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Conferencia de prensa de la ministra de Educación, Formación Profesional y portavoz del Gobierno, de la ministra de Justicia y de la ministra de Industria, Comercio y Turismo después de la reunión del Consejo de Ministros

Viernes 12 de abril de 2019

Portavoz.- Buenos días a todas y a todos. Sé que algunos de sus compañeros están cubriendo por ahí campañas electorales, así que, bueno, seguimos apreciando su trabajo de manera importante. También el suyo que está aquí.

Hoy, como ustedes saben, nos encontramos dentro de lo que la ley establece como campaña electoral. Esto es el tiempo comprendido entre el décimo séptimo día anterior a la votación, hoy, 12 de abril, y el mismo día de acudir a las urnas, el próximo domingo 28 de abril.

En este tiempo de campaña electoral, la LOREG, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, ampara el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones, en orden a la captación de sufragios. Es, por tanto, un tiempo muy especial que delimita claramente las funciones de todos para poder ejercitar el principal derecho que nos asiste como ciudadanos, y que no es otro sino el sufragio libre.

Dentro de este periodo, como ustedes ya saben, la tarea de comunicación del Gobierno y, en especial, esta rueda de prensa, debe ajustarse igualmente a lo establecido en la norma, en la normativa aplicable al caso.

Así que, estamos seguras, en este caso, de que ustedes y nosotras nos sabremos ajustar a los términos que establece dicha norma. Mucho más, en nuestro caso, que somos las personas que tenemos que responderles. De modo que, es un día importante en el que ya vemos de cerca la culminación del reciente proceso político que hemos vivido en España durante esta décimo segunda legislatura, y, con ello, la constatación, una vez más, de que nuestra democracia sabe encontrar soluciones y resolver sus problemas basándose en la voluntad de la ciudadanía en la que reside la soberanía.

Como es notorio, en este periodo de campaña electoral, los Poderes del Estado siguen funcionando como siempre para atender las necesidades de las personas. Esto es lo que ha hecho esta semana, una semana más, el Gobierno y lo que hará, en las sucesivas, con la celebración de otros dos Consejos de Ministros: el próximo, el día 17 de abril, y, el siguiente, el 26 de abril. El último justo en el fin de semana de las Elecciones.

Hoy me acompañan, como ustedes pueden ver, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, con importantes asuntos aprobados esta mañana: la modernización de la Justicia y la creación de estrategias de digitalización, modernización, nuevas plazas fiscales, y el marco estratégico para las Pymes en el horizonte 2030, serán algunos de los asuntos que ellas mismas les comentarán.

Además, de estas cuestiones de relevancia, el Consejo de Ministros ha aprobado otras medidas interesantes que enseguida les relato. Pero antes, permítanme que me refiera a dos hechos de las últimas horas.

Por una lado, el acoso vivido por la candidata del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo, y su equipo de campaña, en la Universidad Autónoma de Barcelona.  La Universidad es el lugar, en el que, como ya dijo Unamuno, hay que convencer con la inteligencia, con la palabra y no vencer por la fuerza bruta.

El episodio de ayer es literalmente inaceptable. El Gobierno lamenta profundamente este torpe episodio por ser lo contrario de lo que representa la política, que es la palabra, el diálogo, el saber decir y el saber escuchar. Así lo hemos transmitido desde el primer momento en que se produjeron los hechos.
Lo que necesita la sociedad catalana, una vez más, reiteramos, es diálogo y convivencia.

Por otro lado, quiero referirme al acuerdo logrado en Bruselas en la madrugada de ayer jueves. Nuestro Gobierno siempre ha defendido que la salida del Reino Unido de la Unión Europea debe ser acordada y ordenada. Y, por eso, se felicita por la decisión del Consejo Europeo de ofrecer a Londres una prórroga hasta el 31 de octubre, para aprobar el Acuerdo de Retirada.

Si no se ratificase dicho Acuerdo antes del 22 de mayo, los británicos tendrán que participar en las elecciones europeas. De ser así, seguirán formando parte de los órganos democráticos que se han dado los ciudadanos de la Unión Europea, pero sólo hasta que se consuma el 'Brexit'.

El Gobierno de España ha mantenido, en todo momento, una actitud constructiva para lograr una salida ordenada. Confíamos en la lealtad del Reino Unido para cumplir este último compromiso, pero lamentamos, como ya ha dicho varias veces en ámbito europeo nuestro presidente del Gobierno, que campañas basadas en mentiras, hayan conducido a la sociedad británica a un callejón sin salida.
Esta es una lección que debemos aprender todos. Las sociedades aquí y allá necesitan y exigen un ejercicio responsable de la política. La demagogia, el populismo y los extremismos sólo conducen a la ruina del bienestar y de la democracia.

Entro ya en asuntos del Consejo de Ministros.

En primer lugar, el Consejo de hoy ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan las unidades de igualdad de la Administración General del Estado. Estas unidades de igualdad, dentro de la Administración General del Estado tienen, entre otras, funciones, la de asesorar y coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes de igualdad entre hombres y mujeres de la Administración General del Estado. Así, como participar en las comisiones técnicas de Igualdad de Oportunidades, y  trato de mujeres y hombres, en las mesas generales, en la mesa de negociación de la Administración General del Estado. Recaban, además, información sobre la implementación de los protocolos frente al acoso sexual, y al acoso por razón de sexo.

Sobra pedir planes de igualdad a empresas o a entidades privadas si, efectivamente, la Administración General no da ejemplo. Por lo tanto, a propuesta de la vicepresidenta, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, y, también, de la ministra de Política Territorial y Función Pública, hemos aprobado este Real Decreto para que se regulen esas unidades de igualdad de los Ministerios.

Estas unidades de igualdad habían sido creadas en el año 2007 por la Ley Orgánica de Igualdad, con la finalidad de aplicar transversalmente ese principio de igualdad entre hombres y mujeres en la Administración General del Estado.

Por ello, para ello, la citada ley encomendó la creación de estas unidades de igualdad con una serie de funciones, que les acabo de relatar. Pues bien, este es el momento por el cual este Real Decreto desarrolla esa Ley en esta particular cuestión. Este Real Decreto regula la composición, adscripción orgánica, funciones y coordinación tanto de las unidades de igualdad de los distintos Ministerios, como de las unidades de igualdad que se puedan crear  eventualmente en los organismos públicos dependientes de los Ministerios. Se trata, pues, de una regulación homogénea para todas las unidades de igualdad, y que hace visible sus competencias, sus funciones, sus atribuciones y cómo tienen que ejercer el principio de transversalidad en la igualdad de trato.

También, el Consejo de Ministros de hoy ha aprobado un acuerdo, ha adoptado un acuerdo, por el que se formalizan los criterios de distribución, y la distribución resultante de 100 millones para el desarrollo de las CCAA y ciudades con Estatuto de Autonomía (estamos hablando de Ceuta y Melilla), del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es decir, forma parte del desarrollo de las medidas de Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por medio de este acuerdo se ha procedido a través de la Conferencia Sectorial a repartir estas cantidades entre las distintas CCAA en función de determinados, de distintos criterios de distribución, tales como puedan ser la insularidad, la ciudad fronteriza, el número de mujeres, mujeres de 65 años y más; mujeres extranjeras, mujeres con discapacidad, mujeres con trabajo temporal o paradas; población rural, dispersión.

He de decirles que el reparto de estos 100 millones entre las distintas Comunidades Autónomas para el desarrollo de estas medidas que van a prevenir la violencia de género, ha sido adoptado por unanimidad dentro de la Conferencia Sectorial de Igualdad.

En la reunión también se ha adoptado, hemos aprobado también, conectado con este tema, la distribución para el presente ejercicio de nueve millones y medio, de los cuales seis y medio serán para la asistencia integral a las víctimas de violencia de género y atención a menores. Uno, para desarrollar planes especializados. Y, dos, para programas de apoyo a víctimas de agresiones y abusos sexuales.

Por lo tanto, en total, se ha repartido con criterios, como digo, con adopción de acuerdos unánimes, 109.500 millones para 2019.

Además, el Consejo de Ministros de hoy ha acordado el Plan para el Impulso de Contratación Pública socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017, para contratos del sector público. Se trata de lo siguiente. Tiene la finalidad de trascender la función tradicional de la compra pública, usada para satisfacer las necesidades de bienes y servicios que pueda tener el sector público, y ampliarla poniendo esas decisiones de contratación al servicio de políticas consideradas estratégicas, como la política social. Se trata de contratar con aquellas empresas que, efectivamente, estén cumpliendo cláusulas, que tengan cláusulas sociales incorporadas.

Con este nuevo enfoque de la vertiente social de la contratación pública, conocida como Contratación Pública Estratégica, se favorecen oportunidades de empleo, trabajo digno, inclusión social accesibilidad, diseño para todo, comercio justo, cumplimiento de derechos laborales y sociales de los trabajadores. Es decir, la más amplia aplicación de las normas sociales, así como compromisos voluntarios más exigentes que puedan autoimponerse en forma de autorregulación las propias empresas.

Cabe considerar que en 2017, la Contratación Pública en España representó el 9,53 de nuestro PIB. Y el 13,1 del PIB de la Unión Europea. Por lo tanto, este acuerdo adoptado tiene un importante, debería tener, ha de tener y tendrá un importante impacto en lo que significa la mejora de las condiciones sociales en las que desarrollan su ejercicio los trabajadores del país.

Por tanto, el Plan pretende que las autoridades públicas con sus decisiones de compra influyan en el mercado e incentiven a las empresas que lo vienen haciendo bien, que pretenden dar esos bienes y servicios, pero que, al mismo tiempo, estén desarrollando una gestión socialmente responsable. Esta es la cuestión. Y queremos con este ejemplo, contratar con aquellas empresas que tengan incorporadas cláusulas sociales en su forma de trabajar, pues, de alguna manera, se extiendan en el país.

Además, hemos aprobado un Real Decreto por el que se modifica otro, relativo a los fabricantes de principios activos de uso farmacéutico y el comercio exterior de medicamentos y medicamentos de investigación. En otros términos, el Real Decreto que regulaba ambas cosas, las regulaba de manera conjunta. Y, actualmente, y siguiendo una directiva europea, se observa la conveniencia de regularlas de manera separada. De forma que, un Real Decreto tratará, efectivamente, de aquellos medicamentos de uso humano; y otro Real Decreto se dedicará, sobre todo, a desarrollar aquellas normas que hacen referencia a aquellos otros medicamentos que todavía están en investigación.

También hemos adoptado, y voy concluyendo, un Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la Red de Asistencia al Personal y Seguridad para el Personal Militar desplegado en zonas de operaciones, por un valor estimado de algo más de 29 millones de euros.

Se trata de generar una infraestructura tanto en misiones de Tierra, como marítimas, para que los militares desplazados en el exterior puedan comunicarse con España más fácilmente y, desde luego, con más garantías de seguridad en sus comunicaciones, en lugar de usar las redes locales que dependen de cada misión, y no siempre ofrecen las condiciones adecuadas.

Por último, hemos acordado algunas ayudas de restauración ambiental de minas clausuradas. En concreto, por un importe global de 20 millones de euros para la restauración ambiental de esas minas clausuradas con el fin también de poder aportar algunos otros puestos de trabajo a aquellos que han perdido su puesto en la minería. Se trata, fundamentalmente, de ayudar a fomentar la creación de empleo en aquellas zonas que están sufriendo más esta transformación.

Y con ello he concluido. Y voy a ceder la palabra ahora a mis colegas. En primer lugar, a la ministra de Justicia para que les explique a ustedes lo que, desde su Ministerio ha podido ser aprobado.

Muchas gracias.

Sra. Delgado.- Gracias ministra. Buenas tardes. Al Consejo de Ministros he traído dos Reales Decretos que son importantes por la repercusión que tienen en determinadas materias que nos preocupan. De una parte, el Real Decreto de creación de 75 unidades judiciales. Se trata de 53 unidades judiciales unipersonales y 22 nuevas plazas de magistrados en órganos colegiados, que paso a explicarles la distribución.

Estamos hablando de juzgados de Primera Instancia, en total 21 juzgados, de Primera Instancia e Instrucción --que se denominan mixtos--, que son 8; juzgados de lo Penal, que son 6; juzgados de lo Social, que son 11; juzgados de lo Mercantil, que son 4; y un juzgado decano exclusivo --que luego explicaré su función--, que es 1. Se trata de órganos judiciales que se distribuyen en las 17 comunidades autónomas. Para llegar a esta creación y distribución de órganos judiciales se ha mantenido un diálogo constante con el Consejo General del Poder Judicial así como con las asociaciones y corporaciones judiciales.

Esto es importante porque no se basa en criterios evidentemente políticos sino que se trata de criterios organizativos y de necesidades reales de la Justicia. Al tiempo hay dos juzgados que se han puesto en funcionamiento en la Comunidad Valenciana, que habían sido creados en el año 2011, pero no hubo voluntad de su constitución, así como, también, se ha creado la sección de Apelación Penal en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de, también, la Comunidad Valenciana. En este caso se debe, y se ha realizado, para cumplir con la doble instancia. Como bien saben ustedes, la segunda instancia y, especialmente, en materia penal, requiere de un esfuerzo de constitución de estos órganos judiciales. Todo ello se complementa con las cinco unidades judiciales que ya fueron creadas para la comarca del Campo de Gibraltar, como bien saben ustedes, en el Plan Integral de Lucha contra la Criminalidad Organizada --tráfico de drogas, blanqueo de capitales, trata de seres humanos-- que se estableció en el Campo de Gibraltar, se crearon estas cinco unidades judiciales que ya fueron entonces previstas.

Al tiempo al tiempo, el segundo de los decretos, se refiere a las 80 plazas de nueva creación de fiscales. Se trata de la modificación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal. Es importante decirles que es una modificación y una ampliación de la plantilla que no se producía desde hace cuatro años. Se habían producido unas importantes carencias en el desempeño de la función del Ministerio Fiscal. Estas 75 plazas, estas unidades judiciales y éstas 80 plazas de la plantilla del Ministerio Fiscal se unen a un plan de acción y de choque que ya tuvo, también, reflejo en la creación de las 300 plazas en la convocatoria de las 300 plazas para las oposiciones de jueces y fiscales.

Se han tenido en cuenta --como les decía--, la colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, con la Fiscalía General del Estado, y con las asociaciones de jueces y fiscales, y con los grupos de trabajo que se han creado para el desarrollo de esta plantilla pero, también, ha sido muy importante la materia de los objetivos que se tenían con la creación de estas plazas judiciales y fiscales.

Hay una parte muy importante de lucha contra la corrupción, y ahora les explico el por qué. Esto es un objetivo fundamental que se ha tenido por el Gobierno y que, además, ahora se ha plasmado de esta manera. Se crean 9 plazas de fiscales en la Fiscalía Especial Anticorrupción y contra la criminalidad organizada. Se trata de plazas que eran absolutamente necesarias por el volumen de trabajo que tenía y que tiene la fiscalía anticorrupción que dio lugar a que existan comisiones de servicio con funcionarios fiscales que no tenían una plaza asignada y en propiedad. De esta manera, se garantiza la estabilidad en la plantilla de la Fiscalía Anticorrupción, esencial. Muy importante, también, en esta materia, en la lucha contra la corrupción es la creación de una plaza de fiscal nuevo ante el Tribunal de Cuentas. Se amplía una plaza ante el Tribunal de Cuentas que, al fin y al cabo, es quien fiscaliza las cuentas del Estado, con lo cual es muy importante y esencial para la lucha contra la corrupción; en este caso, también, la corrupción de las cuentas, posible corrupción de las cuentas públicas.

Les he expresado anteriormente el compromiso en la lucha contra la Criminalidad Organizada que así se ha demostrado con el Plan de Estrategia en la comarca del Campo de Gibraltar pero, también, decirles que estamos descentralizando algo que es muy importante, que es la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos: la "ORGA". La ORGA --que tiene su sede en el Ministerio de Justicia--, es una oficina que presta ayuda y asistencia a los órganos judiciales y fiscales, ¿en qué?, en la asfixia económica a las organizaciones criminales, investigando y colaborando en la investigación de delitos de blanqueo de capitales.

Pues, bien, la descentralización de la ORGA tuvo lugar en la apertura de una oficina en Algeciras, precisamente en este paquete de medidas, para colaborar y contribuir a la disminución de la actividad delictiva en la comarca del Campo de Gibraltar. También, se ha tenido en cuenta en la creación de estas plazas fiscales y de órganos judiciales, el compromiso para y por los derechos de los más vulnerables como son, por ejemplo, los discapaces, los discapacitados y, también, los ancianos. Acabamos de conocer ayer un terrible --como bien saben ustedes--, un terrible testimonio gráfico de lo que había ocurrido en un centro geriátrico en relación a ancianos discapacitados que se encontraban en este centro geriátrico. Se ha creado una figura que es fundamental, que es la de Fiscal de Sala Coordinador para discapacitados y personas mayores que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad.
¿Esto qué significa? Que desde la Fiscalía General del Estado va a haber una figura --en este caso, un fiscal de sala que es el más alto rango dentro de la carrera fiscal--, que va a determinar qué medidas de coordinación, qué acciones --y va a recepcionar, también--, denuncias sobre situaciones de vulnerabilidad, tanto para discapacitados como para los ancianos. Entraría plenamente sus competencias en esto que, por ejemplo, sucedió ayer.

También, señalarles como algo importante dentro de nuestra política de género, esta política transversal de pensar siempre en clave de género, la creación de más plazas de segunda categoría, por ejemplo, fiscales y magistrados que plazas de base, y hablo de jueces y fiscales. ¿Por qué? Como bien saben ustedes, la base de nuestra pirámide de jueces y fiscales es mayoritariamente mujeres, pero luego se genera un cuello de botella a la hora de los ascensos. ¿Por qué? Porque hay más plazas en la base que en la cúpula de la pirámide. Tenemos que ir adaptando esta pirámide y esta cúpula, ir abriendo esas plazas intermedias para que las mujeres que se encuentran en la base puedan acceder a unas plazas de categoría superior, y así paulatinamente; de modo y manera que, por ejemplo, en las 80 plazas que se han creado de fiscales hay una mayoría de plazas de segunda categoría donde las mujeres van a poder tener acceso. Lo mismo sucede, como les decía anteriormente, en cuanto a la creación de unidades judiciales. Hemos creado más plazas para magistrados y magistradas de las audiencias o en las audiencias provinciales.

Decirles, también, y eso nos parece fundamental, que el coste va a ser, aproximadamente, de unos 15 millones de euros entre la creación de las 75 plazas y las 80 plazas. Es un coste que, al final, en definitiva, supone un ahorro porque no se trata de situaciones, lo que se han tenido en cuenta, coyunturales, sino son reposición de plazas estructurales; es decir, en aquellos espacios donde había ya refuerzos de más de 3 años se han creado las plazas para -de este modo-fijar lo que son las plantillas. Por lo tanto, es una inversión estructural que nos parece fundamental, también, en materia de Justicia, es una buena gestión de los recursos. Se les facilitará --para que lo tengan a mano-- cuál ha sido la distribución de plazas de órganos judiciales unipersonales y colegiados y, también, de las plantillas de la Fiscalía porque es muy interesante, también, ver el mapa, qué responde este mapa a la litigiosidad, a la criminalidad, y a los objetivos en aquellas zonas que más lo requieren y que más lo requiere el servicio público de la justicia y más lo requiere la ciudadanía.

El segundo -esta sería la primera parte de medidas que hemos traído para culminar esta necesaria modificación de las plantillas--, bloque de medidas que ha traído el Ministerio de Justicia al Consejo de Ministros se refiere a un informe muy interesante sobre la estrategia de modernización y digitalización de la Justicia. Este informe se enmarca dentro de un plan general que, también, se está trabajando en el Ministerio de Justicia mucho más amplio sobre la calidad de la justicia. Como bien saben ustedes hay una cierta desafección entre la ciudadanía y la justicia, de hecho, en el último CIS apenas al 0,82% de la ciudadanía le preocupaba la justicia y, sin embargo, hay un 80% de ciudadanos que no tienen una sintonía con la Justicia.

Por lo tanto, desde el minuto uno se trata de determinar, y detectar, y diagnosticar los problemas de la Justicia. Así se hizo, y una de las materias que más nos preocupó fue que la digitalización de la Justicia se había realizado hasta ahora sin contar realmente con los operadores jurídicos: con jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados, procuradores y, también, con los propios usuarios de la justicia, con la ciudadanía; por lo tanto, determinamos un plan que, en primer lugar, decidió diagnosticar cuál era la justicia y lo avanzamos. Necesitábamos racionalizar los medios que teníamos, porque se han gastado más de 2.000 millones de euros en la digitalización de la justicia y dimensionar esos medios existentes. Esto lo dijimos ya en julio a través del diálogo. Se han visitado más de 30 oficinas judiciales y fiscales, se han creado grupos de trabajo con el Consejo General del Poder Judicial y, también, con la Fiscalía General del Estado y una parte que se ha cuidado especialmente han sido la Oficina de Atención a las Víctimas, a las víctimas tanto de violencia de género, como a las víctimas de agresiones sexuales relacionadas con menores y con personas de especial vulnerabilidad.

Todo ello nos ha llevado al establecimiento de una serie, de una necesidad de herramientas informáticas y de herramientas informáticas adecuadas. Hasta ahora se han repartido más de 8.000 ordenadores, 2.600 tablets, hemos determinado el ahorro de 550 horas de trabajo en los distintos centros judiciales y fiscales solamente -fíjense--, con la reducción del tiempo de arranque de los ordenadores. Tardaban mucho en ponerse en marcha y esto suponía una pérdida enorme de tiempo. Hemos determinado la posibilidad de ahorrar tiempo -que, vamos a ver, a los profesionales de la justicia les desespera, encienden el ordenador, no se enciende, no acaba de funcionar aquello--. Bueno, pues, ese tiempo de arranque, esos motores de arranque los hemos ajustado, hemos transformado la digitalización de las salas de vistas con los sistemas de grabación, y les voy a explicar cuál es la importancia de esto. Las 550 horas es importante, pero lo que les voy a explicar es todavía más importante.

Con la preconstitución de la prueba en el caso de los delitos cometidos tanto sobre menores como sobre mujeres víctimas de agresiones sexuales estamos --saben ustedes-,- que se está preconstituyendo la prueba, la reconstitución de la prueba supone una filmación o grabación de determinados testimonios cuando la víctima es testigo para evitarles la doble revictimización que supone tener que volver a declarar, especialmente en el caso de los menores, tener que volver a declarar en una sala de vistas con su agresor enfrente. Para evitar esto, se ha previsto -y se prevé en la norma-la preconstitución de la prueba. Pues, bien, teníamos disfunciones a la hora de grabar estas pruebas, estas testificales y, también, a la hora de transcribir estas testificales. Se ha aplicado un procedimiento y un sistema tecnológico para que inmediatamente que se está grabando aparezcan los subtítulos, aparece la textualización -así se llama-, de forma automática. Esto que nos puede parecer algo que no tiene importancia, tiene una trascendencia enorme probatoria en el proceso porque supone evitar esa revictimización a los menores que tienen, para evitarles tener que declarar dos, tres y hasta cuatro veces en situaciones realmente dramáticas.

Otro tema que se ha tratado y que, además, se ha conseguido, es la anonimización automática de documentos electrónicos. Les voy a poner el ejemplo que tuvimos -como bien conocen-con la sentencia de la Manada. Se produjo una publicación de algunos nombres que afectaban a la intimidad y, especialmente, de la víctima. Se ha establecido y se ha creado un sistema automático para impedir que se conozcan los nombres reales o la identidad de aquellas personas que pueden verse afectadas en la publicación de una resolución judicial. Creemos que es muy importante para preservar esta identidad y, sobre todo, que no se produzcan -repito-, revictimizaciones ni de mujeres ni de menores.

Estamos hablando, también, de acercamiento para la presentación de escritos a través de la sede judicial electrónica. Se ha creado un almacén electrónico en la nube para los abogados y procuradores y para que tengan un escritorio electrónico para acceso remoto a esa oficina judicial electrónica. Y algo que ha sido fundamental, y esto nos ha venido también por el diálogo que ha habido entre el Ministerio y las comunidades autónomas para la interoperabilidad de los distintos sistemas electrónicos. Quiero decir, entre Ministerio, zona Ministerio y comunidades autónomas con competencias transferidas podían producirse disfunciones en el flujo de información. De esta manera hemos conseguido que la información fluya de la zona Ministerio y las comunidades autónomas que tienen competencias transferidas. Y todo este plan, toda esta  estrategia que se está desarrollando viene también acompañada con la inversión que se está haciendo desde el Gobierno.

De esta manera, hoy he traído la autorización de dos contratos --necesaria autorización del Consejo de Ministros del Gobierno porque superaban los 12 millones de euros--, uno que se ha encargado a la empresa pública Ineco, que depende de Fomento, relativo al apoyo de la justicia electrónica a la gestión del centro de desarrollo y transformación digital de sedes sociales. Es un contrato que se va a desarrollar a lo largo de cuatro años desde este 2019 hasta el 2022, y que se aproxima a los 100 millones de euros. El segundo de los contratos es por 64 millones de euros, tiene una vigencia -también, como el anterior--, de cuatro años y lo que da es continuidad operativa a los servicios de justicia digital en algo tan importante como la Oficina Electrónica Digital, Oficina Electrónica Fiscal, Registros Civiles, Institutos de Medicina Legal --que a veces son los grandes olvidados en todo esto--, y los institutos de Toxicología y Ciencias Forenses.

Con esto se cierra, o se engloba, una actuación en algo que es fundamental como es la modernización y esta estrategia de la administración de justicia del futuro de este siglo XXI. Muchísimas gracias.

Portavoz.- Muchas gracias ministra. Ministra de Industria.

Sra. Maroto.- Muchas gracias ministra. Buenos días. En el Consejo de Ministros hemos aprobado un conjunto de instrumentos para mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y contribuir, también, al crecimiento empresarial, y lo hemos hecho para acompañar a nuestro tejido productivo, a nuestro tejido empresarial, a afrontar con éxito retos tan importantes como son la digitalización, como es la sostenibilidad, o como es la internacionalización.

Si les parece, antes de abordar cuáles son estos instrumentos les voy a analizar algunos de los objetivos que, a través del análisis que se ha hecho, hemos identificado en relación con las pymes españolas. Lo primero que tienen que saber es que España es un país de pymes y lo es porque, como ven, casi nueve de cada diez empresas en España son pymes. Además, tienen una alta concentración del empleo que se genera y más de la mitad son micropymes. Eso significa que tenemos -fijaros--, un 54% de empresas que no tienen asalariados, es decir, que son unipersonales y el protagonismo de este pequeño micropyme y el pequeño tamaño que tiene nuestra empresa es, sin duda, un desafío, es un desafío para el crecimiento económico porque tienen más dificultades para atraer talento para, también, innovar para crecer y, sobre todo, para internacionalizarse.

Cuando nos comparamos con la Unión Europea nos encontramos con que la pyme española es más pequeña y, por tanto, menos competitiva, apenas el tamaño de nuestra empresa es de 4,5 trabajadores por empresa frente, por ejemplo, al 11,7% que tiene Alemania y eso resta productividad a nuestras empresas donde -como ven--, apenas tienen una productividad de 35.304 frente a los casi 50.000 que tiene Alemania que sería uno de los referentes.

En relación con otro de la caracterización que les quiero comentar sobre la pyme española, creemos que es una pyme que se concentra sobre todo en el sector servicios puesto que el modelo productivo se ha terciarizado demasiado y eso, también, resta competitividad porque si consiguiéramos --que este es el objetivo del Gobierno--, reindustrializar España, que la industria gane más peso en el PIB español, tendríamos un modelo productivo mucho más equilibrado puesto que la industria es un sector que gana mucho más tamaño que el sector servicios.

Y, otra de las limitaciones que tiene nuestra pyme española es que está muy concentrada. Prácticamente el 50% de las pymes se concentra en tres comunidades autónomas y, por lo tanto, esta excesiva concentración lo que requiere es tener una mirada, una mirada que nos permita reequilibrar territorialmente la presencia de las pymes en el territorio y en eso ya hemos estado trabajando y, de hecho, el Plan Reindus que aprobamos a finales de diciembre busca, también, este objetivo de reequilibrar el peso que tiene en estos momentos la pyme española.

Y, fruto de este diagnóstico que es mucho más amplio y al que podrán acceder una vez colguemos la documentación en el Ministerio de Industria, digo que fruto de este diagnóstico donde, sin duda, encontramos muchas debilidades en la pyme española, lo que hemos hecho en estos meses ha sido trabajar para definir un marco estratégico de la Política de Pyme. Un marco estratégico que, además, tiene una mirada de largo plazo con un horizonte a 2030 y en el cual todas las administraciones públicas pero, también, los agentes económicos y sociales conocemos cuáles van a ser de alguna manera los requerimientos hacia dónde tenemos que orientar la política de pyme de forma que podamos trabajar de forma alineada, de forma coordinada. Esta es la primera vez que se hace puesto que hasta ahora lo que elaborábamos eran planes estatales sin ningún tipo de coordinación -como digo-- con otras administraciones públicas --y hablo de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales-- y tampoco alineadas con lo que está haciendo la empresa y los agentes económicos; por lo tanto, se trata de un marco, un marco con una mirada de largo plazo que nos permite alinear todas las acciones que hagamos los distintos agentes que estamos implicados en el apoyo a la pyme y, también, conocer hacia dónde tenemos que reorientar nuestras actuaciones para avanzar en esos grandes objetivos, como son --como digo--: la mejora de la competitividad y ese crecimiento necesario de la empresa.

Un marco que, además, se ha hecho con un proceso muy participativo en el cual se han desarrollado desde el ecosistema a la elaboración de la estrategia y, luego, a través del Consejo Estatal de la pyme hemos podido trazar cuáles han sido tanto las palancas que nos van a orientar a todos -como digo-que tenemos que desarrollar este marco estratégico y, también, las actuaciones para conseguir mejorar nuestro tejido empresarial.

El marco -como les decía-sale de este proceso participativo con dos grandes objetivos: el de incrementar la competitividad de nuestro tejido empresarial y el de acompañar y desarrollar un ecosistema que permita a nuestra empresa crecer, puesto que como han visto una de nuestras principales debilidades, es el pequeño tamaño de nuestra empresa, la atomización. El marco estratégico recoge 7 palancas de actuación que --como digo-- nos van a guiar en la política pyme que desarrollemos todos los agentes públicos y privados, y 50 actuaciones. 7 palancas que abordan elementos tan importantes como el emprendimiento, la gestión empresarial y el talento, el marco regulatorio, la financiación, la innovación y la digitalización, la sostenibilidad y, cómo no, la internacionalización.

Hablamos de un marco estratégico en el que queremos trabajar desde que la empresa se crea hasta su crecimiento y consolidación y, cómo no, en la última etapa que es la internacionalización; por lo tanto, abordamos todo el ciclo de vida de la empresa. Repito, ecosistema para que se creen empresas, para que luego se consoliden y crezcan y, como no, para que den ese paso tan importante como es la internacionalización.

Brevemente, en cuanto a las 7 palancas de actuación tienen --y les vamos a pasar la presentación-- en el emprendimiento porque es necesario, es necesario crear un entorno favorable para que se pongan en marcha proyectos empresariales. Si analizamos los datos del Informe GEM lo que vemos es que tenemos todavía una baja tasa de emprendimiento en España y, por lo tanto, es muy importante crear ese ecosistema para que se creen empresas. Y, también, incorporamos otros elementos dentro de esta palanca que tiene, también, que ver con facilitar la segunda oportunidad, algo que todavía en España no se estaba desarrollando como actuación relevante dentro de esta política pyme con mirada de largo plazo.

Por supuesto, la gestión empresarial y el talento, necesitamos profesionalizar a los gestores empresariales y atraer, tener el mejor talento en nuestras empresas para aprovechar retos tan importantes a los que luego me referiré, como son la digitalización o la sostenibilidad; por lo tanto, el mejor talento es --sin duda--, el éxito también para nuestra política pyme.

El marco regulatorio aborda un tema muy importante que tiene que ver con la remoción de las trabas para el crecimiento en un ámbito --como digo--, que nos permita avanzar en el crecimiento y la consolidación de las empresas y, por lo tanto, crear ese marco regulatorio que de alguna manera elimine las trabas al crecimiento. Es fundamental, también, el acceso de la pyme a la contratación pública.

La cuarta de las palancas tiene que ver con la financiación. Ahí, como ven, las recomendaciones del marco estratégico es que tenemos que seguir avanzando en instrumentos alternativos al crédito bancario. Por supuesto, los mecanismos para reducir la morosidad --este es un tema clave en la política pyme--, tenemos que dotarnos de mejores mecanismos para reducir -insisto--, la morosidad puesto que la ley que establece 30 días para la morosidad con el sector público y 60 para la morosidad con el sector privado, no se está cumpliendo. Hay un diagnóstico dentro del marco pyme donde se ve que estos plazos son mucho más largos y, por lo tanto, este es también un elemento muy importante que se ha incorporado, también, por primera vez al marco de actuación de la pyme, con elementos tan importantes como implantar un régimen sancionador, o un sistema arbitral de morosidad y, cómo no, promover códigos de buenas prácticas dentro de los elementos que recoge la palanca de financiación.

La siguiente palanca tiene que ver con la innovación y la digitalización. Estamos en la economía 4.0 y, por lo tanto, tenemos también que acompañar a nuestras pymes para que haya una mayor penetración de la innovación y la digitalización. Esto es, sin duda, es una oportunidad y en línea con esta palanca el Gobierno, el Consejo de Ministros, aprobó hace dos semanas el Plan de Programa de Industria Conectada 4.0 dotada con 50 millones que supone, efectivamente, ese compromiso por dotarnos de instrumentos que den contenido a la palanca recogida en este marco estratégico.

La sostenibilidad es otro de los elementos que, sin duda, supone en estos momentos una oportunidad para nuestras pymes para seguir creciendo y generando empleo. Como ven, es necesario avanzar en la transición hacia una economía baja en carbono, también, aprovechar los elementos que nos da la economía circular e incorporamos, también, algunos elementos que tienen que ver, por ejemplo, con el cálculo de la huella de carbono o elaborar planes para la reducción de emisiones.

Y, por último, en esa vida que tiene una empresa, sin duda, una vez que se crea, crece y se consolida, el paso necesario a la internacionalización que es otra de las palancas que, sin duda, van a suponer y España suponiendo la creación de riqueza y empleo nuestro tejido empresarial. Tenemos, sin duda, que mejorar los instrumentos que tenemos para aprovechar mejor la internacionalización de nuestras pymes y, por supuesto, que existan estos instrumentos financieros para adecuarlos a las necesidades.

Un marco estratégico que, además, se ha dotado de un modelo de gobernanza. El Consejo Estatal de la pyme --que ya existe--, le dotamos de más instrumentos para poder hacer el seguimiento de este marco; de hecho, se va a elaborar un informe anual para ir conociendo el avance del marco estratégico y hay un compromiso de llevar este informe anual al Consejo de Ministros, lo cual nos dota de una garantía de que este marco estratégico está entre las prioridades, sin duda, de este Gobierno.

Decía que el Consejo Estatal va a ser el órgano que gobierne este marco estratégico y nos dotamos de grupos de trabajo, de una oficina de seguimiento y, por supuesto, de un consejo asesor que va a permitir al Consejo Estatal ir tomando decisiones para garantizar que todos los agentes implicados en el desarrollo de este marco vamos cumpliendo los objetivos que nos hemos marcado.
Decía que este marco estratégico nos orienta, nos da recomendaciones a todos, agentes públicos y privados, para conseguir esos dos grandes objetivos: mejorar la competitividad --sin duda-- de nuestro tejido empresarial pero, también, crecer, que es clave para que esa competitividad sea posible y podamos, por lo tanto, en los mercados globales ganar fuerza y el Gobierno y el Consejo de Ministros ha aprobado ya las primeras líneas que dan contenido al marco estratégico.

Las líneas que Enisa a través de la línea Pyme, la línea empresa base tecnológica, y la línea de jóvenes emprendedores, que suman en total 98,5 millones de euros, son líneas que inciden en tres de las siete palancas a las que me he referido. Inciden en la palanca de emprendimiento, inciden en la palanca de financiación y, también, en la palanca que tienen que ver con innovación y digitalización, porque queremos aumentar la base de empresas de base tecnológica y para ello es muy importante la línea que hemos dotado con 20,5 millones de euros que nos va a permitir desarrollar proyectos de empresas de base tecnológica y, por lo tanto, liderar nosotros también el desarrollo tecnológico de este país.

Es muy importante el papel que tiene Enisa en este marco estratégico a través del desarrollo de estas tres líneas puesto que, como ven, el impacto esperado de estas tres líneas es que se podrían crear hasta 1.600 empleos directos. No hemos calculado los inducidos, pero sin duda son muy relevantes también y, además, tienen una inversión inducida muy importante cercana a los 220 millones de euros. Eso significa que por cada millón de euros que movilizamos a través de Enisa se movilizan más de 2 millones. Por lo tanto, repito, muy importante, que estos primeros instrumentos de apoyo a la política pyme los desarrolle el Gobierno para animar al resto de administraciones a que todos nos alineemos en un objetivo común como es la política pyme de este país.

Junto con las líneas de Enisa hemos aprobado, también, en el Consejo de Ministros, una nueva línea que hemos llamado Fiem pymes, una línea para la internacionalización de la pyme española porque con ello no sólo contribuimos a la última palanca de sino que, además, damos también solución a un fallo de mercado, y es que las líneas de internacionalización que tenemos activadas desde el Gobierno de España estaban, sobre todo, copadas por las grandes y medianas empresas. Con ello, conseguimos, con el desarrollo de esta línea específica y orientada a proyectos de internacionalización de menos de 3 millones que haya una línea específica orientada a que nuestra pyme, nuestra pequeña y mediana empresa, también, se beneficie de las oportunidades que supone la internacionalización.

Esta línea está dotada con 50 millones de euros y, como digo, va a favorecer que las pequeñas y medianas empresas utilicen la internacionalización, también, como una palanca para seguir creciendo y creando riqueza. Y, junto a estas líneas --como digo-- de Enisa y Fiem pyme, también, se ha aprobado en Consejo de Ministros las ayudas para promover la mejora de la eficiencia energética en las pymes y en las grandes empresas. Estas ayudas dependen del Idae que, como saben, es un órgano dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. De esta manera, como pueden ver, en el marco estratégico no solo nos alineamos sector público y privado sino que, además, el marco estratégico nos obliga a todos los ministerios, a todos los departamentos ministeriales a dotarnos de instrumentos para avanzar en su desarrollo. Por lo tanto, también, desde el Ministerio de Transición Ecológica, hoy, hemos aprobado 307 millones de euros que nos van a permitir, sin duda, seguir avanzando en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y, también, en la eficiencia en el consumo de energía final.

Unas ayudas que se centran, fundamentalmente, en la mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales y, también, en la implementación de sistemas de gestión energética que, como digo, nos van a permitir avanzar en ese gran desafío que es combatir el cambio climático y preservar nuestro medio natural alineándonos de nuevo con esa agenda 2030, la agenda del cambio, que el Gobierno presentó en meses anteriores.

Como digo, los beneficiarios van a ser, sobre todo, sector industrial pyme y gran empresa, y los fondos de redistribuyan por todas las comunidades autónomas. Ceuta y Melilla están distribuidos de forma, también, objetiva y aprobados por la Conferencia Sectorial.

En definitiva, se trata --como digo--, de un marco, un marco estratégico con unos primeros instrumentos que en el que situamos a la pyme en el centro de la agenda económica que está impulsando este Gobierno, una agenda económica que, sin duda, nos está permitiendo ya modernizar el modelo productivo para hacerlo más sostenible e inclusivo.

Creo que la mejora y el situar a la pyme en el centro de la agenda económica teniendo en cuenta que España es un país de pymes nos va a permitir, como digo, seguir creciendo, seguir creando empleo y como no, bienestar y redistribuyéndolo para que nadie se quede atrás.

Muchísimas gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra. Estamos a sus preguntas.

P.- Beatriz Fernández de Europa Press. Buenas tardes. Quería preguntarle a la portavoz por dos asuntos: Iberia y Vueling ya han presentado sus planes de contingencia ante la posibilidad de un Brexit duro, a la Agencia de Seguridad Aérea. Quería saber si el Gobierno tras ver esta documentación llega a la conclusión de que las compañías demuestran que siguen siendo compañías españolas --aún con el Reino Unido fuera de la UE--, y si en estos planes plantean cambios en su accionariado.

Y, luego, otro tema completamente distinto. El Diplocat ha anunciado hoy que retoma su actividad. Quería saber qué tipo de seguimiento va a hacer el Gobierno a las actividades de este organismo y qué tipo de actividades entrarían dentro de lo admisible para el Gobierno y cuáles no. Gracias.

Portavoz.- En relación al tema de las compañías aéreas que usted ha mencionado, Iberia y Vueling, el Gobierno viene trabajando desde el principio con ellas y en conversaciones permanentes con el fin de que de asegurar esos servicios que venían realizando. Estamos a lo que, efectivamente -como ustedes saben-, estamos a la espera de lo que finalmente se traduzca en los plazos de prórroga que ha dado la Unión Europea al Reino Unido pero, claro, no nos sorprende que Iberia y Vueling estén trabajando en esa dirección y, desde luego, el Ministerio de Fomento viene trabajando con ellas desde un principio.

Con respecto al tema del Diplocat, obviamente, el Gobierno siempre atiende y sigue todos los movimientos de Diplocat pero no sé si la ministra de Justicia tiene algo más que añadir.

Sra. Delgado.- Sí, se siguen, se atienden --como bien saben--, pueden en algunas actividades suponer o rebasar lo legalmente permitido y previsto. En estos casos donde estamos es en la línea de la posible malversación de fondos públicos, como bien saben ustedes; por lo tanto, lo que estamos es expectantes y atentos a ello.

P.- Hola buenas tardes, portavoz. Maria Antonia Lopez. Telemadrid. Yo quería preguntarle al hilo de la polémica que siempre se forma en las campañas electorales a cuenta de los debates, si cree que ha llegado el momento de regular, de establecer por ley cuándo tiene que ser un debate, dónde tienen que, quiénes tienen que participar, en qué medios tienen que hacerlo.

Portavoz.- Bueno, pues con toda seguridad pensamos que, efectivamente, hay bastante reflexión pendiente de hacer a ese respecto, pero serán las fuerzas políticas representadas en la Cámara las que deban activar ese debate.

P.- Hola, buenas tardes ministras. Iñaki Aguado. Telecinco. En relación a los líderes independentistas procesados en el Tribunal Supremo, Pablo Iglesias esta semana en una entrevista ha dicho que si un general golpista como Armada mereció el indulto, quizás pueda haber más personas que lo puedan merecer. Me gustaría saber si este Gobierno comparte esa reflexión habida cuenta de que en otros casos como el de la eutanasia de María José Carrasco, el presidente del Gobierno no ha tenido problema en pronunciarse sobre los indultos.

Y, precisamente, también, sobre este caso de Angel Hernández y María José Carrasco, este caso de la eutanasia a la ministra de Justicia, me gustaría preguntarle, dado que en el caso la juez se ha inhibido en favor del Juzgado de Violencia de Género, quiero saber ¿qué le parece a este Gobierno esa derivación, si la entiende, si la comparte y por qué?

Una tercera pregunta sobre otro caso que, también, hemos visto esta semana, el caso de la residencia de ancianos los Nogales en Madrid. A la luz de esas imágenes que hemos visto todos y que tanto impacto social han tenido, de ese maltrato a ancianos, me gustaría saber ¿qué reflexión hace el Gobierno? ¿Qué se puede hacer para que esto no ocurra? ¿Y si les preocupa que estén fallando los servicios sociales de inspección?

Portavoz.- Gracias. Le vamos a ceder la palabra a la ministra de Justicia. Si quiere usted alguna opinión mía también se la daré.

Sra. Delgado.- Bueno, en relación, en primer lugar, a los indultos, decir que yo creo que ya se ha manifestado en otras ocasiones. El indulto es una medida de gracia que no puede preverse hasta tanto en cuanto no haya recaído, en su caso, una sentencia condenatoria y, además, tiene que ser una sentencia condenatoria firme. Esto se ha dicho en relación a la causa especial que se sigue en el Tribunal Supremo, en cuanto al procés, y yo creo que ha sido constante esa afirmación por parte del Gobierno y, específicamente, por parte del presidente del Gobierno.

No se puede hacer justicia ficción, no podemos determinar que va a ocurrir hasta tanto en cuanto no se den las condiciones para determinarlo, esa es la primera.

En cuanto al supuesto que conocimos la semana pasada del caso de Angel y María José y la situación que se produjo, es cierto que se hizo una valoración de estos hechos, pero es una valoración acorde con el propio propósito del Gobierno, en su caso, para regular la eutanasia, en la línea en la que ya se había propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista allá por el mes de mayo del año 2018. Esa era la línea en la que se manifestó el presidente del Gobierno.

Por lo que pregunta usted en cuanto a la derivación a un juzgado de Violencia de Género de este caso, realmente es una situación complicada, y es complicada porque existen distintas interpretaciones de la norma que, como bien se sabe, pues en este caso la juez… Antes de nada quiero decir que preservamos e intentamos no inmiscuirnos en un procedimiento judicial que está ahora mismo desarrollándose para respetar esa independencia judicial, pero sí se puede explicar a la opinión pública que existen distintas posibilidades de interpretación de la norma y, especialmente, de interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre del año 2018, que es en la que se ha basado la juez que se ha inhibido.

Vamos a ver, tenemos que entrar también en qué hechos son. Estos hechos no son -y así lo entiendo yo y no quiero con esto prejuzgar, ni inmiscuirme en otras derivaciones--, pero no es una agresión. Lo dijo el propio el propio Angel, se trataba de un acto de amor, según manifestó; por tanto, la norma admite interpretaciones. Estas interpretaciones no son unívocas y yo creo que hay que tener, también, una sensibilidad con los hechos y con lo que ha ocurrido, y valorarán los jueces, valorarán los tribunales pero yo creo que están abiertas en este caso todas las posibilidades. No estamos ante una agresión sino ante un acto voluntario solicitado --en este caso--, por la propia persona que falleció.

Y, finalmente, en cuanto a la residencia geriátrica, cuyo caso tuvimos ocasión de ver ayer con unas imágenes realmente tremendas e impactantes, claro que existe una sensibilidad por parte del Gobierno, como no puede ser de otra manera, y en la exposición que les he hecho, una de las medidas que se adoptan es la creación, justamente, de esta plaza de fiscal coordinador, fiscal de sala coordinador de estos supuestos, de modo y manera que pueden dar instrucciones, recibir denuncias y, sobre todo, establecer una red de fiscales que puedan controlar situaciones como las que se produjeron ayer y que, además, habían sido objeto de denuncias por los familiares aportando, también, en su caso, exposiciones físicas de lo que había ocurrido. Por lo tanto, sí existe una gran sensibilidad y una de las respuestas a situaciones como esta es la creación de la figura del Fiscal Coordinador protector de las personas mayores y con discapacidad.

P.- Hola, buenas tardes. Aizpea Zearreta de ETB. Me querría dirigir a la portavoz para preguntarle. Estos últimos días ha habido una negociación intensa entre el Gobierno central y el Gobierno vasco, sobre la mesa cuatro transferencias, cuatro de las pendientes. Ayer hubo una última reunión bilateral, finalmente no hubo acuerdo, no se pudo cerrar ese acuerdo de las cuatro transferencias. Querría saber qué lectura hace el Gobierno, si existe posibilidad de aquí al 28 de abril de abrir una nueva negociación o seguir con ésta. ¿Qué es lo que ha fallado?

Portavoz.- Efectivamente, como usted me dice, la Comisión de Transferencia se reunió, yo creo que un par de veces o tres --yo creo que por lo menos tres veces--, se ha trabajado intensamente. El Gobierno de España tiene voluntad de llevar a cabo esas cuatro transferencias. De esas cuatro transferencias, concretamente la del seguro escolar, estaba ultimada. Hay otras tres en las que hay algunas diferencias, son flecos. Nosotros, el Gobierno de España, quiere seguir trabajando en ellas, tiene firme voluntad de poder completar el Estatuto de Autonomía porque es bloque de constitucionalidad.

Como usted bien sabe, pueden producirse diferencias en ese proceso porque pueda haber diferentes cálculos, tanto por el Ministerio de Hacienda como por el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, o como pueda haber formas de transferirlas pero, desde luego, lo que sí le puedo asegurar es la voluntad del Gobierno de España para hacer esas transferencias tal y como estaba perfectamente indicado en la agenda que se envió con los tres bloques para hacer las transferencias, el que se envió desde el Gobierno de España al Gobierno Vasco en su día.

P.- Buenas tardes. Yolanda Mármol. "El Periódico". Yo quería volver sobre el tema de los debates, portavoz. Dicen ustedes que con toda seguridad habrá, hay una reflexión pendiente y que serán las fuerzas políticas en el próximo Congreso las que deberán abordar el tema. Yo quería conocer cuál es la opinión del Gobierno al respecto, si considera que esa modificación de la Ley Electoral debería marcar que fuera la Televisión Pública el marco donde se deben realizar esos debates o, por el contrario, considera que se deberían quitar algunos de los corsés que se ponen ahora a esa televisión pública sobre las fuerzas o los candidatos que deben estar representados en ese debate. Gracias.

Portavoz.- Mire, le voy a decir lo que corresponde, lo que me corresponde decir dentro de los límites de mi competencia, porque estamos hablando aquí en un período como es el periodo electoral, justo en campaña electoral y lo que puedo decirle es que aquí es la Junta Electoral Central la que indica el organismo competente para hacer las indicaciones y las instrucciones correspondientes, y por esas instrucciones se rige -obviamente--, la Radio Televisión Española.

En relación al asunto de los debates, en este momento, se mantiene -como bien ustedes saben--, en una absoluta discrecionalidad. Son los comités electorales de cada una de las fuerzas políticas las que deciden cómo hacerlo, y lo hacen legítimamente en ejercicio de sus funciones; por tanto, más no le puedo decir, es decir, el Gobierno no ha entrado en esta cuestión y, por lo tanto, yo tengo que someterme de manera muy disciplinada, hoy en particular, a lo que significa relatarles las decisiones del Consejo de Ministros, y el Gobierno no ha entrado en esto.

P.- Muy buenas tardes. Muchas gracias, ministras. Javier Diez Bazaga. PROMECAL. Yo quería preguntar. Ha hecho mención la ministra portavoz a la restauración de las minas clausuradas. Me gustaría si puede darnos más detalles, no sé si la ministra de Industria. ¿Cuál es, qué inversiones van a llevarse a cabo en ellas y qué estimación de empleo -ya que lo ha mencionado-- se puede generar en ellas? Gracias.

Sra. Maroto.- Bueno, como ha indicado, los 20 millones son para temas medioambientales, la recuperación medioambiental. Creo que es un elemento muy importante, son minas que --como han dicho-- están abandonadas y que, por lo tanto, lo que queremos es hacer una inversión para que, efectivamente, con la recuperación ambiental de esas minas se pueda, no solo generar empleo y, también, riqueza en entornos en los que se requiere una reconversión hacia modelos en los que este Gobierno está trabajando, tanto de reindustrialización como, sobre todo, en este caso, aprovechando, también, el elemento de sostenibilidad para crear valor y riqueza.

Creo que es un elemento muy positivo, insisto, son minas que ya están cerradas y que lo que estamos trabajando con las comunidades autónomas es en la recuperación medioambiental en el transcurso de esa recuperación. Se creará empleo y riqueza y luego lo que tenemos que ver es alinearlo con los elementos que tengan estas comunidades autónomas para hacerlo, por ejemplo, en el ámbito del turismo, que sean visitables, en fin, hay que alinearlo luego con la política industrial y turística que tengan las comunidades para que la revalorización -una vez recuperadas-, se pueda incorporar dentro de, por ejemplo, las rutas turísticas que en el marco de la comisión sectorial de turismo que nosotros estamos liderando sirvan, también, para determinar guías en las cuales estas minas se puedan visitar.

No tengo la lista pero podemos pedirla e incorporarla a la documentación de la ficha que nos pasen. Ahora mismo, la única información que tenemos son los 20 millones, el proyecto, y será a nivel de comunidad autónoma la que -como digo-incorporará, desarrollará el proyecto. La idea es recuperarlo y luego incorporarlo en lo que son las guías turísticas para poder, también, a partir del turismo que, yo insisto, es una palanca contra el despoblamiento y, en este caso, para la reconversión de espacios en los que es clave dinamizar con otras actuaciones distintas a lo que es la minería. En esto estamos trabajando de forma coordinada, tanto la ministra Ribera como yo, para hacer de las zonas más desfavorecidas recuperarlas y, por lo tanto, crear riqueza y empleo.

P.- Gracias. Claudia Luna. Vértigo Político. Para la ministra de Justicia. Quiero saber si la justicia española va a llevar a cabo algún tipo de acción legal contra Julián Assange, el cofundador de WikiLeaks, que fue detenido ayer en Londres, en la sede de la Embajada de Ecuador. No sé si por revelación de secretos, considerando que en 2010, Assange, de los 3,5 millones de documentos que se filtraron a través de este portal, de WikiLeaks, 55.000 son archivos que tienen que ver con secretos de las instituciones de España. Si van a llevar a cabo algún tipo de acción legal contra él. Gracias.

Portavoz.- Le voy a contestar yo. Este es un asunto bilateral entre dos estados: Ecuador y Reino Unido. Y el Gobierno de España tiene absoluta confianza en el Reino Unido como estado con separación de poderes y con un poder judicial capaz de analizar el caso. Nosotros no tenemos nada que decir a ese respecto.

P.- Buenos días. Albert Calatrava. TV3. Una pregunta para la ministra Portavoz. Hoy el Partido Popular ha iniciado una campaña con una especie de agencia de viajes jugando con el nombre del avión Falcon. Me gustaría saber si el Gobierno mantiene que los meses que ha estado en la Moncloa, Pedro Sánchez no ha utilizado nunca un avión oficial para traslados de carácter privado. Gracias.

Portavoz.- El presidente del Gobierno ha utilizado el Falcon de manera correspondiente al ejercicio de su cargo.

P.- Hola, buenos días, ministras. Juanma Romero. El Confidencial. Buenas tardes, más bien. Quería preguntarles, también, por el asunto de los debates. Ha hablado usted, portavoz, de la discrecionalidad de los comités electorales y yo quería preguntarle, insistirle un poco en la cuestión de si no cree el Gobierno que para la próxima legislatura esto debe reflexionarse seriamente. Si va a impulsar el Gobierno algún tipo de reflexión y hablar con los grupos para que no quede al arbitrio de los partidos. Se lo pregunto, también, porque el director del Gabinete del Presidente, Iván Redondo, ha sido uno de los integrantes, uno de los impulsores también de que haya este debate a 5 en Atresmedia y no el debate a 4 en Radiotelevisión Española; es decir, que también la estructura del Gobierno ha estado implicada en la decisión final.

Y si, también, no cree que la Televisión Pública debe tener por ley, digamos, garantizado un debate de todos los partidos también, puesto que es la televisión pública de todos. Gracias.

Portavoz.- La discrecionalidad no quiere decir injusticia, como bien sabemos. Quiere decir, sencillamente, que está al albor de lo que se decida en cada caso y, legítimamente, los comités electorales de los partidos políticos deciden una u otra manera. El presidente del Gobierno, secretario general del partido, y la persona que usted me ha mencionado, Iván Redondo, también, ha actuado en doble condición. Cuando yo le digo que son los comités electorales de los partidos los que han determinado, le digo que son los comités electorales y no el Consejo de Ministros de esta mañana ni de la semana pasada. Y cuando le digo que, efectivamente, sí merecería la pena, quizá, pero esto debe de ser un debate que se someta al resto de fuerzas políticas también, el hecho de establecer debates de una manera mucho más pautada, más regulada, es un asunto que -efectivamente-está pendiente.

Yo creo que se tocó ese tema en el año 2003, probablemente, hace bastante tiempo pero no se ha vuelto a determinar y por eso tenemos una historia de debates muy irregular a lo largo de todos estos años. No le puedo decir más desde esta mesa que decirle que, bueno, es una cuestión a reflexionar y que, probablemente si las fuerzas políticas lo consideran, así debemos regularlas pronto, probablemente.

P.- Muchas gracias. Portavoz, quería preguntarle a usted. Ketty Garat. Libertad Digital. En primer lugar, ha empezado usted esta rueda de prensa comentando y lamentando, precisamente, el incidente esta semana con Cayetana Alvarez de Toledo. Ha habido otros, también, en mítines que ha celebrado el presidente del Gobierno, otro acto de Vox en el que se ha hecho un escrache contra una de sus dirigentes. Mi pregunta es si le preocupa al Gobierno el nivel de tensión en esta campaña electoral, que se incremente más allá de lo deseable, que se polarice en exceso el debate político en esta campaña electoral, esto de un lado.

En segundo lugar, le quería insistir en la pregunta que le hacía mi compañero sobre esa campaña Falcon Viajes --que ha iniciado el Partido Popular--, para pedirle su valoración sobre esa campaña y sobre un hecho que ha cobrado importancia en los últimos minutos, en las últimas horas, que es que se utilice una foto de las hijas del presidente del Gobierno, un hecho que fuentes del PSOE están considerando intolerable, y que lo van a elevar al dictamen de la Junta Electoral Central. No sé cuál es la opinión del Gobierno en este sentido.

Y, si me permite, un matiz más que una pregunta para la ministra de Justicia. No sé si he entendido bien cuando usted hablaba de que no hay una sentencia condenatoria firme en el caso del juicio del procés, tampoco la hay en el caso de eutanasia que hemos conocido esta semana. ¿Cuál es la diferencia entre los dos casos que hacen que el presidente del Gobierno pueda pronunciarse sobre un indulto, sobre un asunto que no tiene una sentencia condenatoria y no sobre otro que tampoco tiene una sentencia condenatoria? Gracias.

Portavoz.- En relación a la polarización, es decir, yo no quiero entrar, ni podemos entrar, ni debemos entrar desde esta mesa a lo que son los contenidos de las campañas electorales. Se ha producido un hecho en la Universidad de Barcelona y lo hemos denunciado, no hoy. Yo como ministra de Educación lo denuncié ayer mismo. Un hecho lamentable, inaceptable, que es no solo lo contrario a lo que puede hacerse en una universidad -que es el lugar del intercambio ideológico por excelencia--, no solo por eso sino porque, efectivamente, sea aceptable que a una persona se le impida expresarse y, además, con fuerza aparente. Por tanto, eso es inaceptable, pero no vamos a entrar, no podemos entrar en lo que son los contenidos de las campañas electorales.

Lo que usted me habla de Falcon es un contenido de campaña electoral, es así, de manera inequívoca, por tanto, no vamos a entrar en él pero, simplemente, no viene mal hacerse la reflexión de por qué en relación a este presidente del Gobierno específicamente se habla tanto de este tema y en relación a otros presidentes del Gobierno, no. ¿Por qué? ¿Para qué? No entraré en más, son contenidos de campañas electorales y este Gobierno no entra a dirimir sobre contenidos de campañas electorales.

Sra. Delgado.- Yo creo que quizá me haya explicado mal, pero ni en uno ni en otro caso el presidente del Gobierno ha expresado su opinión en cuanto al indulto porque, además, ha sido exactamente lo que él dijo, que todavía -en ambos casos-la sentencia no se ha dictado y no hay una sentencia firme y, por lo tanto, no concurren los requisitos necesarios para entrar a valorar el indulto.

Lo que sí ha expresado el presidente es la sensibilidad ante situaciones humanas, como en el caso límite que tuvimos ocasión de escuchar, que es diferente. No ha entrado a valorar un asunto concreto, ha hablado de situaciones, la sensibilidad especial ante situaciones humanas, como la que se vivió la semana pasada con unos hechos que todos tuvimos ocasión de conocer.

Quiero decir, no se ha adelantado nada sobre el indulto ni en uno ni en otro caso, porque requiere unas condiciones y unas situaciones legales absolutamente fijadas y marcadas por el procedimiento. Lo que sí expresó el presidente era su sensibilidad humana -y creo que fueron esos los términos literales-, que manifestó y afirmó ante una situación extrema y excepcional como la que tuvimos ocasión de conocer la semana pasada en esta situación dramática personal de una mujer y de su pareja, de su compañero.

Portavoz.- Muchas gracias a todos.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)