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Justicia

Miércoles 3 de febrero de 2016
Sede del Ministerio de Justicia (Ministerio de Justicia)

Artículo 117 de la Constitución:

1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.

Contenido

Organización judicial

La Constitución de 1978 configuró a España como un Estado de Derecho, por lo que en los últimos 30 años se han producido importantes transformaciones en el sistema judicial español.

El presente texto tiene dos objetivos: mostrar cómo se configura la justicia en España y describir las actuaciones modernizadoras que se están produciendo en materia de justicia. Para ello en los primeros epígrafes se muestra la estructura del Poder Judicial, el papel de la Fiscalía así como las profesiones jurídicas. A continuación se muestran las iniciativas modernizadoras.

La Constitución española de 1978 declara que la justicia  emana del pueblo y se administra en nombre del  Rey por jueces y magistrados integrantes del poder  judicial, independientes, inamovibles, responsables y  sometidos únicamente al imperio de la ley. La Constitución  establece el principio de unidad jurisdiccional  como la base de la organización y funcionamiento de los tribunales.

La regulación básica sobre la organización judicial  está contenida en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que regula, entre otras materias, la extensión y límites de la jurisdicción, la organización  territorial, la composición y atribuciones de los órganos  judiciales, los órganos de gobierno del Poder Judicial, la carrera, independencia y responsabilidad de los  jueces, el régimen de organización y funcionamiento  de la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal.

Sede del Consejo General del Poder Judicial (Poderjudicial.es)El órgano de gobierno del Poder Judicial es el Consejo General del Poder Judicial, que está integrado por el  presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y por  veinte miembros por un periodo  de cinco años. De éstos, doce son elegidos entre jueces y magistrados  de todas las categorías judiciales y el resto entre juristas de reconocido prestigio.

A través de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, se introdujeron importantes mejoras en la regulación del órgano de gobierno del Poder Judicial. La reforma prevé que los Vocales -con excepción de los que forman parte de la Comisión Permanente- ejerzan su cargo compaginándolo con su actividad profesional. Además se modifica el mecanismo de elección de los vocales. Así, cualquier juez podrá presentar su candidatura a vocal del Consejo General del Poder Judicial con la única condición de aportar el aval de veinticinco miembros de la carrera judicial en servicio activo o el de una asociación judicial. Cada juez o asociación podrá a su vez avalar a un máximo de doce candidatos. La reforma prevé un sistema de renovación del Consejo que garantiza que se cumplan sin retrasos los plazos previstos por la Ley para su relevo.

Además la ley establece que, aunque el órgano de gobierno de los jueces mantendrá autonomía presupuestaria, el primer presupuesto se hará en base cero, por lo que se tendrán que justificar todas las necesidades de la institución para prepararlo. Esto pretende contribuir a la buena administración y eficiencia económica de la institución.

Se introducen también medidas de racionalización en cuanto a la estructura orgánica del Consejo General del Poder Judicial, así como distintas previsiones para aumentar la agilidad y la eficiencia en su funcionamiento, todo ello reforzando la independencia del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial.

Actualmente, a efectos judiciales, el Estado se organiza  territorialmente en municipios, partidos, provincias  y Comunidades Autónomas.

El tipo de materia determina cada uno de los órdenes  en que se estructura la función jurisdiccional. La jurisdicción  ordinaria se divide en cuatro órdenes jurisdiccionales:

  • Civil: examina las materias relacionadas con el derecho privado, salvo las concernientes al Derecho del trabajo, y en concreto las materias reguladas por el Derecho Civil y Mercantil (obligaciones, propiedad, sociedades mercantiles filiación, matrimonio, etc.). Asimismo, enjuicia también los litigios cuyo conocimiento no venga expresamente  atribuido a otro orden jurisdiccional. Este orden entiende además de las cuestiones relativas a bienes situados en territorio español o entidades inscritas en territorio español, o bien cuando el demandado tenga domicilio en territorio español. Por  ello, puede ser catalogado como ordinario o común.
  • Penal: le corresponde el conocimiento de las causas  y juicios criminales o penales, con excepción de  las que corresponden a la jurisdicción militar. Es característico  del Derecho español que la acción civil  derivada de un delito pueda ser ejercitada conjuntamente con la penal. En tal caso, el tribunal penal decidirá  la indemnización correspondiente para reparar  los daños y perjuicios ocasionados por el delito o falta.
  • Contencioso-Administrativo: trata del control jurisdiccional  de la actuación de las Administraciones Públicas  sujetas al Derecho administrativo, las reclamaciones  de responsabilidad patrimonial que se dirijan  contra las mismas y el ejercicio de la potestad reglamentaria. 
  • Social: conoce de las pretensiones que se ejerciten  en la rama social del Derecho, tanto en conflictos individuales  entre trabajador y empresario con ocasión  del contrato de trabajo, como colectivos, así como  las reclamaciones en materia de Seguridad Social o  contra el Estado cuando le atribuya la responsabilidad la  legislación laboral.

Dentro de cada orden jurisdiccional existen órganos  especializados en materias más concretas. Así, por  ejemplo, en el orden civil existen juzgados de primera  instancia, de lo mercantil y familia y, en el orden penal,  juzgados de instrucción, de lo penal, de violencia sobre  la mujer, de vigilancia penitenciaria o de menores.

Al margen de la jurisdicción ordinaria está la jurisdicción militar, que enjuicia los hechos tipificados como delito en el Código Penal Militar y en los supuestos de Estado de Sitio, lo que supone una excepción al principio de  unidad jurisdiccional.

Los órganos judiciales en España son los siguientes:

  • El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España,  es el órgano superior en todos los órdenes, salvo  lo dispuesto en materia de garantías constitucionales,  cuya responsabilidad recae en el Tribunal Constitucional.
  • La Audiencia Nacional, con jurisdicción en toda España,  es un tribunal especializado para el conocimiento  de determinadas materias que le vienen atribuidas  por ley. Así, en materia penal conoce de determinados  delitos contra la Corona o miembros del Gobierno, delitos de crimen organizado como terrorismo, narcotráfico,  falsificación de moneda, y de delitos cometidos  fuera del territorio nacional cuando, conforme a  las leyes o a los tratados, corresponda su enjuiciamiento  a los tribunales españoles. 
  • Los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades  Autónomas extienden su jurisdicción al ámbito  territorial de éstas. Se organizan en salas: Civil y Penal, Contencioso Administrativo y Social.
  • Las Audiencias Provinciales tienen su sede en la capital de la provincia sobre la que extienden su jurisdicción.  Conocen de los órdenes civil y penal, pudiendo existir  secciones con la misma composición. 
  • Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de  lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de lo Penal,  de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Menores  y de Vigilancia Penitenciaria, son órganos unipersonales  integrados por un solo juez que conocen  de aquellas materias que les atribuya la ley en su ámbito  competencial. 
  • Los Juzgados de Paz existen en aquellos municipios  donde no hay Juzgado de Primera Instancia e  Instrucción.

El Ministerio Fiscal es un órgano integrado con autonomía  funcional en el Poder Judicial. Ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios  de unidad de actuación, dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

Tiene como misión promover la acción de la justicia  en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos  y del interés público tutelado por la ley, de  oficio o a petición de los interesados, así como velar  por la independencia de los tribunales y procurar ante  éstos la satisfacción del interés social.

El fiscal general del Estado, nombrado por el Rey a  propuesta del Gobierno oído el Consejo General del  Poder Judicial, ostenta la jefatura superior del Ministerio  Fiscal y su representación en todo el territorio  español. A él le corresponde impartir las órdenes e  instrucciones y, en general, la dirección e inspección  del Ministerio Fiscal.

Principales profesiones jurídicas

Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que las  funciones jurisdiccionales se ejercerán únicamente  por jueces y magistrados profesionales que integran la  carrera judicial. 

Presentación del informe El Secretario Judicial en cifras (Ministerio de Justicia)El ingreso en la carrera judicial se basa en los principios  de mérito y capacidad. El ingreso por la categoría  de juez, cuyo proceso selectivo se realiza conjuntamente  con el de ingreso en la carrera fiscal, se produce  mediante la superación de una oposición y de  un curso teórico y práctico de selección, exigiéndose  estar en posesión del título de licenciado en Derecho  o grado que lo sustituya.

Los jueces y magistrados, así como los fiscales, mientras  se hallen en activo no podrán desempeñar otros  cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o  sindicatos, quedando sometidos a un régimen de incompatibilidades,  establecido por ley, que debe asegurar  la total independencia de los mismos.

Los letrados de la Administración de Justicia, que tienen atribuido el ejercicio  de la fe pública judicial, son funcionarios públicos  que constituyen un cuerpo superior jurídico al servicio  de la Administración de Justicia, dependiente del  Ministerio de Justicia. Con carácter general son seleccionados  a través del sistema de oposición, siendo  imprescindible ser licenciado en Derecho o grado que  lo sustituya. Ostentan importantes funciones en materia  de impulso de los procesos y dirección de la oficina  judicial, entre otras.

Abogados y procuradores

La profesión de abogado es una profesión libre e independiente.  No depende de ninguna Administración  Pública y se ejerce en régimen de libre competencia.  Intervienen en la dirección y defensa de los ciudadanos  en toda clase de procesos judiciales, en el asesoramiento y consejo jurídico y en la representación de  su cliente cuando no esté reservada por ley a otras  profesiones. La colegiación es obligatoria.

Los procuradores representan los derechos e intereses  de las partes ante los tribunales de justicia, mediante un poder atribuido al efecto, recibiendo todas las  comunicaciones que afecten a sus clientes. En virtud de su condición de cooperadores de la Administración de Justicia, han adquirido un mayor protagonismo en las labores de gestión y tramitación de los procedimientos judiciales. La colegiación  también es obligatoria.

Para acceder a la profesión de abogado o procurador  es necesario estar en posesión de título universitario  de grado o licenciado en Derecho, acreditar la capacitación profesional mediante la superación  de la correspondiente formación especializada  prevista en la ley, y superar una evaluación en los términos que determine el Ministerio de Justicia.

Los abogados perciben sus honorarios profesionales  en función de los servicios prestados, bien por una retribución  fija, periódica o por horas. Su importe puede  fijarse libremente entre el cliente y el abogado, con respeto  siempre a las normas deontológicas orientativas.

Los procuradores dependen del Colegio de Procuradores,  cuya Junta de Gobierno vigila que el desempeño  del cargo sea adecuado y eficaz.

Notarios y registradores

Ambos son funcionarios públicos dependientes directamente  del Ministerio de Justicia, si bien están agrupados  en Colegios. El notario ejerce la función de dar fe de los negocios  jurídicos privados, colabora en la formación correcta  de los mismos y solemniza el modo y la forma en que  se expresan.

Los registradores califican o comprueban la legalidad  de los documentos que acceden a los registros públicos  de la propiedad y mercantiles, en los que se  inscriben, respectivamente, derechos sobre bienes  inmuebles y empresas, así como otros actos.

Para ser notario y registrador es preciso ser licenciado  en Derecho o grado que lo sustituya y superar una  oposición. Ambos perciben su remuneración directamente  del cliente que solicita sus servicios, mediante  un sistema de arancel aprobado por el Estado.

Principales reformas impulsadas por el ministerio de Justicia

Nueva Oficina Judicial y Fiscal

El Ministerio de Justicia continúa desarrollando el proceso de modernización de la Administración de Justicia, que tiene, como objetivo fundamental, ofrecer a la ciudadanía una justicia de calidad.

Registro Civil Central (Ministerio de Justicia)Uno de los principales motores de este cambio es la Nu​​eva Oficina Judicial (NOJ), que supone una importante reestructuración organizativa en el seno de la Administración de Justicia y se define como una organización de carácter instrumental, que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional y establece sistemas de trabajo racionales y homogéneos, con el fin de que la actividad judicial se desempeñe con la máxima agilidad, eficacia y responsabilidad.

La NOJ se organiza en unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales. Las primeras, asumen la tramitación procesal y gestión de todos aquellos asuntos cuyo conocimiento tengan legalmente atribuidos jueces y tribunales. Los servicios comunes procesales, asumen labores centralizadas de gestión y apoyo, en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales.

De esta forma se consigue, por un lado, liberar a jueces y magistrados de tareas no jurisdiccionales, para que puedan centrar todo su esfuerzo en su función constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y, por otro, potenciar las atribuciones de los letrados de la Administración de Justicia, que asumen nuevas competencias procesales.

El Ministerio de Justicia, en el ámbito de sus competencias, desde el año 2010 ha ido implantando progresivamente este nuevo modelo organizativo en distintas ciudades, que ya cuentan con Oficina Judicial (Burgos, Murcia-fase I, León, Ciudad Real, Cáceres, Mérida, Cuenca, Ceuta y Melilla) y que funcionan con normalidad.

Durante el primer semestre de 2015, ha entrado en funcionamiento la fase II de Murcia el 25 de marzo y la oficina judicial de Ponferrada el 24 de junio.

A su vez, el Ministerio de Justicia está trabajando, junto con la Fiscalía General del Estado, en un nuevo modelo de Oficina Fiscal, que responda a las necesidades más perentorias del Ministerio Fiscal y lograr así la mejora significativa de la eficacia, eficiencia y capacidad de respuesta. 

La Nueva Oficina Fiscal establece los criterios básicos que deben seguirse en las Fiscalías, para la organización del personal de soporte y apoyo, y rompe con el modelo actual en el que cada Fiscalía es autónoma para la organización y distribución del trabajo entre sus miembros. 

Se caracteriza por la creación de una estructura jerarquizada, a través de la figura del Coordinador de la oficina fiscal (gestor procesal), que facilita el control y supervisión de la actividad y presta el soporte requerido para la organización y gestión de los recursos de la Fiscalía.

Por parte del Ministerio de Justicia ya se están llevando a cabo las actuaciones precisas para el despliegue del nuevo modelo organizativo, habiéndose implantado el día 4 de febrero de 2015 la primera de ellas, en Ceuta,  el 12 de marzo en Melilla, el 3 de junio en Cuenca, el 1 de julio en Cáceres y el 28 de septiembre en Murcia.

Edificios Judiciales

Para la dotación de los espacios necesarios para el  ejercicio de las funciones judiciales, el Ministerio de  Justicia realiza actuaciones de construcción de nuevos  edificios y de mejora y modernización de los edificios existentes, así como de su equipamiento, salvo en las Comunidades Autónomas que han asumido las competencias en materia de dotación de medios para el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Juzgados de Plasencia (Ministerio de Justicia)En 2014 finalizaron las obras de ampliación del edificio de juzgados de Ponferrada. Además en 2014 se adjudicaron las obras de rehabilitación del palacio de justicia de Palencia y se han realizado los proyectos de los nuevos edificios judiciales en Badajoz, Guadalajara, Ibiza y Valladolid, cuyas obras se han iniciado en 2015.

Durante el año 2015, además,  se han realizado las obras de rehabilitación de la Audiencia Nacional y las obras complementarias en el subsuelo de la Plaza de la Villa de París, en su mitad oeste, destinadas a Salas de Vistas, que se conectan con el edificio principal por un túnel de acceso. Asimismo, se han realizado obras e instalaciones de seguridad del conjunto.

En 2015 han comenzado las obras del palacio de justicia de Palencia y de los edificios judiciales de Guadalajara y Badajoz. También se han licitado las obras de rehabilitación de las sedes de Trujillo y Soria, así como la rehabilitación del antiguo Banco de España que albergará la nueva sede judicial de Ceuta. Destaca también la licitación de importantes obras de construcción de las nuevas sedes judiciales de Albacete, Segovia e Ibiza, así como el proyecto de los juzgados de Lorca.  

Nuevas Tecnologías

La Administración de Justicia Española se apoya de un modo creciente en las nuevas tecnologías, tanto para la gestión habitual de la actividad jurisdiccional, como para dar un impulso a la solución de problemas específicos que requieren la utilización de las mismas. Entre las medidas adoptadas en el año 2015 en este ámbito destacan las que se señalan a continuación.

Destaca entre todas estas medidas las comunicaciones electrónicas obligatorias con la Administración de Justicia a partir del 1 de enero de 2016. Este sistema ofrece una serie de ventajas, tales como: inmediatez en la puesta a disposición de los profesionales de las resoluciones procesales; acceso a la documentación en todo momento y lugar (seguridad, consulta, archivo y disponibilidad); presentación de escritos y documentos las 24 horas del día, los 365 días del año. Finalmente supone un importante ahorro de costes. Así, por ejemplo, de 2010 a 2015 se han dejado de hacer en papel más de doscientos millones de notificaciones.

Durante el año 2015 se ha realizado un importante esfuerzo por parte del Ministerio tanto en el aspecto normativo, como en el tecnológico, en la dotación de medios necesarios y en la cooperación con los actores implicados.

Oficina de atención al ciudadano (Ministerio de Justicia)

En el aspecto normativo se ha reformado la L​​ey 42/2015 de reforma de la ley Enjuiciamiento Civil y se ha aprobado el Real Decreto 1065/20​15 para su desarrollo en el territorio del Ministerio de Justicia. En el ámbito tecnológico se ha desarrollado y mejorado la capacidad del sistema de comunicaciones electrónicas, Lexnet, - ofrecido de forma gratuita a todas las CCAA- el visor de expedientes electrónicos y el sistema de firma. Se ha creado la nueva aplicación móvil LexNETAPP para recibir, de forma ágil y en tiempo real, la información acerca de las notificaciones recibidas y escritos presentados a través de dicho sistema. Además se han suministrado más de 7000 pantallas y 500 escáneres de forma que todos los funcionarios de las sedes judiciales en el territorio gestionado por el Ministerio trabajen con dobles pantallas. Se ha formado a más de 9000 trabajadores y se ha reforzado la atención telefónica y los nuevos canales web y cuenta de twitter.

Igualmente se ha desarrollado un intenso trabajo de colaboración entre el CGPJ, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas a través de la Comisión Técnica de Administración Judicial Electrónica, que ha incluido conferencias sectoriales, reuniones bilaterales y interlocución permanente con Consejos Generales de las profesiones jurídicas. Destaca la creación de la Comisión de Justicia Digital que reúne a alto nivel a todas las instituciones implicadas en el sector.

El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha un proyecto piloto de avisos SMS a víctimas de violencia de género en el Juzgado de Violencia sobre la mujer nº 1 de Albacete, en funcionamiento desde el 15 de octubre de 2015. Mediante este servicio, siempre que una víctima dé su teléfono móvil, el Juzgado de manera automática le informará mediante SMS a las víctimas que han facilitado su teléfono  hechos relevantes sobre la libertad o prisión del detenido, órdenes de alejamiento u órdenes de protección, así como otras resoluciones.

Desde el 7 de noviembre de 2015 se ha iniciado un nuevo modelo de subasta, totalmente electrónico, que favorece la concurrencia de postores. De este modo se alcanza un mayor rendimiento económico de los bienes subastados mediante un sistema más transparente. Se establece un procedimiento ágil y accesible para constituir, gestionar y, cuando proceda, devolver por vía telemática los depósitos exigidos para participar en todas las subastas judiciales y notariales que se realizarán en sede electrónica (on-line) a través de un portal único dependiente de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (ABOE).

Hasta el momento, el nacimiento de un hijo exigía el desplazamiento de uno de los progenitores, normalmente el padre, a las oficinas del Registro Civil  dentro de los 8 días posteriores al parto. Esta situación provocaba no pocos inconvenientes para los ciudadanos al tener que abandonar -por un trámite administrativo- la labor afectiva y logística que en esos primeros días es tan intensa.  Con este sistema, que ya se ha implantado en cien hospitales, los padres no tienen que desplazarse al registro civil.  La comunicación la hace el hospital que recaba una serie de datos y documentos de los padres y el recién nacido que se remiten electrónicamente al Registro Civil correspondiente.  En los primeros 75 días de funcionamiento de este medio ya se han inscrito más de diez mil nacimientos.

Asimismo, se establece un procedimiento electrónico para los expedientes de nacionalidad. El nuevo procedimiento está basado en la gestión electrónica en todas sus fases. Lo instruye la Dirección General de Registros y del Notariado y la resolución se notifica al interesado en un plazo máximo de un año desde la presentación de la solicitud. Se establece un periodo transitorio hasta el 30 de junio de 2017, en el que los interesados también podrán presentar su solicitud en el Registro Civil correspondiente a su domicilio. A partir de esa fecha y a través de convenios de habilitación que el Ministerio de Justicia firmará con organismos públicos de la Administración General del Estado y otros colegios profesionales y asociaciones, se realizará a través de la correspondiente aplicación electrónica.

La Ley 18/2011 de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologí​as de la información y la comunicación en la Administración de Justicia establece que las Administraciones con competencias en Justicia deberán dotar de medios para la tramitación electrónica de los procedimientos antes del 7 de julio de 2016. El Ministerio ha dado un paso importante en este sentido y ya se ha implantado este sistema en Cuenca, en 4 juzgados, y en la Audiencia Nacional, en la jurisdicción contencioso-administrativa. Además de los medios materiales necesarios como los visores de documentos, el registro se realiza por medios electrónicos, así como el reparto y la tramitación de los asuntos, que se harán mediante el sistema de gestión procesal Minerva.

Desde noviembre de 2015 se ha puesto en funcionamiento en todos los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid el envío automático de requisitorias, medidas cautelares y penas relativas a sentencias firmes de violencia doméstica y de género desde el sistema de registros SIRAJ al Ministerio del Interior. La comunicación entre oficina judicial y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se hará de forma automática a través de una plataforma de interoperabilidad en la que están conectadas todas las partes implicadas.

Otra acción importante se centra en la mejora de los sistemas informáticos del Ministerio Fiscal y su interconexión con las aplicaciones informáticas de las oficinas judiciales. Cabe destacar la puesta en funcionamiento del portal Fiscal.es y la aplicación "Expedientes de Protección de Menores" en 2014, para continuar con la puesta en marcha de las nuevas aplicaciones "Expedientes del Ministerio Fiscal" y "Cooperación Jurídica Internacional" en febrero de 2015, así como la culminación del proceso de actualización tecnológica del sistema de gestión para las Fiscalías, denominado Fortuny, durante el primer semestre de 2015. 

Actuaciones normativas y legislativas

En 2012 se planificó la estrategia normativa del Ministerio de Justicia para la X Legislatura. Las iniciativas que han sido impulsadas desde entonces han estado dirigidas a mejorar la calidad del marco jurídico que garantiza los derechos del ciudadano y a reforzar el papel de la Administración de Justicia como elemento de competitividad de la economía española.

Dentro de esa estrategia normativa destaca la regulación e implantación de nuevos medios  de solución de conflictos más ágiles y económicos  para los ciudadanos y para las empresas,  impulsándose una nueva cultura en esta materia. Así, la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, estableció una ordenación general de la mediación en este ámbito, a través de un modelo basado en la voluntariedad y libre decisión de las partes y en la intervención de un mediador orientada a la solución de la controversia por las propias partes. Además, el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles reguló los requisitos mínimos de formación y creó el Registro de mediadores, desarrollando también las previsiones relativas al seguro de responsabilidad civil y el procedimiento simplificado por medios electrónicos para las reclamaciones dinerarias de hasta 600 euros. El Registro de mediadores e Instituciones de mediación se encuentra en funcionamiento desde julio de 2014.

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Ministerio de Justicia)También se ha seguido avanzando en la necesaria racionalización y garantía de la asistencia jurídica gratuita. Así, tras la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y de sus reformas (Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero y Ley 25/2015, de 28 de julio​, excluyendo de las tasas judiciales a las personas físicas), se ha procedido también a modificar la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, mediante la Ley 42/2015, de ​5 de octubre​, con el fin de mejorar el sistema y garantizar su sostenibilidad, perfeccionando su regulación, mejorando la situación de algunos colectivos e introduciendo en las mismas las correcciones necesarias.

Por otro lado,  también fue objeto de aprobación por las Cortes Generales la Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, desarrollando nuevas medidas normativas que son necesarias para la ejecución de algunas de las propuestas del Informe CORA.

Además, se han continuado los trabajos de desarrollo que previó la Ley Concursal, con  el objetivo de lograr unos administradores concursales  más profesionales y responsables. Así, a la aprobación  del Real Decreto 1333/2012, de 21 de septiembre, por  el que se regula el seguro de responsabilidad civil y la  garantía equivalente de los administradores concursales,  le ha seguido la aprobación del Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal, que permite dar publicidad a los resultados y la tramitación de los concursos de acreedores con el objetivo de garantizar la transparencia y la seguridad jurídica. Ya en 2014 se han aprobado la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial y, en 2015, la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal.  

En el año 2013 se aprobó la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, con el gran objetivo de agilizar la actividad emprendedora. En desarrollo de la misma ha sido aprobado el de Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, por el que se regulan los modelos de Estatutos tipo y de escritura pública estandarizados de las Sociedades de Responsabilidad Limitada y también se ha aprobado la Instrucción sobre legalización de libros.

La Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima establece un régimen general sobre el tráfico marítimo, moderno y homologable con el del resto de los países de la Unión Europea y de la OCDE, poniendo fin a una vigencia de más de 125 años del Libro III del Código de Comercio de 1885.

Durante el año 2015 se han aprobado las grandes reformas de las leyes troncales  que actualmente rigen la Justicia española: la  reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de La Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de  Enjuiciamiento Criminal.

Mediante la aprobación de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial se introducen una serie de reformas concretas encaminadas a dotar de mayor flexibilidad a la organización judicial, conferirle una mayor agilización y especialización en la resolución de determinados procedimientos, potenciarla al servicio del ciudadano, avanzar en la internacionalización del sistema judicial español, mejorar la respuesta judicial frente a la violencia de género, construir una mejor Oficina Judicial al servicio de la función jurisdiccional, introducir instrumentos específicos para la mejora de la seguridad jurídica así como mejoras organizativas y profundizar en los derechos de los justiciables, logrando así una mayor calidad democrática.

Esta misma línea de profesionalización de la Justicia estaba ya presente en las distintas modificaciones legales ya impulsadas, como la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presu​puestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que ha permitido un importante ahorro en el concepto de sustituciones, a la vez que se habrá conseguido hacer plenamente efectivo un sistema de sustituciones profesionales, para jueces y fiscales, debidamente retribuido, incrementando así la calidad de nuestra Justicia.

También en 2015 ha sido aprobada la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En sus aspectos principales la reforma surge por la necesidad de realizar una regulación complementaria de las funciones del procurador como cooperador de la Administración de Justicia, en el seno de la cual, y sin perder su originaria función de representante procesal de los litigantes, asuma un mayor protagonismo en las labores de gestión y tramitación de los procedimientos judiciales, concretamente en actos de comunicación. Al mismo tiempo se refuerzan las garantías derivadas del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva en el juicio verbal, se da cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la regulación del proceso monitorio en España y el examen de las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores  y se incide también en la agilización y modernización de la tramitación de los procedimientos judiciales. Finalmente, se trata de fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y de servir mejor a la finalidad de certeza de las relaciones jurídicas para reducir la litigiosidad, simplificando el régimen jurídico de la prescripción, mediante la unificación de ciertos plazos y manteniendo el necesario equilibrio entre los intereses de los sujetos implicados en la prescripción.

Biblioteca del Ministerio de Justicia (Ministerio de Justicia)La Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para la agilización de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica introduce diversos mecanismos de agilización del proceso penal, regula las medidas de investigación tecnológica y refuerza el régimen de garantías procesales  conforme al Derecho de la Unión Europea y a la jurisprudencia consolidada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos e introduce la doble instancia penal en España.

Durante el año 2015 ha culminado una importante reforma  del Código Penal mediante la cual se lleva a cabo una revisión del sistema penal para dar respuesta a las nuevas formas de delincuencia  y a los delitos más graves, en línea similar a la de los países de nuestro entorno. Por otro lado, en octubre de 2015,ha sido aprobada la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar.

Cabe destacar la creación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que se configura como un órgano de la Administración General del Estado y auxiliar de la Administración de Justicia, al que corresponden las competencias de localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y de cualesquiera otras que se le atribuyan, en los términos previstos en la legislación penal y procesal.

​Dentro igualmente de las cuestiones penales, en el año 2015 se ha aprobado la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, cuyo objetivo es ser el catálogo general de los derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas de delitos, con la principal novedad de que dispondrán de ellos, tanto si están personadas en una causa penal como si no. Todo ello sin perjuicio del régimen particular que para las víctimas de terrorismo o las de violencia de género establezca su normativa especial.

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción voluntaria​, sistematiza la dispersa normativa existente en la materia y da respuesta a la necesidad de una nueva ordenación legal adecuada, razonable y realista de la jurisdicción voluntaria, ofreciendo al ciudadano medios efectivos y sencillos, que faciliten la obtención de determinados efectos jurídicos de una forma pronta y con respeto de todos los derechos e intereses implicados. De esta forma, se simplifican y se actualizan los procedimientos en aquellos asuntos en los que no hay controversia, pero en los que sí se necesita que intervenga un órgano judicial para la tutela de determinados derechos e intereses relativos al Derecho civil y mercantil. 

Por lo que respecta a la pertenencia de España a la Unión Europea y a la cooperación judicial penal con los demás Estados miembros, el año 2014 fue especialmente relevante gracias a la aprobación de tres importantes leyes: la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea; la Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre, complementaria de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. Estas Leyes incorporan al Ordenamiento Jurídico español un conjunto de normas europeas que generalizan el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, sustituyendo las antiguas comunicaciones entre las autoridades centrales o gubernativas por la comunicación directa entre las autoridades judiciales.

Durante 2015, en cumplimiento de la normativa europea, ha sido aprobada la Ley 16/2015, de 7 de julio, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior, que sustituye y deroga la Ley 16/200​6, de 26 de mayo, por la que se regula el Estatuto​ del Miembro Nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea.

Otras importantes leyes aprobadas en 2015 son la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, que contiene una serie de medidas que dotan a la Administración de instrumentos para una mayor eficiencia y flexibilidad tal como demandan los ciudadanos y la economía del país, entre ellas la inscripción de los recién nacidos en el Registro Civil de manera telemática desde los hospitales; la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales; la Ley 13/2015, de 24 de junio de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del Texto Refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, cuyo principal objeto es coordinar la información existente en el Registro de la Propiedad y el Catastro para una mejor identificación de los inmuebles y una más adecuada prestación de servicios a ciudadanos y Administraciones; y la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España que justifiquen tal condición y su especial vinculación con España, por la que se modifica el artículo 23 del Código Civil

Asimismo, han sido aprobadas este año otras importantes normas como la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, o  la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación​, lo que se conoce en el sector como "baremo".   

Todas estas iniciativas se encuadran dentro de una reforma de la Justicia orientada a la transformación de esta en una triple vertiente: como servicio público esencial, como pilar del Estado de Derecho y como elemento fundamental para la reactivación económica y la creación de empleo. Y configuran, por tanto, una política pensada para dotar a España de una Administración de Justicia más eficiente, más profesional y más accesible para todos.

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