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Conferencia de prensa del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, y del ministro de Fomento, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid, viernes 1 de diciembre de 2017

Portavoz.- Buenas tardes. Comparecemos ante ustedes, el ministro de Fomento y yo, para informarles de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la reunión celebrada hoy, primero de diciembre, bajo la presidencia del presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy.

También, hemos celebrado una reunión extraordinaria con arreglo al acuerdo del Pleno del Senado del 27 de octubre en la aplicación del artículo 155, a la que también me referiré.

Como saben ustedes, el próximo miércoles, 6 de diciembre, conmemoramos el trigésimo noveno aniversario de la aprobación en referéndum por todo el pueblo español de la Constitución de 1978. El pasado lunes, 28 de noviembre, se pusieron en marcha en el Congreso de los Diputados los preparativos para esa conmemoración del 40º aniversario con la formalización de la constitución del Consejo Asesor, que tendrá a su cargo las propuestas de programación de los actos conmemorativos, donde estaban, entre otros, los tres ponentes vivos de la Constitución (don Miquel Roca, don Miguel Herrero y don José Pedro Pérez-Llorca) y donde tengo el honor también de participar en el mismo.

Aquel 6 de diciembre, sin duda, los españoles culminamos uno de los hitos del proceso de transición política con la aprobación de esta Constitución, la Constitución del 78, que ha sido y es la piedra angular de la transformación política, económica y social de España; la constitutiva de ese Estado social y democrático de Derecho que proclama su artículo primero, así como el marco jurídico que regula la convivencia nacional y la garantía de los derechos y libertades que la propia Constitución reconoce a los ciudadanos. Cuarenta años después podemos decir con orgullo y con satisfacción que España ha vivido el período más estable y más próspero de su historia.

Esta Constitución se basa en el sentido de la responsabilidad colectiva de aquellos que la hicieron, de la altura moral y política que requería aquel momento histórico. Y es en ese espíritu de la Transición donde podemos encontrar elementos inspiradores válidos para cualquier situación política.

Los ejes en que se movió la elaboración de aquella Constitución fueron el sentido de la realidad y el de la responsabilidad, el ejercicio de la responsabilidad. Existió, entonces, una voluntad nacional de integración, de mirar hacia delante; hoy también es necesario ese anhelo. La Transición, además, se hizo de la Ley a la Ley, respetando los procedimientos legales.

El consenso constituyó la palabra mágica de la Transición. La Constitución de 78 es la única de nuestra historia constitucional que se ha hecho por consenso; las del siglo XIX y XX fueron todas partidarias. Se basa ese consenso en una predisposición política hacia el acuerdo para fortalecer, así, el sentido de las decisiones, haciéndolas estables y duraderas. Late, por tanto, un hondo compromiso con la nación, y una voluntad de que el debate político concluya con propuestas integradoras.

Como saben ustedes, además de esta referencia a la Constitución, también, junto a la Constitución y como traducción de la misma, hubo varios consensos nacionales. El primero de ellos está vinculado a la aceptación política plena, por parte de todos los actores políticos, de ese marco constitucional, de sus instituciones y de las reglas del juego. Fuera de la Ley no hay democracia y, por tanto, la política que se haga al margen de ella está inhabilitada.

El segundo gran consenso fue el consenso europeísta. Europa era la gran ambición nacional; converger con el resto de los países europeos con normalidad democrática. Por tanto, esa convergencia con Europa culminó el 12 de junio de 1985 con la firma del Tratado de Adhesión a las Comunidades europeas. Ya, previamente, España se había incorporado al Consejo de Europa y hemos celebrado su 40º aniversario esta semana también en el Senado.

A partir de ahí, España ha sido protagonista de aquel anhelo europeísta en las distintas fases que ha vivido Europa: el Acta Única y el Mercado Interior; el Tratado de Maastricht y la incorporación de la Política Exterior y de Seguridad Común y los asuntos de Justicia e Interior; el euro, en el año 2002; el Tratado de Lisboa y la ampliación.

Pero ese proceso de construcción europea, como saben ustedes, es, como su nombre indica, un proceso; por tanto, hay que hacerlo día a día, creando --por volver a la frase de Schumann-- "solidaridades de hecho".

Ese proyecto sigue siendo el proyecto de España en Europa, esa voluntad inequívoca de mantener y reforzar el consenso político en torno a Europa, donde España está, porque lo anhelaba hace cuarenta años, pero también desde su incorporación, con un prestigio ganado a pulso por el cumplimiento de sus compromisos, por su historia, por ese protagonismo al que me he referido y por su capacidad para superar desafíos. Probablemente, el de la crisis económico-financiera que empezó en los años 2009-2010, y que hemos superado ahora, sea motivo de gran satisfacción en Europa, de ver cómo España era capaz de  sobreponerse a ese desafío y de estar hoy a la cabeza de la creación de empleo y de crecimiento económico de Europa. Pero también con iniciativas españolas en Europa: desde la cohesión económica y social, a la ciudadanía europea, a la Eurorden de busca y captura o a la Unión Bancaria.

Por tanto, eso es importante también, como decir que Europa forma parte de ese proyecto nacional desde el inicio de la Transición. Proyecto europeo, por tanto, en el que seguimos comprometidos con su unidad, con la Europa solidaria, la Europa de la cohesión y la Europa de la competitividad económica.

Europa es el lugar donde España va a continuar estando en los próximos años, en esa aventura que tiene hasta ahora, y esperemos que siga teniéndolo, un superávit en términos de aprovechamiento político, aprovechamiento económico y aprovechamiento cultural para todos los españoles.

También, el lunes pasado se cumplió un mes desde que el Gobierno de la nación, amparado con más del 80 por 100 de apoyo en el Senado, activó el artículo 155 de la Constitución. Lo hizo desde la unidad de los partidos constitucionalistas y también desde el más amplio consenso europeo, coincidente con el apoyo a la Constitución y al principio de la legalidad. Se aplicó con la fuerza de la democracia, buscando el momento oportuno para minimizar los daños, porque un dirigente responsable, como es el presidente del Gobierno, sabe que estos, los daños, al final, los acaba pagando toda la ciudadanía. 

El objetivo del 155, como saben ustedes, era restaurar la legalidad, encauzar el autogobierno y velar por el interés general. También, con la decisión que tomó el Consejo de Ministros entonces, se devolvió la palabra a quien tiene que tenerla de verdad, a los ciudadanos catalanes, con la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, desde la autoridad legítima del Gobierno de la nación y con todas las garantías procedimentales.

Ello nos ha llevado también a recuperar la normalidad democrática que los secesionistas habían puesto en solfa. Todos los servicios públicos han seguido prestándose con total normalidad: la atención sanitaria, los servicios sociales, la educación y también la seguridad y los Mossos d' Esquadra se han prestado con eficacia. Los funcionarios de la Administración autonómica están actuando con profesionalidad, con eficacia y con neutralidad. Desde el punto de vista de la gestión económica, en lo que llevamos de mes --lo recordó el presidente del Gobierno hace unos días--, se han pagado facturas a proveedores por algo más de 1.500 millones de euros y hoy hay un acuerdo del Consejo de Ministros también en el cual se habilita al Gobierno para que establezca la posibilidad y los medios para pagar la paga de diciembre y las extras a los funcionarios, por un total de 900 millones de euros.

El próximo lunes, 4 de diciembre, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales comparecerá ante la Comisión conjunta de las Comisiones General de Comunidades Autónomas y Constitucional en el Senado para informar acerca del desarrollo y ejecución de todas estas medidas. Lo hará pormenorizadamente y también lo hará próximamente, en una fecha por determinar, la vicepresidenta del Gobierno.

Quiero informarles también de cómo el presidente del Gobierno ha participado los días 29 y 30 de noviembre en la V Cumbre Unión Africana-Unión Europea, que ha tenido lugar en Abidjan, en Costa de Marfil, junto con otros jefes de Estado y de Gobierno, y con importantes personalidades internacionales: el secretario general de Naciones Unidas, la directora del Fondo Monetario Internacional, el presidente del Banco Mundial, etcétera. Es importante recordar cómo la Unión Europea es el primer donante a África, el primer socio comercial de África, el primer inversor y el primer proveedor de remesas.

El tema central ha sido el de la juventud, "Inversiones en la Juventud por un Desarrollo Sostenible", y el presidente del Gobierno ha intervenido como orador principal en la segunda sesión en un tema relacionado con la migración y la movilidad. El presidente ha apostado por una migración segura, regular y ordenada, y ha reafirmado el compromiso de España con el futuro de África. También ha explicado que la emigración masiva, no solo puede crear problemas en Europa, sino que puede ser terrible también para los propios países africanos, porque se van precisamente los jóvenes, lo mejor de su sociedad. Y el presidente ha recordado el modelo español de política de inmigración, que consiste en invertir en los países de origen y en los países de tránsito. Ayudar a esos países africanos a luchar contra la pobreza, a que haya crecimiento económico, es el objetivo del Gobierno español y también de la Unión Europea.

Asimismo, el presidente del Gobierno ha visitado el patrullero "Infanta Cristina", que está en el puerto de Abidjan, dentro del plan de diplomacia para la defensa. Y el próximo martes, 5 de diciembre, se desplaza a Londres para reunirse con la primera ministra, Theresa May, para tratar temas relacionados con la Unión Europea y cuestiones de política exterior, y, además, también para preparar la agenda europea. Como saben ustedes, los próximos 14 y 15 de diciembre tendrá lugar el Consejo Europeo en Bruselas.

El Consejo de Ministros hoy ha acordado, a través de un Real Decreto, aprobar la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2017. Previamente, a las 9 de la mañana --con anterioridad, por tanto, al Consejo de Ministros--, el presidente del Gobierno ha presidido el Consejo de Seguridad Nacional. Esta Estrategia, que, insisto, después de haber sido debatida por la mañana, ha sido aprobada después por el Consejo de Ministros, ahora será presentada a la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional.

Se trata de una Estrategia consensuada con PSOE y C's en un plan a largo plazo, que permite que España siga a la vanguardia de seguridad y esté preparada para hacer frente a nuevas amenazas y desafíos. Coordinada por el Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, ha contado con la participación de distintos Departamentos ministeriales, el Centro Nacional de Inteligencia y expertos y representantes del mundo académico y del sector privado. 

Esta Estrategia, que estará a disposición de todo el que quiera verla en la página web de Moncloa, tiene un primer capítulo que se centra en una seguridad nacional para la España de hoy, donde se dibujan las dinámicas de transformación global de nuestra era dentro de la posición de España en el mundo. Habla de las amenazas y los desafíos, y de un proyecto que contribuye a afianzar los elementos vertebradores de la España del siglo XXI: su sistema democrático, la sociedad plural, la diversidad territorial y lingüística, el legado histórico diferencial, la lengua y la cultura globales. 

Un aspecto novedoso es el apartado dedicado a amenazas y desafíos en los espacios comunes globales: el ciberespacio, el espacio marítimo y el espacio aéreo y ultraterrestre.

La Estrategia identifica cinco objetivos prioritarios para la Seguridad Nacional: desarrollar un modelo integral de gestión de crisis, promover una cultura de seguridad nacional, favorecer el buen uso de los espacios comunes globales, impulsar la dimensión de seguridad en el desarrollo tecnológico y fortalecer la proyección internacional de España.

Por tanto, ha sido aprobada por Real Decreto del Consejo de Ministros después de la reunión de la Comisión.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha conocido hoy, a propuesta del ministro de Economía, el Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y de los Instrumentos Financieros. Se trata de una norma que incorporará al ordenamiento jurídico las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo posteriores a la entrada en vigor de la Ley del Mercado de Valores española, que data de 1988, y, en concreto, la Directiva europea conocida como MIFID II y otros Reglamentos. Su objetivo es asegurar unos elevados niveles de protección de los inversores en productos financieros, en especial los minoristas, y aumentar la seguridad, eficiencia, buen funcionamiento y estabilidad de los mercados de valores en Europa.

Lo más destacable del Anteproyecto de Ley es que se prohíbe el cobro de comisiones u otros incentivos cuando se prestan servicios de asesoramiento financiero independiente o gestión de carteras. En otros servicios de inversión, para poder cobrar se tiene que incrementar la calidad del asesoramiento y garantizar que se actúa de forma honesta, justa y profesional, de acuerdo con el interés del cliente. También se abordan otras problemáticas, como los depósitos estructurados, se regula la denominada "gobernanza de productos" o se impone la obligación de que las empresas de servicios de inversión lleven un registro de actuaciones en las relaciones que establezcan con los clientes.

Igualmente, el Consejo de Ministros aprobó una serie de acuerdos a través de los cuales se destinan 70,9 millones de euros a las Comunidades Autónomas para el desarrollo de programas de cooperación territorial en materia de educación. Se trata de un reparto acordado por la Comisión General de Educación, celebrada el pasado 27 de noviembre, y se distribuyen 48,8 millones de euros para el programa de libros de texto y materiales didácticos. Como saben ustedes, por la crisis ese programa desapareció en un momento determinado y, como hemos dicho siempre desde el Gobierno, cuando la situación económica lo permitiera, se revertiría la situación. Lo hicimos hace dos Presupuestos, con veinticinco millones, y ahora hemos doblado la cantidad: cincuenta millones de euros para las Comunidades Autónomas y también para Ceuta y Melilla.

Asimismo, figuran ayudas a confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos, por valor de más de doscientos mil euros; financiación de desarrollo de acciones de calidad en la Formación Profesional, 2,7 millones de euros, dirigidas al profesorado y al alumnado, y a reforzar la colaboración con el sector productivo, entre otros.

También se recoge un programa de cooperación territorial muy importante para el avance y el apoyo en la educación y permanencia en el sistema educativo, que es el programa PROEDUCAR. Estamos hablando de veinte millones de euros para la reducción del abandono temprano en la educación y la formación, a través de mecanismos de apoyo para garantizar la calidad del sistema y programa de enriquecimiento curricular o sistemas de segunda oportunidad.

Como saben ustedes, cuando llegamos al Gobierno, nos encontramos con una cifra elevadísima, el 26,3 por 100, de abandono escolar; es decir, uno de cada cuatro, cuando acababa la enseñanza obligatoria, no volvía a estudiar o, incluso, fracasaba en ella. En estos momentos, hemos bajado esa cifra al 18,2 por 100. Eso es muy importante a la hora de asegurar empleos estables y garantizar el crecimiento. Por tanto, seguimos trabajando, seguimos invirtiendo en esta materia.

Este importe de hoy se suma a los 321,4 millones de euros que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de noviembre para la implantación, como recordarán ustedes, de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica y de opciones de enseñanzas académicas y aplicadas en la Educación Secundaria Obligatoria. Estamos hablando, por tanto, de casi cuatrocientos millones de euros destinados a la cooperación en materia educativa.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado una serie de acuerdos a través de los cuales se destinan 33,5 millones de euros a las Comunidades Autónomas para distintas políticas de cohesión sanitaria --educación y sanidad; por tanto, ejes pilares de la sociedad del bienestar--. Entre ellos, quiero destacar la distribución de un millón de euros para el desarrollo de la Estrategia de Enfermedades Raras y ochocientos mil euros para que las Comunidades Autónomas pongan en marcha un programa piloto para agilizar el diagnóstico de estas patologías, que es una de las principales demandas de las familias. También se han repartido más de dos millones de euros para la mejora de los sistemas de información del Sistema Nacional de Salud; más de ochocientos mil euros para la vigilancia de la salud en las Comunidades Autónomas y 3,5 millones de euros para el desarrollo del Plan Anual de Trabajo de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones.

Asimismo, se han distribuido, gracias a este acuerdo, 23,6 millones de euros para promover el uso racional de los medicamentos y para el Plan Nacional de Médula Ósea, con fondos aportados por la industria farmacéutica, dando cumplimiento a la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento.

Finalmente, también se ha acordado la distribución de 1,75 millones de euros para la aplicación presupuestaria del Ministerio de Sanidad dentro del Programa de Reasentamiento y Reubicación de Refugiados, para los gastos derivados de la acogida. Por tanto, en ese compromiso que tiene el Estado con la Unión Europea para el reasentamiento y reubicación, también el aspecto sanitario ha encontrado un apoyo presupuestario al mismo.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha escuchado al ministro de Justicia en relación con la terna de candidatos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como saben ustedes, el pasado 19 de noviembre se aprobó una terna y esa terna, según el procedimiento establecido, había que someterla al Panel Consultivo del Comité de Ministros del Consejo de Europa. El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha dado la luz verde y hoy el Consejo de Ministros ha acordado proponer como candidatos a esa plaza de juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a doña María Elósegui Itxaso, a don José Martín y Pérez de Nanclares, y a don Francisco de Asís Pérez de los Cobos Orihuela. Ahora, le corresponde a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa tomar una decisión al respecto.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha escuchado el informe que ha realizado el ministro de Economía sobre las reclamaciones formuladas al amparo del Real Decreto Ley de cláusulas-suelo. Recordarán ustedes que era un procedimiento que arbitró el Gobierno para que hubiera una reclamación y posible acuerdo entre las entidades bancarias y los solicitantes de un crédito que tuviera una cláusula-suelo en materia hipotecaria. Este fue un procedimiento que creó el Gobierno precisamente para intentar evitar las dificultades de los procedimientos judiciales.

El ministro de Economía ha hecho un balance de estos seis meses y nos ha contado que las solicitudes presentadas han sido 1.052.000, de las cuales han sido inadmitidas 343.000: en algún caso, por no haber cláusula-suelo en la hipoteca, en 146.000; y en algún caso, incluso, por no haber hipoteca, en 42.000, lo cual no deja de ser llamativo. Pero, en todo caso, lo importante, es decir, las cifras importantes, es que se han estimado 453.000 y, por tanto, en el 43 por 100 de las solicitudes presentadas han llegado a ese acuerdo el solicitante y la entidad de crédito, y solo han sido desestimadas el 19 por 100. Por tanto, el balance que hace el ministro de Economía es muy positivo.

También, el ministro de Justicia ha dado cuenta de la continuación del proceso de nombramiento del fiscal general del Estado. Como saben ustedes, el Gobierno, en virtud del artículo 29 de la Ley 50/1981, presentó al Consejo General del Poder Judicial la candidatura de don Julián Sánchez Melgar. Es preceptivo que el Consejo General del Poder Judicial emitiera un informe; lo ha hecho de forma positiva, ha tomado conocimiento hoy el Gobierno de ese informe y ha acordado informar de que don Julián Sánchez Melgar reúne los méritos y requisitos exigidos para ser nombrado fiscal general del Estado. Ahora será, como saben ustedes, en la continuación del procedimiento, el Congreso de los Diputados el que tendrá que pronunciarse a tal respecto, la Comisión de Justicia y, cuando lo haga, si es favorable, el Consejo de Ministros procederá al nombramiento. Por tanto, continuamos ese procedimiento. 

Y antes de que el ministro de Fomento hable de los importantes temas relacionados con su Departamento que hemos examinado hoy, déjenme que diga una palabra también sobre la aplicación de las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del acuerdo del pleno del Senado de 27 de octubre, la ejecución del artículo 155. Hoy hay más de una propuesta, que han sido todas aprobadas, de 32 acuerdos que se refieren a la gestión de múltiples Departamentos ministeriales que ha asumido el Gobierno en función del 155.

Muchos de ellos se refieren a Hacienda y Función Pública; Educación, Cultura y Deporte también tiene cinco, que se refieren a temas importantes, como subvenciones, fundamentalmente culturales, y también algunas que se refieren también a la futura formalización de los Juegos del Mediterráneo; al Ministerio de Empleo, al de Agricultura y Pesca, y al de Economía. Economía quiero resaltarlo, porque ha tomado el acuerdo hoy el Consejo de Ministros de que se considere de interés general el proyecto de reindustrialización del municipio de Flix, que recordarán ustedes que sufrió a raíz de la cuestión de Ercros. 

Permítanme que recuerde a estos efectos también otra decisión, que no ha sido del Consejo de Ministros pero que sí ha tomado esta semana el Ministerio de Educación, actuando como consejero de Educación: la Generalidad de Cataluña ha convocado oposiciones para cubrir dos mil plazas de docentes: 1.600 en Educación Secundaria, 373 en Primaria e Infantil, y el resto de Escuelas Oficiales de Idiomas y Artes Plásticas. Llevaban sin convocarse  oposiciones en Cataluña desde el año 2011 y estas dos mil suponen el mayor número de plazas de los últimos años en toda España. Son plazas incluidas en la oferta parcial de empleo público para el año 2017. La oposición se iniciará en abril del 2018 y las solicitudes han de presentarse del 1 al 20 de diciembre.

Por tanto, es el funcionamiento ejecutivo de este artículo 155, que creemos que va en beneficio, en este caso concreto en los 32 acuerdos de hoy, y también en este que acabo de relatarles, en función y beneficio de los intereses de todos los catalanes.

Señor ministro de Fomento, usted nos va a informar de los temas que afectan a su Departamento.

Sr. De la Serna .- En el día de hoy, en el Consejo de Ministros hemos aprobado un Real Decreto que modifica el Reglamento de Circulación Ferroviaria. Este es un Real Decreto importante, puesto que atiende a la mejora de lo que son los sistemas de seguridad y sistemas de comunicación en la circulación ferroviaria.

Fundamentalmente, tiene dos aspectos que son destacables. Uno es la sustitución de lo que se conoce como el sistema ASFA analógico por ASFA digital. El ASFA es el sistema de señales y de frenado automático que funciona en este país desde el año 1973 y que permite informar al maquinista sobre la situación del estado de las señales. Este es el sistema que se utiliza en todas las líneas, salvo en las de Alta Velocidad, en el que existe un sistema más avanzado de supervisión continua. En algunas de esas líneas ya se está utilizando ASFA digital, lo cual permite transmitir mucha más información, información mucho más dinámica, y un mayor control de aspectos, como la velocidad. Pues bien, la modificación del Reglamento establece la obligación, antes del 30 de junio del año 2018, de que todos los trenes en este país tengan ya el sistema avanzado de ASFA digital y que el 30 de abril de 2019 esto se incluya también para los trenes de ancho métrico, que son los de la antigua FEVE.

En segundo lugar, dentro de este Reglamento, es también importante destacar el avance en los sistemas de comunicación, eliminando un sistema hasta ahora utilizable todavía en algunas líneas como era el de los bloqueos telefónicos. Por eso, hay un compromiso de establecer un plan de mejoras de comunicaciones antes del 15 de septiembre del año 2019, después de elaborar un diagnóstico sobre las diferentes líneas, para que esté completamente implantado el 15 de enero del año 2024.

En segundo lugar, hemos aprobado, y posteriormente suscrito con el presidente de La Rioja, un importante convenio para La Rioja, con un gran impacto social: el Acuerdo mediante el cual a partir de mañana se va a producir el desvío obligatorio de vehículos pesados de la N-232 a su paso por La Rioja. Es un acuerdo que pretende dar solución a un problema alto, a un problema de presencia o de consideración de accidentes mortales y víctimas mortales, especialmente en los tres últimos años. En los tres últimos años en la N-232, en el entorno de La Rioja, se ha producido un incremento bastante importante, hasta el punto de que en el año 2017 ya son nueve los accidentes mortales con un total de trece víctimas mortales. Y en la mayor parte de estos accidentes, hasta en un 75 por 100, hay presencia de vehículos pesados.

Esta fue la razón por la que el Gobierno de La Rioja y el Gobierno de España han estado trabajando a lo largo de estos meses en la formulación de este acuerdo, que va a permitir, como digo, obligar a los vehículos pesados a que utilicen la AP-68, que es la autopista que va paralela a la N-232, entre Zambrana y Tudela. Realmente, coge dos poblaciones que son de Álava y de Navarra; pero el núcleo de la afección se produce entre Haro y Alfaro, todo lo que es el término de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Para ello, el acuerdo contempla la bonificación de hasta el 75 por 100 del coste de peaje para aquellos vehículos que se desplacen entre estas dos localidades, y del 71 por 100 para aquellos vehículos que pasen por este tramo en un trayecto que vaya desde Bilbao hasta Zaragoza. El 60 por 100 de esa reducción va a correr a cargo del Gobierno de La Rioja y el 40 por 100 de ese 75 por 100, a cargo de la Administración General del Estado, de tal manera que entre ambas Administraciones asumiremos un coste total por este desvío obligatorio de vehículos pesados de hasta 1,3 millones de euros, como límite máximo. En el caso de que los ingresos que finalmente se generen como consecuencia de esta medida sean inferiores, o incluso puedan ser favorables al concesionario, este estaría obligado a realizar algunas actuaciones de mejora de la inversión en este tramo.

Yo creo que es una medida muy solicitada por el territorio, que estamos convencidos de que va a tener un efecto inmediato en la reducción de las víctimas mortales y de los accidentes mortales, como ya ocurrió en una medida similar que se puso como experiencia piloto en Cataluña.

En tercer lugar, hemos tomado un acuerdo muy importante para el País Vasco; muy importante porque está en relación con el Concierto Vasco y está en relación con la encomienda que tiene el Gobierno vasco de ejecución de la Alta Velocidad de la Y vasca. Como saben, el Gobierno de España tiene la obligación de ejecutar todo el tramo correspondiente entre Vitoria y Bilbao, incluido el nudo de Bergara, y el Gobierno vasco debe llevar a cabo la ejecución de la plataforma entre el nudo de Bergara e Irún, aunque en estos momentos se está trabajando entre el nudo de Bergara y Astigarraga, en la zona de San Sebastián.

Pues bien, con esta modificación del Convenio que teníamos ambas Administraciones, Convenio que es del año 2006, hemos procedido a incorporar una serie de nuevas actuaciones; entre ellas, la construcción de la estación de Ezkio, la construcción del apeadero de Astigarraga y algunas actuaciones en el tramo Bergara-Lezo relacionadas con la mejora de los túneles y la estabilización de las laderas. 

En segundo lugar, mediante la modificación del Convenio, el Gobierno vasco tiene también la oportunidad de incluir en el nuevo acuerdo económico las incidencias contractuales que se han producido en la ejecución de la parte que se está llevando a cabo y añadir dos actuaciones muy relevantes: la conocida como variante de Lezo, que es una nueva plataforma que va hasta Irún, desde la zona de San Sebastián, desde Astigarraga, que supondrá una inversión de 356 millones de euros; y la construcción de la estación de Donostia-San Sebastián, con una inversión de 90 millones de euros. El acuerdo contempla la creación de una comisión técnica para el seguimiento de estos proyectos y, por tanto, ahora el Gobierno vasco tiene la encomienda de llevar a cabo los estudios informativos, los proyectos de construcción y la ejecución de la plataforma en estos tramos.

Para ello, hemos modificado el Convenio actual desde el punto de vista de la financiación necesaria. El convenio del año 2006 contemplaba una financiación de 1.642 millones de euros, que el Gobierno de España abonaba al Gobierno vasco para ejecutar estas actuaciones, y el nuevo convenio eleva esta cifra a los 2.343 millones de euros; es decir, se produce un incremento adicional sobre la encomienda anterior de 700 millones de euros para poder ejecutar estas nuevas actuaciones. La financiación se llevará a cabo minorando la cantidad correspondiente al Cupo vasco, de tal forma que las cantidades a reintegrar tendrán en cuenta las cantidades ya financiadas y ejecutadas por el propio Gobierno vasco.

Este es un acuerdo que da mucha estabilidad a la Alta Velocidad en el País Vasco, que lo que hace es garantizar un impulso determinante para una obra que tiene un objetivo y un escenario final del año 2023 para la llegada a la Alta Velocidad a las distintas ciudades. Además de la integración en San Sebastián, el Gobierno de España tiene encomendada la tarea de elaborar los proyectos correspondientes a la integración, tanto en Bilbao, como en Vitoria.

Además, se ha aprobado también un acuerdo para licitar un tramo de la Alta Velocidad en Navarra, el tramo entre Peralta y Olite; es un tramo cercano a la zona de Castejón. En el año 2010 se cerró un acuerdo con el Gobierno de Navarra mediante el cual el Gobierno de Navarra ejecutaba toda la plataforma de Alta Velocidad entre Castejón y Pamplona, y ADIF, el Gobierno de España, se encargaba de financiar el coste de los trabajos que llevaba a cabo el Gobierno de Navarra. Ese Convenio ha quedado totalmente fuera de contexto, puesto que apenas sí se ejecutó un tramo  de plataforma de todo el tramo entre Castejón y Pamplona. Por tanto, lo que hemos hecho desde el mismo comienzo de este año es iniciar un proceso de negociación con el Gobierno de Navarra, que finalmente nos ha llevado a tener que revocar el convenio anterior y a que sea el Gobierno de España, a partir de ahora, el que ejecute todos los tramos correspondientes al Corredor Navarro.

Por tanto, la importancia de la obra que hoy sacamos a licitación no está tanto en su entidad, puesto que es una obra de poco más de diez kilómetros, de 43 millones de euros y un plazo de ejecución de veintinueve meses, sino que pone de manifiesto el compromiso político del Gobierno de Mariano Rajoy de impulsar el AVE en Navarra; de ejecutar el primero de los tramos, desde hace ya muchos años, de Alta Velocidad, al que va a seguir, casi con total seguridad, antes de que concluya el año, un segundo tramo dentro de lo que es el espacio entre Villafranca y Olite, en dirección a Pamplona.

Por otro lado, estamos trabajando en dos estudios informativos, el que conecta Zaragoza con Castejón y el estudio informativo que conectará Pamplona con la Y vasca. En la mesa de negociación que tenemos con el Gobierno vasco y con el Gobierno navarro tenemos que tomar la decisión sobre cuál de las dos alternativas que en estos momentos estamos barajando, ya sea la conexión Pamplona-Vitoria o la conexión Pamplona-Ezkio, es la que finalmente se va a ejecutar.

Pero la importancia del Acuerdo de hoy es que se da un paso de gigante en lo que es la construcción y el impulso de la Alta Velocidad en Navarra.

Por otro lado, también hemos tomado un acuerdo importante en materia ferroviaria, en este caso nos vamos a Almería, en donde se ha autorizado la licitación del conocido soterramiento de El Puche, que es la ejecución de un paso inferior en la denominada zona de El Puche, en el centro mismo de Almería, con una inversión de veintitrés millones de euros y que supone quizá el primer paso también de lo que es la llegada de una parte importante del Corredor Mediterráneo en Almería.

Como saben, en Almería tenemos el compromiso de licitar los seis tramos en que hemos dividido Murcia-Almería antes del verano, antes de que comience el mes de julio del año 2018. Esto supondrá una inversión global del entorno de los 2.200 millones de euros, de la misma manera que también estamos hablando y trabajando en la conexión entre Almería y Granada, con una inversión cercana a los 360 millones de euros. El plazo de ejecución es de trece meses. Por tanto, se atiende también a una importante reivindicación del territorio, que se va a financiar al 67 por 100 por el Gobierno de España, al 20 por 100 por el Ayuntamiento de Almería y al 12 por 100 por la Junta de Andalucía.

He tenido la oportunidad de informar, aunque no ha habido ningún acuerdo al respecto, de que en el día de hoy vamos a visitar las obras correspondientes a la unión de alta velocidad entre Antequera y Granada, que han finalizado ya en lo que es su obra principal. Quedan algunas obras complementarias, que no afectarán a lo que comienza hoy, que es el inicio de circulación en pruebas.

Después de un gran esfuerzo inversor por parte del Gobierno de Mariano Rajoy --hablamos de 1.650 millones de euros para una longitud  de 122 kilómetros--, se unen dos poblaciones que forman parte también del Corredor Mediterráneo. Es una inversión muy compleja desde el punto de vista técnico, puesto que hay siete túneles y 31 viaductos en este trazado, y hoy en Antequera tendremos la oportunidad de dar cuenta de la situación de esas obras y de poder dar el pistoletazo de salida a lo que es el tren laboratorio que iniciará ese proceso de pruebas.

Transcurrida dentro de unos meses la finalización de esas pruebas, empezarán los primeros trenes a establecer las circulaciones comerciales para unir Antequera y Granada, y dar por finalizada la situación de aislamiento ferroviario que en estos momentos tiene la población de Granada. Sin lugar a duda alguna, hoy se cumple un hito también muy importante en la ejecución de ese Corredor Mediterráneo.

Por último, también quiero destacar que en el Consejo de Ministros, en relación esta vez con Canarias, hemos autorizado la celebración de dos convenios: uno con el Ayuntamiento de Telde y otro con el de Santa María de Guía, por un importe total de 3.800.000 euros para acometer procesos de regeneración y renovación urbana. En el caso de Telde, de 392 viviendas en Jinámar y, en el caso del Barrio de La Atalaya y Becerril, todas las labores de regeneración de toda esta importante zona, de acuerdo también con los compromisos políticos que habíamos adquirido en el acuerdo de los Presupuestos para este año 2017.

Portavoz.- El ministro de Fomento tiene que irse precisamente a Antequera; por tanto, les pediría que las preguntas que tengan a bien hacerle a él se las hagan al principio y así le liberamos.

P.- Eulogio López, de "La Hispanidad". Quisiera plantearle al ministro de Fomento dos cuestiones: una, ¿se retoma la liberalización de determinados corredores del AVE o esa idea ha quedado definitivamente arramblada?

Luego, sobre la OPA Atlantia sobre Abertis, ¿tiene el Gobierno algo que decir sobre el hecho de que Atlantia prometa un bono a los directos de Abertis si gana la OPA?

También, quisiera hacerle una pregunta a usted; si quiere, se la formulo ahora mismo. Hablando de seguridad nacional y de la comisión propuesta por la ministra Cospedal para atajar la postverdad en las redes sociales, en todo esto que ha dado en llamarse "desinformación en Internet", ¿qué es lo que tratamos de perseguir? ¿Hablamos de perseguir la manipulación de elecciones, un hecho, o hablamos de perseguir la manipulación de opiniones?

Sr. De la Serna.- Seré francamente breve. En relación con la cuestión vinculada a la OPA, el Gobierno no tiene absolutamente nada que decir, como, por otro lado, es lógico.

En cuanto a la liberalización, el escenario es el que marca en estos momentos la Directiva, que es el año 2020. Hasta 2020, en lo que se refiere al tráfico de viajeros, no se va a producir ningún proceso de liberalización. Y a partir de ahí es cuando entramos en un nuevo escenario en el que nuestras propias empresas también podrán competir en otros mercados.

Portavoz.- De lo que se trata es de algo que me han oído ustedes contar aquí, porque el ministro de Asuntos Exteriores lo llevó al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Se trata de que, a través de Internet, haya noticias falsas que intervengan en procesos electorales; fenómeno que hemos visto en Estados Unidos, en Francia y en el "Brexit"; se trata de tomar conciencia de ello y se trata de ponerle remedio a ello, siendo conscientes también a nivel europeo, porque creemos que esta es una cuestión fundamentalmente no española, sino que afecta a todos los países en estos momentos del mundo.

P.- Isabel García, de Canal Sur Radio. Para el ministro de Fomento. Queríamos saber cuándo se va a retirar el tren siniestrado en Arahal y cuándo se puede saber si va a comenzar rápidamente la circulación de trenes por esta vía.

Sr. De la Serna.- Se tratará de hacerlo lo antes posible; pero no le puedo dar todavía una fecha exacta porque los técnicos están trabajando en las dos cuestiones; fundamentalmente en que existan garantías, dada la situación en la que quedó la vía después de las inundaciones.

P.- Alejandro Silva, de Aragón Radio. Yo quería preguntarle al ministro por ese acuerdo de los peajes en la AP-68. ¿El Ministerio estaría dispuesto a aplicar este mismo sistema en el tramo aragonés para hacer el desvío en la N-232 que, como sabe, es muy peligrosa en esa zona?

También, sobre el Canfranc. Si no estoy equivocado, hoy hay un acuerdo para una inversión de unos setenta millones de euros plurianual en esa vía. ¿Nos puede explicar cómo se va a repartir ese dinero en los próximos años?

Sr. De la Serna.- Me alegro de que me haga esa pregunta, porque no había dado cuenta de otro hecho bastante significativo que se producía en el día de hoy, que es el encuentro entre los Gobiernos regionales de Aquitania y Aragón y los dos Gobiernos, Gobierno de Francia y Gobierno de España, en relación con la apertura del túnel de Canfranc.

Como saben, tenemos una financiación europea para lo que es el estudio y el análisis de lo que es el propio túnel pero, por otro lado, hay un compromiso del Gobierno de Mariana Rajoy para acondicionar toda la parte correspondiente entre Huesca y Canfranc. Para ello, tenemos intención de empezar la licitación en el primer trimestre del año 2018. Hemos estado trabajando en todos los estudios y los proyectos correspondientes, y hablamos de una inversión superior a esa cifra de los setenta millones.

¿La distribución? Empezaremos con la licitación en el año 2018 y, por tanto, sería comenzar algunas de esas obras ya en el mismo año 2018.

En cuanto a la posibilidad de utilizar acuerdos similares al de La Rioja en otros lugares, es cierto que llevamos tiempo con el Gobierno de Aragón trabajando en analizar esa posibilidad para la misma Nacional a su paso por Aragón, en donde hay unas circunstancias, en lo que se refiere a la seguridad vial, similares a las que tiene La Rioja. Estamos trabajando y yo confío en que se pueda llegar a un acuerdo.

El planteamiento del Gobierno en estos casos siempre es el mismo: nosotros abrimos esa posibilidad, pero debe ser la Comunidad Autónoma y el territorio quien finalmente dé el paso hacia adelante impulsando el acuerdo. Y debe ser también la Comunidad Autónoma quien entre en contacto con la sociedad de la correspondiente Comunidad Autónoma, incluyendo sectores tan importantes como el sector del transporte.

Hay también otros lugares en los que se está analizando esta posibilidad. Es el caso, por ejemplo, de Castilla y León en relación con la N-1 y la posible utilización, en la provincia de Burgos, de la AP-1 para un desvío obligatorio de camiones, en el que estamos también trabajando.

P.- Esta semana hemos visto la huelga de los taxis y, coincidiendo con eso, en el Ayuntamiento de Madrid han aprobado en pleno, por unanimidad, incluido el Partido Popular, que se cambie la Ley de Ordenación del Transporte para que los Ayuntamientos tengan que dar una segunda autorización para las VTC. ¿Qué opinión le merece esa decisión? ¿La apoyan?

Sr. De la Serna.- En estos momentos en España no se puede dar ninguna licencia de VTC, está prohibido. La Ley del Gobierno de España, la Ley de Mariano Rajoy del año 2013, prohíbe dar licencias de VTC. Ya no se puede dar en este país ninguna licencia de VTC. Por tanto, cualquier modificación de la Ley dirigida a que la competencia pase a otra Administración para limitar la concesión de las VTC no tiene sentido, en la medida en que ya no se puede dar en ningún lugar de este país una licencia de VTC. ¿Por qué? Porque la Ley del año 2013 y el desarrollo reglamentario del año 2015 establecen el límite de 1/30, una licencia de VTC por cada treinta licencias de taxi. Ese límite está superado ya en todas las Comunidades Autónomas y, por tanto, ninguna Comunidad Autónoma puede dar por ley ninguna autorización para VTC.

¿Qué ocurre? Que los jueces están, por sentencia judicial, dando autorizaciones, y no de ahora, sino del pasado, del período 2009-2013. En 2009, con la aprobación de la Ley Ómnibus en el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, no se tuvo en cuenta el efecto que esto podía tener sobre el servicio de los taxis y, por tanto, hubo un vacío legal en ese período, vacío que resolvió el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero en aquellas licencias que se pidieron y que se denegaron en el período 2009-2013 hoy los jueces las están validando y lo que no puede ningún Gobierno, por mucho que un Ayuntamiento se quiera atribuir las condiciones de regulación del sector, es anular una sentencia judicial.

Es que la Ley no permite otorgar ninguna licencia de VTC ya. La Ley ya no permite otorgarlas. Las únicas licencias que se están dando son por sentencias judiciales de un período del pasado. Ya no hay más VTCs; ya no va a haber más VTCs, salvo aquellas que los jueces otorguen, pero por algo que ocurrió en el pasado; no por algo que pueda ocurrir de ahora en adelante.

Por tanto, no creo que el Ayuntamiento de Madrid tenga capacidad normativa o legislativa para anular sentencias judiciales porque, si eso fuera así, no estaríamos hablando de un sistema democrático.

P.- Lucía Gómez Lobato, para "La Sexta Noticias". Siempre desde el Partido Popular y desde el Gobierno se ha dicho que el momento de depurar responsabilidades políticas, de exigirlas, puede ser el momento en que se abra juicio oral. Hoy hemos conocido que se va abrir juicio oral al Partido Popular por posible encubrimiento en el caso de la destrucción de discos duros y querría saber si desde el Gobierno creen, como ya está pidiendo la oposición, que es momento de pedir responsabilidades políticas por esto.

La segunda pregunta es: en "La Sexta Noticias" estamos dando en exclusiva que el fiscal anterior del "caso Lezo" ha dejado un informe sobre la posibilidad de imputar a Esperanza Aguirre y a Ruíz-Gallardón por el "caso Lezo". No sé si desde el Gobierno tiene algo que decir de un ministro…, del que ha sido ministro hasta hace cuatro días.

Portavoz- Lo que tiene el Gobierno que decir es que ignora todo respecto a esa información y, como ustedes saben, porque yo creo que ya nos conocemos, el Gobierno no hace ningún comentario, primero, sobre posibles indicios o declaraciones, o sobre alguien dice que, sino tampoco sobre decisiones, en el caso de que las hubiera.

Respecto al primer caso, yo creo que las responsabilidades políticas… Es un tema al que usted se refiere que sucedió hace muchos años atrás y desde entonces han pasado muchas cosas, ha habido muchas elecciones y yo creo que todas las responsabilidades políticas… Ha habido elecciones, ha habido investiduras, ha habido comparecencias del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados y yo creo que las responsabilidades políticas ya han pasado, ya constituyen un caso del pasado. Lo que hay que esperar ahora es ver cuál es la sentencia judicial y esperar a la misma, que es lo que vamos a hacer.

P.- Ana Rosa Berraquero, de Televisión Española. Quería hacerle dos preguntas; una, sobre la nueva Estrategia de Seguridad Nacional. Querría saber si hay alguna alusión a la situación en Cataluña o al desafío a la Ley en esa nueva Estrategia.

Por otro lado, Sociedad Civil Catalana ha denunciado que han aparecido varios muñecos colgados de un puente en Cataluña con los logos de PP, PSOE y Ciudadanos, y, además, también un articulista ha publicado en una revista que propone "atar y cortar" al ministro Zoido. No sé si el Gobierno tiene conocimiento de estos hechos y si va a plantear alguna iniciativa.

Portavoz.- Sobre la segunda, yo no tenía conocimiento de estos hechos; pero sí, en el caso de que sean ciertos, quiero decirle que esto es una prueba más de la ruptura de la convivencia en Cataluña y de que se ha instalado un clima ahí que no es posible, porque este tipo de comportamientos son comportamientos antidemocráticos. Por lo tanto, el Gobierno rechaza este tipo de comportamientos.

Nosotros pensamos que con la aplicación del 155 muchas de estas cosas, que vienen de antes, han entrado hoy en día en la normalidad. La normalidad se ha instalado en Cataluña y, por tanto, el que haya todavía comportamientos de estos es plenamente rechazable.

Respecto a su primera pregunta, no. Las intervenciones que ha habido han sido intervenciones generales. Lo que sí ha habido es que una de las intervenciones ha puesto énfasis, precisamente también relacionándolo con el ciberespacio y la seguridad, en el esfuerzo que hará el Gobierno para que estas elecciones, las elecciones del 21 de diciembre, sean unas elecciones, no solo con arreglo a la legislación, no solo con tarjetas censales, no solo con urnas reglamentariamente establecidas, con interventores y con apoderados, sino elecciones de verdad, y no como aquella farsa del 1 de octubre, para que no haya ninguna interferencia de tipo informático en las mismas. Ése es el interés que tenemos todos: el de garantizar que son unas elecciones donde el pueblo catalán va a expresarse con libertad, que es lo que queremos.

P.- Carmen del Riego, del diario "La Vanguardia". Sobre la Estrategia Nacional nos ha dicho que está pactada con el PSOE y con Ciudadanos. Me gustaría saber si el hecho de que no haya otros partidos es porque no se ha intentado con ellos o porque no han querido participar ellos de ese acuerdo.

En este sentido, pero aludiendo a una frase que ha dicho usted cuando hacía referencia al aniversario de la Constitución, ¿cree que hoy, en que se está hablando de una reforma constitucional, existe el sentido de la realidad y el ejercicio de responsabilidad que usted ha destacado en la elaboración de la Constitución de 1978?

Portavoz.- No tengo respuesta a la primera pregunta. Lo que se nos ha informado a quienes hemos asistido a esa reunión es que estaba consensuada con PSOE y C's; pero no ha habido ninguna aclaración más sobre si los demás, otros Grupos Parlamentarios, habían participado. Pero lo preguntaré y se lo transmitiré.

Respecto a la reforma constitucional, yo creo, y he utilizado las dos palabras que usted ha dicho, realismo y responsabilidad, que caracterizan el acuerdo del 78. Y creo que cualquier reforma constitucional, y en estos momentos hay una comisión en el Congreso de los Diputados, que se ha constituido y que está analizando estos cuarenta años, haciendo un análisis sobre la mismo, qué se puede cambiar, qué conviene cambiar…

Creo que el realismo y la responsabilidad aconsejan cambiar para mejorar, y para mejorar y para cambiar en nuestra Constitución se respetan unos procedimientos establecidos en la misma, y esos procedimientos requieren unas mayorías amplias. Yo creo que eso es un elemento consustancial al consenso, lo hicieron nuestros padres constituyentes y pensaron: es bueno que lo que hemos logrado con esfuerzo, con tesón, prevalezca en el tiempo. Precisamente, antes me he referido a la historia constitucional del XIX donde, cuando un partido llegaba al Gobierno, lo primero que hacía era derogar la Constitución anterior. Pues bien, hay unas exigencias en nuestro texto constitucional, según el Título que se pretenda reformar, que son unas exigencias agravadas. Lo lógico es que, si queremos acometer una reforma de la Constitución, esas exigencias agravadas exigen que haya un consenso similar al que hubo en el año 1978 para modificarla.

Lo primero es que participen todos. En el año 1978 participaron todos y hoy hay partidos que no quieren participar en esa comisión. Yo creo que, cuando se apela tanto al diálogo, el diálogo se demuestra participando y se demuestra hablando. Y, después de hablar, después de valorar y después de analizar, hay que ver de qué manera eso se plasma en unas propuestas concretas. Eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que estamos esperando.

Creo que eso es bueno, además, no solamente para la reforma constitucional, sino también para otras. En el Pacto por la Educación, que también está en estos momentos incurso en el Congreso de los Diputados, una de las propuestas que yo he hecho como ministro de la Educación es que, si llegamos a un acuerdo, cualquier reforma ulterior de ese acuerdo requiera una mayoría súper cualificada. ¿Para qué? Para evitar eso: para evitar la tentación de que una nueva mayoría en un próximo Parlamento derogue algo que tiene esa voluntad de perdurabilidad que da seguridad y que es lo que nos está pidiendo la comunidad educativa.

P.- Nuria Vega, de Colpisa. Podemos ha anunciado que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la aplicación del artículo 155 y, dado que hay corrientes que interpretan de diferente manera hasta dónde se podía llegar con ese artículo de la Constitución, yo quería saber si teme el Gobierno un fallo contrario a la actuación gubernamental, en concreto, en el punto de la disolución del Parlament catalán. En ese caso, ¿cómo se podría reparar el supuesto daño causado o hay opciones de resarcimiento?

Portavoz- Yo he oído, como usted, que Unidos Podemos ha anunciado la presentación de un recurso. Todavía no sé cómo lo va a formalizar ni en qué va a consistir. Por lo tanto, pronunciarme sobre algún elemento posible del mismo es una pura especulación.

A mí lo que me parece sorprendente es que UP plantee un recurso sobre un artículo que está en la Constitución Española. Me parece sorprendente y me parece que está en la línea del señor Iglesias Turrión desde la moción de censura donde, como les recuerdo a ustedes, le apoyaron en aquella moción de censura Esquerra Republicana y Bildu.

A partir de ahí, la deriva del señor Iglesias Turrión es siempre actuar de apéndice de los independentistas. En estos momentos presentar un recurso de inconstitucionalidad, que, sin conocerlo --siendo jurista, a mí me parece que no tiene mucha consistencia jurídica, y lo digo con todo el respeto; no sé yo qué consistencia jurídica va a tener--, me parece que sorprenderá a muchos de los votantes de UP.

Yo, desde luego, estoy con una de las fundadoras de UP, que decía que a ella le gustaría más que Unidos Podemos hablara más de España y a los españoles que a los independentistas. Yo creo que eso es un buen consejo, un sabio consejo.

P.- Pilar Santos, de "El Periódico de Cataluña". En los últimos días hemos asistido a una polémica sobre la tributación del IVA de las subvenciones culturales, tras la exigencia por parte de Hacienda de cantidades devengadas en el pasado. ¿Usted, como ministro de Cultura, comparte este criterio del señor Montoro?

Portavoz.- La tributación del IVA en entidades culturales por actividades devengadas es la interpretación que hacía la Agencia Tributaria; una interpretación que no afecta solamente a entidades en Cataluña, sino en toda España. Esa situación ya fue puesta de relieve hace unos meses y fue objeto de un acuerdo entonces del vicepresidente de Asuntos Económicos de Cataluña, el señor Junqueras, con el ministro de Hacienda, al que luego se añadieron el resto de los Grupos Parlamentarios; un acuerdo del mes de julio. Mientras preparaban la secesión, llegaban a un acuerdo sobre esta cuestión. Y eso se plasmó en un acuerdo, creo que del mes de noviembre. Pero, como sabe usted, los acuerdos son acuerdos hacia el futuro --por tanto, es un tema que está resuelto hacia el futuro--, pero los acuerdos no tienen carácter retroactivo.

Por tanto, estaremos a ver lo qué sucede con las mismas. Yo he hablado con el ministro de Hacienda sobre esta cuestión que es una cuestión, insisto, de cantidades devengadas y de aplicación de una ley anterior. Para el futuro ya no hay problema alguno, porque está resuelto por un acuerdo político. Veremos a ver los recursos que planteen estas entidades, a ver cómo se resuelve, porque insisto en que este es un tema de aplicación de la Ley que hace la Agencia Tributaria.

P.- Josep Capella, de TV-3. Dos preguntas; una, como ministro de Cultura, que la semana pasada nos dijo que iba a actuar con cautela, porque no había recibido la sentencia, y la recibió y actuó. Yo le preguntaba por si había ordenado un cronograma, que le pedía la juez, para que la Guardia Civil ordenara el traslado de las piezas de Sijena a su destino. El Gobierno de Aragón lo ha pedido para que se efectúe antes del día 11. ¿Será inmediato? ¿Tiene usted intención de cumplir también con esa rapidez esa cuestión?

En segundo lugar, no sé si antes no le he entendido, pero la Estrategia de Seguridad Nacional no abordaba para nada las amenazas internas de tipo del independentismo catalán. No sé si es que no se ha comentado o no se abordan en el documento, y, si se abordan, ¿en qué sentido? Y quería saber si ese documento se va a trasladar al Parlamento, si va a haber algún tipo de debate parlamentario, y quién lo va a realizar, sobre la Estrategia de Seguridad Nacional.

Y una cuestión muy concreta sobre las oficinas de presentación de la Generalitat en el extranjero. El ministro Dastis ha ordenado el cese de todo el personal. ¿Sabe usted también si afecta solo a funcionarios, a personal eventual, a los becarios…?

Portavoz- Respecto a la primera, yo las veces que me han preguntado ustedes por la cuestión de la sentencia judicial sobre los bienes de Sijena dije que actuaría con diligencia y que lo estudiaría con detenimiento; fueron mis palabras. Y la semana pasada, cuando me preguntaron ustedes, les dije que yo no había recibido la providencia del juez y he visto que algún medio se sorprendió mucho.

Yo lo que recibí en su momento, y así lo dije, fue por email, escaneado, el requerimiento del juez; pero sin la documentación oficial y, sobre todo, sin la documentación que aportaba el juez. El jueves pasado la recibí en mi despacho, un requerimiento personal, y yo actué con diligencia. Le contesté al juez inmediatamente que, como es lógico, cumpliría con lo que el juez me pedía y que usted ha relatado en parte; es decir, establecer una relación de los bienes, dónde se encuentran, en qué estado se encuentran, etc., etc. Eso es lo que he procedido a hacer con el departamento de Cultura del Gobierno de Cataluña. Por tanto, ahí estamos.

Ha habido, como sabe usted, una sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca resolviendo el recurso en su día y confirmando la sentencia de primera instancia; pero yo me comprometo a seguir estudiándolo con detenimiento y a seguir las instrucciones que me dicte el juez. Las partes litigantes en el proceso no tienen ninguna competencia sobre esta cuestión, sino que la tiene el juez. Yo seguiré estudiando con detenimiento y haciendo lo que me pide el juez, como es lógico. Lo que hay que hacer es lo que a uno le pide el juez en cumplimiento de una sentencia judicial.

Quiero recordar aquí ya que esta no es la primera sentencia que recae sobre esos bienes del Monasterio de Sijena, que ya recayó otra y que en junio del año 2016 la Generalitat entonces devolvió 51 piezas del Monasterio de Sijena, tal y como exigía el juez, que estaban en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Yo conozco muy bien el caso, porque el Ministerio de Cultura está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, y recuerdo que el consejero en aquel momento, ante el requerimiento del juez, pidió tener más tiempo para poderlo llevar a cabo, porque tenía que llevar a cabo una serie de procedimientos formales. Yo voté a favor de que se le concediera, porque el consejero me dijo que iba a devolverlas, como así ha sido.

Por tanto, yo creo que hay que cumplir siempre con las sentencias judiciales. Insisto, yo he actuado ya con diligencia y ahora lo estudiaré con detenimiento.

Respecto al segundo tema, lo que quiero decirle es que el tema o la cuestión de los ataques por Internet o el ciberespacio han sido tratados en esta reunión en relación con procesos electorales. Se ha tratado, se ha hablado y se ha puesto de manifiesto la empresa que está encargada de hacer el recuento de los votos en la jornada electoral, y todas las precauciones que están tomando para que la voluntad de los catalanes sea una voluntad clara, para que voten en libertad, para que los resultados sean los resultados correctos y para evitar posibles intromisiones en este proceso, como hemos visto que ha sucedido en otros procesos electorales en otros países.

Respecto a la tercera pregunta que usted me hace, no tengo la respuesta concreta. Ya les he dicho a ustedes muchas veces que yo no soy la Enciclopedia Británica, que no sé todo; pero sí recuerdo --no quiero que la memoria me traicione-- que en el primer Consejo se acordó el cese de todos los que estaban al frente de esas oficinas de la Generalitat de Cataluña en el extranjero. Supongo que el cese implicaba no solamente el cese del responsable, salvo la de Bruselas, si no recuerdo mal, sino el cese de las personas que trabajan ahí, evidentemente. Pero no estoy seguro de eso, don Josep, y, por tanto, también lo comprobaré y se lo contaré.

P.- Marisa Piqueras, de Europa Press. Le quería preguntar porque este mediodía hemos conocido que el juez no va a decidir hasta el lunes si excarcela o no al señor Junqueras y a los demás ex consejeros catalanes. Esa decisión se puede producir a pocas horas de que arranque la campaña electoral catalana y quería saber si al Gobierno le inquieta y le preocupa que esa decisión judicial influya en esas elecciones.

En segundo lugar, usted hablaba del viaje que hará la próxima semana el señor Rajoy a Londres. Yo le quería preguntar si en esa reunión se va a abordar la futura situación de Gibraltar.

Portavoz.- Respecto a la primera, los jueces son un poder independiente del Estado y toman decisiones, que, en mi opinión, no están constreñidas ni son decisiones que tengan nada que ver con procesos electorales. Toman decisiones con arreglo a la Ley. Ellos están prestando declaración y tomará la decisión que crea conveniente, confirmará la decisión de la Audiencia Nacional o la cambiará. Pero yo creo que eso no tiene nada que ver… Creo que la voluntad de un juez, la misión que tiene un juez, es sobre hechos juzgados y sobre declaraciones, y creo que los jueces no tienen nada que ver con otro tipo de consideraciones políticas.

Por tanto, el Gobierno no se ocupa de estas cosas. En España hay separación de poderes y nosotros estaremos a lo que decida en este caso el juez del Tribunal Supremo.

En relación con la segunda pregunta, yo no creo que esté en el orden del día la cuestión de Gibraltar, porque creo que la cuestión de Gibraltar y el "Brexit" está muy bien resuelta en el memorándum que hizo, en las orientaciones generales que hizo, la Comisión Europea en su momento. Está claro que a Gibraltar se le aplican determinadas políticas de la Unión Europea porque entró con Gran Bretaña en la Unión Europea, con la entrada de Gran Bretaña, y Gibraltar saldrá de la Unión Europea en marzo del año 2019, cuando salga Gran Bretaña.

Por lo tanto, el tema está meridianamente claro y no creo que sea objeto de debate. Evidentemente, yo no sé lo que será objeto de debate el día 5; pero no me da la sensación de que ese sea un tema porque, insisto, creo que, como diría un inglés, "está tan claro como un cristal".

P.- Ángel Collado, de "El Confidencial". Quería saber si se habían repartido, aunque no sea una decisión de Gobierno como tal, la presencia del Gobierno en la campaña catalana, por ministerios; si van a tener mucha presencia o poca; si se va a limitar a los actos de Rajoy; si va a haber más actos oficiales de Gobierno como tal estos días en Cataluña.

Portavoz.- No, no se ha tratado en el Consejo de Ministros. A mí sí me han pedido, pero esto no lo digo como portavoz del Gobierno, del partido que esté a disposición para acudir a aquellas actos donde me soliciten y lo haré encantado. Pero no se ha tratado en el Consejo de Ministros.

Antes me han hecho ustedes una pregunta respecto a la Estrategia de Seguridad Nacional y creo que se me ha olvidado decir una cosa, que quiero decirla ahora: estará colgada de la página web; por lo tanto, podrán ustedes consultarla en cuanto acabe esta reunión.

Déjenme decirles que Sevilla conmemora el Año Murillo, con motivo del cuarto centenario del nacimiento del pintor hispalense. Es un programa que se extenderá hasta el 2019, que tiene beneficios fiscales y que ha arrancado con una espléndida exposición "Murillo y los capuchinos de Sevilla", en el Museo de Bellas Artes, que no se deben ustedes perder.

En Madrid, el Teatro de la Comedia levanta el telón con "La dama boba", de Lope de Vega, interpretada por la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Música antigua en Úbeda y Baeza, dedicada a México.

Y, en plan de cine, si van al cine el fin de semana, hay un estreno que les recomiendo: "Perfectos desconocidos", la última película de Álex de la Iglesia, que yo ya he visto y que es muy divertida.

Nos veremos el jueves la semana que viene. Con motivo de la Inmaculada y de la Constitución, el Consejo de Ministros se celebrará el jueves. O sea que hasta el jueves.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)