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Conferencia de prensa de la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación después de la reunión del Consejo de Ministros

Palacio de La Moncloa, viernes 1 de marzo de 2019

Vicepresidenta.- Buenas tardes. Gracias, como siempre, por acudir a la rueda de prensa del Consejo de Ministros. No hace falta que diga --porque es evidente-- que hoy comparecemos el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y yo misma, para dar cuenta de los temas que han sido objeto de decisión de este Consejo de Ministros.

Me van a permitir algún comentario previo que viene al punto en el que estamos. Es un Consejo de Ministros, el último antes de la disolución de las Cámaras. El lunes mismo, el presidente del Gobierno remitirá el decreto para la firma de Su Majestad el Rey, y refrendado por él y a partir del martes, que entrará en vigor, estamos en un periodo distinto. Periodo distinto que supone para el Gobierno plenas funciones de trabajo con las restricciones propias de la LOREG, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, pero no somos un Gobierno en funciones, que eso se produce en nuestro orden constitucional después de celebradas las mismas --como todos ustedes saben--.

Queremos en este punto desde el Gobierno agradecer el trabajo que en las cámaras, fundamentalmente, ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista pero, también, a algunos diputados y grupos parlamentarios que nos han acompañado en la aprobación de leyes, y en la convalidación de algunos reales decretos leyes que para nosotros han sido una parte muy importante de nuestra acción de Gobierno, la acción de enviar normas a la Cámara que es la manera absolutamente normal, también, del trabajo de un Gobierno en un modelo político y jurídico como el nuestro.

Somos un Gobierno que llegó hace nueve meses, apenas nueve meses, para convertir la política en el espacio de la decisión, de la transformación y de la respuesta a los problemas acumulados por la crisis, por las crisis, fundamentalmente, en una inmensa mayoría de hombres y mujeres que habían sufrido una merma de la calidad de sus vidas, de algunos de sus derechos, de las prestaciones sociales. En definitiva, para restaurar lo más importante de la política en una democracia que son las políticas que redistribuyen igualdad a la ciudadanía. Ese es el trabajo que hemos hecho con mucho entusiasmo, con mucho esfuerzo en las condiciones en las que hemos tenido que hacer, anteponiendo siempre la consideración del interés general que para nosotros eran resolver problemas, dar respuestas, tomar decisiones y, en definitiva, mejorar la vida real de la gente.

En ese contexto, sin Presupuestos, con unos Presupuestos vetados, incluso, a su propia deliberación, a su propio debate, hemos hecho muchas de las cosas que nos habíamos planteado al inicio de la llegada del presidente Sánchez al Gobierno --mediante el procedimiento constitucional de la moción de censura-- pero es obvio --todo el mundo lo ha podido, también, entender-- se queda una parte muy importante de nuestra agenda y de nuestro horizonte de trabajo sin poder realizarse porque no hay Presupuestos para hacerlo. Así lo han querido los grupos parlamentarios que han votado en contra del debate de estos Presupuestos y, en estas circunstancias, nosotros nos sentimos agradecidos en la parte en la que algunos diputados y Grupos Parlamentarios nos han acompañado y ahora, como ya es sabido para todo el mundo, el día 28 de abril todos seremos juzgados por los ciudadanos y ciudadanas en las urnas.

En esa contextualización de este último Consejo de Ministros, antes de que se produzca la disolución de las Cámaras, hemos tomado hoy algunas importantes decisiones entre las cuales están la respuesta que ha de dar nuestro país --llegado el caso-- de la salida del Reino Unido, el Real Decreto-ley que mandaremos a convalidación, de carácter muy amplio porque se contemplan todas las medidas en las que debemos estar de manera previsora para responder con seguridad y con tranquilidad a los ciudadanos españoles en el Reino Unido, a los británicos en nuestro país, a nuestros intereses económicos comerciales, entre los cuales está de manera muy principal el turismo. Y de ello dará cuenta el ministro Borrell. Y, también, del tercer Plan África, muy importante para este Gobierno. La mirada sobre África y la cooperación con África. Somos el país de Europa más cerca de África, nos importa mucho y hemos retomado también un pulso político en relación a África que se había perdido y del que también ahora cuenta el ministro.

Por mi parte, voy a apuntar los temas que son importantes y daré cuenta de alguno que, de manera clara, está de manera clara muy vinculado a mis responsabilidades como ministra de Igualdad.

Hemos tomado una decisión importante con carácter de Real Decreto-ley y, por tanto, tramitaremos para su convalidación una decisión en el ámbito de la vivienda, un Real Decreto-ley que para nosotros sigue insistiendo y ahondando en otro que no pudo ser convalidado. Agradecemos el evidente apoyo que algunos Grupos Parlamentarios ya han manifestado públicamente que vamos a recibir, porque este Gobierno se ocupa, y siente, y sabe la preocupación que existe sobre los problemas habitacionales en nuestro país, particularmente, para la gente joven, para la gente que espera tener respuesta, fundamentalmente, en los alquileres, respuesta de una política de vivienda que tenga un gran giro social y que considere que la vivienda es, un derecho para acceder a una vida digna y, en muchos casos, en relación a la gente más joven, a la propia independencia de sus vidas.

En este Real Decreto del Ministerio de Fomento --del cual van a tener ustedes una información pormenorizada-- tomamos otras nuevas decisiones, entre las cuales, yo querría destacar que sobre la filosofía en la que hemos siempre trabajado, la protección de los inquilinos, pero con un equilibrio importante entre los propietarios y los arrendatarios, un equilibrio que haga que las viviendas puestas en alquiler sean beneficiosas en los intereses, tanto de quienes las tienen en propiedad como de quienes las usan a través del alquiler, que es de lo que se trata, de rentabilizar al máximo posible esta circunstancia, ---muy habitual en nuestro país, somos un país donde tenemos la costumbre de acceder en propiedad a las viviendas-- con algunos elementos nuevos que destaco: vamos a proceder a tener una listas indicativas de precios de la vivienda y los vamos a vincular todos a la subida del IPC. Vamos a permitir que puedan existir bonificaciones, fundamentalmente, en el IBI, en las políticas tributarias locales para poder promocionar a quienes las alquilan, evidentemente, para que podamos disponer de suficiente oferta pensando -repito--en lo que pensamos que es un problema importante de la gente más joven. Vamos a mantener el derecho de tanteo y retracto de las administraciones públicas, fundamentalmente, en aquellos casos en los que pueda ejercerse para edificios enteros, que nos parece que es otra fórmula de solución en la medida de lo posible, y una medida que valoramos de manera principal en este Gobierno. Sabemos de las circunstancias duras, muy duras, y muy tristes y lamentables en materia de desahucios. Este es un asunto que nos preocupa y al que queremos dar respuesta, en este Real Decreto-ley, propiciando y obligando que en los procedimientos en curso de los desahucios exista la obligación de la comunicación de las circunstancias a los servicios sociales de las administraciones públicas que tienen oferta, fundamentalmente, la administración local, los ayuntamientos, para que ninguna persona se vea en situación extrema de precariedad cuando se puede ver afectada por un procedimiento de desahucio. Esto nos preocupa enormemente, hay días que nos levantamos con circunstancias duras y este Real Decreto-ley da, también, respuesta a esta circunstancia.

En conclusión, añadimos algunas novedades que refuerzan una mirada social profunda sobre el derecho a la vivienda y sobre el uso social de la vivienda que en el anterior Real Decreto-ley no habían sido objeto de contemplación y que en este mejoramos y completamos.

También hemos acordado la aprobación de un Real Decreto-ley en materia de igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en materia laboral, en materia de empleo, y ocupación. Este Real Decreto-ley trae causa de una Ley que--con este mismo nombre prácticamente-- el Grupo Parlamentario Socialista registró hace un año. Esta es una Ley que tiene un año en la que contemplábamos todos y cada uno de los elementos discriminatorios, todos y cada uno de los puntos en los que en el itinerario laboral de una mujer había elementos injustos, desiguales y, por tanto, suponía un trato desigual y no aceptable en nuestro modelo constitucional sobre el principal valor y valor superior de nuestra Constitución, que es la igualdad, y acometemos en este Real Decreto-ley, algunas de las medidas planteadas en esta Ley, que consideramos que son necesarias y urgentes, particularmente 4 de 3 de esa Ley, y una que añadimos también por necesidad y por urgencia.

Quiero decir que en este periodo de nueve meses de este Gobierno hemos impulsado y propiciado la aprobación de cuatro Leyes que afectan a la igualdad entre hombres y mujeres, 6 que estaban previstas decaen. Por nuestra parte serán recuperadas en el momento que política y jurídicamente podamos, porque en este Gobierno consideramos claramente, que no se puede sacar adelante una agenda política en una democracia sin contemplar que el principal elemento de desarrollo de toda la agenda política pasa por los elementos de igualdad entre hombres y mujeres y, naturalmente, por lo que nos obliga nuestro artículo 9 de la Constitución: remover los obstáculos que impiden que la igualdad entre hombres y mujeres sea efectiva.

Los tres elementos que hemos sacado de la Proposición de Ley que lleva un año --como ustedes saben--, que forma parte de otras muchas leyes que han sido paralizadas -literalmente-- por un uso incomprensible de dos grupos parlamentarios en la Mesa del Congreso de los diputados, que han sido objeto --como ya es sabido por ustedes y por la opinión pública-- de un recurso de amparo del Grupo Parlamentario Socialista en pos del amparo del Tribunal Constitucional para el ejercicio de su cargo y de su participación política, y hemos considerado que al menos estos tres elementos tienen que quedar resueltos para la vida cotidiana de las mujeres, que somos ciudadanas y somos trabajadoras en el ámbito tanto de la Función Pública --del empleo público-- como en el ámbito privado.

Dos de ellas requieren una modificación orgánica del Estatuto de los trabajadores, y afectan: por un lado al cumplimiento de la Directiva 54/2006 y de una Recomendación del 2014, que en ambas se establece que hay que recomendar, imponer, en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados miembros, decisiones que permitan la transparencia de las tablas salariales de forma y modo que las mujeres --que todos en general y las mujeres en particular-- puedan conocer cuáles son las circunstancias en las que se produce la denominada brecha salarial, la discriminación salarial, e introducir el concepto de igual trabajo, igual salario; a igual cualificación, dedicación, y desarrollo del puesto de trabajo, igual retribución.

Esto, que en los países con los que habitualmente nos comparamos ya está hecho, en nuestro país no lo está. Hay muchas mujeres que no conocen, ni siquiera, cuál es la discriminación salarial en la que pueden estar y, por tanto, la reivindicación de la reposición de esa desigualdad injusta porque no conocen las retribuciones del resto de los trabajadores y trabajadoras de su empresa; de tal manera que van a tener que publicarse estas tablas salariales, se va a tener derecho a acceder a ella vía representación sindical o de manera personal y vamos a --mediante Reglamento-- hacer un registro de estas tablas salariales de las empresas que van, también, a ser obligatorias a partir de 50 trabajadores y trabajadoras. Desde 50 trabajadores y trabajadoras, estas tablas van a tener, también, que ser publicadas.

Evidentemente a partir de ese momento tendremos la protección jurisdiccional de las discriminaciones salariales que se produzcan porque --como decía antes-- lo que vamos a hacer es cumplir en términos jurídicos, efectivamente, que igual trabajo, igual salario, sabiendo que tenemos una horquilla de brecha salarial que ronda en torno al 23% en algunas áreas laborales.

En segundo lugar, rescatamos también de las propuestas de esta Ley los permisos de paternidad y maternidad para el cuidado de los hijos nacidos o del cuidado de los menores. Estamos hablando, también, de dejar de ser parte del furgón de cola en la Unión Europea en relación a esta importantísima materia para hablar de la igualdad de condiciones en las que las mujeres desarrollan su ámbito laboral. La maternidad no puede ser un arma en contra del desarrollo laboral y ciudadano de las mujeres. La maternidad es una opción libre de las mujeres de la que, en términos políticos, jurídicos, y sociales, tenemos que hacernos corresponsables todos por lo que representa. Representa nada más y nada menos que la continuación en términos de capital humano de un país como el nuestro; por lo tanto, no pueden seguir pechando las mujeres de manera exclusiva con todos y cada uno de los elementos circunstanciales que trae a la vida de una mujer, a la vida de una pareja, a la vida de los progenitores en general, la llegada --por vía biológica u otra-- de la responsabilidad de los menores.

Vamos a equiparar los permisos de paternidad y de maternidad en los mismos criterios en los que se debate, en este momento se ha debatido en el mes de junio en la Unión Europea, para alcanzar al final del proceso las 16 semanas por permiso de paternidad y maternidad. Lo vamos a hacer en tres años para dar tiempo suficiente a las empresas, al ámbito empresarial, a la irrupción de todas las circunstancias nuevas que todo esto representa para la organización del trabajo y para la corresponsabilidad, no solamente de los progenitores sino, también, de una función social extraordinaria primigenia --seguramente la más importante de una sociedad-- que es la reproducción humana y la protección en las mejores condiciones posible de los menores. De tal manera, que vamos a pasar de 5 a 8 semanas en este año --en el 2019, a partir de la entrada en vigor--, lo haremos hasta 12 semanas en el año que viene --en el 2020-- y hasta las 16 en el 2021, y con esto estaremos en 3 años alcanzando la media de permisos de paternidad y de maternidad que tienen los países de la Unión Europea que han hecho su trabajo --el nuestro va con retraso-- en materia de corresponsabilidad y de igualdad para hombres y mujeres.

Con esto lo que hacemos es, también, cumplir mandatos de la Constitución, el artículo 14, del artículo 9, y cumplir mandatos importantes de la Ley del 2007 que, siendo meramente propositiva, ahora va a alcanzar una virtualidad mayor, la de la obligatoriedad de poder establecer estos mecanismos de reparto de tal responsabilidad como es la protección de los menores y la --incluso-- las propias tasas de natalidad de nuestro país.

En tercer lugar, hemos sacado de la Ley --como les vengo indicando-- un tercer elemento que va a requerir, también, modificación de la Ley Orgánica del 2017, la Ley Orgánica 3/ 2017, en su parte no orgánica para no estar afectada evidentemente por la fórmula legislativa del Real Decreto-ley y que va a tener que ver con los planes de igualdad. Necesitamos que las empresas y la estructura empresarial de nuestro país, las mujeres, a través de los cauces formales oportunos --que suele ser, evidentemente, la negociación colectiva la representación sindical-- puedan tener una influencia importante y ser las propias portavoces de los asuntos relativos a todas las cuestiones laborales en las que se desarrolla su actividad profesional, teniendo en cuenta, como es lógico, la afectación de muchos elementos, el más importante --como decía antes--, la propia acción de la maternidad.

Nuestro país hasta ahora, los planes de igualdad estaban previstos sólo para empresas de más de 200 trabajadores y trabajadoras, hay muy pocos hechos y algunos, incluso hechos, no se cumplían. A partir de ahora vamos a empezar, también, progresivamente, para ir pudiendo hacerse este camino de transición en empresas de 50 trabajadores hasta las de 250 y, a partir de ahí ya son empresas grandes que no son muy abundantes en nuestro país.

Vamos a dejar tres años para las empresas más pequeñas, para las que tienen más de 50 trabajadores, y un solo año para las empresas que tienen más de 250 trabajadores, para que haya también un período de adaptación que permita elaborar estos planes, con criterios razonables de tiempo y de adaptación a todas estas circunstancias que son, evidentemente, muy transformadoras de los verdaderos derechos y del verdadero tratamiento igualitario de las mujeres trabajadoras en nuestro país. Esos planes de igualdad tendrán que ser, también, registrados para que podamos tener control sobre los mismos, de tal manera que se puedan cumplir los criterios de igualdad de trato de las mujeres y de los hombres en los ámbitos empresariales.

Y, por último, una cuarta medida de este Real Decreto-ley que no estaba contemplada porque no era su materia en la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades de la que les vengo trayendo causa para los elementos que han sido incorporado a este Real Decreto-ley, y que tiene que ver también con la recuperación de las cotizaciones a cargo de la Administración General del Estado --me estoy refiriendo a las cotizaciones del convenio especial que hay para los trabajadores y trabajadoras de mayores en el ámbito de la dependencia, y de las personas con discapacidades, y con necesidades de dependencia en sus cuidados-- que, como ustedes saben, muchas abandonan el trabajo, interrumpen su cotización, y se produce como consecuencia otra de las grandes brechas absolutamente inadmisibles en una democracia, y que es la brecha en las pensiones.

El grueso más importante de los cuidadores de los que estamos hablando en este momento son mujeres. La brecha en las pensiones se produce por esta discontinuidad en las cotizaciones de muchas mujeres que abandonan sus trabajos para cuidar de otros, particularmente y de manera muy importante a considerar, el grupo de madres que abandonan sus trabajos para cuidar a mayores o a hijos con problemas de enfermedades graves, evidentemente, en unas condiciones de dependencia muy altas. Estamos hablando de un colectivo que es mayoritariamente también de mujeres y que hemos de devolverles la posibilidad de la cotización que tiene que ver con su protección, con su respeto, incluso habría que añadir el agradecimiento de la tarea que hacen en términos de ética, de ética de los cuidados en una sociedad que debe propiciar la solidaridad siempre, y dejamos de castigarlas en una brecha muy grave que es la brecha en las pensiones. En las pensiones hay brechas de hasta el 40%. Hay alrededor de 300-370 euros menos en las pensiones de las mujeres en relación a los hombres y una parte importante se produce en esta circunstancia del cuidado ya que fundamentalmente son cuidadoras.

Con estas cuatro medidas que consideramos necesarias y urgentes, obviamente, que no han podido sacarse adelante porque hemos tenido el bloqueo y la paralización constante de la obstrucción constante que se ha hecho en las Cámaras en estos nueve meses, al menos cumplimos con alguno de los objetivos importantes que en materia de política social y en materia política de igualdad el presidente Sánchez advirtió, en su discurso de investidura a la llegada de este Gobierno.

Por lo demás, hemos tomado algunas decisiones --también muy importantes-- mediante Reales Decretos. Hemos acordado por Real Decreto el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación. Era una medida que esperaban largamente desde hace 7 años los hombres y las mujeres que se dedican a la investigación en nuestro país, particularmente los jóvenes, que con esto les dotamos de un Estatuto y de un modelo de contratación laboral que les permite claridad en sus condiciones de trabajo, de tiempos, de horarios, de jornada, de vacaciones, de retribuciones, durante hasta 4 años, que les ofrece estabilidad y garantía y abandonamos ese otro espacio inconcreto e informal donde las relaciones eran más de dependencia personal que de claridad estricta de los derechos y de los deberes propios de un modelo de país como el nuestro. Nos sentimos muy satisfechos de poder haber acordado finalmente el EPIF que tanto esperaba los hombres y mujeres jóvenes que se dedican a la ciencia en nuestro país.

Hemos, por Real Decreto hoy también, acordado la configuración estructural de competencias y funciones de la autoridad macroprudencial. Este Gobierno quiere que no vuelva a repetirse nunca una situación de inestabilidad financiera, de crisis, como la que hemos vivido porque hayan faltado elementos racionales de prevención, de coordinación, de esfuerzo y de respuesta antes de que ocurra lo que ha ocurrido. El Ministerio de Economía y Empresa trajo un Real Decreto --como ustedes saben-- a convalidación para que nuestro país no fuera el último país de Europa --en rango, digamos de magnitud y de importancia-- que no tenía todavía ordenada una prevención de una crisis, como la última, que hubo, evidentemente, de preverse.

Y, por último, también, hoy hemos, se recuperó mediante Real Decreto del 28 de agosto de 2019 el Observatorio para la Salud de las mujeres. Hoy la ministra ha traído también la conformación de este Observatorio que fue absolutamente dejado caer por inanición absoluta del anterior Gobierno y en el que el Ministerio de Sanidad quiere seguir trabajando en términos de diagnóstico, de prevención, y de planes sobre todos aquellos asuntos relativos a la perspectiva de género en la medicina y en la salud. Este observatorio existía, se dejó morir --literalmente-- y se recupera por todo lo que significa.

Y, por último, hemos aprobado, también, la Declaración Institucional para el día 8 de marzo. La hemos hecho los dos ministros que comparásemos aquí ahora mismo, el ministro Borrell y yo misma, porque nuestra declaración institucional está incardinada en la Agenda 2030, en uno de los grandes Objetivos de Desarrollo Sostenible que son todas las políticas de igualdad en el mundo, la protección particular de todas las debilidades y marginaciones en las que andan las mujeres del mundo y las niñas, y en ese ámbito, nos sumamos al lema de Naciones Unidas este año para celebrar el 8 de marzo como Gobierno y hacemos una declaración conjunta enmarcada, también, en estas circunstancias.

Estos son los principales asuntos que hemos tratado y finalmente, también, en materia de Formación Profesional algunos elementos de los que nos sentimos muy satisfechos. Hemos traído titulaciones nuevas en Formación Profesional por parte del Ministerio de Educación, muy necesarias para resolver uno de los elementos que distorsionan con mucho nuestro desarrollo económico y nuestras condiciones de empleo y de trabajo en nuestro país, que es la formación de los trabajadores y de las trabajadoras. El Ministerio ha hecho un trabajo importante de determinar aquellas áreas de la Formación Profesional donde necesitamos formación para un modelo de trabajo y de desarrollo económico más competitivo, más productivo, y completamente necesario en nuestro país.

Estos son los asuntos principales, y ahora el ministro dará cuenta de dos asuntos que son de lo más principales: Brexit y el Plan África.

Sr. Borrell.- Muchas gracias, vicepresidenta. Después de los asuntos principales vienen los superprincipales.

Muchas gracias a todos por su atención. En el ámbito del Ministerio de Asuntos Exteriores, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el Tercer Plan África, tercer plan que hace la Administración Central del Estado para África. Es un documento estratégico de largo alcance cuyo contenido no pretendo explicar en detalle, simplemente, señalar la importancia que tiene que se haya aprobado después de ocho meses intensos de trabajo entre los ministerios, distintas instituciones públicas, privadas, la sociedad civil, y los países africanos. A partir del lunes tendré el honor de poder presentarlo en varios países africanos, desde las costas atlánticas de África hasta Etiopía, en la sede de la Unión Africana y quisiera ahora, simplemente, señalar que este documento ve a África no como una amenaza --como frecuentemente se ve-- sino como una gran fuente de oportunidades.

África es un continente dinámico, ha aumentado en democracia, ha aumentado en capacidad económica, ha aumentado en estabilidad. Si ustedes comparan el África de hoy con la América Latina de los años 80, África es más democrática y más próspera de lo que era entonces América Latina. Entonces, el Gobierno español inició un gran trabajo político para que nuestras empresas y nuestra sociedad estuvieran presentes en América Latina y creemos que podemos, y debemos, hacer lo mismo en África. Para que tengan una idea África tiene ahora 1.200 millones de habitantes, dentro de 30 años tendrá 2.500 millones de habitantes, y de aquí a entonces llegarán al mercado de trabajo unos 900 millones de nuevos africanos. Desde que este Gobierno está en La Moncloa, hay 35 millones de africanos más, y 50 millones más de teléfonos móviles. Eso demuestra la pujanza demográfica y económica de un continente que es demasiado grande como para que se pueda hablar de él en términos homogéneos.

¿África? ¿Qué es África? Hay varias Áfricas. Es un documento, insisto, estratégico, de largo alcance que pretende aprovechar las oportunidades que el continente africano representa para España, en lo que España puede contribuir a su desarrollo desde varios puntos de vista: la sostenibilidad, la igualdad de género también, la institucionalidad, la movilidad y el crecimiento. Sólo el 20% de los inmigrantes africanos acaban llegando a Europa, el 80% se mueven en el interior de África. El Mediterráneo es una gran frontera desigual, la relación de renta per cápita es de 1 a 10, pero entre Sudáfrica y los países de su entorno es de 1 a 15. De manera que, no somos la frontera más desigual, la más desigual está en el interior de África.

Quisiera resaltar la importancia que tiene este documento --que espero tenga amplia divulgación-- y que se va a centrar en lo que llamamos países ancla, los países modulares, que son los que tienen más potencial de crecimiento, los que atraen emigración de su entorno, los más estables, que son, básicamente: Nigeria, Sudáfrica, y Etiopía. Sería demasiado largo decir, vicepresidenta, entrar en detalles del plan. Si me permites y me permiten quedamos a su disposición para futuros encuentros que organizaremos en el Ministerio.

Pasamos a otro tema más coyuntural --este es profundamente estructural--, que son las medidas de contingencia. Las medidas de contingencia, que se plasman en un Real Decreto-ley que me corresponde presentar, pero que, en realidad, es el trabajo coordinado por la vicepresidenta y en la que se han involucrado 17 ministerios porque el tema es muy amplio y cubre muchos aspectos. Esperamos que no tenga que utilizarse, esperamos que sea un Real Decreto-ley que se apruebe pero que no entre nunca en aplicación, porque lo haría única y exclusivamente si el Reino Unido decidiese salir de la Unión Europea por la ventana. Eso todavía puede que no ocurra y estamos haciendo lo posible para que no ocurra. Ya sabemos cuál es el calendario, los días 12, 13 y 14 lo vamos a saber. El día 12 el Parlamento va a votar si acepta o no definitivamente el Tratado de Retirada con los retoques que se le están dando actualmente en Bruselas pero que no van a afectar a lo sustancial del mismo.

Si lo aprobaran, el Real Decreto-ley no tendría utilidad. Si no lo aprueban, el día siguiente el Parlamento británico se preguntará si desea salir sin acuerdo. Si dijeran que sí, que salen sin acuerdo, entonces es cuando el Real Decreto-ley entraría en vigor; si, como esperamos, dijesen que no, seguiríamos teniéndolo aparcado y, al día siguiente, votarían si aceptan o no pedir una prórroga. Realmente, ya es la única opción que les queda porque si dicen que no quieren el acuerdo, y no quieren salir sin acuerdo, por lógica elemental quiere decir que están pidiendo una prórroga, pero una prórroga ¿para qué? ¿cuán larga? ¿con qué objetivo? ¿qué finalidad? No es tiempo por tiempo, simplemente para que pase el tiempo, hay que saber para qué se pide.

Pero no anticipemos acontecimientos, no sabemos que van a decidir los británicos. Haremos lo posible para que su decisión haga inútil el Real Decreto-ley que tanto trabajo nos ha costado hacer entre todos y que moviliza recursos humanos, normativos, y materiales con actuaciones de carácter logístico que prevé la contratación de nuevas personas y, sobre todo, una serie de medidas que tienen el objetivo fundamental de preservar los intereses de los ciudadanos, sean españoles o británicos, de todos aquellos que ejercieron su derecho a la libre circulación antes de la fecha de retirada, ejercieron un derecho y hay que mantenerlo y respetarlo. Y, también, hay que preservar el normal desenvolvimiento de los flujos comerciales y de los intereses económicos de España.

Es un Real Decreto-ley que contiene medidas de carácter coyuntural, evidentemente, y que --esas medidas-- son de carácter unilateral; es decir, no es una contrapartida doble, en ese caso sería un tratado internacional, es una decisión del Gobierno español unilateralmente decidida que espera --seguro que tendrá-- la contrapartida por parte del Gobierno británico en igualdad de condiciones.

El objetivo fundamental es que ningún ciudadano británico o español quede desprotegido, ni él ni sus familiares. Los británicos que han decidido venir a España antes de la fecha del acuerdo de retirada o de la salida brusca seguirán como antes, lo mismo cabe decir de los españoles. Especial atención al Campo de Gibraltar, a las medidas de movilidad que faciliten un flujo rápido a través de la verja de las 9.000 personas que la cruzan a diario. Hay un conjunto de medidas sobre el acceso de los profesionales a la Función Pública, sobre Seguridad Social, asistencia sanitaria, extremadamente generosas para que no haya ninguna ruptura con respecto a la situación actual. Regulamos el acceso a la Universidad y todo tipo de actividades económicas: servicios financieros, transporte terrestre, aduanas, documentaciones sanitarias --y cito sanitarias--, contratación pública, en fin, hasta permisos de conducir.

Desconectar de la Unión Europea es bastante más difícil de lo que se hubieran podido imaginar, y eso que el Reino Unido ni está en el euro ni está en Schengen, imagínense lo que sería en otra clase de desconexiones.

Tampoco voy a entrar en el detalle porque sería bastante largo y prolijo, pero sí quiero señalar el objetivo que guía este Real Decreto-ley: continuidad. Evitar rupturas en las expectativas que se han creado y de acuerdo con las cuales viven muchos ciudadanos, españoles allí y británicos aquí. Y una especial consideración al Campo de Gibraltar.

Como ustedes saben, las medidas de contingencia de la Unión Europea excluyen a Gibraltar, forma parte del acuerdo al que llegamos y la consideración específica que tiene Gibraltar como un territorio sometido a descolonización, para el cual, a partir de ahora, si hubiera un acuerdo, las sucesivas disposiciones que adoptasen el Reino Unido y la Unión Europea necesitarían el acuerdo previo de España. Pero no estamos en eso, no nos confundamos, estamos previendo la situación en la que no hubiera acuerdo, y puesto que las medidas de contingencia de la Unión Europea no se aplican a Gibraltar, nosotros tenemos que prever esas medidas, y es lo que hace el Real Decreto-ley, especial consideración a ese territorio, a esa frontera donde -insisto-- nuestro objetivo sigue siendo allí, más que en ninguna otra parte, la defensa de los derechos de los trabajadores transfronterizos. Teniendo en cuenta que, evidentemente, si se produce la salida, los habitantes de Gibraltar pasan a ser considerados ciudadanos de un tercer Estado --eso es inevitable--, pero haremos todo lo posible para que no se produzca ninguna disrupción en los flujos de personas, que seguirán produciéndose.

Vicepresidenta, si quieres entro más en detalle pero, en ese caso, me parece que estaremos aquí hasta la hora de merendar. De manera que quedo a su disposición.

Vicepresidenta.- Estamos a su disposición los dos.

Sr. Borrell.- Tengo un par de ministros que me esperan pero les echaré la culpa a ustedes.

P.- Hola, buenas tardes. Olga Guerrero de Antena 3. Tenía dos preguntas, una para la vicepresidenta. Parte de la oposición les acusa de estar haciendo campaña electoral desde la mesa del Consejo de Ministros y vía Real Decreto-ley. ¿Qué les responde?

Y la otra pregunta, para el ministro de Asuntos Exteriores, ¿el Gobierno va a reconocer como representante diplomático al embajador del señor Guaidó en España? La duda surge porque el señor Ecarri se ha reunido con miembros de su Ministerio pero, todavía, no con usted. Gracias.

Sr. Borrell.- Muchísima gente que acude el Ministerio de Asuntos Exteriores se reúne con los secretarios de Estado, no directamente con el ministro. De lo contrario, yo no tendría tiempo para atender a todo el mundo y no necesitaría secretarios de Estado. Tengo un secretario de Estado en el Ministerio para Asuntos Latinoamericanos, un responsable político altamente calificado que se ocupa de los temas que ocurren en esa área geográfica y sí, evidentemente, es él el que en este momento o esta tarde --no sé cuándo pero a lo largo del día de hoy-- se reunirá con el representante de quien hemos reconocido como presidente interino de Venezuela y, naturalmente, yo no voy a anticipar ahora lo que habrá, o él estará diciendo de forma inmediata. Una vez que se le haya comunicado lo haremos público. Sería altamente descortés que yo no le recibiera y me fuera a otro foro a explicarle lo que le tiene que explicar a él.

Vicepresidenta.- En relación a su pregunta, cualquiera que haya podido estar al tanto del trabajo de este Gobierno desde el día uno, se habrá dado cuenta que seguimos al mismo ritmo, con los mismos objetivos, haciendo que la política sirva para resolver problemas con las limitaciones que tendremos, evidentemente, en términos de la LOREG en los 15 días de campaña y teniendo en cuenta la situación, evidentemente, de composición de la Cámara y de la Diputación Permanente. Es decir, nosotros hemos estado desde el día uno demostrando que había que sacar a nuestro país de esa especie de desesperanza en la que la gente estaba atravesando una crisis y la política apenas servía para nada para sus problemas, desde el minuto uno hasta que en las condiciones de normalidad podamos seguir sacando adelante nuestro trabajo. Normalidad absoluta que es el cumplimiento de nuestra propia norma en el modelo constitucional, nada más, luego estaremos en funciones, pero hasta el 28 de abril no estamos en funciones.

Nosotros somos un Gobierno valiente, realista, prudente, razonable con muchas cosas con las que sabemos que podemos hacer, lo hemos demostrado. Salvo un Real Decreto-ley todo ha sido objeto de debate y de respuesta de la Cámara y no hay ninguna situación más distinta que ésta, que yo creo que ha podido ser observada para bien de la política española y, sobre todo, para que la gente piense que la política sirve para sus problemas, y que las instituciones están para eso, nada más.

P.- Buenos días. Miguel Valverde de "Expansión". A ver, yo tengo dos preguntas. La primera es para la vicepresidenta. ¿Cuánto cuesta la equiparación el permiso de paternidad al de maternidad? Si el Gobierno en su memoria económica tiene este dato. Y, en segundo lugar, ¿cuenta con el acuerdo de la patronal en todo lo que corresponde al Real Decreto-ley sobre igualdad? Gracias.

Vicepresidenta.- Este Real Decreto tiene memoria económica y para las 4 medidas, fundamentalmente, para las dos que tienen, evidentemente, coste presupuestario, estamos en torno a los 610, aproximadamente, millones de euros en relación a las dos medidas que tienen coste. Nosotros hemos estado en la mesa de diálogo social con sindicatos y con patronal. Esta Ley existe, la Proposición de Ley existe desde hace un año.

Mire, hemos hablado todo lo posible para que todo el mundo pueda entender y participar de seguir avanzando en igualdad material y de oportunidades entre hombres y mujeres. Ahora lo importante de este Real Decreto-ley es que sea convalidado con los grupos parlamentarios que representan la soberanía de este país, que es lo que importa en términos del Estado de derecho, pero esa es la memoria económica que tiene y, naturalmente, está presupuestada porque está a cargo de la Seguridad Social en la que esperamos un incremento de recaudación por la revalorización de las pensiones, por lo tanto estamos tomando una medida en términos muy razonables y muy prudentes desde el punto de vista, también, presupuestario.

P.- Buenas tardes. Daniel Sánchez-Ugart, de "Ara". Para la vicepresidenta. De los diferentes Decretos que nos ha explicado hoy, ¿en todos ellos tienen acuerdos con los partidos de la oposición para garantizar su aprobación en el Congreso? ¿Con qué partidos cada uno de ellos, en concreto, si cuenta con el apoyo de los partidos independistas en aquellos casos en los que hayan llegado a acuerdos con Podemos, porque son imprescindibles? Y enlazo una segunda parte, supimos que se habían recuperado las bilaterales con el Govern. No hemos sabido nada en unos días, no sé cómo evolucionan, si después del primer bache las relaciones con el Govern están un poquito mejor. Gracias.

Vicepresidenta.- Los que necesitan convalidación son los Reales Decretos-leyes, el de vivienda y el de igualdad laboral, los otros son reales decretos.

Pues, mire, el trámite normal, aunque estemos en Diputación Permanente, la Diputación Permanente en nuestro país ha convalidado Reales Decretos-leyes en todas las situaciones, en fin, de convocatoria de elecciones y existencia de la Diputación Permanente en los periodos que están establecidos en la Constitución. No estamos en ninguna situación diferente ni excepcional, vamos a convalidar con el reflejo exacto de la composición de la Cámara en el órgano Diputación Permanente, normalidad absoluta.

Bueno, hemos hablado con los Grupos Parlamentarios, estamos hablando con ellos para que esta convalidación se haga en ambos reales decretos, y también en el tercer real decreto que es el de Brexit, en el que esperamos --el ministro lo ha dicho-- esta es una respuesta del país, del Estado, en la que esperamos que haya, en fin, acuerdo total. Se trata de proteger nuestros intereses en materia tan importante como la posibilidad de que salga el Reino Unido de manera no acordada.

Bueno, estamos hablando con todos. Nosotros somos un Gobierno que lleva la convalidación de sus Reales Decretos-leyes, y la tramitación de las Leyes al acuerdo --si es posible-- con todo el mundo. Si usted se mira cómo se han ido aprobando las leyes y los reales decretos leyes habrá visto que no ha quedado ni un solo Grupo de la Cámara sin que nos haya apoyado en uno u otro. Pues, estos correrán más o menos la misma suerte.

Y, en relación a nuestras relaciones con los gobiernos autonómicos, incluido el de la Generalitat, pues, lo hemos dicho siempre: nosotros hemos recuperado constitucionalmente la obligación de relacionarnos con el Gobierno de la Generalitat. Este Gobierno no habla con independentistas, se relaciona con el Gobierno de la Generalitat y con los dos partidos que en las urnas de Cataluña han compuesto legítima y legalmente ese Gobierno. Conviene que las palabras las coloquemos justo en el sitio en el que de verdad se defiende la Constitución. Hablamos con los dos partidos que se sientan en el Gobierno de Cataluña por la conformación parlamentaria de Parlamento por las urnas.

A veces, con las palabras, se le hace mucho daño a la Constitución y nuestras relaciones siguen siendo las cotidianas y las completamente normales para aquellas cuestiones en las que somos corresponsables ambos Gobiernos de derechos, y de intereses, y de dar respuestas de los catalanes, nada más.

P.- Jennifer Jañez, de la Sexta. Una pregunta para la vicepresidenta, y el Real Decreto-ley en materia alquileres que acaban de aprobar. En la Sexta estamos haciendo un reportaje sobre la subida de más de un 20% el precio del alquiler en los últimos cuatro años, mientras los sueldos medios se mantienen, o incluso bajan. Y, además, actualmente, más de la mitad de los desahucios que se están produciendo en España son por impago de alquiler.

Hemos comprobado que los servicios sociales que atienden a las familias desahuciadas están desbordados y que muchas familias viven en infraviviendas. ¿Considera el Gobierno que con este Decreto va a ser suficiente para atajar el problema del alquiler en España?

Vicepresidenta.- No. Nosotros somos un Gobierno que está haciendo todo lo que puede en todos aquellos elementos que hemos considerado y que diagnosticamos todos los días que hay problemas para la vida y para la dignidad de la vida de la gente, y no hemos ahorrado ni un solo espacio por ningún tipo de cobardía para afrontarlo. Pero el ministro de Fomento lo ha dicho en muchas ocasiones: si tuviéramos Presupuestos, --que no los tenemos para este año porque no han querido otros que los tengamos--, habríamos sacado adelante políticas de vivienda, que significa poner en marcha objetivos que trascienden con mucho a las medidas de este Real Decreto-ley y del anterior. Hemos ido a un plan -digamos-de emergencia y de choque de algunas cuestiones particularmente lacerantes, pero este Gobierno de haber tenido Presupuestos habría podido desplegar la visión que tenemos acerca del problema habitacional de nuestro país y que pasa por ayudar a las administraciones locales, a los planes de vivienda -de rehabilitación en muchos casos-para reaprovechar el parque de viviendas de nuestro país para viviendas sociales y, todavía más, para viviendas sociales para alquiler, que es algo que en nuestro país apenas existe, el alquiler social.

Esa es nuestra verdadera política de vivienda. No la podemos desplegar en toda su plenitud porque hemos estado, también, en las condiciones que hemos estado, incluida, la paralización de unos Presupuestos que tenían decisiones muy importantes en materia de vivienda, como usted seguramente, como veo que de manera temática --el tema le importa mucho-- conoce; con un crecimiento importante para las políticas de vivienda, pero esos Presupuestos los han echado para atrás otros, no nosotros.

Para el ministro, y lo liberamos.

P.- Buenas tardes. Patricia de Arce, de EFE. Para el ministro. Decía usted que las medidas que se toman en este Real Decreto-ley son unilaterales y requiere la contrapartida, o sea, la reciprocidad del Reino Unido. Queríamos saber si ha hablado con el Gobierno del Reino Unido para tener garantizada esa reciprocidad, eso por un lado. Y, luego, si las medidas de Gibraltar contienen, también, el Tratado de Fiscalidad, que estaba pendiente.

Sr. Borrell.- Muchas gracias. Sí, lógicamente, es unilateral pero dos unilateralidades acordadas hacen una bilateralidad práctica. Estamos, naturalmente, en contacto con el Gobierno británico y las medidas que estamos tomando serán tomadas por su cuenta. Es para evitar un tratado internacional: sería mucho más rígido y complicado. Yo lo hago, tú lo haces y todos contentos.

El Tratado Fiscal es una de las cosas que me obliga a salir pronto, vicepresidenta, porque lo vamos a firmar ahora, y con esto queda resuelto el paquete de Gibraltar. Tenemos los "memorandums of understanding" (MOU), tendremos el Tratado Fiscal y, además, queda explícitamente señalado que, haya o no haya acuerdo de retirada, los Memorandos de Acuerdo --perdón por usar la expresión de inglesa, los MOU-- seguirán siendo igual de válidos. Como dijo el presidente del Gobierno en las Cortes, si hay acuerdo bien y si no, también. Eso que se malinterpretó, lo que quería decir es que esos acuerdos valían independientemente de que hubiera o no acuerdo de retirada. Esto ha sido puesto en duda recientemente y puedo aclararles que los dos gobiernos estamos de acuerdo en que los acuerdos valen por sí mismos.

P.- Carolina Jiménez, de Europa Press. Yo quería preguntarle al ministro Borrell, precisamente, en relación con la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. Se está negociando en Bruselas con bastante urgencia un Reglamento para que los británicos no tengan que solicitar visado cuando viajan al espacio Schengen. Ahí España ha solicitado y ha conseguido por parte del Consejo que se incluya la definición de Gibraltar como colonia pero el Parlamento Europeo por el momento se niega. Mi pregunta es, si la inclusión de esa definición es una línea roja para el Gobierno español, si está dispuesto a ceder en este punto, o si está pensando --incluso-- en no permitir que el Reino Unido pueda disfrutar de esta exención de visados.

Sr. Borrell.- El Acuerdo del Consejo es un Acuerdo del Consejo, no es que España tenga un acuerdo, es el Consejo como uno de los tres participantes en el trílogo y, también, la Comisión está de acuerdo. El Parlamento, de momento, está representado por un parlamentario --mire usted por donde--británico, pues tiene una posición él, --el representante del Parlamento-- de no estar de acuerdo con este tema pero el "rapporteur" interpreta la posición del Parlamento pero no la fija y, de momento, se está discutiendo. No quiero establecer ninguna relación de causalidad entre la finalidad del "rapporteur" y su posición pero, a lo mejor, la hay. Ese tema se está discutiendo.

P.- Mauro Bofile, de "La Voce de Italia". Ministro, yo quisiera hablar de Venezuela y quisiera saber si tienen previstas más medidas para acelerar la renuncia del señor Maduro. Sabemos que la organización de una elección después de la salida del presidente Maduro requiere tiempo. ¿Usted sabe, o ha sido informado si este gobierno de transición por quién será integrado y si en sus filas tendrán, también, representantes del chavismo?

Sr. Borrell.- Sabe usted más que yo, seguramente. Como sabe, el Grupo de Contacto --que como su nombre indica está pensado para establecer contactos-- envió a Caracas, a propuesta de España, en la reunión de Montevideo, un grupo técnico para estudiar conjuntamente con todos los actores implicados pero, fundamentalmente, con la Asamblea Nacional, cuáles eran los procesos, los plazos, los requerimientos, para convocar esas elecciones presidenciales, que es el objetivo que defendemos desde la Unión Europea. Ese grupo, hoy, en Bruselas, va a rendir cuentas de su trabajo y va explicar al comité político de la comisaria Mogherini cuál es su valoración de la situación, cuáles serían las dificultades prácticas para celebrar unos comicios presidenciales con garantías y qué tiempo les llevaría eso a los venezolanos. Creo que esa misión podrá arrojar luz sobre lo que nos proponemos. Insisto una vez más, el grupo de contacto pudo ser otra cosa pero, hoy, lo que es, es un proceso para coadyuvar a que se celebren unas elecciones presidenciales convocadas por el presidente interino y con el necesario control internacional.

No le puedo informar más ni, sobre todo, en particular, de este gobierno de transición en el que --según usted-- formarían parte representantes del chavismo. No lo sé. Lo desconozco, pero es posible que esta tarde se nos informe en Bruselas y la próxima vez, quizá, tenga ocasión de explicárselo.

P.- Hola, buenas tardes, vicepresidenta. Irene Castro, de Eldiario.es. Yo le quería preguntar sobre la huelga del próximo 8 de marzo. Quería saber cuál es la posición del Gobierno respecto a las movilizaciones y, el presidente del Gobierno ha informado de que se celebrará el Consejo de Ministros. Quería saber si usted y el resto de mujeres del Consejo de Ministros participarán de esa reunión. Y, luego, cambiando un poco de tema, quería saber si tienen alguna novedad sobre el procedimiento judicial para la exhumación de Francisco Franco, si finalmente el juez que ha suspendido la licencia ha cambiado de opinión o si se lo ha derivado a otro juzgado. Gracias.

Vicepresidenta.- Bueno, pues, como a misma acaba de decir, el presidente ya nos ha trasladado que el viernes que viene --que coincide con el 8 de marzo-- la única actividad institucional que tendrá el Gobierno será el Consejo de Ministros y nada más que esa actividad.

Nosotros vemos como acompañamiento a una sociedad que parece que se va a movilizar ampliamente --ya lo hizo el año pasado--, a los sindicatos que han vuelto a registrar paros de dos horas por turno. Creemos que hay un ambiente profundamente democrático de movilización de las mujeres, también de muchísimos hombres, por la igualdad entre hombres y mujeres, y este Gobierno no es --evidentemente-- insensible a una realidad que está ahí, que ya lo estuvo el año pasado; así que, reduciremos nuestra actividad institucional al Consejo de Ministros --como nos ha dicho el presidente y como el presidente, también, ha comunicado en otro ámbito, en el ámbito del propio partido--. Y yo creo que sí, que iremos. Yo, desde luego, voy a ir --como lo hice el año pasado-- y yo creo que irán diferentes miembros del Gobierno, tanto ministros como ministras, básicamente lo haremos en el ámbito de nuestro partido porque son los partidos los que se van a movilizar en la manifestación y sí que iremos bastantes, alguno. Desde luego, yo lo voy a hacer, como lo hice el año pasado.

Y, mire, el procedimiento continúa, esta situación en el contencioso administrativo no altera para nada el procedimiento que el Gobierno está sacando adelante. Aquí lo que está ocurriendo es una actitud de completa obstaculización por el entorno del dictador, de su familia, contra una Ley, contra el Acuerdo del Congreso de los Diputados, y contra la ejecución de la misma que está haciendo el Gobierno democrático de España. Eso es lo que está ocurriendo. En todos aquellos elementos en los que nuestro Estado de derecho da esa posibilidad, pero aquí lo que está ocurriendo en la obstaculización de la familia del dictador contra una Ley y contra la ejecución de la misma que está haciendo el Gobierno democrático, constitucional y legítimo de este país.

Bien, en los actos del Gobierno sólo puede entrar a fiscalizar el Tribunal Supremo, no el Contencioso Administrativo. Ahora son unas cautelarísimas a las que todavía no ha podido contestar, ni siquiera, el Ayuntamiento. Saben ustedes que había 15 demandas de este tipo, diez han sido rechazadas, cuatro están pendientes y ésta solo ha prosperado. Acepta elementos muy secundarios del momento en el que se tuviera que producir ya la ejecución material del acuerdo, pero no altera para nada el procedimiento en curso que es la ejecución de una ley que está -repito-- obstaculizando la familia del dictador.

P.- Vicepresidenta, buenos días. Víctor Ruiz de Almirón de "ABC". Sobre dos preguntas que le han hecho los compañeros, --Dani le preguntaba por la oposición--. Yo quiero preguntarle específicamente por el PNV, saber si han mantenido contactos. Hace unos días, el presidente Ortuzar, vinculaba el apoyo a estos decretos a avanzar en el calendario de transferencias. Quería saber si está en la mesa del Consejo de Ministros la posibilidad de las próximas semanas avanzar en este calendario para lograr el apoyo del PNV.

Simplemente que me confirme que el Decreto del alquiler entraría en vigor mañana --si entra en la publicación en el BOE--.

Y, en el tema de Franco --que preguntaba también Irene--. Más allá de que esta decisión judicial no afecte al procedimiento del Gobierno, sí le quería preguntar si usted asume ya como principal responsable política de todas estas actuaciones que los tiempos juegan en contra ya del Gobierno para que pueda procederse a la exhumación antes de la fecha de las elecciones, o si sigue considerando que es posible proceder a la exhumación antes de la cita electoral. Gracias.

Vicepresidenta.- Pues sí, el decreto entra en vigor inmediatamente tras la publicación en el BOE, que será que será mañana.

Mire, con los Grupos Parlamentarios y, en concreto, con el PNV, que es un partido de un Grupo Parlamentario, exactamente igual que con el resto de las comunidades autónomas nosotros vamos a seguir trabajando con normalidad en el traspaso de competencias acordadas en las bilaterales. En este Consejo de Ministros se ha nombrado a las personas que van a formar parte de la bilateral, por ejemplo, con la Junta Extremadura. Por ejemplo. No lo he contado pero en este Consejo de Ministros se toma esa decisión para empezar a trabajar, también, con otra comunidad autónoma.

Lo que quiero decir con esto es que nosotros con las limitaciones, fundamentalmente, de publicidad a la que nos sometemos, lógicamente, por la LOREG, lo demás lo vamos a intentar hacer como conviene en la política, haciendo nuestro trabajo de la manera más eficiente posible con todo el mundo.

Y, mire, con el PNV, lo que hemos hecho a lo largo de estos nueve meses es sacar adelante algunas cuestiones que acordaron con el anterior Gobierno pero el anterior Gobierno, por alguna razón, --seguramente por la desidia--, no sacaba adelante. No es más, no tiene más que esto que le digo. El PNV ha apoyado algunos Reales Decretos, otros no, y nosotros pensamos, francamente, que sobre este segundo Real Decreto-ley de Vivienda es muy importante que pudiéramos tener un amplio consenso porque el problema es grave para mucha gente, y para mucha gente joven.

Y, sobre el momento en el que se termine el procedimiento para poder estar en términos fácticos a la exhumación de los restos de Franco: yo en este momento --ni yo, ni nadie-- podría decir cuáles van a seguir siendo los siguientes avatares de esta actitud, repito, de obstaculización constante del entorno de la familia del dictador. Somos un Estado garantista, pero en el momento en el que se pueda producir el punto final de la exhumación de los restos de Franco, lo haremos; pero en estos momentos, como es lógico, y como vamos viendo a lo largo de todo el procedimiento, estamos siempre a responder a los avatares --a todos y a cada uno de los que nos vamos encontrando-- que, por cierto, como acabo de decir son todos de parte de la familia del dictador.

P.- Hola, buenos días vicepresidenta. Juanma Romero de El Confidencial. Yo quería preguntarle por una cuestión del Real Decreto-ley de Igualdad Laboral. En la Proposición de Ley que ustedes registraron en el Congreso, también aparecía la obligatoriedad para las empresas de los consejos de administración incluir una cuota, también femenina. Quería preguntar por qué esta parte no se ha introducido en el Real Decreto-ley, que entiendo, que mañana entrará en vigor también como el de vivienda.

Y, luego, sobre el asunto de Franco, usted ha puesto el acento en que todos los obstáculos que está teniendo son de la parte de la familia del dictador. También los están teniendo por parte de la Iglesia y por parte del Vaticano. La semana pasada conocimos la carta íntegra del Vaticano en la que, efectivamente, sí que instaría al prior a abrir la Basílica para proceder a la exhumación pero, también decía que había una controversia que tendría que resolver el Supremo. Quería preguntarle, por tanto, si ustedes por parte del Gobierno tienen la garantía absoluta de que la Iglesia les permitirá la entrada y si no, cómo van a hacerla posible, porque en el acuerdo motivado que aprobaron en Consejo de Ministros no quedaba muy claro cuál sea el procedimiento oportuno. Gracias.

Vicepresidenta.- Sobre la primera pregunta, ojalá hubiésemos podido sacar adelante la Ley. De las leyes que decaen y que han sido --literalmente-- boicoteadas por una actitud de la Mesa de la Cámara estaba esta Ley que era muy importante para la democracia de este país porque afectaba a algo tan importante como las condiciones de igualdad real de las mujeres en el trabajo.

Fíjese que ese asunto no solamente lo vamos a tener: hay una Directiva que en este momento se queda en suspenso por la convocatoria de las elecciones europeas, pero hay una Directiva muy importante que yo pude trabajar con la comisaria Jourová y que va a hacer que los Estados miembros tengan que trabajar, también, en la presencia equilibrada de mujeres en los consejos de dirección y en el reparto --digamos-- de los focos de decisión en los poderes empresariales y económicos.

En nuestros Presupuestos Generales del Estado iban, incluso, incentivos a las empresas que ya de manera voluntaria, --o por los incentivos fiscales--, quisieran hacer esto, en unos Presupuestos que se han quedado, también, en el camino incluso en medidas de esta naturaleza. Lo que no era razonable era traspasar, era trasladar toda la Ley a un Real Decreto-ley. Los Reales Decretos-leyes están para las medidas que un Gobierno considera política y socialmente urgentes y necesarias para su visión de lo que significa gobernar al país y, por eso, nosotros hemos ido a lo que consideramos que era estricto y urgente.

La iglesia católica se ha comprometido de manera verbal, pública y por escrito, a no obstaculizar la exhumación de los restos de Franco. Las condiciones en las que la iglesia católica, en el interior de ella, tenga que hacerlo como organización, no es asunto del Gobierno, es asunto de la propia iglesia católica. Lo que sí es verdad es que este Gobierno lo que está haciendo es aplicar una ley que lo puede hacer por diferentes procedimientos porque estamos en el ámbito de un Estado y de unas garantías constitucionales para que el Ejecutivo, el Gobierno ejecute las leyes; es decir, que esto no es un asunto que en este momento nos preocupe. Lo que sí nos preocupa, repito, es la cadena de obstáculos de la familia del dictador a la aplicación de una ley y, naturalmente, al trabajo que la iglesia católica tenga que hacer en el seno de su organización, que nosotros ahí no entramos, cuál es la organización interna de la iglesia católica para que llegado el momento --cuando llegue, que va a llegar-- a quien corresponda dé la autorización correspondiente para poder hacer la exhumación que es, repito, el cumplimiento de una Ley que este Gobierno hace como lo hace de otras también.

Gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)