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Conferencia de prensa de la ministra de Educación, Formación Profesional y Portavoz del Gobierno, de la ministra de Política Territorial y Función Pública y de la ministra de Hacienda, después de la reunión del Consejo de Ministros

Palacio de La Moncloa, viernes 29 de marzo de 2019

Portavoz.- Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Como ven ustedes, me acompañan hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet. La ministra Montero ha presentado hoy al Consejo un informe con los datos de cierre de las Cuentas Públicas de 2018 y además de contárselo contestará a sus preguntas. La ministra Batet les va a trasladar dos importantes medidas: la Oferta Pública de Empleo correspondiente a 2019 y la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.

Pero antes, esta semana el Boletín Oficial del Estado, ha publicado la lista de candidatos y candidatas al Congreso y al Senado. Un nuevo paso que desembocará en las elecciones del 28 de abril. Son muchas las candidaturas y ahora lo que nos toca es escuchar las propuestas. Queda un mes para la cita y les puedo decir que las instituciones de la Administración Pública encargadas del proceso están trabajando para que, efectivamente, el resultado del proceso prestigie al país, como siempre. Tenemos, por tanto, ya las candidaturas en marcha. Nos toca conocer las propuestas y confrontarlas. Precisamente hoy el Consejo de Ministros también ha dado luz verde a dos Decretos de convocatoria electoral para el 26 de mayo, uno para el Parlamento Europeo y otro para las elecciones locales a las Asambleas de Ceuta y Melilla y a los Cabildos Insulares de Canarias. No voy a detenerme en la explicación de la importancia de las elecciones municipales, pero sí lo haré en relación a las europeas. Como ustedes saben, el 'Brexit' aún no se ha decidido, no se ha determinado, seguimos en la incertidumbre. Hoy habría sido, precisamente, el día de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero se les concedió una prórroga. Digo esto porque el 26 de mayo los españoles elegiremos a los 54 eurodiputados que nos corresponden. Cuando la retirada del Reino Unido sea jurídicamente efectiva, la Junta Electoral Central, aplicando los resultados del 26 de mayo, adjudicará otros cinco escaños más a España.

América Latina, es otra de las cuestiones que queremos mencionar en el enmarque; ha sido, como ustedes saben, siempre una prioridad en la política exterior de España. Nos unen lazos humanos, sociales, culturales y sobre todo, lingüísticos e históricos. Estos lazos son reforzados por los viajes de Estado como el llevado a cabo esta semana por el rey Felipe VI a Argentina. Nos une una historia común, a veces discutida, pero los historiadores la conocen. Nos une un afán de caminar hacia un futuro de desarrollo social, económico y cultural que consolide la generación de esos valores democráticos en los que coincidimos y que nos unen. Saben ustedes que Iberoamérica, además, está llamada a ser uno de los motores de la recuperación económica mundial. Así que los dirigentes de los países debemos seguir cuidando con mimo, con verdadero aprecio, lo que han sido las relaciones humanas entre todos los países de Iberoamérica y España. Es importante que mantengamos esa relación histórica entre estas sociedades y cumplamos nuestra primera obligación, que es solucionar los problemas, no crearlos, no incrementarlos, y con ello paso al contenido ya del Consejo de Ministros.

En primer lugar, este Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley sobre la Estiba que avanza en la mejora del marco legal aplicable en la actividad de la estiba. El Real Decreto-ley 8/2017 modificó profundamente el régimen de funcionamiento de la estiba estableciendo la libertad de contratación para la prestación de este servicio, que hasta dicha fecha debía realizarse preferentemente por las sociedades de estiba, de las que formaban parte los estibadores como trabajadores de las mismas. Ustedes recuerdan la Directiva europea. Tras la experiencia acumulada en los dos años de aplicación del Real Decreto-ley 8/2017, el Gobierno ha aprobado un nuevo Real Decreto-ley con el objetivo de completar y fortalecer el marco jurídico asegurando una transición ordenada al nuevo marco de competencia. Por tanto, no se trata de contravenir el Real Decreto anterior, sino de complementar algunos aspectos de la norma que habían quedado sin desarrollar.
 Así, el Real Decreto-ley dispone una habilitación legal para que, a través del convenio colectivo se pueda acordar la subrogación obligatoria de los trabajadores para las empresas que decidan salir de las sociedades de estiba, asegurando así un derecho que ya se recoge en otros sectores productivos, garantizando los derechos laborales básicos de los trabajadores y facilitando la estabilidad en el empleo.

Asimismo, en este Real Decreto-ley se recoge una modificación de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal, para establecer las especificidades de los centros portuarios de empleo para que las empresas de trabajo temporal también puedan ofertar en los centros portuarios de empleo sus servicios para mejorar su eficacia, para concretar las singularidades de este sector, obligaciones burocráticas, etc.

Además, se refuerza la capacidad de los empresarios en la organización y dirección del trabajo. También se modifica el Real Decreto para permitir el uso del contrato de aprendizaje para la formación de estibadores, lo que facilita la entrada en la profesión de los alumnos que estén cursando el certificado de profesionalidad que da acceso, precisamente, a la profesión de estibador.
 Este Real Decreto-ley da respuesta a la Proposición no de Ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados el pasado 20 de febrero, en la que se insta al Gobierno a culminar el marco normativo de la actividad de la estiba portuaria con el máximo consenso posible en el sector, respetando los principios de la normativa europea con el objetivo final de conjugar los principios de libertad de contratación con los derechos de los trabajadores. Por tanto, estamos marcando la transición en esta profesión.

El Gobierno ha llevado a cabo una labor muy intensa de diálogo, tanto con el sector, para asegurar el máximo consenso posible, como con la Comisión Europea, con el fin de esclarecer los objetivos de la misma y despejar cualquier duda acerca del mantenimiento del marco de libertad de contratación existente a la fecha. Por tanto, lo que hacemos hoy es transitar, es decir, dar un paso más en relación a la profesión de los estibadores, un paso que ya se inició con el Real Decreto-ley 8/2017 y para el que hay acuerdo. Además de una Proposición no de Ley aprobada por unanimidad por las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados hay también acuerdo con la Comisión Europea.

Asimismo, el Gobierno ha sido informado, ha recibido un informe en relación a la Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal del Medio Rural. Estamos trabajando, como ustedes bien conocen, en la cuestión de la despoblación y hoy hemos recibido un informe para contribuir a la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.

Dado que muchos de los ámbitos de esta Estrategia de Digitalización contribuyen a fijar población y combatir el despoblamiento, se trata de poner a disposición del mundo rural estrategias que permitan conectarlo, al margen, del espacio y del tiempo, porque esta es una de las ventajas que tienen las estrategias de digitalización y que, efectivamente, hoy hemos recibido para que se estructuren acciones en torno a tres objetivos: reducir la brecha digital, poner a disposición del mundo rural el uso de datos y además impulsar el desarrollo empresarial y nuevos modelos de negocio de agricultura inteligente y de la industria 4.0. Para ello, hemos intervenido prácticamente todos los ministerios. El Consejo de Ministros ha aprobado también la convocatoria de concesión de las subvenciones dispuestas en el Real Decreto 1055/2014, por el que se creó un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero correspondientes a 2018. La cuantía máxima total de las ayudas asciende a 91 millones de euros imputables a los costes de emisiones indirectas incurridos en el año 2018.

El Gobierno responde así a la demanda de la industria electro-intensiva con una iniciativa que beneficia especialmente a este tipo de consumidores, pues palía la pérdida de competitividad de empresas radicadas en España y que operan en mercados internacionales y no pueden repercutir esos costes en el precio de venta de sus productos. Es decir, se trata de favorecer la capacidad de competitividad de estas empresas en mercados internacionales.

También hemos aprobado un Real Decreto por el que se regula, -con esto ya voy a trasladar la palabra a mis colegas-, el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras en España. Lo comento porque tiene algunas cuestiones exóticas también. Supone añadir al catálogo nacional tres especies de reptiles, un mamífero y dos de plantas. El mamífero es el cerdo vietnamita. Los reptiles son la pitón real y la tortuga de Florida. La planta ya está por aquí. De la planta se dice que tiene características singulares biogeográficas y climáticas, en particular la insularidad y biodiversidad, pero no le pone nombre, así que ya se lo daremos, se lo pasarán los servicios.

Quiero también explicarles, como punto final, una orden de ejecución de la construcción de cinco fragatas, por una inversión de 4.300 millones de euros hasta 2032. Dará una importante carga de trabajo, hasta 13.000 puestos de trabajo, a Navantia, fundamentalmente a la zona de Galicia, a Ferrol. Se trata, sobre todo, de sustituir las fragatas españolas que ya estaban obsoletas.

También tenemos un Plan de Acción de Internacionalización de la Economía Española, que ha presentado el Ministerio de Industria. Se trata de impulsar esa industrialización, esa internacionalización de nuestras empresas, de carácter estructural y que revierta en una mayor creación de empleo. Sobre todo es un apoyo a la internacionalización que se extiende desde 2017 a 2027 y que incorpora a las empresas españolas, a la industria española, innovación, digitalización, tecnología, es decir, las prepara para competir con intensidad en el mercado internacional.

Así que aquí me quedo para darle la palabra ahora a mi colega, la ministra Meritxell Batet, para que ella explique su Oferta de Empleo Público y su política contra la despoblación.

Gracias.

Sra. Batet.- Muchas gracias, ministra portavoz. Muy buenos días a todos y a todas. Voy a empezar, precisamente, por la Oferta de Empleo Público y, con ella, asociado un informe sobre envejecimiento. Todos saben que España es un país que envejece. Esta situación también tiene un reflejo y un impacto considerable en nuestra Administración Pública. Durante los últimos años el envejecimiento del personal de la Administración General del Estado ha formado parte, y forma parte, de los debates sobre el futuro de nuestro sector público. Para conocer la dimensión exacta del problema y poder adoptar las medidas necesarias hemos analizado por primera vez la edad del personal funcionario y laboral.

El estudio que hoy presento se basa en los datos del Registro Central de Personal, a fecha de 1 de enero de 2019 y la situación es la siguiente:

En primer lugar la Administración General del Estado cuenta con 135.476 funcionarios. La edad media de este personal es de, prácticamente, 52 años, diez años más que la del conjunto de la población activa, que se sitúa alrededor de los 42. 52 frente a 42.

Analizando la serie histórica de los últimos que años se observa cómo el envejecimiento del personal de la Administración General del Estado se va acelerando a lo largo del tiempo. Eran 46 años de media en 2004, pasaron a 47 años en 2008, a 49 en 2012 y a los ya indicados 52 en 2019.

En la pirámide por edad se puede apreciar cómo se distribuye el personal por grupos de edad. Destacan dos reducciones importantes: la primera de ellas formada por el colectivo de 40 a 49 años, que es fruto del efecto de la culminación de los procesos de traspaso de personal a las Comunidades Autónomas. La segunda, que son efectivos entre 30 y 39 años, refleja los efectos de la crisis económica y la reducción de las tasas de Oferta de Empleo a límites muy por debajo de los niveles que garantizan la reposición de efectivos.

También cabe destacar, en el gráfico que ustedes pueden observar, el elevado grado de paridad que en términos de género presenta la estructura del empleo público en todos los tramos de edad, consecuencia directa, precisamente, de la manera, de la forma de selección de personal en las administraciones públicas, como ustedes saben, bajo criterios de igualdad, mérito y capacidad.

La primera de las consecuencias de esta situación afecta a la previsible reducción de efectivos por el impacto de la jubilación en los próximos diez años, es decir, a 2029 algo más del 51% del personal se prevé que se jubile. En grupos como los auxiliares administrativos, estos porcentajes son incluso mayores, alcanzando el 62,6% en el caso más extremo. Estos colectivos tienen protagonismo en los servicios que la ciudadanía recibe de manera más directa, como la atención presencial y también en la tramitación de los diferentes procedimientos.

Otro dato a tener en cuenta es que en este año, en 2019, un total de 19.159 empleados y empleadas reunirán los requisitos para poder jubilarse, es decir, cerca del 14% del total. Es verdad que no tienen por qué jubilarse todos ellos, pero estarían en condiciones y cumplirían los requisitos para hacerlo.

Estas cifras nos dan una idea de la magnitud del problema al que tenemos que hacer frente, de manera ineludible, en los próximos años mediante una reposición suficiente de efectivos en la que las Ofertas de Empleo Público van a jugar un papel esencial. El reto no es solo cuantitativo, también las necesidades de nuestra sociedad son distintas a las de hace 15 años.

Es necesario, por tanto, tener en cuenta estos aspectos y definir los nuevos recursos humanos en función de los sectores más necesitados y de la atención directa a la ciudadanía a través, precisamente, de una planificación adecuada. En este sentido, la introducción de importantes cambios metodológicos en el diseño de la Oferta de Empleo permiten orientar la cobertura de los recursos personales cuantitativamente, pero también y, sobre todo, como les decía, cualitativamente a las necesidades sociales.

Considerando todo lo anterior, les presento la Oferta de Empleo Público del año 2019 en la que, además de la identificación de sectores sensibles que había sido hasta ahora el único criterio utilizado para conformar esta Oferta, incorpora importantes novedades que permiten hablar por primera vez de una auténtica política de planificación en el diseño de la estrategia de recursos humanos en la Administración General del Estado. Parece increíble pero, efectivamente, el primer empleador del país, la Administración Pública, carecía, hasta este momento, de una planificación a medio y largo plazo.

Estas novedades son las siguientes:

En primer lugar, la realización de un análisis de la tendencia al envejecimiento de las plantillas -al que ya he hecho referencia y les he facilitado algunos datos significativos-.

En segundo lugar, la estimación plurianual a tres años. Hemos pedido a todos los ministerios, a todos los departamentos ministeriales que hagan una previsión, no solo para el año siguiente, sino una política de recursos humanos a tres años vista, de manera que nos permitirá ir ajustando de manera mucho más adecuada las sucesivas Ofertas de Empleo Público. Este elemento nos permite distribuir, por tanto, adecuadamente la oferta por grupos teniendo en cuenta que el Grupo Auxiliar y el Administrativo tardan aproximadamente seis meses en incorporarse el servicio, mientras que en los casos de los grupos superiores, precisamente por la complejidad de los procesos selectivos, este plazo dura entre año y medio y dos años.

En tercer lugar, se ha utilizado una metodología de base cero. Con esto quiero decir que no se trata de utilizar como punto de partida la situación de cada departamento en la Oferta del año anterior, que es lo que se había hecho hasta ahora, sino basar las decisiones en las necesidades reales y actuales de recursos humanos que es necesario satisfacer.

En cuarto lugar, se ha revisado la tasa de cobertura de las plazas convocadas para optimizar su dotación evitando desajustes no deseados entre distintos cuerpos o escalas y la convocatoria de plazas que después, al final, no se cubren y, por tanto, se pierden.

Finalmente, se ha considerado la cantera de opositoras y opositores para cada cuerpo formada por quienes no han superado el proceso selectivo correspondiente, pero mantienen la expectativa de conseguirlo y continúan, por tanto, con su preparación.

Asimismo, también se ha tenido en cuenta la propia dimensión de la Administración del Estado y cómo la misma ha evolucionado a lo largo de la última década. Con esta metodología se consigue una utilización más eficiente de todas y cada una de las plazas de la Oferta de Empleo Público. Con toda esta planificación, por tanto, se ha elaborado la Oferta de Empleo Público 2019, cuya cifra total de puestos asciende a 33.793 puestos.

Quiero destacar que esta Oferta de Empleo Público ha sido acordada con las organizaciones sindicales CSIF, CC.OO, UGT y CIGA.

En particular, en la sesión de hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado diversos Decretos referidos a la Administración General del Estado, a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la estabilización en el ámbito de la Justicia y también a la estabilización en el ámbito de la Educación. A todo ello hay que sumarle las 383 plazas que ya aprobó un Consejo de Ministros anterior, precisamente en previsión del efecto del 'Brexit'.

Como pueden ver, al revisar la evolución de las Ofertas de Empleo Público, a lo largo de la última década, se aprecia el efecto que tuvo la política de reducción del empleo público, practicada durante cinco años, a través de tasas de reposición mínimas, y el esfuerzo que, por tanto, se debe realizar para poder recuperar un nivel de empleo público adecuado. Como consecuencia de esta evolución, la pérdida de efectivos en la Administración General del Estado ha sido muy notable, de 36.512 efectivos entre 2009 y 2019.

Debemos valorar estos datos junto al hecho de que las administraciones públicas españolas no están sobredimensionadas, no es que lo diga yo, ni este Gobierno, sino que lo dicen los datos publicados por Eurostat, es decir, por la Unión Europea, que señalan que nos encontramos por debajo de la media de Estados miembros en el porcentaje de asalariados del sector público respecto a la población de cada país, un 2,7 por ciento en el caso de España, un 3 por ciento en la media de la Unión Europea.

Por otra parte, partiendo del análisis realizado y de los sectores prioritarios marcados por el Presupuesto prorrogado, esta oferta refuerza esencialmente los servicios públicos de atención a la ciudadanía prestados por la Administración en el territorio, como son los Servicios de Empleo, las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, la Seguridad Social, Tráfico o Catastro. También se priorizan el sector de la I+D+i, la lucha contra el fraude fiscal y el fraude laboral, la Administración Penitenciaria y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones de la Administración General del Estado.

Concluyo con algunas de las principales ideas que he tratado de trasladar sobre esta Oferta de Empleo Público que acabamos de aprobar:

Es la primera vez que se realiza la Oferta de Empleo en la Administración General del Estado conforme a una metodología plurianual con filosofía de base cero, que ha analizado tanto el envejecimiento de plantillas como el resultado de los procesos selectivos.

En segundo lugar, considera como objetivos fundamentales la atención a la ciudadanía y el rejuvenecimiento de las plantillas, cosa que va a conllevar una mayor eficiencia y una mayor eficacia.

Contribuye también a la creación de empleo, refuerza la Administración Periférica del Estado en el territorio donde se prestan servicios de gran impacto para la ciudadanía y donde se garantiza, por tanto, una mayor presencia del Estado en todos los territorios de España.

Es la primera oferta de empleo en la que se aplicará también el acuerdo del Consejo de Ministros que ha suprimido las exclusiones en el acceso al empleo para las personas con celiaquía, diabetes, VIH o psoriasis.

En definitiva, este Gobierno sigue apostando por la presentación de servicios a la ciudadanía, por el empleo público y por un mayor grado de igualdad en la Administración Pública y en la sociedad, poniendo en valor a los empleados públicos como el principal activo con el que cuenta precisamente el Estado.

Seguidamente les voy a pasar a comentar también las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico:

Como todos ustedes saben, este fue un compromiso que adquirió el Gobierno de España en una Conferencia de Presidentes, y por tanto la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico deberá ser aprobada en esa Conferencia de Presidentes. Aun así, tanto el presidente Sánchez como yo misma, en sede parlamentaria, nos comprometimos en reiteradas ocasiones a presentar estas directrices generales en la primavera de 2019, y eso es exactamente lo que estamos haciendo en este momento.

En cumplimiento de este compromiso hemos evaluado en la reunión del Consejo de Ministros que hemos celebrado hoy, las directrices generales para esta Estrategia Nacional junto con la Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural -al que ya ha hecho referencia la ministra portavoz-.

Afrontar los cambios demográficos que afectan a España, y de forma específica el envejecimiento, la despoblación y la población flotante -a través de una Estrategia de naturaleza global y transversal- es una auténtica Estrategia de Estado que debe diseñar una respuesta conjunta y de futuro, desde la cooperación y la colaboración de todas las Administraciones Públicas.

Para alcanzar este objetivo se presentan en este documento sus directrices generales que recogen:

En primer lugar, un diagnóstico demográfico y territorial con varios mapas que ejemplifican muy bien y que plasman muy bien cuál es esta realidad.

Un estudio comparado que recoge algunas buenas prácticas internacionales.

Los objetivos generales y transversales, así como las principales líneas de actuación.

Una visión transversal de la acción del Gobierno enmarcada en la agenda del cambio y con medidas promovidas por todos los Ministerios.

Los ejes fundamentales para la gobernanza de la Estrategia a través, precisamente, del cumplimiento de la Agenda 2030, la colaboración y cooperación, como les decía con Comunidades Autónomas y Entidades Locales, que ha sido muy estrecha durante todos estos meses.

La búsqueda también de alianzas público privadas y el seguimiento y la evaluación propia de la Estrategia.

Paso a destacar algunos conceptos y algunas cifras asociadas a estos conceptos para entender bien de qué estamos hablando cuando hablamos del Reto Demográfico.

En primer lugar: despoblación. Desde 2011, 6.516 municipios están perdiendo población, es decir, más del 80% de nuestros municipios. El impacto de la crisis económica supone en la última década en España la pérdida de población de los pequeños municipios, pero también de las cabeceras y las pequeñas ciudades, y la concentración y sobresaturación en torno a algunos grandes núcleos urbanos.

Segundo concepto: dispersión. Una buena parte del territorio en riesgo de despoblación ve acentuados sus riesgos demográficos con una baja densidad: el 48,4% de los municipios españoles está por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, ratio que la Unión Europea califica como de riesgo de despoblación. En algunas zonas esta situación se encuentra aún más agravada, lo que la Unión Europea califica como riesgo severo de despoblación, al encontrarse por debajo de 8 habitantes por kilómetro cuadrado.

Tercer concepto: envejecimiento. España cuenta con la tercera mayor longevidad de la OCDE y la primera de la Unión Europea. Una esperanza de vida al nacer de 83,4 años. Es un dato de 2017 y es un dato, por supuesto, positivo, pero la consecuencia directa de eso es que, efectivamente, tenemos un país cada vez con más gente mayor.

El cuarto concepto: baja natalidad. El Indicador Coyuntural de Fecundidad en España es de una de 1,31 hijos por mujer, que es el segundo valor más bajo de la Unión Europea, muy por debajo de la media europea que se sitúa en el 1,6 hijos.

Masculinización. El movimiento de jóvenes y mujeres que conlleva la pérdida de población de nuestro territorio provoca, como resultado, una progresiva masculinización del territorio. En 6.085 municipios, para que se hagan una idea, que supone el 75% de los municipios, hay muchísimos más hombres que mujeres.

Finalmente, población flotante. Junto con la pérdida de población y el envejecimiento, una parte de nuestro territorio sufre el impacto de la llegada de población con carácter estacional por diversos factores, como puede ser el turismo o la agricultura. Así hay seis Comunidades Autónomas especialmente afectadas, como son Canarias, Cataluña, Illes Balears, Andalucía, Comunitat Valenciana y Madrid, que acumulan el 86% de las pernoctaciones durante 2018.

En definitiva, los objetivos y las líneas de actuación de esta Estrategia frente al Reto Demográfico buscan conseguir una igualdad real y efectiva entre todos los ciudadanos y ciudadanas, la libertad de elegir donde quieran vivir y que no se vean supeditados a esa elección por condicionamientos externos, a la no discriminación y, por tanto, un mayor equilibrio entre el mundo rural y el mundo urbano.

Se han definido como condiciones para su adecuado desarrollo e implementación siete objetivos transversales:

La conectividad y la banda ancha, que es una de las condiciones "sine qua non" que todas las administraciones y todas las fuerzas políticas coincidimos en ponerlo como algo absolutamente imprescindible.

La prestación de servicios básicos.

El impacto y la perspectiva demográfica.

La simplificación administrativa y normativa.

Poner en valor la imagen de las personas y los territorios.

La colaboración público-privada.

Y finalmente, el alineamiento absoluto también con la Agenda 2030.

A modo de conclusión, les quiero decir que estas directrices generales plasman las orientaciones demográficas básicas que han de abordarse desde el ámbito de las políticas públicas porque la acción pública, en este caso y en este gran reto, es absolutamente imprescindible. Toda la normativa nueva y las licitaciones públicas incorporarán el impacto demográfico, como ya pasa con el impacto ambiental o como el impacto de género.

En segundo lugar, quiero destacar, también a modo de conclusión, que este reto demográfico es un auténtico proyecto de país para dar coherencia a las diferentes iniciativas públicas, evitar discordancias y efectos de competencia negativa entre territorios favoreciendo, por tanto, la cultura de la cooperación, la colaboración y la coordinación entre todas las administraciones y todos los partidos políticos. Quiero aprovechar, por tanto, esta comparecencia para agradecer las complicidades y el trabajo que se ha hecho también por parte de las comunidades autónomas y por las entidades locales.

En tercer lugar, no existen recetas únicas ni universales, sino que se requieren propuestas adaptadas a la situación social y económica de cada lugar, que han de poner en valor sus potencialidades y que deben garantizar la igualdad de oportunidades, como decía, la no discriminación y la libertad de elegir.

En definitiva, es un auténtico acuerdo de país que lo que quiere es buscar un mayor equilibrio entre el mundo rural y el mundo urbano, una alianza intergeneracional también entre jóvenes y mayores y, en definitiva, una alianza entre todos los gobiernos territoriales: Gobierno de España, Gobierno de las Comunidades Autónomas y Gobiernos Locales, siempre buscando la complicidad, el trabajo conjunto y la colaboración público-privada.

Muchísimas gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra. Ahora pasamos la palabra a la ministra Montero.

Sra. Montero.- Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Como ya ha explicado la ministra Portavoz, efectivamente, el Consejo de Ministros ha analizado en el día de hoy los datos de ejecución presupuestaria del año 2018, que como es preceptivo, serán remitidos a las autoridades europeas en esta misma mañana.

Los datos que hemos conocido hoy indican que España ha crecido más de lo que esperábamos en el año 2018 y ha reducido su déficit también más de lo previsto por organismos independientes y por organismo internacionales.

De hecho, las cifras que hemos presentado muestran claramente que España sigue avanzando en la consolidación fiscal. Les recuerdo que cuando este Gobierno empezó su gestión la previsión era que el déficit del Estado se situara en el 2,7% del PIB en 2018 e incluso algunos organismos internacionales apuntaban a cifras superiores.

Puedo anunciarles, por tanto, que el déficit del conjunto de Administraciones Públicas finalmente se ha situado en el 2,63% del PIB frente al 3,03 por ciento del año anterior.

Así, podemos afirmar que el saneamiento de las cuentas públicas ha sido superior al previsto, los números -ustedes tendrán conocimiento de ellos con detalle a lo largo del día de hoy, que se irán publicando las diferentes estadísticas, básicamente por la Intervención General del Estado- decía que estos números reflejan que se ha combinado la reducción del déficit sin poner en riesgo el crecimiento económico y sin dejar a nadie atrás.

El dato que se publica certifica que España abandonará el procedimiento de déficit excesivo en el que estaba inmerso desde el año 2009.

Por tanto, cumplir con el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea y bajar del umbral del 3%, dota a España de mayor credibilidad y la sitúa en una mejor posición competitiva.

También, quiero recordar de dónde partimos para llegar a esta cifra. Recuerdan que el punto de arranque son unos Presupuestos de 2018, elaborado por el anterior Ejecutivo, que fueron cuestionados desde el principio por el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea o el Banco de España. Todos esos organismos señalaron que el objetivo de estabilidad del 2,2% al que se obliga a España era irreal, y que no se cumplía en el proyecto de Presupuesto. Me parece importante resaltar este aspecto para que todos y todas tengamos claro cuál es el punto de partida. Por eso, quiero poner de relieve que la reducción del déficit del año 2018, al final, ha sido más intensa, como decía, de lo que pronosticaban la mayoría de los organismos.

Sin ir más lejos, el dato de cierre es una cifra inferior al 2,7%, que el propio Banco de España había estimado, hace apenas unos días, y que también proyectaban el Fondo Monetario Internacional o la Comisión Europea. También, la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal elaboró un estudio a petición de este Gobierno, recuerdan ustedes que nada más llegar este Ejecutivo, en el que estimo que el déficit público cerraría en el 2,7%, e, incluso, en la valoración del Plan Presupuestario el que se remitió en el mes de octubre, incluso, se llegó a pronosticar un déficit del 2,8%,

Sin embargo, como decía finalmente, hemos cerrado por debajo de todas estas estimaciones. Y esto se preguntarán ustedes ¿qué significa? Pues yo diría que la explicación es sencilla. La economía española mantiene su fuerza, e, incluso aceleró en la segunda parte del año 2018 su crecimiento. Ello se reflejó en la mejora de los ingresos públicos. De hecho, en el primer semestre la recaudación tributaria creció un 3,8%. Y, en el segundo semestre avanzó hasta el 10,5%.

De otro, lado, la mejor gestión en el gasto también de los intereses de la deuda y el incremento de los ingresos de la Seguridad Social son otros elementos que explican por qué hemos sido capaces de reducir este déficit más de lo previsto.

En términos de contabilidad nacional, la reducción es consecuencia del incremento de los ingresos, en un 6%, frente a un aumento del gasto del 4,7%. Y este ha sido una constante de este Ejecutivo a lo largo de este periodo. En total, los recursos no financieros, en 2018 aumentaron un punto y representaron un 38,9% del PIB. Esto pone de manifiesto que España se encuentra todavía varios puntos por debajo de la media comunitaria en ingreso. En concreto, 6 puntos por debajo de la Unión Europea. Y 8 puntos por debajo de la zona euro.

Los datos también de recaudación de la Agencia Tributaria, que se publican, como decía, en la mañana de hoy, reflejan una mejora de toda la figura fiscal. De hecho, los ingresos por IRPF, el tributo más importante del sistema fiscal, aumentó un 7,6% alcanzando los 82.859 millones. Esta mejora, básicamente, responde al reflejo de la creación de empleo.

En segundo lugar, impuestos sobre sociedades, que aportó a la recaudación del Estado 24.834 millones, lo que representa un 7,3% más que el año anterior. Un aumento que se debe, fundamentalmente, a que el segundo pago fraccionado, que se abona en el mes de octubre ha sido muy positivo. Y, especialmente, entre los grandes grupos consolidados.

Por otra parte, la recaudación del IVA se incrementó un 10,3% hasta los 70.177 millones, si descontamos el efecto del suministro inmediato de información del sistema del IVA, llamado sistema de información del IVA, este incremento se situó en el 3,6%. Y recuerden que tenemos que hacer esta salvedad, porque el año 2017 sólo recoge 11 meses de recaudación del IVA.

De otro lado, los Impuestos Especiales recaudaron 20.528 millones, lo que representa un 1,1%. En total, la recaudación tributaria de 2018, sumó 208.685 millones; en global, un 7,6% más. Y, como hemos señalado, los datos reflejan una evolución mucho más positiva en el segundo semestre que en el primero.

Paso ahora a detenerme un momento sobre el gasto público. El gasto del conjunto de la Administración se situó en 2018, en el 41,5%, medio punto más que en el año anterior. Recuerdan que el dato correspondiente a la Zona Euro refleja un 47% del PIB. Es decir, que todavía, también, en materia de gasto estamos por debajo de lo que se marca en la Zona Euro.

Yo destacaría, en este apartado, el incremento de la remuneración del personal asalariado que responde al compromiso de devolver a los empleados públicos el esfuerzo que se ha realizado durante la crisis.

Las partidas de gasto más relevante son las prestaciones sociales, distintas a la transferencia en especie, que alcanzaron los 185.093 millones, y ello representa un 15,34% más. En este apartado, se incluye, por ejemplo, el gasto en pensiones, prestaciones por desempleo o dependencia. El gasto en intereses sin contabilizar el impacto de diversas sentencias, se ha situado en 29.672 millones, un 0,5% menos. Y, además, la partida del Estado central a pagar por el servicio de la deuda ha sido inferior a la cifra que se presupuestó.

Esta mejor gestión de los intereses de la deuda ha contribuido a una evolución de las Cuentas Públicas, como decía, mejor, de lo que inicialmente teníamos previsto.

Además, los datos publicados hoy muestran que hemos logrado una fuerte reducción del déficit primario de España; es decir, el déficit descontando los intereses. En concreto, ha pasado de 6.086 millones a 1.490 millones. Y esto supone una reducción del 75,5%.

Si analizamos sólo el dato de Administración Central el 2018 se ha conseguido elevar este superávit primario en un 86% alcanzando los 7.400 millones. La evolución de estos dos conceptos resulta fundamental para rebajar el nivel de deuda pública. Y, como saben, el Banco de España también en esta mañana, ha publicado el dato de cierre de la deuda pública que se ha situado en el 97,16% del PIB. Es una cifra inferior al objetivo fijado por el Gobierno anterior, que recordarán que era -según los organismos internacionales- del 97,6%, y, por tanto, esta deuda pública se ha reducido en casi un punto en el último año, y lo que es más importante, seguirá reduciéndose en los años próximos.

Ahora, si me lo permiten, de forma breve, haré un rápido repaso de los datos por subsectores.

La Administración Central cierra 2018 con un déficit del 1,5% del PIB. Y ello supone una reducción de 0,35 puntos, respecto a 2017. En términos absolutos, una reducción de 3.407 millones. Una reducción del 15,8%.

Las comunidades autónomas tuvieron un comportamiento muy positivo cerrando con un déficit del 0,23%, y esto supone cumplir con el objetivo que estaba establecido en el 0,4.

Quiero destacar, especialmente, el esfuerzo que se ha realizado por parte de todas y cada una de las comunidades autónomas. Administraciones que son eficientes, y que cumplen un papel fundamental en la gestión del Estado de bienestar. De hecho, sin correcciones han experimentado ya, en este año 2018, superávit presupuestario.

Por su parte, las corporaciones locales volvieron a cerrar con un superávit del 0,52%, un dato ligeramente inferior al del año anterior, con 0,61%, Sin duda, son las entidades más saneadas, y desde el Gobierno trabajamos, también, para que puedan reinvertir ese superávit en inversiones financieramente sostenibles en el año 2019. Este dato se debe a la ampliación de los motivos por los que se puede invertir en los Ayuntamientos, que la cifra global ha sido superior en el año 2018, respecto al año 2017.

Y quiero detenerme en el punto de entidades locales y comunidades autónomas porque también, esta mañana, hemos aprobado en el Consejo de Ministros un Real Decreto-ley que permite a municipios y comunidades autónomas destinar el superávit presupuestario de 2018 a las inversiones financieramente sostenibles para el ejercicio 2019. Una medida que era necesaria aprobar por la falta de los Presupuestos Generales del Estado, al igual que hizo el Ejecutivo anterior en el mes de marzo, justo antes de que se aprobaran los Presupuestos.

Recuerdan que la Ley de Estabilidad recoge que este saldo positivo se tiene que destinar, en primer lugar, a amortizar deuda, pero, sin embargo, contempla una excepción, lo que se llaman inversiones financieramente sostenibles. Esto significa que Ayuntamientos y comunidades autónomas que cumplan con los objetivos de consolidación fiscal pueden destinar parte de este superávit a estas inversiones para servicios públicos básicos, de un municipio o de una comunidad en materia de seguridad, protección civil, asistencia social primaria, sanidad, educación, equipamientos culturales, entre otras. Es una medida fuertemente demandada por los Ayuntamientos de todos los colores políticos y que mejorará los servicios que reciben los ciudadanos. Se ha prorrogado en las mismas condiciones que planteaba la Ley de Presupuestos para el año 2018.

Y, por último, les comunico que Seguridad Social cerró también este ejercicio con un déficit del 1,41% del PIB. Ello supone una reducción frente al 1,44 que se registró el año anterior. Es importante también recordar que el AIReF había previsto que la Seguridad Social acabaría este año con un desfase del 1,5% y, finalmente, el dato ha sido una décima inferior. Ello ha sido posible por la buena evolución del empleo, también por la mejora de la calidad en la contratación, lo que ha supuesto un mayor ingreso en términos de cotizaciones sociales. En concreto, las cotizaciones crecieron un 5,4%, y ello ha sido fruto del Plan del Empleo Digno, y también de la Inspección Ordinaria de Trabajo que ha permitido convertir en indefinidos contratos temporales, en un número aproximado de 100.000 contratos.

Termino, y por razón de tiempo no profundizo más, en los datos, que insisto, tienen ustedes por subsectores, para cada una de las comunidades autónomas, en su poder. Y, simplemente decirles que los pueden consultar ahora mismo, en la página web del Ministerio de Hacienda, pero antes de terminar, sí quiero dejar clara esta idea que es la que, en transversal, ha recorrido mi comparecencia. Los datos de déficit de 2018 muestran que España camina en buena dirección, y que cada medida de gasto que aprueba este Gobierno tiene su contrapartida en ingresos para financiarla. Y ahí están los datos que lo corroboran.

Además, este camino de consolidación fiscal continuará en el año 2019 donde el déficit seguirá bajando a pesar de la dificultad de tener unos Presupuestos. De hecho, estamos trabajando en esta materia desde que se produjo el rechazo a los Presupuestos para conseguir que las cifras de déficit proyectadas, incluso, con Presupuestos prorrogados, no estén en la horquilla del 2,2 o del 2,4, sino que logremos situarla en la cifra del 2%, Ello nos va a permitir, como digo, cumplir de forma más clara con estos objetivos de consolidación fiscal. Y, de hecho, la Intervención General ha remitido un informe preceptivo a Eurostat en donde estima que, efectivamente, el déficit público de 2019 cerrará en el 2%. Una cifra que mejora las previsiones que, por ejemplo, el Banco de España ha estimado hace unos días en el 2,5%.

En definitiva, datos publicados que ponen de manifiesto el compromiso de España con las reglas presupuestarias de la UE y que permiten ganar credibilidad a nuestro país. Unas normas que cumplimos con responsabilidad, y siempre pensando en el bienestar de la mayoría de la sociedad.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra. Y ahora su turno, señoras y señores.​

P.- Muchas gracias. Mercedes Serraller. Diario "Expansión". Quería preguntarle a la ministra Montero. Se calcula que los decretos que se están aprobando los Reales Decretos-leyes en estos viernes supondrían un gasto estructural de unos 3.000 millones. En un panorama que, de momento, sin Presupuestos, no sé qué recorte calculan que, luego, el Gobierno debería acometer.

Y ustedes han dicho que van a enviar, como suele ser preceptivo antes de acabe abril, el Programa de Estabilidad a Bruselas. No sé qué escenario le piensan trasladar en este sentido. Luego le quería preguntar si ya están más despejadas las dudas sobre las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Y si se podrían aprobar antes del 28 de abril.

Y si nos puede explicar qué significa la salida del procedimiento de déficit excesivo; el año pasado, bueno, se especuló si la hacienda anterior no había querido salir, porque esto implica paradójicamente otras obligaciones.

Y, luego, le quería preguntar, por último, a la ministra portavoz, si hay alguna fecha para la Diputación Permanente, porque hay algunos Decretos que ya vencerían el mes, desde que se aprobaron, la semana que viene, y se trasladó a la mesa del Congreso que se querían hacer en una sola jornada, y si esto significa que no van a haber más Reales Decretos-leyes que se podrían aprobar antes del 28 de abril. Gracias.

Sra. Montero.- Sí, empezando por la primera pregunta. Creo que mi comparecencia, creo recordar que también finalizar el Consejo de Ministros, ya di el dato relativo a que el gasto que han representado los Decretos Leyes que lo conllevaban; es evidente que los que hemos aprobado en el día de hoy no tienen ese componente, suponían entorno a unos 1.100 millones de euros para la Seguridad Social, cuando los ingresos que se aprobaron por este Gobierno en el mes de diciembre, arrojaban un incremento de 3.300 millones de euros en Seguridad Social.

Lo digo de otra manera, el gasto de los Decretos Leyes estaba previamente protegido por una partida de ingreso que deriva del incremento de las cotizaciones mínimas de la mano del Salario Mínimo Interprofesional. Las cotizaciones mínimas suben un 22%, y, también, por las mejoras de las cotizaciones máximas, que se suben un 7%. Eso sin contar los datos de mejora en la creación de empleo, o los datos de mejora de la calidad del empleo que permite, por ejemplo, que las horas extraordinarias, después del registro horario, también computen no sólo para pagarle a los trabajadores, que es de justicia, sino también para que coticen proporcionalmente en Seguridad Social.

Por tanto, estaba ya previamente financiado y no es necesario hacer ningún tipo de ajuste; todo lo contrario. Hay, incluso, un colchón que aportan estos datos de cotización para permitir mejorar, por ejemplo, la cotización, perdón, el incremento de las pensiones.

Respecto de las entregas a cuenta, bueno, como saben que soy obstinada, sigo trabajando con la Abogacía del Estado para intentar buscar una fórmula legal que permita, como he comentado en alguna ocasión, romper, si me permiten esta expresión coloquial, el sistema de financiación, para intentar que aquellas partidas que se tienen que aprobar con Presupuestos Generales del Estado no sean condiciones absolutamente necesarias para actualizar la participación de comunidades en la recaudación de Impuestos. 

Es un tema complejo, saben que hay unos fondos, que se tramitan por Presupuestos Generales del Estado, y la Abogacía del Estado mantiene que no es posible dividir esa actualización de las entregas a cuenta en dos conceptos. Pero continúo trabajando con ellos, legalmente, porque para nosotros es importante que esas actualizaciones se hagan lo antes posible. No obstante, las comunidades autónomas conocen cuáles son las partidas, y cuáles las cuestiones que en este momento maneja el Ministerio de Hacienda.

Y, en relación con la salida del procedimiento de déficit excesivo es una magnífica noticia. Esto significa que ya no estamos bajo los controles que la UE, que la Comisión somete al Reino de España. Por tanto, ya no es tan urgente los datos relativos a reducción del déficit, sino lo que lo urgente empieza a ser o los datos a monitorizar son deuda y también las reglas de gasto. Y quizás, la diferencia más importante, en términos técnicos, esto es bastante técnico, es que a partir de ese momento, los gastos de Seguridad Social forman parte del perímetro de consolidación de las reglas de gasto, y este es el elemento que tendremos que vigilar también para el futuro, porque antes de este procedimiento de salida, de procedimiento de déficit excesivo, no se encontraba Seguridad Social dentro de ese perímetro.

Portavoz.- Gracias ministra. La Diputación Permanente se ha convocado ya para el día 3 de abril, a las 11:30. Y, efectivamente no habrá más Reales Decretos-ley.

P.- Buenas tardes. Laura Ramos, Agencia EFE. Dos cuestiones para la ministra portavoz. Quería preguntar si el Gobierno respalda la actitud del ministro Borrell, al levantarse de la entrevista con el periodista alemán. Y si no cree que hubiese sido más coherente con el propio discurso de Borrell el haber intentado rebatirle, en vez de enfadarse de esa forma. Y, por otra parte, si tiene constancia el Gobierno de que la llamada policía patriótica del PP ordenó investigar, espiar, a Pablo Iglesias. Y cómo está colaborando con la justicia el Ejecutivo para esclarecer este asunto. Gracias.

Portavoz.- Bueno, lo que hizo el ministro Borrell fue un acto de firmeza ante un interrogatorio. Ustedes preguntan, bien, pero, probablemente, por razones medioambientales; quizá algún colega suyo no preguntaba, sino que interrogaba. No obstante, el ministro Borrell volvió porque puso en valor no sólo la firmeza en su respuesta, sino también el hecho de que pretendía dar un mensaje. Y el mensaje era en relación a que España es un Estado social y democrático de Derecho y, por lo tanto, se rige con una separación de Poderes.

Esta fue una respuesta firme de defensa del Estado, de defensa de España. Y hay una protesta en el sentido de usted no pregunte, no interrogue afirmando.
En relación a la policía patriótica está en el secreto de sumario. Y, por tanto, no podemos hablar aquí de la policía patriótica.

P.- Patricia Alvarado. Grupo Radio Centro. Una pregunta para la ministra portavoz. Usted, al inicio de esta conferencia de prensa dijo que las relaciones con América Latina son prioritarias, que hay tratarlas con mimo. Me gustaría su punto de vista respecto al revuelo que se ha armado esta semana por la carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de revisar la historia. Un capítulo tan delicado como fue la conquista de México. ¿Cree usted que esto abriría inútilmente heridas y podría incidir en las excelentes relaciones que se han cosechado a lo largo de todos estos años entre México y España, por favor?

Portavoz.- Sí, yo creo que la obligación de los gobernantes es solucionar los problemas y no generar unos nuevos. Y que, además, no se puede tratar de juzgar lo que ocurrió hace 500 años con categorías del presente. Por lo tanto, el revisionismo es algo fuera de lugar. A este respecto, España dio una respuesta firme, rápida, clara y contundente. Es decir, rechazando absolutamente la pretensión del presidente de México, solicitando excusas al Jefe de Estado, es decir, al Rey. Vamos a trabajar por las buenas relaciones. Somos dos países hermanos. Merece la pena que sigamos trabajando juntos. Son muchas las contraprestaciones, créditos, deudas, que tenemos los unos a los otros. Y yo creo que la ciudadanía tanto mexicana como española se tiene muchísimo afecto. Y en eso hemos de trabajar.

P.- Hola. Buenas tardes. Dani Sánchez. Diario "Ara". Dos preguntas. Una para la ministra de Hacienda. No sé si el hecho de que Cataluña se ha quedado a cuatro décimas del déficit, teniendo en cuanta los condicionantes especiales que tenía para la financiación, si estamos más cerca de que esos condicionantes se levanten, o depende del Gobierno, depende de la Generalitat. ¿Cómo está ese tema? Y, luego, para la ministra de Política Territorial, su compañero de filas en el PSC, Miquel Iceta, esta semana ha dicho que si el independentismo llega al 65% habrá que inventar un mecanismo para encauzarlo. No sé qué opinión le merecen esas palabras. Si se estaba refiriendo a un referéndum de autodeterminación o a qué se refería y cómo lo ve el Gobierno. Gracias.

Sra. Montero.- Sí. En relación con la primera cuestión, el hecho de que el dato sea del 0,44, significa que cumple con los objetivos de estabilidad, porque todos los datos se redondean al indicador más cercano. A partir del 0,45 iría al 0,5, en la horquilla del 0,4 al 0,44, va al 0,4. Y, por tanto, cumple con este objetivo. Hay que ver también el resto de parámetros, que no están aquí expresados, como son el dato de deuda y el dato de regla de gasto que, también es preceptivo para que a las comunidades autónomas se le puedan autorizar determinadas cuestiones. Por ejemplo, la vuelta a los mercados, y cuestiones de esta magnitud. Sin decirle que la parte que usted me pregunta, que creo que se refería al control reforzado, no hay previsión por parte del Gobierno de levantar el control reforzado, que era un control que se estableció básicamente por la incertidumbre política, generada por las manifestaciones que produce y que produjo el Govern.

Sra. Batet.- Si, respecto a la pregunta que me formulaba. Ayer tuve la ocasión de referirme a ello. Creo que es un tema absolutamente zanjado. Él mismo corrigió y matizó sus palabras. Y, por todos es bien conocido cuáles son las bases del proyecto socialista. El proyecto socialista combate de manera muy contundente el independentismo. Y, por el contrario, lo que hace es defender el sistema constitucional y estatutario. Y dentro de ese sistema constitucional y estatutario, ese referéndum no tiene cabida.
En cualquier caso, lo que sí estamos haciendo desde el Gobierno, desde las instituciones, también desde el Partido Socialista es trabajar para mejorar la convivencia entre los ciudadanos, que esa sí que debe ser una prioridad que deberíamos tener todos los poderes públicos, puesto que lo que sí es una realidad es que hoy la sociedad catalana está más dividida y más fracturada que hace unos años. Y, por tanto, tenemos que poner muchísimo empeño en mejorar la convivencia entre todos los ciudadanos.

P.- Gracias. Francisco Balado. "La Voz de Galicia". Buenas tardes. Tenía una pregunta para la ministra de Hacienda. Es que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, le trasladó en una carta si podía destinar 125 millones de euros de superávit para gasto social, y parece que no ha tenido respuesta. No sé si podía aclarar esta cuestión. Y otra, para la portavoz del Gobierno. La pastera Ence, en Pontevedra, una pastera, una fábrica de celulosa, Ence está emplazada en la ría de Pontevedra, ha dicho que va a dejar de invertir en la fábrica que tiene en Galicia debido a la inseguridad jurídica que plantea que la Abogacía del Estado, por una decisión del Gobierno Central, va a dejar de defender unos recursos que tienen, en los tribunales. A ver si me podía aclarar a qué se debe este cambio de decisión del Gobierno porque había una prórroga de 60 años y ahora no se va a defender.

Sra. Montero.- Sí, en relación con la primera cuestión, me permite que cuestiones bilaterales entre dos Gobiernos se discutan, en el ámbito de esas reuniones y de esas revisiones bilaterales. Solamente decirle que el saneamiento de las cuentas públicas en Galicia, probablemente, si todas las reglas fiscales se cumplen va a permitir una inyección y una inversión por parte del superávit, pero el superávit y las inversiones financieramente sostenibles, como su nombre indica, son, digamos, epígrafes de gasto de inversión. Por tanto, se podrán emplear en política social, siempre y cuando esa parte de la política social sea inversión. Por ponerle un ejemplo, pues, si estamos hablando de la sanidad, es una política social, se puede emplear en la construcción de equipamiento. Porque es un concepto de inversión tal y como queda establecido en las Leyes de Presupuesto y en la Prórroga que en el día de hoy comentamos. Pero ya la cantidad concreta y el motivo que lo traslada, me permite que lo discutamos en el marco bilateral.

Portavoz.- Sí, con respecto a Ence yo le podría dar una respuesta ambigua, pero por respeto a la pregunta, voy a pedir a los servicios de la Secretaria de Estado de Comunicación que indaguen exactamente cuál es la respuesta o la información que usted buscaba para dársela.

P.- Buenos días. Marisol Hernández. Diario "El Mundo". Yo quería preguntarle a la ministra portavoz que el programa electoral de Podemos incluirá una propuesta de referéndum, no precisamente de independencia, pero sí sobre el encaje de Cataluña en España. Y estos días, el presidente de la Generalitat, Quim Torra pedía también el referéndum de autodeterminación y la figura del 'relator' para negociar una virtual investidura de Pedro Sánchez. Si no temen ustedes que todas esas cuestiones puedan enturbiar esos posibles acuerdos, en una hipotética investidura del actual presidente del Gobierno.

Y, luego, le quería preguntar también por una propuesta que ha hecho hoy mismo Vox, en la que han propuesto levantar, que Marruecos pague un muro entre Ceuta y Melilla, si temen que esta idea pueda generarle algún conflicto con Marruecos.

Portavoz.- Bueno, en relación a la primera. En relación al referéndum, como usted bien sabe, y como saben todos los que están aquí, no hay tal derecho de referéndum, no hay tal derecho de autodeterminación. No existe en la Constitución, y este Gobierno desde el día uno así lo ha venido expresando. Por lo tanto, eso es una raya roja para este Gobierno. Y, por tanto, no contemplamos nada que tenga que ver con eso para la investidura. Este Gobierno, bueno, el partido que lo sustenta, sale, efectivamente, con la idea de alcanzar los mejores resultados, y el mayor respaldo. Pero no hablaré de esto, desde esta mesa.

En relación a Vox, lo mismo le digo. Es decir, no le vamos a hacer la campaña electoral hablando de las propuestas de Vox, desde aquí.

P.- Buenos días. Stephanie Müller. Revista Wirtschaftswoche. Quería preguntar si el Gobierno piensa que en el poco tiempo que ha estado en el poder, ha luchado lo suficiente contra una lacra de la economía española que es la economía sumergida, que también es la razón del el paro oficial que es tan alto, la productividad laboral que no está donde debe de estar España, y, también los sueldos bajos. Quería saber si usted cree que ha hecho lo suficiente y si cree que no. ¿Qué tienen planificado para, si están en el próximo Gobierno, qué medidas tienen previstas?

Portavoz.- Yo le voy a pasar la palabra, enseguida, a la ministra Montero. Pero, efectivamente, desde el Ministerio de Trabajo, nosotros como Gobierno fuimos informados en su momento, también, de, bueno, y sabemos, que ha habido más de 100.000 puestos de trabajo que siendo precarios se han convertido en indefinidos. Pero no puedo hablar de logros y de realizaciones del Gobierno.

Solamente hablar de la condición, de la determinación que este Gobierno ha tenido a ese respecto. Es decir, y que todos ustedes que vienen aquí viernes tras viernes, han conocido. Es decir, el Gobierno ha tenido una firme determinación precisamente, de trabajar a favor de un empleo digno. Y no a favor de los contratos en precario, etcétera. Pero no hablaré del transcurso de lo que han significado estos nueve meses.

Sra. Montero.- Sí, solamente añadir que de hecho fue posible esa conversión de 100.000, contratos temporales a contratos indefinidos no sólo por el Plan Especial de Empleo, sino por el refuerzo que se ha hecho en la Inspección de Trabajo, que se ha incrementado el número de efectivos, para hacer posible un mayor trabajo de inspección, y, además, un ánimo a que se denuncien aquellas situaciones que se alejan de la realidad de todos los días. Porque, efectivamente, para este país, y yo creo que para el conjunto de Europa, combatir el fraude que significa la economía sumergida, en todos los aspectos, quizás el más importante, es la injusticia que se comete con los trabajadores a efecto de cotización, pero también al resto de los ciudadanos, que no nos beneficiamos de la aportación que esas empresas tienen que hacer en términos de impuesto de sociedades, o en término de cotizaciones. Seguiremos trabajando en esa misma dirección, pero quería aportar el dato del incremento del número de efectivos y de la actualización de los procedimientos que la Inspección de Trabajo está desarrollando justamente para poder hacerlo posible, herramienta para lo cual fue imprescindible, que aprobáramos el viernes pasado, el decreto para regular también el registro de horario, porque, efectivamente, una de la parte importante va en relación a que no existía homogéneamente un control horario que permitiera que los inspectores tomaran en cuenta de jornada realmente trabajada respecto de la jornada que está contratada.

P.- Carlos Cúe. Diario "El País". Yo quería preguntarle a la ministra portavoz. Primero, con el tema Villarejo, al margen del respeto al derecho de sumario, ¿está todo publicado? En fin, los medios abren con esto, y yo quería saber si el Gobierno no tiene nada que decir ante un escándalo de estas dimensiones y qué está haciendo el Gobierno --no nos diga información secreta--, pero qué está haciendo el Gobierno para que esto no pueda volver a pasar y qué dimensión le da el Gobierno.

Un segundo punto es, publicamos hoy en "El País" que España rescata un tercio de los inmigrantes en aguas marroquíes. Quería saber cuál es la instrucción del Gobierno en este momento, si Salvamento Marítimo sigue rescatando inmigrantes en aguas marroquíes, si van a pactar con Marruecos, que se entregan a Marruecos. ¿Cómo está esta situación?

A la ministra Batet, sobre el tema de funcionarios, le quería plantear, sabe que hay críticas por el electoralismo, por hacerlo en este momento. Yo le quería preguntar por qué en este momento y por qué se ha llegado a 33.000, porque han subido, se hablaba de 30.000 y se ha subido a 33.000, ¿por qué había ese margen?

Y, por último, a la ministra de Hacienda, sobre el tema de déficit, le quería plantear, si fuéramos a un bloqueo largo de Gobierno, en formación larga de Gobierno, que en este país ya ha pasado alguna otra vez, ¿cómo podría afectar a la economía española? ¿Cómo podría afectar el déficit? Hay, por ejemplo, científicos -hoy hay una carta en "El País"- que se quejan de que hay un bloqueo de 6,600 grupos de investigación que dependen de un gran Programa que no está llegando desde hace siete meses. Ya están pasando cosas. ¿Qué puede pasar en este país si hay un bloqueo largo ahora?

Portavoz.- En relación a la policía patriótica está publicado en los medios de comunicación lo que está. Pero, claro, obviamente, los medios de comunicación pueden publicar lo que está a su disposición. El Gobierno tiene que mantenerse en otra línea. Ciertamente, el Gobierno está en el asunto a través, en fin, de sus servicios en el Ministerio del Interior, y, además está a disposición del Poder Judicial. Todo lo que le pida el Poder Judicial, el Gobierno tiene que ayudar al Poder Judicial en esa materia.

En relación a Marruecos, no se pueden confundir las aguas territoriales con las zonas SAR, Salvamento y Rescate. Y, por tanto, como ustedes bien saben, Marruecos y España tienen un desafío común, que es, precisamente, el tema de la migración, de las migraciones. España desde el minuto uno, a través de su presidente de Gobierno, trabajó en el ámbito europeo para que este fuera un problema que tuviera que afrontar Europa en su conjunto, habida cuenta de que España, las fronteras del Sur, sobre todo, son fronteras europeas.

En este momento, este Gobierno está trabajando, durante estos ochos meses, está trabajando en perfecta coordinación con las autoridades de Marruecos sabiendo, ciertamente, que hay que trabajar con el país de origen y con el país de tránsito y de destino. Este es un problema para ambos países y para Europa. Sobre todo, es un problema de Europa, que Europa ha de afrontar. Para ello, tenemos que seguir trabajando.

Y voy a decir solamente una cosa, en relación a los científicos, para después dejar a la ministra de Hacienda que hable de los recursos económicos.

Este Gobierno tiene la firme determinación de que la ciencia sea un primer objetivo estratégico del Gobierno. Para ello, hemos dado algunas, hemos adoptado, como ustedes saben, varias medidas durante este proceso. Sabemos, tenemos plena convicción de que la prosperidad económica siempre, históricamente, se ha conciliado con el conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento es una pieza capital para que las sociedades funcionen y avancen. Y queremos ser una sociedad flexible, abierta, y avanzada.

Y ahora sí, ahora podemos hablar de los recursos económicos que le interesan legítimamente al interpelante.

Sra. Montero.- Sí, bueno, yo diría que los datos ponen de manifiesto, los datos que hemos conocido en el día de hoy, por parte de los organismos responsables, ponen de manifiesto que el crecimiento en España es robusto, que se está haciendo un control de las cuentas públicas exhaustivo, y que, por tanto, yo diría que vamos en la dirección correcta.

La economía española creció un 2,6%, y recuerden ustedes, por ejemplo, que Alemania creció un 1,5% en el año 2018, al igual que Francia, incluso, Italia creció un 0,9%. Es decir, que el dato pone de manifiesto que este país está creciendo por encima de la zona euro, y que su crecimiento es robusto.

La previsión que se tiene actualmente para el año 2019, es que se crecerá un 2,2%. Este dato de previsión de crecimiento es el que se podría haber modulado o alterado o variado, en función del momento en el que se aprueben los PGE. No se trata sólo de la estabilidad política, del Gobierno y del país, sino que se trata de la aprobación de los PGE, que es lo que produciría un efecto de reducción de ese déficit por el mayor número de ingresos que se cuentan dentro de las modificaciones fiscales que había aprobado el Gobierno, y, por tanto, la capacidad de poder llevar a cabo una mayor contención del objetivo de déficit.

Pero dicho esto, el Gobierno está trabajando ya en la contención del déficit. Lo puedo expresar con otras palabras, lo ideal sería que el proyecto de Presupuesto entrara en vigor lo antes posible, pero ante la situación de la convocatoria de las elecciones generales, en la prórroga presupuestaria que nos iríamos al 2,2, 2,4, depende del organismo que hable, estamos trabajando para dejarlo justamente en el 2%. Así que, espero que toda esa realidad que usted comenta se produzca lo antes posible, para que el proyecto de Presupuestos pueda ver la luz, y, por tanto, podamos hacer un mejor control del déficit y de la deuda con instrumentos nuevos que en este momento no tengo.

Respecto a las OPI, el sistema de la ciencia, que ha expresado su malestar, en estos días, aportar adicionalmente a lo que decía la ministra portavoz, que hay, quizás, dos elementos fundamentales, que son los que llevan a esa reivindicación, el primero tiene que ver con la convocatoria de las ayudas, en donde el colectivo plantea que ha habido un retraso, respecto a lo previsto por el Ministerio de Ciencia. Efectivamente, viene provocado por el no presupuesto. Es decir, por no tener vigente el proyecto de Presupuesto. Pero sí le puedo decir que el Ministerio está trabajando para que, aproximadamente, en el mes de junio, se pueda resolver adecuadamente, la convocatoria; lo tienen que hacer a través de un real decreto, y espero que ese real decreto incluso aunque se haga por vía de urgencia, se pueda continuar con un Gobierno en funciones. Porque ya, el momento político en el que nos encontramos limita la propia capacidad normativa del Gobierno, pero nuestro compromiso es firme, y si todo va según lo previsto, podríamos en el mes de junio, en ese entorno, estar hablando de esto.

Igual le digo, con motivo de la actualización salarial. Este grupo de investigadores o de personal al servicio de la investigación tiene una previsión en la Ley de Presupuestos del año 2018, para la actualización de sus retribuciones desde ese año, cuestión que se ha retrasado, porque el Gobierno anterior no formuló ningún tipo de hoja de ruta para hacerlo posible previamente, por lo que el Gobierno lo ha estado elaborando y por lo que me comunican, en el Ministerio de Ciencia, estaremos también en el mes de mayo, o en el mes de junio, haciendo efectivo a través de la nómina, esas retribuciones homólogas. Espero que podamos llegar a tiempo en esas fechas y se paguen los atrasos respecto al año 2018. Es decir, según la previsión de la Ley de Presupuestos del año 2018.

Sra. Batet.- Sí, bueno, uno de los compromisos con la ciencia se expresan también en la Oferta de Empleo Público que hoy mismo se aprueba, donde se dedica un porcentaje muy importante, y se determina ese sector como uno de los prioritarios.

La pregunta era por qué se presenta ahora la Oferta de Empleo Público. Yo creo que no presentar la Oferta de Empleo Público sería una absoluta irresponsabilidad por parte del Gobierno. En primer lugar, porque la Oferta de Empleo Público se presenta cada año. Por tanto, entra dentro de la gestión ordinaria de las funciones ordinarias de un Gobierno. En segundo lugar, porque al final, estamos hablando de garantizar la prestación de servicios públicos, de servicios básicos a los ciudadanos, que sin esta oferta se podrían ver en peligro. En tercer lugar, porque da seguridad también al cuerpo de opositores y de opositoras, y de sus familias que están esperando, efectivamente, certidumbre respecto a estas ofertas sabiendo que siempre se producen alrededor del mes de marzo. Y, finalmente, también hay un motivo adicional que quiero compartir con todos ustedes, y es que tenemos dudas de si, efectivamente, un Gobierno en funciones tendría la capacidad o no de aprobar una Oferta de Empleo Público. Puesto que ahora no estamos y no somos un Gobierno en funciones, nos parecía que por todas las otras razones y, además, porque podemos entrar en un escenario de mayor incertidumbre, era oportuno y de absoluta responsabilidad presentar hoy la Oferta de Empleo Público.

Respecto a las plazas y el número total de esas plazas, este número, como ustedes saben, no responde a un incremento neto de plantilla, sino que responde pues, a la promoción interna, a la estabilización, y también al aumento de las jubilaciones, cosa que con un presupuesto prorrogado lo que ha permitido es que el número sea más elevado. De acuerdo con el informe de envejecimiento de la Administración Pública que les he presentado, viendo como esas jubilaciones previsiblemente cada año van a irse incrementado, sólo por ese efecto ya la Oferta de Empleo Público aumentaría en manera significativa su número total.

Gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)