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Conferencia de prensa del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno; del ministro de Hacienda y Función Pública; y del ministro de Economía, Industria y Competitividad, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid, viernes 3 de noviembre de 2017

Portavoz.- Buenas tardes. Comparecemos ante ustedes para informarles de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la reunión celebrada hoy, 3 de noviembre, bajo la presidencia de don Mariano Rajoy, presidente del Gobierno; Consejo de Ministros que ha tenido una reunión ordinaria y una extraordinaria relativa a los asuntos relacionados con las elecciones en Cataluña el próximo 21 de diciembre. De ambas les vamos a dar cuenta el ministro de Hacienda y Función Pública, y el ministro de Economía, Industria y Competitividad, en dos temas muy importantes que ha examinado el Consejo de Ministros: el relativo, en primer lugar, a la reforma de la Ley Hipotecaria y, en segundo lugar, a aquellos acuerdos que afectan al Cupo y al Concierto vasco.

Déjenme decirles también que en estos últimos tiempos hemos conocido datos económicos que avalan que en España la economía continúa en esa senda de lo que hemos denominado el crecimiento integrador o inclusivo, es decir, crecimiento con bienestar social y con unos servicios públicos de un gran nivel a disposición de todos los ciudadanos.

Los datos económicos que hemos conocido en los últimos días lo atestiguan y van la línea del crecimiento de la economía española, ese fuerte crecimiento que habíamos tenido en los últimos trimestres. En el último, el Instituto Nacional de Estadística nos indica que la economía creció un 0,8 por 100, lo que indica que el acumulado de estos nueve primeros meses alcanza el 2,5 por 100 del PIB, lo que nos hace --sin duda, el ministro de Economía luego podrá hablar sobre ello-- que podamos cumplir con el 3,1 por 100 del PIB, que es la última previsión del Gobierno enviada a la Unión Europea. 

Por lo tanto, son cuatro años de crecimiento económico, desde el año 2014, y tres de ellos, incluido este año 2017, si termina como esperamos, con crecimientos por encima del 3 por 100. Además, estamos en un crecimiento con contención de la inflación, que se está desacelerando, y con un equilibrio en la balanza de pagos cumpliendo con el objetivo, por tanto, de déficit público. 

Asimismo, también, y como saben ustedes, porque el presidente del Gobierno lo ha dicho en numerosas ocasiones, y nosotros lo hemos repetido desde aquí, la prioridad del Gobierno es la creación de puestos de trabajo. Y déjenme que me detenga un momento en la EPA del tercer trimestre, porque no hay mejor termómetro para saber cuál es la situación de la creación de empleo en España.

El paro ha descendido en la EPA del tercer trimestre en 182.600 personas y el número total de parados alcanza los 3.731.700, con lo cual se consolida esa cifra por debajo de los cuatro millones de desempleados. En términos interanuales, la evolución muestra un descenso intenso: el paro, en términos interanuales, se reduce en 589.100 personas, a un ritmo del 13,63 por 100, y la tasa de paro se ha situado en un 16,38 por 100, desde aquel 26,94 por 100 que llegamos a tener. Se ha reducido, por tanto, más de diez puntos y estamos en niveles inferiores a los del año 2009.

Se acelera la creación de empleo, con 2.620 nuevos empleos cada día, y caminamos a buen ritmo hacia los veinte millones de empleos, que son, como saben ustedes, el objetivo que se marcó el Gobierno para esta Legislatura. Además, se trata de un empleo de buena calidad: el mayor incremento anual lo experimentan los indefinidos, que son 299.300, frente a los 202.700 de temporales. Eso significa que se ha recuperado el 89 por 100 del empleo indefinido destruido por la crisis y todo el empleo recuperado lo es a tiempo completo; y la mayor parte del mismo, el 93,3 por 100, en el sector privado.

Asimismo, otra buena noticia de estos datos es que el empleo joven crece cinco veces por encima de la media; por lo tanto, la tasa de paro de los menores de veinticinco años se ha reducido en casi veintiún puntos porcentuales desde el máximo que alcanzó en el primer trimestre del año 2013. También, otra buena noticia son los parados de larga duración: nueve de cada diez personas que abandonaron el paro en el último año eran parados de larga duración.

En relación con los datos de afiliación a la Seguridad Social de estos primeros diez meses, podemos decirles que el sistema cuenta con 18.430.529 afiliados en octubre y, desde el inicio de la recuperación económica, la afiliación ha crecido en 2.279.782 personas.

Igualmente, hemos conocido hoy datos de empleo relativos al mes de octubre. Como saben ustedes, el mes de octubre es tradicionalmente un mes muy malo para el empleo por razones obvias. Pues bien, la ocupación creció en 94.386 empleos en octubre y el desempleo subió en 56.844 personas en relación con el mes anterior. Estamos hablando de que el paro registrado en la media de los meses de octubre de la serie histórica era de 90.000 personas; por tanto, 56.000 es casi la mitad de la media. Además, este empleo que se ha creado es un empleo de mejor calidad: en octubre se han firmado 202.542 contratos indefinidos, lo que supone un incremento de más del 21 por 100, que es el mayor número en cualquier mes desde que comenzó la recuperación de empleo. Y, asimismo, la contratación indefinida crece tres veces más que la temporal.

Por tanto, son buenos datos. Junto a la buena senda económica, nos dicen que lo que hemos venido repitiendo desde hace tiempo, que estamos ante un nuevo ciclo político, económico y social, es una realidad. Y ello no es una casualidad; ello se debe a las reformas económicas emprendidas y a la política presupuestaria que ha puesto este Gobierno en marcha. 

Déjenme que haga también una referencia a la situación en Cataluña. Como ustedes saben muy bien, porque muchos de ustedes asistieron a la rueda de prensa del pasado viernes, el Senado aprobó por 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención, un conjunto de medidas de desarrollo del artículo 155 de la Constitución, en el marco de un gran acuerdo político en el que han participado el PP, PSOE, C's, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y otras fuerzas canarias. Ese mismo día, el Parlamento de Cataluña había acordado una declaración de independencia o, literalmente, un pronunciamiento para iniciar un proceso constituyente. El Consejo de Ministros que se reunió tres horas después del acuerdo del pleno del Senado puso en marcha las primeras medidas de aplicación del artículo 155 y procedió al cese del presidente de la Generalidad de Cataluña, del vicepresidente y del resto de los consejeros, y acordó, como saben ustedes, convocar elecciones en Cataluña el próximo 21 de diciembre. 

Pues bien, como dijo el presidente del Gobierno, y a sus palabras me refiero, las decisiones que se adoptaron en ese momento son para restituir el autogobierno, que ha sido liquidado en las últimas semanas por una cadena de decisiones ilegales, arbitrarias y excluyentes adoptadas por el Gobierno de la Generalidad. Son los pasos necesarios e imprescindibles para devolver la legitimidad democrática al autogobierno.

En este sentido, hoy el Consejo de Ministros, en esa parte extraordinaria después del Consejo de Ministros ordinario, ha tomado una serie de medidas, que paso a relatarles.

Ha adoptado un Real Decreto por el que se designa al secretario general técnico del Ministerio del Interior, don Juan Antonio Puigserver Martínez, para ejercer determinadas funciones correspondientes a la Secretaría General del Departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña y al Área de Procesos Electorales y Consultas Populares del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.

Asimismo, se han aprobado un Real Decreto por el que se regulan las subvenciones y el control de la contabilidad electoral en las elecciones al Parlamento de Cataluña, y un Acuerdo por el que establece determinadas obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones al Parlamento.

Finalmente, también un Acuerdo, instado por el ministro de Hacienda, por el que se aprueba en los Presupuestos de la Generalidad de Cataluña una modificación presupuestaria.

Todo ello son medidas, digamos, técnicas, de ordinaria administración, habituales en cualquier proceso electoral, para celebrar esas elecciones el 21 de diciembre, que serán unas elecciones "con":

- Elecciones con voto universal, libre y secreto, en las que podrán participar todos los catalanes en condición de estricta igualdad política.

- Elecciones con un censo electoral oficial, con una tarjeta censal que recibirá puntualmente cada elector, en la que se indicará el colegio y la mesa donde pueden ejercer su derecho al voto.

- Elecciones con una Junta Electoral legalmente constituida, es decir, regida por una autoridad electoral independiente y excluyente.

- Elecciones con transparencia.

- Elecciones con todos los partidos políticos, teniendo acceso a los espacios electorales regulados en la Ley Electoral vigente.

- Elecciones que se producirán con el control democrático habitual, es decir, constitución legal de las mesas, presencia de interventores y apoderados de distintos partidos, seguridad en los colegios a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, etcétera.

- Elecciones con un recuento oficial, público, riguroso, transparente, en el que, además, podrán participar todos los representantes de los diferentes partidos.

- Y elecciones con proclamación de resultados por la Junta Electoral. 

Asimismo, ayer tuvo lugar una serie de decisiones en el ámbito de la Administración de Justicia: el Tribunal Supremo, como saben ustedes, concedió un plazo a determinados miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña para que estudiasen sus alegaciones; la Audiencia Nacional tomó una medida cautelar que consistió en el ingreso en prisión del ex vicepresidente y ex consejeros del Gobierno de Cataluña, y, asimismo, la emisión de una orden europea de busca y captura para que el ex presidente Puigdemont y aquellos consejeros que no se habían presentado al requerimiento de la Audiencia Nacional así lo hicieran.

Con las elecciones del 21-D, el Gobierno espera lograr estabilidad, seguridad y certeza en Cataluña. Hay que tener en cuenta que Cataluña ha estado sometida a muchos procesos electorales en los últimos tiempos: ha habido elecciones autonómicas en 2010, en 2012 y en 2015; ha habido elecciones generales en 2011, en 2015 y en 2016: locales, en 2011 y en 2015, europeas, en 2014; y hubo dos consultas ilegales en 2014 y en 2017.

Por tanto, creemos que estas elecciones deben servir para dar esa estabilidad, esa necesaria seguridad que requiere Cataluña, especialmente para evitar las consecuencias económicas que estamos viendo que son tan perjudiciales para esa Comunidad Autónoma.

Hoy, en el Consejo de Ministros, cuando la ministra de Empleo ha hecho referencia a los datos de empleo, ha hecho referencia también a su proyección en Cataluña, sobre todo, a partir del 10 de octubre. Mientras que en el resto de las Comunidades Autónomas la afiliación ha crecido --les di las cifras--, y ha crecido casi 40.000 empleos en Madrid o 38.000 en la Comunidad Valenciana; en Cataluña esos 39.000 o 38.000 se han convertido solo en 1.700. Y asimismo, el paro: mientras que en la Comunidad Valenciana ha crecido en 1.858 personas y en Madrid en una cifra similar, en Cataluña ha crecido en 14.698.

También, en el ámbito del debate que ha tenido lugar en el Consejo de Ministros, el impacto del 1 de octubre y sus consecuencias en el sector turístico en Cataluña son muy notables. La capacidad hotelera, el número de personas que han pernoctado en Cataluña, ha bajado enormemente. En el puente de El Pilar, Cataluña fue la tercera Comunidad Autónoma con menor ocupación hotelera y la costa catalana ha tenido una ocupación del 77 por 100, cuando habitualmente es del 90 por 100. Además, ha informado el ministro de Turismo de que el 67 por 100 de los hoteleros afirman haber bajado los precios para paliar el descenso en la ocupación.

Eso, unido a la salida de las empresas de Cataluña, hace que estas elecciones tienen que ser el punto final para comenzar un proceso de estabilidad, de seguridad y de recuperación.

Además de lo dicho, el Consejo de Ministros hoy ha tomado una serie de acuerdos. En primer lugar, ha estudiado el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Se trata de la trasposición de una Directiva de la Unión Europea, concretamente la 2302/2015, relativa a viajes combinados y a los servicios de viajes vinculados, dando mayor protección a los consumidores. La Directiva anterior era de 1995 y esta incorpora todo aquello relacionado con la compra de "paquetes" por internet, que es el método habitual de compra del sector turístico en los últimos tiempos, como ustedes saben. 

Asimismo, ha acordado solicitar al presidente del Gobierno la interposición de tres recursos de inconstitucionalidad contra leyes autonómicas de Cataluña: concretamente, la Ley del Parlamento de Cataluña de comercio, servicios y ferias; la Ley del cambio climático, y el Decreto Ley de medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha acordado solicitar al presidente del Gobierno la interposición de dos recursos de inconstitucionalidad contra dos leyes autonómicas de la Comunidad Valenciana. 

También, el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto complementario de soterramiento del AVE en Murcia y ha autorizado el expediente complementario que amplía las obras de soterramiento y permeabilización que ejecuta ADIF Alta Velocidad desde el paso a nivel de Santiago el Mayor hasta el de Los Garres, en el nuevo acceso ferroviario a Murcia; actuación que supone un incremento de casi diecisiete millones de euros. 

Asimismo, el Consejo de Ministros ha autorizado al ministro de Economía --estoy pisando su tarea; luego podrán preguntarle a él-- tres acuerdos para conceder préstamos a PYMES y jóvenes emprendedores por un importe total de casi cien millones de euros.

Además, otro Acuerdo por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción de un Acuerdo de modificación del Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo de actuaciones en materia de agua en las Islas Canarias, por un importe --son varios años-- de casi 160 millones de euros.

Finalmente, en lo que a mí respecta, el Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de Grandes Cruces de la Orden de Alfonso X el Sabio. Como saben ustedes, se destinan a premiar a las personas físicas y jurídicas, y a las entidades tanto españolas como extranjeras, que se hayan distinguido por los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación, o que hayan prestado servicios destacados en cualquiera de ellos, en España o en el ámbito internacional.

Las doce personas para las que el Consejo de Ministros ha acordado la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio son: doña Irina Bokova, directora general de la UNESCO; don Valentín Fuster, médico cardiólogo y escritor; doña Rebeca Grynspan, la actual secretaria general iberoamericana; doña Alicia Koplowitz, empresaria y financiera española; doña Carmen Laffón, pintora y académica de Bellas Artes; doña Soledad Lorenzo, galerista de arte contemporáneo, que ha hecho una gran donación al Museo Reina Sofía; don Hermann Parzinger, que es un arqueólogo alemán, presidente de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano; don Renzo Piano, arquitecto italiano, ganador del Premio Pritzker y autor en España del Centro Botín de las Artes y la Cultura, en Santander; don Gil Carlos Rodríguez Iglesias, jurista español y catedrático, que fue juez en el Tribunal de la Unión Europea y su presidente entre los años 1994 y 2013; doña Marianne Thyssen, que es una política belga, actual comisaria europea de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral; don Gustavo Torner, pintor y escultor español; y don José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi, presidente de los Amigos del Museo Reina Sofía.

Estos son, por tanto, los acuerdos de los que yo les he hecho a ustedes partícipe. Ahora voy a pedirle al ministro de Economía que nos hable de la reforma de la Ley Hipotecaria y de cualquier cosa que tenga por conveniente, claro.

Sr. De Guindos.- Hoy se ha decidido, como comentaba anteriormente el ministro portavoz, la remisión a las Cortes de la Ley de Crédito Inmobiliario que cubre dos facetas: en primer lugar, transpone una Directiva comunitaria y, en segundo lugar, intenta incrementar la transparencia formal y material del contrato de hipoteca, uno de los contratos más importantes que se firma en la vida de cualquier persona, para evitar situaciones como hemos vivido en los últimos meses, en los últimos trimestres, con las clausulas-suelo y con diferentes decisiones judiciales que generaron, como saben ustedes, bastante incertidumbre.

Me voy a referir, en primer lugar, a lo que son las transposiciones estrictamente de la Directiva. Esta es una Directiva que teníamos que haber transpuesto, aproximadamente, hace algo más de un año; como estuvimos en funciones nos hemos retrasado y, lógicamente, estábamos en una situación en la cual teníamos que incorporarla a nuestro ordenamiento jurídico lo más rápidamente posible.

En primer lugar, esto afecta a personas físicas y también a autónomos, que es lo que se denomina los deudores hipotecarios o los prestatarios en el contrato de hipoteca. En segundo lugar, se establece que el prestamista no podrá cobrar comisiones por el reembolso anticipado, salvo en el caso de que la hipoteca sea a tipo variable y, entonces, las partes podrán elegir entre tener una comisión máxima durante un período de tres años del 0,50 por 100 o del 0,25 por 100 durante cinco años. Si el contrato de hipoteca es a tipo fijo, entonces los porcentajes son del 4 por 100 durante los diez primeros años y del 3 por 100 desde el año décimo hasta la culminación del contrato. Esto supone una rebaja muy sustancial con respecto a la situación que tenemos actualmente, en la cual se aplica hasta dos comisiones y una de ellas no tenía ningún tipo de límite.

Por otro lado, se establece también el derecho de conversión, si la hipoteca es en divisas, a la moneda nacional, es decir, en este caso al euro, o a cualquier otra divisa, a petición del deudor hipotecario. Como saben ustedes, en el pasado las hipotecas en divisas extranjeras han generado una alta litigiosidad como consecuencia de que en algunas ocasiones no tenían la suficiente transparencia. Con la nueva normativa se establece siempre la posibilidad de pasar y el caso más habitual será la conversión a euros de las hipotecas.

Se prohíben las ventas vinculadas. Las ventas vinculadas son aquellas en las cuales se liga en el contrato de hipoteca parte del préstamo hipotecario; se establecían una serie de productos adicionales como eran, por ejemplo, el seguro de vida o el seguro de vivienda. Ese tipo de ventas vinculadas se prohíben y únicamente lo que se autoriza es que, si el banco quiere ofrecer un producto adicional, entonces tiene que ofertar dos presupuestos: un presupuesto únicamente referido al préstamo hipotecario y otro presupuesto en el cual, aparte del préstamo hipotecario, están, lógicamente, los productos adicionados o que se incorporan; fundamentalmente, como decía anteriormente, los seguros de vida.

Por otro lado, se limita la política retributiva para que no genere un incentivo indeseado desde el punto de vista de generación de préstamos hipotecarios, sino que lo que se busca es la solvencia del deudor y, por tanto, que sea más la calidad que la cantidad de hipotecas concedidas. Esto tiene que ver, como saben ustedes, con los problemas que tuvimos hace unos quince años desde el punto de vista de la concesión de hipotecas y que después muchas de ellas, como saben ustedes, por desgracia acabaron, por falta de solvencia del deudor, en una situación de desahucio.

También se regula el régimen jurídico de los intermediarios de crédito inmobiliario, de tal forma que todos los intermediarios que operen en más de una Comunidad Autónoma deben de estar registrados y supervisados por el Banco de España. Sin embargo, si únicamente operan en una Comunidad Autónoma, entonces será el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Esto es hasta aquí todo lo que tenía que ver con la transposición de la Directiva comunitaria. En general, como me referiré posteriormente, se han adoptado siempre las alternativas que favorecen más al deudor hipotecario, al consumidor; pero, como decía antes, en los últimos tiempos hemos tenido una serie de sentencias judiciales que ponían de manifiesto la necesidad de que en nuestra normativa hipotecaria se incrementara la transparencia, tanto la transparencia formal, como la transparencia material, es decir, el conocimiento que tiene el deudor hipotecario sobre el contrato de hipoteca.

Por ello, hemos completado esta transposición de la Directiva con otra serie de cuestiones adicionales.

La primera es facilitar la conversión de las hipotecas a tipo variable para pasar a tipo fijo. Esto, fundamentalmente, es como consecuencia de que estamos viviendo una situación de tipos de interés extraordinariamente reducida. Como saben ustedes, los tipos de interés que determina el Banco Central Europeo son negativos; pero eso no es normal, eso no es lo habitual. Eso no es lo que va a ocurrir a lo largo de un contrato de hipoteca de veinte o veinticinco años y puede generar, a veces, en el deudor hipotecario la percepción de que esos tipos de interés van a permanecer a lo largo de toda la vida de la hipoteca, lo cual es una percepción errónea.

Lo que hacemos aquí es favorecer, no solamente para las nuevas hipotecas, sino para el conjunto de stock de hipotecas --prácticamente, en estos momentos, si miramos el stock de hipotecas, más del 90 por 100 son hipotecas a tipo variable--, la posibilidad de pasar a tipo fijo con unos costes extremadamente reducidos. Básicamente, sería una comisión de reembolso durante tres años del 0,25 por 100 y se reducen al mínimo posible los aranceles notariales y los aranceles registrales, con lo cual de algún modo se podrá favorecer, como decía anteriormente, el traspaso, la conversión, de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo, no solamente para las nuevas, sino también para todo el stock existente.

Otro objetivo fundamental que hemos buscado con esta nueva Ley Hipotecaria es incrementar los requisitos de información a efectos de favorecer, como decía anteriormente, la transparencia formal y material, tanto en la fase precontractual, como en el momento de la firma del contrato de hipoteca ante notario, e incrementando, simultáneamente, el control de legalidad sobre el contenido del contrato.

En la fase precontractual el banco deberá entregar al prestatario una serie de documentación en un período muy corto, siete días antes de la firma definitiva del contrato de hipoteca: en primer lugar, una ficha europea de información normalizada que tendrá en cuenta lo que son los rasgos fundamentales, las características básicas, de la hipoteca: cláusulas como el tipo de interés, importe de cada cuota, la tabla de amortizaciones, etcétera; pero, además, incluirá una ficha de advertencias estandarizadas en las que se incluirán las cláusulas especialmente sensibles, aquellas que pueden generar conflicto, aquellas en las cuales, a veces, es más difícil la comprensión de las mismas por parte del deudor hipotecario. Estas son: las cláusulas-suelo, el vencimiento anticipado, la distribución de gastos, la divisa, etc. etc.

Si se tratara de un préstamo a interés variable, entonces el banco lo que tendrá que hacer es como una especie de ejercicio de simulación en el cual se establezcan diferentes escenarios alternativos en función de la evolución de los tipos de interés para que el consumidor, el deudor hipotecario, conozca perfectamente qué es lo que puede pasar, desde el punto de vista de los pagos mensuales que tiene que realizar, como consecuencia de la evolución alternativa de los tipos de interés. Esto, si lo hubiéramos tenido, por supuesto, en vigor, no hubiera generado los problemas que hemos vivido como consecuencia de las cláusulas-suelo, como saben ustedes perfectamente.

En la fase ya de contratación, es decir, cuando se va ya al notario, es obligatorio que el deudor hipotecario haya obligatoriamente comparecido ante el notario en los días anteriores a la firma del contrato para recibir asesoramiento, que es específico y gratuito, y acreditar, primero, que ha recibido toda la información y, en segundo lugar, que la entiende. Y el notario elevará un acta notarial de todo lo anterior.

A su vez, se modifica la regulación del registro general de condiciones de contratación, de tal forma que dicho registro tiene que incluir todas las cláusulas que los jueces declaren como abusivas, de forma que el notario entonces no autorizará el contrato de hipoteca o el registrador, en su caso, denegará su inscripción. Por otro lado, habilita la Ley al Gobierno a, mediante un real decreto, crear un contrato estándar, simplificado, de hipoteca; un contrato que debe de ser de fácil comprensión, transparente y que no genere ningún tipo de dudas, de tal forma que pueda ser demandado por el deudor hipotecario a las entidades financieras, a los bancos.

Otra cuestión especialmente relevante es la regulación del vencimiento anticipado, de tal forma que se evita cualquier tipo de discrecionalidad a la hora de pactar esta cláusula y de tal forma que el vencimiento anticipado, que es una precondición para la ejecución hipotecaria, únicamente el vencimiento anticipado se producirá si, efectivamente, durante el transcurso de la primera mitad de la vida del préstamo, los impagos exceden del 2 por 100 del capital concedido o de nueve cuotas mensuales. Y durante la segunda parte de la vida del préstamo, dichos incumplimientos deben exceder el 4 por 100 del capital concedido o de doce cuotas mensuales. Esta norma se aplicará no solamente a las hipotecas nuevas, sino también a todo aquel stock de viviendas existente, ya firmado, siempre que no estén sujetas a una situación de litigiosidad.

Con respecto al interés de demora se fija también en una cuantía fija, que es el triple del interés legal del dinero.

En conclusión, con la norma, aparte de transponer la Directiva comunitaria e incrementar, como decía anteriormente, la transparencia y la capacidad de comprensión del contrato de hipoteca, se producen una serie de beneficios para los deudores hipotecarios: en primer lugar, se reducen las comisiones por reembolso anticipado; en segundo lugar, como comentaba anteriormente, se prohíben las ventas vinculadas y se establece la obligación de transparencia en las ventas combinadas de productos de hipoteca.

Por otro lado, se permite el cambio a la divisa nacional o a cualquier otra divisa, cosa que no existía actualmente; se incentiva la conversión de préstamos a tipo fijo --tampoco existía actualmente y, además, en un horizonte temporal dilatado puede ser una cuestión interesante--; se refuerzan todos los requisitos de información, tanto en la fase precontractual, que no existía anteriormente, como posteriormente en el control por parte de registradores y notarios, y se regula el vencimiento anticipado, garantizando que no haya ninguna posibilidad de interpretación de este tipo de cláusulas y dicha regulación se afecta, no solamente al nuevo flujo de hipotecas, sino también al stock existente.

Se ha sometido a trámite de audiencia pública este Proyecto de Ley, a dictamen del Consejo de Estado y a informe del Consejo General del Poder Judicial. Y este texto se ha negociado y acordado con Ciudadanos, con el Partido Nacionalista Vasco y con los grupos canarios. También lo hemos estado hablando en profundidad con el Partido Socialista; formalmente no tenemos consenso por parte del Partido Socialista pero, lógicamente, estamos abiertos, en el proceso de tramitación de este Proyecto de Ley, a las aportaciones que pudieran hacer.

Sr. Montoro.- El Consejo de Ministros, como anunciaba el portavoz, ha acordado remitir a las Cortes el Proyecto de la nueva Ley del Cupo vasco para el quinquenio 2017-2021 y el Proyecto de modificación de la Ley del Concierto Económico. Ambos Proyectos lo que hacen es trasladar los acuerdos sobre financiación y autogobierno en materia fiscal tributaria suscritos entre el Gobierno vasco, las Diputaciones Forales y el Gobierno de España en la Comisión Mixta del Concierto que, como recuerdan, celebramos el pasado 19 de julio. 

Como principal novedad, se establece un cupo base para este año de 1.300 millones de euros, antes de la minoración derivada de la participación del País Vasco en las políticas activas de empleo del Estado. Además, se adapta el Concierto a algunos cambios legislativos que se han producido en la normativa estatal y que estaban pendientes de incorporarse desde la última modificación de la Ley del Concierto, que data del año 2014.

Asimismo, se han introducido mejoras en la gestión tributaria y en la coordinación entre ambas Administraciones, y se ha aprobado la modificación de algunos preceptos sobre determinados impuestos para clarificar las normas. Todo ello para que las normativas fiscales sean más transparentes, coherentes y beneficiosas para los ciudadanos.

Estos acuerdos, los acuerdos que dan base a estos Proyectos de Ley, dan claridad y estabilidad a las relaciones financieras entre la Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca, de manera que podemos decir que tienen la siguiente interpretación política: por un lado, demuestran que el Gobierno es fiel a los compromisos alcanzados con las instituciones vascas y con el Grupo Nacionalista Vasco, con el que hemos mantenido un diálogo leal y sincero desde comienzo de legislatura; por otro lado, estos acuerdos nos dicen claramente que el Estado de las Autonomías funciona y que desde el respeto al ordenamiento jurídico es posible impulsar y fortalecer las instituciones, la financiación y el autogobierno de nuestras Comunidades Autónomas para beneficiar a los ciudadanos. 

Sin duda, la nueva Ley del Cupo y la modificación del Concierto Económico, que, habida cuenta de las fechas de tramitación disponibles, estarán en vigor el 1 de enero del año próximo, van a ser, por tanto, una realidad a partir de entonces. Esto es así porque el acuerdo político es factible entre instituciones que tienen, sin duda alguna, diferentes formas de concebir muchas cosas, pero cuando lo que hay es voluntad, lealtad y respeto mutuos, y cuando el diálogo se desarrolla dentro de nuestro ordenamiento jurídico y, en concreto, dentro de la Constitución.

P.- José Miguel Blanco, de la "Agencia EFE". Comentaba usted que con las elecciones del 21 de diciembre el Gobierno busca la normalidad. ¿Teme el Gobierno que el encarcelamiento de los ex consejeros vaya precisamente a enralecer el ámbito previo a esas elecciones e, incluso, condicionar el resultado de los comicios?

Por otro lado, a usted o al ministro Montoro, habida cuenta también de declaraciones que ha habido de dirigentes del PNV, como el propio lehendakari, ¿el Gobierno sigue teniendo la intención de presentar en las próximas semanas los Presupuestos y con esperanza de que se aprueben? ¿Creen que puede contribuir a ello la tramitación que hoy nos han anunciado del Cupo vasco?

Portavoz.- Respecto a su primera pregunta, la separación de poderes, que está vigente en España desde la Constitución de Cádiz en 1812, implica también la separación de responsabilidades. Por tanto, lo que se ha producido ayer y estos días está en el ámbito del Poder Judicial que, como todo el mundo sabe, en un Estado de Derecho, como el español, es independiente, es autónomo y escapa del ámbito del Gobierno.

El Gobierno lo que tiene que hacer, y va a hacer, es garantizar que las elecciones en Cataluña el 21 de diciembre sean elecciones "con". Frente a unas elecciones o una consulta "sin", estas serán elecciones "con", donde podrán participar todos los partidos políticos que lo deseen y hacer sus ofertas a la sociedad catalana. Lo que espera el Gobierno es que esta etapa de inestabilidad, esta etapa de deterioro económico-social, de deterioro de la convivencia entre catalanes, termine y que ese terminar sea el resultado de esas elecciones.

Sr. Montoro.- En relación con la iniciativa que ha desarrollado hoy el Gobierno, es materializar en Proyecto de Ley, como he presentado desde el primer momento, los acuerdos de la Comisión Mixta que celebramos el 19 de julio. Por tanto, era nuestra obligación hacerlo, puesto que estábamos ya ante acuerdos cerrados, tomados entre Administraciones. Estas son leyes que no estarán sujetas en su tramitación a enmiendas. Recuerden que son leyes paccionadas, leyes singulares, diferentes de otras iniciativas legislativas.

En ese terreno, en ese ámbito, no tiene que ver con la negociación con el PNV en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Lo que estamos es abundando en la normalización de las relaciones financieras entre nuestras instituciones. Como ya tampoco lo tuvo que ver el hecho de que actualizáramos la Ley quinquenal del Cupo, como ya explicamos, con el Presupuesto de 2017. Lo que pasa es que las fechas son las que son, no hay otras fechas.

Ahora cumplimos el primer año de Gobierno y entonces todo se acumulaba. Había que hacer Presupuestos Generales del Estado 2017, había que hacer esa actualización de la Ley quinquenal del Cupo, teníamos cuestiones pendientes a formalizar dentro de la Ley del Concierto y, entonces, la voluntad y la intención del Gobierno es llevar adelante un diálogo lo más fructífero posible.

A ese respecto, quiero decirles que la intención es también, a continuación, acometer la actualización de la aportación de Navarra, de la Hacienda Foral navarra, del Convenio también con esta Comunidad Foral; también en línea con lo que ya hemos cerrado y estamos remitiendo a Cortes Generales. Ya tenemos muy avanzada también esa negociación. Y, como saben, también estamos, no tan avanzado, trabajando en financiación autonómica y estamos trabajando, quiero decirles, en todo el ámbito de desarrollo de las Administraciones financieras fiscales territoriales en España, del Estado de las Autonomías.

El Presupuesto General del Estado es otra cosa y no lo vamos a condicionar a ese respecto; pero la voluntad y la intención del Gobierno es llevar adelante los acuerdos políticos que nos permitan contar con Presupuestos Generales del Estado cuanto antes para el próximo año.

P.- Marta Gómez Montero, colaboro en diversos medios de comunicación. Yo quería preguntarle, más allá del ámbito judicial, si en el ámbito político cree que puede tener impacto en la campaña o en las elecciones del 21-D que pueda haber candidatos que estén o hayan estado encarcelados. ¿Cree que eso puede tener impacto?

Luego, sobre el que el señor Puigdemont se haya instalado en Bruselas. No había ninguna restricción a su libertad de movimientos y se fue a Bruselas. ¿Qué valoración hacen? Él dice que es para internacionalizar el conflicto. ¿O creen que detrás de que se haya instalado en Bélgica está intentar eludir la acción de la Justicia?

Portavoz.- Respecto a su primera pregunta, como le he dicho antes, el Gobierno, al aplicar el artículo 155 con un muy amplio respaldo, lo que pretendió y lo que está haciendo es restablecer el orden constitucional y estatutario en Cataluña. Por lo tanto, esa es nuestra obligación.

Nuestra segunda obligación es que en Cataluña las cosas funcionen bien, los servicios públicos se presten, la gente esté tranquila y que el Gobierno sea el Gobierno de todos, no el Gobierno de unos. Eso es lo que el Gobierno está haciendo desde el primer momento y va a continuar haciendo.

En cuanto a quiénes pueden formar parte de las listas electorales, como usted sabe, de acuerdo con nuestra legislación electoral, mientras no exista una condena firme que lleve aparejada inhabilitación, todo el mundo está en posesión de sus derechos civiles y políticos. Por tanto, corresponde a todo el mundo decidir si se presenta o no a las elecciones.

Yo veo que todas las fuerzas políticas en Cataluña han dicho públicamente que van a participar en las elecciones. A mí me parece que esa es una buena noticia, en el sentido de que son los catalanes los que tienen que juzgar, y tienen que juzgar lo que ha pasado en todos estos años y a dónde les llevó el Gobierno anterior, a qué situación les llevó, a qué callejón sin salida llevó a la sociedad catalana.

En cuanto al ex presidente Puigdemont, yo creo que la prensa internacional y nacional le ha juzgado con severidad en estos tiempos. El Gobierno no va a entrar en valoraciones sobre los motivos, entre otras cosas, porque no los conoce. Ahora bien, sí está claro que España es un Estado de Derecho y que nadie se puede sustraer a la acción de la Justicia, y que hay instrumentos internacionales para que aquellas personas que pretenden sustraerse sean puestas a disposición de la Justicia.

P.- Mariano Calleja, del diario "ABC". Las preguntas son para usted, ministro portavoz. El ex president de la Generalitat, Puigdemont, también está hablando en nombre de un supuesto Gobierno legítimo de Cataluña. Yo quería saber si eso para el Gobierno de la nación es usurpación de funciones y si van a actuar en algún sentido sobre esa declaración.

También, quería saber qué le hace pensar al Gobierno que, después de las elecciones del 21 de diciembre, se van a recuperar la normalidad y la estabilidad en Cataluña, y no se va a volver al escenario que ha habido hasta este momento, en el caso supuesto de que ganaran los independentistas, por ejemplo.

Portavoz- Respecto al primer caso, el Boletín Oficial del Estado está ahí. El Gobierno ha actuado dentro del marco constitucional. El artículo 155 es un artículo de la Constitución, que tiene el mismo valor jurídico que el artículo 2, que es aquel que reconoce el derecho a nacionalidades y regiones a tener una autonomía. Es gracias a ese artículo 2 que Cataluña tiene un Estatuto de Autonomía, donde están establecidas las competencias del mismo. Es en el marco constitucional en el que el Gobierno ha ejercido esas funciones y, por tanto, cesó en su momento, hace una semana, al ex presidente Puigdemont y al resto de los consejeros.

En segundo lugar, el Gobierno lo que quiere para Cataluña es lo que quiere para el resto de España, que es normalidad y estabilidad. En un momento en el que estamos viendo cómo los datos económicos y los datos de empleo son enormemente positivos, en el que estamos viendo cómo ese crecimiento económico se está trasladando también a los derechos sociales y en que hay un incremento de la prosperidad y del bienestar, el Gobierno no quiere que haya una Comunidad Autónoma española que quede retrasada.

Por tanto, estoy seguro de que en esta campaña electoral los partidos políticos van a defender propuestas concretas que apostarán por devolver a la normalidad y a la estabilidad a Cataluña; pero, evidentemente, como sucede en toda democracia, la palabra final la tienen los electores.

P.- Pilar Sánchez, de "El Periódico de Cataluña". La pregunta es para el ministro portavoz. Quería insistir en el tema que ya le han planteado los compañeros, que es saber si el Gobierno cree que las decisiones de ayer de la Audiencia Nacional pueden cohesionar al independentismo, que parecía que se había descolocado después de la aplicación del 155.

En ese sentido, para usted, como secretario de Estado de Asuntos Exteriores que fue en la Legislatura pasada, ayer la BBC preguntaba a sus oyentes si creía que España se estaba comportando como un Estado fascista, porque tenía encarcelados a ocho miembros del Gobierno catalán. Quería también una reflexión sobre este tema.

Portavoz.- Respecto a la primera, ustedes saben que la actitud del Gobierno, al menos desde que yo ejerzo la Portavocía --creo que antes también--, ha sido siempre respetar y acatar las decisiones judiciales. Ha habido decisiones judiciales con las que uno podía estar de acuerdo y otras, no. Desde aquí, siempre las respetaremos y las acataremos, porque eso es lo que el Gobierno tiene que hacer para mantener el equilibrio entre instituciones y para garantizar la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Por lo tanto, las consecuencias que pueda tener yo las ignoro, pero el Gobierno será respetuoso con ellas.

En cuanto a la segunda, yo creo que está claro que España es una democracia madura, es un Estado de Derecho. Hace muy pocas semanas fue elegida, por una votación muy, muy, amplia, para formar parte de la Comisión de Derechos Humanos en la ONU. España forma parte de la Unión Europea, firmó en los años setenta el Convenio Europeo de Derechos Humanos y cualquiera sabe que España es un Estado de Derecho, es un Estado donde cualquier persona tiene sus derechos y libertades garantizados, donde rige la presunción de inocencia, donde rige la estabilidad de los procedimientos garantizados por la Ley de Enjuiciamiento Civil, etc., etc. Por tanto, somos un país como cualquier otro país europeo y un país donde la Justicia actúa cuando cree, estima, el juez que ha habido la comisión de un presunto delito. Por tanto, eso entra dentro del marco de la independencia del Poder Judicial.

Antes me he referido a que la separación de poderes es separación de responsabilidades y, por tanto, no le compete al Gobierno, ni en este ni en ningún otro, entrar a analizar cuáles son las competencias del Poder Judicial.

¿Lo que hagan otros países? Allá ellos; pero, desde luego, lo que está claro, meridianamente claro, acreditado durante todos los años, es ese Estado social y democrático de Derecho que garantizan nuestra Constitución española y los Tratados internacionales que ha suscrito nuestro país.

P.- Nuria Vega, de "Colpisa". Para el ministro de Hacienda. Por concretar un poquito más el tema de Presupuestos que le preguntaba antes un compañero, yo quería saber si usted ve elementos, si tiene elementos, que le lleven a pensar que el acuerdo presupuestario con el PNV es aún posible y, en ese caso, si tendríamos el proyecto de Presupuestos aprobado en el Consejo de Ministros antes de que concluya el año.

Sr. Montoro.- Antes de que concluya el año, lo veo muy difícil. Quiero insistir en que es muy importante, que nos gustaría ya…, pero vamos a ser realistas. Antes de que acabe el año, con el tiempo que queda, va a ser francamente difícil. Pero la intención del Gobierno es que tengamos Presupuestos Generales del Estado los primeros meses del año próximo y para ello necesitamos del concurso de cuantos más grupos políticos, mejor; el concurso del Partido Nacionalista Vasco y el concurso de otros porque, si no, tampoco sumamos, como sabe.

Por tanto, necesitamos el concurso de varios y sin renunciar a ninguno, y yo no voy a hacer esta mañana la renuncia expresa al Grupo Socialista y a la responsabilidad del Grupo Socialista, con quien tenemos que compartir, como estamos compartiendo, tantas cosas. No olviden, sobre las leyes de hoy, el Partido Socialista de Euskadi está gobernando con el PNV y, por tanto, también es, en ese sentido, corresponsable positivo de todo lo que estamos aprobando. Por eso decía que sin olvidarnos de la participación de otros grupos políticos muy grandes en la Cámara, como es la responsabilidad del Partido Socialista.

P.- Carmen del Riego, de "La Vanguardia". Me gustaría una valoración de la semana que lleva aplicándose el 155 en Cataluña, respecto a si la normalidad es ya total y si está ya todo a pleno funcionamiento.

Por otro lado, ¿considera el Gobierno que la nueva situación política tras lo ocurrido ayer va a dificultarle seguir aplicando o seguir con esa normalidad que hasta ahora se ha dado?

Portavoz.- Doña Carmen, me ha contestado usted, en la segunda parte de la pregunta, a la primera. Me habla usted de normalidad. Pues sí, yo creo que sí, que es una buena respuesta, la normalidad. Ha sido correcto. Hoy la vicepresidenta del Gobierno ha hecho un informe oral sobre ese funcionamiento del artículo 155 y yo lo resumiría, como usted, en que ha sido normal y que ha sido correcto, especialmente porque hay una buena voluntad por parte de todos de asegurar los servicios públicos que están al servicio de los ciudadanos y eso nos parece a todos enormemente importante.

Se tomaron unas decisiones de ceses de consejeros y del personal de confianza, por tanto eventual, de esos consejeros; pero, a partir de ahí, cada Ministerio, yo creo que correctamente, está al servicio de los ciudadanos y al servicio de la estabilidad, que es lo que nos interesa a todos. El Gobierno espera que eso continúe así, porque lo que importa es que precisamente en la Comunidad Autónoma de Cataluña los servicios se presten con regularidad, con normalidad, en beneficio de la gente. Por tanto, hacemos votos porque eso vaya en esa misma dirección.

P.- Pablo Iglesias, de la agencia "Servimedia". Quería preguntarle, en primer lugar -es casi pedirle, más que preguntarle-- un poco de sinceridad cuando habla de la campaña electoral…

Portavoz.- Yo siempre soy sincero. Pedirme un poco de sinceridad…

P.- Ha dicho, ministro, que el Gobierno espera --supongo que desea-- que en esa campaña electoral los partidos que se presenten hablan de cómo devolver la normalidad a Cataluña. Pero mi pregunta, o casi me petición, es: ¿realmente el Gobierno, sinceramente, cree que con la situación actual que hay y lo que está pasando, un día sí y otro día también, se va a producir una campaña electoral normal y el debate político va a ser ese durante la campaña de aquí al 21 de diciembre?

En segundo lugar, me gustaría también preguntarle una cosa más concreta, ministro. No sé si el Gobierno ya ha analizado cuál va a ser la participación o la presencia que van a tener los distintos miembros del Ejecutivo en esa campaña preelectoral y electoral, dado que en estas circunstancias entiendo que los ministros forman parte del Gobierno de Cataluña y no sé si eso significa que van a tener que tener una posición más neutral que la que se tiene normalmente en unas elecciones autonómicas.

Portavoz.- Respecto a la primera, me recuerda aquello que decía un premio Nobel danés de Física: "predecir era muy complicado, especialmente sobre el futuro". Así me encuentro yo. Yo lo único que puedo expresarle es el deseo del Gobierno, y creo que el deseo de una inmensa mayoría de catalanes, de volver a la normalidad, de volver a la estabilidad, de volver a la seguridad.

Yo creo que todos estos años… Les he relatado antes la cantidad de citas electorales que ha habido y, al final, las citas electorales tienen que ser para resolver los problemas de la gente. El Gobierno hace votos porque esa sea la campaña y ese sea el resultado de las elecciones, y, luego, los partidos políticos que se presenten, presentarán sus programas, como es lógico en cualquier democracia. Pero el Gobierno a lo que aspira es a que haya normalidad y que en Cataluña, después de esas elecciones, que, insisto, el Gobierno ha convocado inmediatamente para dar la palabra a los catalanes, se encuentre en una situación de estabilidad y de normalidad dentro del orden constitucional y dentro del orden estatutario.

Respecto a la segunda pregunta, evidentemente, todavía no ha comenzado la campaña electoral; estamos en los primeros momentos de la misma. Los acuerdos a los que hoy me he referido son la primera parte del proceso. Ya comprenderá usted que todavía nadie ha hablado de participación en esa campaña electoral.

Déjenme decirles que el Museo Nacional --al que hemos adjuntado a esa idea de "nacional"-Thyssen-Bornemisza está celebrando sus veinticinco años con dos genios cara a caro, con Picasso y Toulouse Lautrec. Son los protagonistas de la primera exposición monográfica de estos dos grandes maestros. Se la aconsejo de verdad, si están por Madrid.

En Badajoz, están a tiempo de disfrutar de su Festival de Teatro Contemporáneo, edición 40.

Y edición 42 es del Festival de Teatro de Vitoria, que pasa su ecuador. También es un buen sitio para ir a esa "ciudad verde" que es Vitoria.

Y dos citas más: en Santiago de Compostela, los conciertos de jornadas de música contemporánea, que recuperan el patrimonio musical gallego, y la cultura japonesa más vanguardista, todo un clásico, como el Salón del Manga de Barcelona. Les he hablado de las dificultades económicas por las que atraviesa Barcelona y una buena manera de recuperar es ir al Salón del Manga, en Barcelona.

Y una última reflexión, personal, si me la permiten ustedes: hace un año comencé mis funciones de portavoz. Quiero agradecerles la paciencia, casi de santo Job, que han tenido conmigo y gracias por su cooperación y colaboración para trasladar la acción del Gobierno, para hacer pedagogía y para explicar el porqué de las cosas. Me temo que tendrán que hacer acopio de esa perseverancia y paciencia algún tiempo más en los próximos meses.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)