalizando la disciplina fiscal y la transparencia de la información económico-financiera. Asimismo, se han realizado reformas de gran calado para blindar el Estado del Bienestar como, por ejemplo, la revisión del sistema de pensiones o las medidas de racionalización que garantizan la viabilidad y la calidad de los servicios públicos fundamentales.  En paralelo a la reforma del marco de gobernanza fiscal, con el fin de reducir los insostenibles niveles de déficit público, el Gobierno ha implementado una efectiva política de consolidación de las finanzas públicas, combinando reducción de gastos con medidas de ingresos.

La estrategia de reducción del déficit público se caracteriza por ser asimétrica, ya que el ajuste conlleva un sesgo hacía las medidas de reducción del gasto público. Se trata de un esfuerzo fiscal compartido por todas las Administraciones, como no podía ser de otra manera, siendo España el país de la OCDE con un gasto más descentralizado (aproximadamente el 45 por ciento del gasto total es gestionado por las Administraciones Territoriales). Otro rasgo característico de la estrategia de consolidación es su marcado carácter equitativo, ya que los esfuerzos fiscales que se han exigido, tanto por el lado de ingresos como por el lado de los gastos, no son lineales. Tal y como ha reconocido el FMI, España ha realizado una consolidación fiscal progresiva, ya que los agentes con mayor capacidad económica han asumido cargas mayores. Finalmente, cabe destacar el carácter estructural de nuestra estrategia de consolidación, que se basa fundamentalmente en medidas con impacto permanente en las cuentas públicas.

En los dos primeros ejercicios en los que se ha desarrollado esta política fiscal, el déficit público, medido de acuerdo al SEC 2010, se ha reducido del 9,0 por ciento en 2011 hasta el 5,8 por ciento en 2014, excluida la ayuda al sector financiero, lo que ha sido clave para recuperar la credibilidad en la economía española.

Esta corrección fiscal de 3,2 puntos de PIB se ha logrado en un contexto de fuerte contracción económica que ha obligado a atender incrementos de gasto ineludibles como son las prestaciones por desempleo o el pago de intereses de la deuda pública, realizando un gran ajuste fiscal, poniéndose así de manifiesto la capacidad que tiene España para controlar sus cuentas públicas y situarlas en niveles sostenibles. Como consecuencia de este esfuerzo, por primera vez desde 2007, se ha comenzado a registrar superávit estructural primario desde 2012. Esto significa que los gastos (descontando intereses y efecto del ciclo) son inferiores a los ingresos desde 2012, lo cual es necesario para garantizar la sostenibilidad de la deuda.

Se trata de un esfuerzo compartido en el que todas las Administraciones Públicas han afrontado sus compromisos fiscales, mejorando sustancialmente sus saldos presupuestarios.

Si bien los frutos de la política fiscal ya se percibían en 2014, es un año después, en un contexto de aceleración de la recuperación económica, donde se hacen más patentes. El saneamiento de las cuentas públicas continúa en 2015, registrándose un déficit de las Administraciones Públicas (excepto Entidades Locales) del 3,4 por ciento del PIB hasta octubre del año, 0,5 puntos menos que en el mismo periodo del año anterior.​

La senda de la consolidación fiscal

El contexto económico favorable que previsiblemente se prolongará los próximos años, permitirá continuar el saneamiento de nuestras cuentas públicas sin necesidad de llevar a cabo ajustes significativos.

Superada una primera fase en la que se ha conseguido ordenar las finanzas públicas y, sin abandonar la disciplina fiscal, la política fiscal incorpora una combinación de medidas en materia de ingresos y gastos para favorecer el crecimiento económico, cumpliendo con la senda de consolidación comprometida. Dicha senda fue fijada inicialmente en la Recomendación de Déficit Excesivo para España, aprobada por el Consejo ECOFIN de julio de 2013, según la cual el déficit público debe situarse por debajo del 3 por ciento del PIB en 2016, fijándose un objetivo intermedio del 4,2 por ciento en 2015.

En el horizonte del programa de estabilidad de 2015, en el desglose por Administraciones Públicas, el déficit de la Administración Central se reducirá progresivamente hasta alcanzar el -0,3 por 100 del PIB en 2018, mientras que las Administraciones Territoriales alcanzan el equilibrio presupuestario en dicho año.

El ejercicio presupuestario 2015

Con los datos disponibles a 22 de diciembre de 2015, en el periodo enero-noviembre, el Estado ha registrado un déficit de 27.523 millones de euros en términos de contabilidad nacional, cifra que supone una reducción del 22,2% respecto al mismo periodo de 2014. En términos de PIB, el déficit es equivalente al 2,55%, muy por debajo del 3,40% registrado en noviembre de 2014.

El déficit primario, que excluye los intereses de la deuda pública, se ha reducido hasta los 535 millones de euros (0,05% del PIB), frente al déficit de 7.630 millones de euros​​ registrado el mismo mes del año anterior (0,73% del PIB). Este descenso del 93% del déficit primario es consecuencia del significativo descenso del déficit público.

Recursos no financieros del Estado

Los recursos no financieros del Estado registran un crecimiento interanual del 4,7%, hasta un total de 163.001 millones, impulsados por el crecimiento de los ingresos impositivos que aumentan un 6,6%. Los impuestos sobre la producción y las importaciones crecen un 7,8%, entre los que destaca el buen comportamiento del IVA. Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio, que incluyen los ingresos por IRPF e Impuesto sobre Sociedades  presentan un crecimiento del 5% hasta noviembre, a pesar de la rebaja de impuestos de la reforma fiscal.
Presupuestos Generales de 2015 (Ministerio de Hacienda y Función Pública)

​En cuanto al resto de recursos no impositivos, las transferencias entre Administraciones Públicas aumentan un 31,7%, principalmente por el efecto de la liquidación definitiva del año 2013 del sistema de financiación.

Las rentas de la propiedad, por su parte, disminuyen un 46,7%. Al igual que en meses anteriores, este descenso se debe a dos factores: la caída de dividendos por el descenso de los correspondientes al Banco de España y los menores ingresos por intereses, que disminuyen un 54,5% ya que en 2015 se ha fijado un tipo de interés del 0% para todos los préstamos que tuviesen las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales con cargo a los mecanismos extraordinarios de financiación.

Empleos no financieros del Estado

Los empleos no financieros del Estado se reducen hasta los 190.524 millones, un 0,3% menos que en el periodo enero-noviembre de 2014. Descontando la devolución parcial de la paga extraordinaria de 2012, los empleos no financieros descenderían un 0,5%.

En noviembre aumentan los consumos intermedios un 7,1% por el incremento de los gastos electorales de las elecciones generales. También aumenta la remuneración de asalariados por la devolución parcial de la paga extra de 2012 (2,6%), así como las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie por el aumento de las pensiones de clases pasivas que se incrementan en un 3,4%.

Entre las partidas que disminuyen destacan los intereses, que descienden un 2,7% interanual, así como las transferencias corrientes entre Administraciones Públicas, que caen un 2,4%. Esto se debe fundamentalmente al descenso de las transferencias en los Fondos de la Seguridad Social por la disminución en un 30% de las destinadas al Servicio Público de Empleo Estatal, consecuencia de la buena evolución del mercado laboral. En sentido contrario, aumentan las transferencias a las Comunidades Autónomas  y a las Corporaciones Locales un 2,4% y un 2%, respectivamente.

Dentro de los empleos de capital, destaca el crecimiento del 8,7% de la formación bruta de capital fijo, así como el aumento de las transferencias de capital entre Administraciones en 507 millones, debido fundamentalmente a las mayores transferencias al ADIF y al IDAE.

Reforma fiscal

La economía española inició una senda de crecimiento económico ya en 2013 que se fue consolidando y acelerando, gracias a que la profundización de las reformas estructurales y el control del déficit público han recuperado la confianza en la economía mejorando las perspectivas de crecimiento.

Este contexto de consolidación de la recuperación económica, junto con el gran dinamismo mostrado por los ingresos tributarios, llevó al Gobierno a incorporar nuevas medidas en la política fiscal desarrollada hasta el momento con una reforma fiscal en dos fases, la primera de las cuales entró en vigor el 1 de enero de 2015 y la segunda estaba prevista para el 1 de enero de 2016.

Los objetivos de esta reforma eran claros: impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo y mejorar la competitividad empresarial, a través de la configuración de un sistema tributario más equitativo que conlleva una rebaja impositiva. La política fiscal desarrollada hasta ese momento había creado las condiciones propicias, con un incipiente crecimiento económico que era preciso apuntalar e impulsar mediante una reforma tributaria que pusiera mayores recursos en manos de hogares y empresas.

Sólo en un contexto de crecimiento económico, perspectivas favorables sobre la evolución futura de la economía española y recuperación de las bases imponibles, la reforma tributaria tiene un impacto significativo sobre la economía real, estimulando el crecimiento y la creación de empleo, y permitiendo por tanto un incremento neto de la recaudación.  La reforma fiscal incluye un conjunto de medidas por las que se rebaja la carga fiscal de 20 millones de contribuyentes, sobre todo rentas medias y bajas, se simplifican y modernizan los principales tributos para favorecer el ahorro y la inversión, se impulsa la competitividad de las empresas y el crecimiento económico, y se refuerza la lucha contra el fraude. 

En lo que concierne al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), destaca la reducción del número de tramos y de los tipos marginales aplicables a los mismos. La rebaja media será del 12,5 por ciento, siendo mayor para los contribuyentes con menores niveles de renta, y cerca de 1,6 millones de contribuyentes dejarán de tributar. Además, se produce una bajada generalizada de las retenciones a todos los asalariados y algunos autónomos, lo que supone una inyección directa de liquidez en la economía real. En lo que concierne al ahorro, se incluye una rebaja de la tributación del mismo, introduciendo progresividad en el tramo superior.

La presente reforma también contiene medidas que suponen un decidido apoyo a la familia y a otros colectivos que demandan una especial protección, como son los discapacitados con el objetivo de incrementar la equidad del impuesto. Se introduce un aumento de los mínimos familiares, de hasta el 32 por ciento, y tres nuevos "impuestos negativos" o categorías de beneficios sociales, para familias numerosas o con descendientes o ascendientes con discapacidad.

El Impuesto sobre Sociedades (IS) incorpora una bajada progresiva de la tributación y medidas para fomentar la competitividad de las empresas y una simplificación de las deducciones.  El tipo de gravamen general se reduce desde el 30 por ciento al 25 por ciento en dos fases, con el fin de consolidar la aproximación de la fiscalidad de las empresas a los países del entorno, y se amplía la base imponible para acercar el tipo efectivo al tipo nominal.

Logo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Ministerio de Hacienda y Función Pública)

La reforma de este impuesto incluye también elementos para favorecer la competitividad empresarial y para fomentar el ahorro y la capitalización de las empresas, como la reserva de capitalización, que sustituye a la actual deducción por reinversión de beneficios, y supone una minoración del 10 por ciento de la base imponible por incremento de fondos propios.  Tras estos primeros meses desde la entrada en vigor de la primera fase de la reforma fiscal, sus efectos en la economía real comienzan ya a resultar evidentes.

Efectivamente, los hogares obtienen una mayor renta disponible, lo que se está traduciendo ya en un mayor consumo, y las empresas están incrementando la inversión en capital fijo, además de ver su competitividad reforzada. De manera paralela, la recaudación está siguiendo una tendencia creciente, al igual que las bases imponibles de los principales impuestos.  Esta favorable evolución, tanto de la economía como de la recaudación, junto con el control que se mantiene del déficit público, han permitido al Gobierno adelantar la entrada en vigor de la segunda fase de la reforma del IRPF prevista para 2016, a julio de 2015 mediante la aplicación de una tarifa intermedia.  El adelanto de la rebaja del IRPF incluye no solo las rentas salariales, sino también las procedentes del ahorro. Así, la tributación del ahorro también se ha visto favorecida con una rebaja adicional, mediante la aplicación igualmente de una tarifa transitoria este año.

En el caso de los autónomos, la norma aprobada extiende el tipo de retención reducido a todos los profesionales, con independencia de su nivel de ingresos. Esta medida, que beneficia a cerca de 800.000 autónomos, permitirá una inyección de liquidez de 350 millones de euros.

Además, se incorporan medidas encaminadas a la protección de los colectivos más desfavorecidos. Así, se declaran exentas de tributación las ayudas públicas concedidas a ciudadanos en situación de emergencia, de riesgo o de exclusión social o para atender necesidades de alimentación o escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas con discapacidad, así como las ayudas otorgadas a las víctimas de violencia de delitos violentos y contra la libertad sexual. También se limita la posibilidad de embargo de determinadas prestaciones y ayudas, reforzando la protección de los colectivos más vulnerables. En total, el adelanto de la reforma completa de IRPF permite poner en manos de los contribuyentes 1.500 millones adicionales que mejorarán su renta disponible en 2015​.

Impacto de los cambios normativos en 2015

El impacto de los cambios normativos de enero a noviembre de 2015 (información disponible a 22/12/2015) se cifra en -5.898 millones. En la tabla se puede consultar la distribución por figuras y medidas.

IMPACTOS DE LA RE​FORMA FISCAL EN 2015 (ENERO - NOVIEMBRE)

​​Millones de euros

​​tabla impacto reforma fiscal2.pngMinisterio de Hacienda y Función Pública

La reforma de la imposición directa, tanto la iniciada en enero como la decretada en julio, supuso hasta noviembre un coste de 5.294 millones (4.488 de las medidas iniciales y 806 de las que entraron en vigor con el RDL 9/2015). El impacto de la reforma en el IRPF asciende a 4.300 millones, de los cuales 3.811 corresponden a las retenciones del trabajo (3.052 de la reforma inicial y 759 de los cambios de julio), 235 a las retenciones de capital (221 al pasar el tipo del 21 al 20% y 33 por la rebaja hasta el 19,5%) y 254 a las nuevas deducciones anticipadas a familias numerosas y dependientes. En el Impuesto sobre Sociedades el coste se estima en 924 millones, 816 por el impacto de la reforma en los pagos fraccionados y 108 por el descenso en el tipo de retención en las rentas de capital. Finalmente, en el IRNR el coste de la reforma se cifra en 70 millones.​​

Segunda Oportunidad

El Real Decreto Ley 1/2015, ​​de 27 de febrero, fue aprobado por el Gobierno  con el objetivo de permitir que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, pudiera tener la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin  arrastrar indefinidamente una deuda que nunca hubiera podido satisfacer.

El Pleno del Congreso convalidó la norma y además aprobó la tramitación como Proyecto de ley, quedando definitivamente aprobado su contenido con la Ley 25/201​​5, de 28 de julio​.

Tal y como se recoge en la Exposición de Motivos del Real Decreto Ley y en el Preámbulo de la Ley  ​La experiencia ha demostrado que cuando no existen mecanismos de segunda oportunidad se producen desincentivos claros a acometer nuevas actividades e incluso a permanecer en el circuito regular de la economía. Ello no favorece obviamente al propio deudor, pero tampoco a los acreedores ya sean públicos o privados. Al contrario, los mecanismos de segunda oportunidad son desincentivadores de la economía sumergida y favorecedores de una cultura empresarial que siempre redundará en beneficio del empleo.

Presentación del Informe de Expertos sobre la Reforma Fiscal (Ministerio de Hacienda y Función Pública)
A esta finalidad responden los textos normativos, regulando diversos mecanismos de mejora del Acuerdo Extrajudicial de Pagos, introducido en la legislación concursal por la Ley 14/2013, de 27​ de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización​, e introduciendo un mecanismo efectivo de segunda oportunidad para las personas físicas destinado a modular el rigor de la aplicación del artículo 1911 del Código Civil "Responsabilidad patrimonial universal" Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.
​​​

Las iniciativas permiten que las familias y empresas reduzcan su carga financiera, lo que suponen mejoras adicionales a las que ya se han adoptado durante esta legislatura destinadas a quienes se encuentran en una situación más cercana a la insolvencia por sus circunstancias económicas y sociales de vulnerabilidad, sean PYMEs y autónomos, o personas naturales en general.

Así se modifica:

Pero además de la regulación del mecanismo de segunda oportunidad y de la mejora de ciertos institutos concursales, se contienen otras disposiciones de marcado signo social.

Así, en el Título II, junto con medidas que afectan al ámbito de la Seguridad Social (exenciones de cotización para favorecer creación de empleo indefinido o bonificaciones en la cotización de trabajadores autónomos para conciliación de vida familiar, aprobación de la reducción de 35 a 20 del número de jornales exigidos para acceder a las ayudas a trabajadores agrarios.) o al ámbito de la Administración de Justicia (exenciones de determinadas tasas judiciales), se acometen también medidas en el ámbito tributario destinadas a rebajar la carga fiscal de determinados colectivos especialmente vulnerables.

De esta manera, se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, con la finalidad de permitir a nuevos colectivos la aplicación de las deducciones previstas en el artículo 81 bis de esta Ley, para familias numerosas y las que tienen a su cargo ascendientes o descendientes con discapacidad. Así se extienden​ los conocidos "cheques familiares" de 1.200 euros al año:

  • A las familias monoparentales con dos hijos.
  • Y a los casos de que el contribuyente sea pensionista o perceptor de prestaciones contributivas y asistenciales del sistema de protección del desempleo.

También se modifica la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, d​​el Impuesto sobre Sociedades, con el objeto de aliviar del cumplimiento de obligaciones formales a las entidades parcialmente exentas.  Se establece la exclusión de la obligación de presentar declaración en este Impuesto a aquellas entidades cuyos ingresos totales del período impositivo no superen una determinada cuantía (se estableció el límite 50.000 euros anuales pero se ha ampliado a 75.000 euros en PGE 2016), siempre que el importe total de los ingresos correspondientes a rentas no exentas no supere 2.000 euros anuales y que todas sus rentas no exentas estén sometidas a retención.​

Principales elementos de los Presupuestos Generales del Estado para 2016

Los Presupuestos​​ Generales del Estado para 2016 ratifican la política económica implementada en los últimos años y potenciarán los buenos resultados obtenidos gracias a las medidas llevadas a cabo en estos cuatro años.  Se trata, por tanto, de unas Cuentas confeccionadas bajo la misma premisa de impulso del crecimiento de la economía española y de la creación de empleo. El cumplimiento de estas cuentas permitirá mantener  el compromiso con el gasto social, que supone el 53,5%, con un aumento del 3,8%. 

0_004imagen.jpgPresentación de los PP. GG. para 2016 (Ministerio de Hacienda y Función Pública)Los PGE de 2016 vienen a culminar la política fiscal desarrollada por el Gobie​rno desde aquel primer y difícil presupuesto realizado ​para el ejercicio 2012. Estos cinco Presupuestos han sido elaborados cada uno adaptándose a la realidad económica en la que se encuadraban,  conteniendo los elementos necesarios para salir de la grave crisis económica en la que se hallaba España. Con esta política hemos logrado llegar al momento actual, creciendo a un ritmo cercano al 4% en términos anualizados, sin inflación y con una evolución muy positiva de todas las variables, consumo, inversión, exportaciones, y sobre todo generación de empleo. Así, se prevé abandonar a partir de 2016 el procedimiento de Déficit Excesivo en el que está incursa España desde 2009.

Buenos resultados de la política fiscal aplicada

Esta clara mejora de la situación económica pone de manifiesto que la política fiscal desarrollada desde el principio ha sido la correcta: consolidación fiscal y reformas estructurales. Los PGE 2016 siguen igualmente la línea marcada de los anteriores y tiene como objetivo principal potenciar los buenos resultados alcanzados. Por tanto, su misión será consolidar el crecimiento y la creación de empleo.

Los PGE, que parten del adelanto de la reforma tributaria que debía entrar en vigor en enero de 2016, conllevan un importante incremento de los recursos transferidos a las Administraciones territoriales, que servirán para mejorar las prestaciones en sanidad, educación y servicios sociales. De esta forma, la financiación de las Administraciones territoriales se incrementará en 2016 en 8.000 millones de euros (un 7,8%) respecto al año anterior.

Ingresos

El total de ingresos no financieros para 2016 después de la cesión a los Entes Territoriales alcanzará los 134.773 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,8% respecto al Presupuesto de 2015.

Los ingresos tributarios antes de la cesión a los Entes Territoriales supondrán en 2016 193.520 millones, un 4% más que en el Presupuesto de 2015. Por figuras impositivas, la recaudación por IRPF llegará a los 75.432, con un incremento del 3,4%.

La recaudación por el Impuesto de Sociedades registrará un incremento del 5,5%, hasta los 24.868 millones de euros. Los ingresos por IVA crecerán el 4% hasta los 62.663, mientras que los ingresos por Impuestos Especiales suben el 0,8% hasta los 20.053 millones de euros.

Gastos

El impacto favorable del crecimiento y el efecto en la recaudación hacen que el presupuesto de gastos venga marcado por la recuperación social. La reducción del gasto en desempleo y de la carga financiera de la deuda pública, va a permitir incrementar el gasto social,  que aumenta un 3,8%.

Cabe destacar que se trata de unos Presupuestos en los que se incrementarán partidas fundamentales, como las destinadas a investigación civil, la financiación de la LOMCE, la cooperación internacional, el fomento del empleo, mejora de las ayudas a familias y al sistema de dependencia así como el Plan especial de reubicación de refugiados.

Empleados públicos

Las cuentas públicas para el año que viene recogen asimismo el cumplimiento por parte del Gobierno de su  compromiso de compensar en la medida de lo posible los esfuerzos realizados por los ciudadanos consecuencia de las medidas de ajuste que fueron necesarias acometer. Los empleados públicos, cuya aportación fue esencial para salir de la crisis, van a ver actualizadas sus retribuciones al 1%, después de la rebaja de 2010 y de los años de congelación salarial, y se les restituirá el 50% de la paga extra que no cobraron en el año 2012. De igual manera, se recupera el sexto día por asuntos particulares, y hasta otros tres días en función de la antigüedad. Por otro lado,  se establece una tasa de reposición del 100% para sectores prioritarios y del 50% para el resto.

Son unos Presupuestos que también dan continuidad a las inversiones del Plan CRECE, plan que está procurando alinear los objetivos de los fondos comunitarios con las necesidades de inversión nacionales, apoyando el crecimiento económico de la forma más eficiente posible.

En la Ley se recoge también la exigencia de emisión de informes tendentes a asegurar que las actuaciones de apoyo a PYMES, a empresas de base tecnológica y a jóvenes emprendedores se configuran de forma que resulten compatibles con la financiación concedida por la Unión Europea para este tipo de actuaciones con el fin de maximizar la capacidad de absorción de fondos comunitarios de las políticas emprendidas.

Enlaces y documentos

Enlaces

Normativa