Conferencia de prensa del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno; del ministro de Economía, Industria y Competitividad, y del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Portavoz.- Buenas tardes y muchas gracias por su presencia; también a los ministros de Economía, Industria y Competitividad, y Energía, Turismo y Agenda Digital, que me acompañan, porque van a darles cuenta a ustedes de acuerdos que ha tomado el Consejo de Ministros en el ámbito de su competencia.

Permítanme, antes de entrar en los acuerdos adoptados hoy en el Consejo de Ministros, en la sesión celebrada el 6 de octubre bajo la presidencia de don Mariano Rajoy, hacer una referencia al análisis político de estos últimos días.

Quiero, en primer lugar, referirme al acuerdo que la Junta Electoral Central tomó por unanimidad el pasado miércoles 4 de octubre. Quiero recordarles a ustedes que la Junta Electoral Central es el órgano competente para declarar y publicar los resultados de todos los comicios que tengan lugar en España, incluidos los referéndums, y también en Cataluña, tal y como recoge la disposición transitoria segunda de su Estatuto de Autonomía.

Por unanimidad, la Junta Electoral Central ha concluido que el pasado día 1 de octubre de 2017 no tuvo lugar en Cataluña ningún proceso que pueda ser considerado como referéndum en ninguna de las modalidades previstas en el ordenamiento jurídico. Carecen, por tanto, de todo valor los datos que se vienen presentado como resultado del llamado "referéndum de autodeterminación", porque ni el sujeto convocante, ni la forma en que fue llevado a cabo, ni el objeto de la misma se ajustaron a la legalidad. Subraya, así, la Junta Electoral que la Generalidad de Cataluña no tenía las competencias necesarias para llevar a cabo la consulta; recuerda que la misma se realizó vulnerando resoluciones firmes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y que su objeto era inconstitucional. Asimismo, denuncia la notoria ausencia de garantías de objetividad y transparencia en su desarrollo, escrutinio y control.

Igualmente, quiero manifestarles también la valoración positiva que hace el Gobierno de la intervención de S.M. el Rey, el jefe del Estado, el pasado martes, tanto en el momento en que se produjo, como también por su contenido; especialmente, en la alocución que hizo S.M. el Rey de la defensa del orden constitucional y la necesidad de mantenerlo, de la vigencia del Estado de Derecho y del autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.

Asimismo, también nuestra democracia, que es una democracia madura, una democracia consolidada y una democracia de personas libres e iguales en derecho, sin discriminaciones ni privilegios, recibió el apoyo el pasado miércoles de los grandes partidos representados en el Parlamento Europeo, de las grandes familias, tanto la popular, la socialista, como la liberal. Además, la Comisión Europea, por boca de su vicepresidente, el señor Timmermans, especificó que en Europa el respeto a la Ley no es opcional y es fundamental que las Constituciones de todos los Estados miembros sean respetadas. Y dijo: "el Gobierno de Cataluña ha violado la Ley organizando un referéndum y es obligación de cualquier Gobierno imponer la Ley con un uso proporcionado de la fuerza".

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, el señor Weber, habló de un Gobierno irresponsable en Cataluña, que alienta a violar la Ley; "quien deja España deja la UE", concluyó el señor Weber. El portavoz socialista, el señor Pitella, advirtió que una declaración de independencia sería una provocación y añadió que el referéndum fue ilegal. Finalmente, por citar uno más, el líder de los liberales, el ex primer ministro belga Guy Verhofstadt, dejó claro en su intervención que "nadie de nosotros --los diputados europeos-- puede dar lecciones de democracia en España".

Tras haber hecho este breve recorrido, déjenme decirles que las consecuencias de esa vulneración de la Ley siguen su curso. Hoy han comparecido ante la Audiencia Nacional el mayor de los Mossos d'Esquadra, el señor Trapero, y los presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural, y en estos días también hemos visto determinadas decisiones económicas tomadas por empresas con su sede social en Cataluña. A ellas se va referir el ministro de Economía, con motivo de la aprobación de un Real Decreto Ley, que precisamente ha presentado el Gobierno a petición de muchas de estas empresas, para solventar cualquier dificultad que pudieran tener en el futuro.

Finalmente, déjenme también decirles que la posición del presidente del Gobierno, y con ello la posición del Gobierno, ha quedado clara en las declaraciones que ha hecho hace muy pocos días. El presidente del Gobierno ha recalcado algo que hemos dicho desde esta mesa muchas veces: para dialogar hay que estar en la legalidad, no se puede dialogar si se está en la ilegalidad. Por tanto, ha pedido a los gobernantes en Cataluña que se salieron de la legalidad que vuelvan a la legalidad y que se sitúen, por tanto, en el orden constitucional. Ello, además, implica volver al diálogo en Cataluña, volver al diálogo en el Parlamento de Cataluña, ese diálogo que se quebró en las jornadas parlamentarias de los días 6 y 7 de septiembre, que fueron, desde el punto de vista parlamentario, una vergüenza democrática.

Por tanto, es muy importante cerrar esa brecha en el Parlamento de Cataluña y también cerrar la brecha de la confrontación, de la concordia en Cataluña, que, como hemos visto estos días, con motivo de una huelga general convocada esta misma semana, es real.

Creo que son muchos miles de personas los que piden volver a la legalidad, tanto editoriales de medios de comunicación en Cataluña, como empresarios, como sindicatos…, personas. Por tanto, desde el Gobierno hacemos un llamamiento a que el señor Puigdemont vuelva a la legalidad y, dentro de esa legalidad, como hemos dicho siempre, dentro de ese respeto a la legalidad, podemos hablar y podemos dialogar.

El Consejo de Ministros ha tomado distintos acuerdos. Permítanme que, antes de dar la palabra a mis colegas, hable del Real Decreto Ley de renovación del Plan PREPARA, que ha sido hoy aprobado. Es hasta el 30 de abril del año 2018.

El Plan PREPARA es un programa muy importante de recualificación profesional de las personas que agotan su protección por desempleo. Hay una serie de personas, que son aquellas que requieren, por sus especiales condiciones de vulnerabilidad, una recualificación profesional. Este Plan prorroga otros planes anteriores, tiene una dotación de 65 millones de euros, va a dar una cantidad de 425 euros al mes y va a permitir que muchas personas que no tienen otra fuente de ingresos puedan, por tanto, seguir, no solamente cubriendo sus necesidades básicas, sino, sobre todo, y lo que es más importante, también cualificándose profesionalmente para encontrar un puesto de trabajo, que es el objetivo principal que tiene este Gobierno.

Señor ministro de Economía, si le parece, puede usted darnos cuenta del Real Decreto Ley que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros y luego pase la palabra al ministro de Energía.

Sr. De Guindos.- Simplemente, quiero recordar que, a instancias de determinados grupos empresariales, en el año 2015 el Gobierno ya hizo una modificación de la Ley de Sociedades de Capital, en el sentido de establecer que el Consejo de Administración era el órgano competente a efectos de aprobar el cambio de domicilio dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos. Esto es lo que teníamos y la modificación que hicimos en el año 2015. Lo que hace este Real Decreto Ley es explicitar que existe disposición contraria por parte de los Estatutos solo cuando estos, los Estatutos, establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia.

Además, el Real Decreto Ley se completa con una disposición transitoria en la cual se dice que se entenderá que hay disposición contraria en los estatutos solo cuando con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley se hubiera aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare que el órgano de administración, es decir, el consejo de administración, no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.

En última instancia, lo que estamos dando es la competencia para decidir en primera instancia dónde se ubica el domicilio de una entidad al consejo de administración. Evidentemente, si posteriormente la junta quisiera modificar este planteamiento, lo podría hacer a través de una modificación de sus estatutos.

Es un Real Decreto Ley muy corto, muy breve. Simplemente, me gustaría resaltar varias cuestiones:

- Primera, la decisión sigue siendo de la empresa, evidentemente. Ya en vez de ser por parte de la junta o por parte del consejo de administración; pero, lógicamente, sigue estando de una forma radicada la decisión y la toma de la decisión en lo que es el órgano empresarial, la empresa en cuestión.

- En segundo lugar, igual que ocurrió en el año 2015, evidentemente, esta petición se ha realizado por parte de una serie de instancias empresariales.

- En tercer lugar y último, esta modificación ha sido lógicamente comentada con otros Grupos Parlamentarios, fundamentalmente el Partido Socialista y Ciudadanos.

Ese es el tema fundamental.

Sr. Nadal.- Hoy el Consejo de Ministros, a instancias del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, ha aprobado dos Reales Decretos que tienen gran importancia para nuestro país: el primero de ellos es un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la contratación de servicios de acceso de banda ancha de alta velocidad de, al menos, a 30 megabit por segundo, es decir, cómo extendemos la banda ancha en el ámbito más disperso, en zonas de difícil acceso, que ahora a continuación les relataré; y, en segundo lugar, el tan esperado Real Decreto de desarrollo del Real Decreto Ley 7/2016 por el que se establecieron los sistemas de financiación y la nueva regulación del bono social eléctrico.

El primero de ellos es una parte de una estrategia que ya se lleva a cabo por parte del Gobierno desde el año 2013, en cumplimiento de un acuerdo del Consejo Europeo de 2010 en el que se estableció un objetivo: que para 2020 toda la población de los Estados miembros --en el caso nuestro, toda la población española-- debería tener capacidad de acceder en redes fijas de telefonía, es decir, Internet, a, al menos, una velocidad de 30 megabit por segundo; treinta megas, como se dice en el mundo digital.

¿Cómo se está consiguiendo esto? Se está consiguiendo con tres instrumentos: el primero de ellos, que es el más poderoso, el más potente, es el Plan de Expansión de la banda ancha: fibra. Sabemos que la fibra son las redes de más velocidad, tienen un mínimo de 100 megas por segundo y habitualmente se llega, incluso, a alcanzar 300 megas sin ningún problema. España tiene un fortísimo desarrollo de red de fibra, es el tercero mejor del mundo --solo por delante están Japón y Corea--, tenemos cubierto a un 70 por 100 de la población, pero una parte mucho más reducida del territorio.

España es un país, como todos ustedes saben, con poca densidad de población --es de los países de Europa con más territorio y menos población con relación a ese territorio-- y tiene más zonas de difícil acceso. Tenemos una orografía claramente conocida por todos nosotros. Esto hace que el despliegue de redes sea relativamente sencillo en grandes ciudades y grandes poblaciones, y ahí estamos muy avanzados; pero cuesta mucho más llegar a áreas más remotas, áreas más dispersas y áreas de más difícil acceso físico, sobre todo en las zonas montañosas. Por eso es necesario llevar a cabo una política de impulso. Eso es lo que llevamos haciendo en el caso de la fibra, como decía antes, con el Plan de banda ancha.

Para el Plan de banda ancha acaba este año de realizarse el concurso, 105 millones de euros se han asignado, para que en el entorno de unos dos millones más de personas este año puedan acceder a la fibra. Pero con la banda ancha no tendremos suficiente, entre otras cosas, porque tendrá que ir avanzando y cada vez será más complejo ir avanzando, aunque nosotros estamos incorporando cantidades cada vez mayores a los Presupuestos Generales del Estado y de aplicación de fondos comunitarios para aplicar la fibra.

¿Qué ocurre mientras no llega la fibra? Tenemos poblaciones que todavía no tienen un acceso adecuado a Internet. Les podríamos facilitar después cómo está el mapa de España en las zonas en las cuales ni siquiera se alcanzan 10 megabits por segundo. Es sobre estas zonas sobre las que queremos actuar de manera más inmediata. En tanto en cuanto va llegando la fibra, tenemos que ayudar de manera inmediata con dos elementos: uno, las compañías telefónicas, los grandes operadores, cuando en su día hicieron el concurso del 4G y recibieron su parte de espectro para toda la telefonía 4G. adquirieron la obligación regulatoria de cubrir al 98 por 100 de la población española, al menos, a 30 megabits por segundo, y esto lo tienen que ir cumpliendo de aquí a 2030. Pero nos quedaría un 2 por 100 de la población y para este 2 por 100, y para los que todavía no están amparados por ninguna de las medidas anteriores, se hace este Real Decreto.

Lo que tendremos es que, aproximadamente, 1.800.000 personas, que están situadas en localidades que cumplen los requisitos para este Real Decreto, podrán acceder a una ayuda de cuatrocientos euros para la instalación de su Internet a una velocidad ya más decente, a una velocidad mucho más acorde con los tiempos, que son esos 30 megabits por segundo.

El concurso es neutral. No se especifica qué tecnología va a llevar a cabo esta operativa, pero muy posiblemente en muchos casos serán satélites. Un ejemplo de qué es lo que vamos a hacer: una persona, una vivienda, una familia, está situada en una zona montañosa remota; pide la ayuda; esa ayuda va a cubrir, con esos cuatrocientos euros, la parabólica y la instalación, y luego tendrá una cuota mensual muy similar a la de cualquier otro tipo de servicio de telefonía, y tendrá un acceso a 30 megas por segundo, que está, ya digo, mucho más acorde con los tiempos. Se prevé un gasto de unos cinco millones de euros este año y 45 millones de euros el año que viene, y en un 63 por 100 recibirá, más que probablemente, retornos de fondos comunitarios a través del FEDER.

Es una vía adicional a las que ya se están poniendo en marcha y está muy destinada a las zonas más remotas, que ya puedan acceder desde el momento de la publicación del propio Real Decreto a este tipo de ayudas que permiten cubrir financieramente un coste adicional extra que, como usuarios, tienen por el hecho de vivir en zonas muy alejadas de donde ahora mismo se están desplegando las redes. Como les decía, esto es muy importante, sobre todo, en esas zonas geográficas y para que una parte de España no tenga que esperar a participar en esa revolución digital que tanto está transformando nuestra sociedad y nuestra economía, y que tiene que ser unas bases de la economía del futuro y ya del presente en nuestro país.

El segundo Real Decreto, como decía, es un Real Decreto que se lleva tramitando mucho tiempo, porque ha requerido un consenso de fuerzas políticas, que lo tiene, y ha requerido también salvar una serie de trámites a la hora de aprobarse. Necesitaba informe del Consejo de Estado, informe de la Comisión Europea, porque estamos aquí trasponiendo una Directiva, e informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

¿Qué se hace en este Real Decreto de bono social? Ya teníamos fijado el sistema de financiación con el Real Decreto Ley, que vino de una serie de sentencias del Tribunal Supremo del año 2016, que ustedes las conocen, en las que se decía que el sistema se tenía que corregir. Eso ya se corrigió en el Real Decreto Ley y aquí se definen cómo son esos nuevos consumidores vulnerables.

Se va a definir en este Real Decreto como consumidor vulnerable a aquellos que cumplen una serie de requisitos esencialmente en función de la renta. Esa es la gran novedad. Anteriormente eran una serie de razones por las cuales se era consumir vulnerable, esencialmente, por tener poca potencia contratada y por tener determinadas circunstancias como ser pensionista con pensión mínima o tener todos los miembros de la familia en desempleo. Ahora se liga a la renta: para una persona sola, la renta que permite obtener el bono social se situaría en unos 11.000 euros al años, un poquito menos de 11.300 euros al año; para una familia con dos menores, por poner un ejemplo, ya este umbral se eleva a cerca de 19.000 euros al año de renta.

Estos son los consumidores vulnerables, que aparecen definidos de esta manera, más, como decía anteriormente, determinadas circunstancias de desempleo o de rentas mínimas de pensionistas.

Se ha definido una segunda categoría, que es consumidores vulnerables severos; es decir, aquellos que están en peor situación económica. Son estos mismos umbrales que he contado anteriormente, pero a la mitad; es decir, en lugar de 11.000 euros, 6.500 euros o, en el caso anterior, en lugar de 19.000 euros, estaríamos hablando de 9.500 euros.

¿Qué diferencia hay en el tratamiento? Los primeros reciben, como hasta ahora, un 25 por 100 de rebaja, de descuento, en el pago de su factura eléctrica; y estos, los consumidores vulnerables severos, un 40 por 100. Es una mayor intensidad de ayuda. Es otra de las novedades del Real Decreto respecto al sistema que teníamos en vigor.

Y se crea una tercera categoría, que son aquellos que. como mucho, tienen los umbrales que acabo de mencionar para los vulnerables severos, pero que además están siendo atendidos por los servicios sociales de las Comunidades Autónomas. Esta la aportación que hace el sistema a algo que es de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. Definir a quién se le atiende o no por parte de los servicios sociales es competencia autonómica, lo ha reiterado el Tribual Constitucional y, por tanto, no le corresponde a las Cortes Generales ni tampoco a la Administración General del Estado la definición de esa política social; pero sí podemos hacer una aportación a esa política social y eso es lo que hacemos en este Real Decreto.

Para los consumidores que, dentro de esos umbrales, estén atendidos por las Comunidades Autónomas, el 50 por 100 de esa atención será aportada por el sistema eléctrico en su conjunto. Con lo cual nos encontraremos con que aquellos que estén en una situación de especial vulnerabilidad, ya tratados por los servicios sociales, estudiado su caso, con los trabajadores sociales trabajando con ellos y que en estos momentos estaban recibiendo, porque todas las Comunidades Autónomas lo hacen, un apoyo financiero para su pobreza energética, además de lo que ya recibían de la Comunidad Autónoma en su competencia exclusiva, van a recibir una aportación adicional. Y es a estos consumidores a los cuales no se les puede realizar un corte de suministro eléctrico bajo ninguna circunstancia, que era otra de las cuestiones que se querían clarificar.

Además, se desarrolla en este Real Decreto toda una serie de elementos que clarifican sustancialmente las relaciones de los consumidores con las comercializadoras eléctricas. Por ejemplo, el deber de información de una comercializadora si alguien no está pagando porque, aunque parezca mentira, esto no estaba regulado y, por tanto, si alguien no pagaba, no se sabía muy bien cuándo se le tenía que notificar, cuándo no y cuándo se tenía que proceder al corte de suministro. El corte de suministro sí tenía la obligación de ser notificado; pero había personas que no se deban cuenta de que no estaban pagando, bien porque su cuenta a lo mejor estaba vacía, pagaban con tarjeta de crédito y se había caducado, era la segunda residencia y no se preocupan tanto de cómo se está pagando la electricidad en esta segunda residencia.

Aunque parezca mentira, esto no estaba bien regulado y se protege extraordinariamente el derecho del consumidor a ser correctamente informado, y a seguir los trámites con toda la precisión que el propio Real Decreto establece.

Luego, se establece un complejo sistema que es cómo se van a conectar las Comunidades Autónomas con la Administración General del Estado en al protección del consumidor para el bono social. Para que nos entendamos, una persona va a poder ir a una comercializadora a pedir el bono social, esa comercializadora se pone en contacto con el Ministerio de Energía, el Ministerio de Energía con la Agencia Tributaria y con los datos que se tienen de la Agencia Tributaria se le comunica a la comercializadora si tiene derecho o no al bono social.

Esto tiene dos ventajas: una, el que decide al final, el que dice sí tiene derecho o no, es la Administración, no es la comercializadora; en segundo lugar, la comercializadora no tiene por qué conocer los datos fiscales del consumidor, sino sencillamente se le comunica si pertenece al grupo que puede acceder a esta ayuda o no, y no es necesario, por tanto, presentar la declaración de renta. En cualquier caso, cualquier ciudadano podría ir con su declaración de renta a una comercializadora y pedir el bono social. Eso también está previsto, con un período de seis meses en el que se solape el sistema anterior con el sistema nuevo para que todo el mundo se pueda ir adaptando.

Esto, en esencia, es el desarrollo con unos umbrales que fueron bastante consensuados, pues yo creo que estaban en los márgenes que prácticamente todos los Grupos Parlamentarios estaban definiendo, y, al final, hemos logrado tener un buen acuerdo con las Comunidades Autónomas de cómo realizar ese procedimiento y enlazar esa competencia exclusiva de energía que tiene el Estado con la competencia exclusiva que tienen en materia social las Comunidades Autónomas.

Portavoz.- Verán ustedes que han sido acuerdos de fuerte contenido económico y social.

P.- Mercedes Serraller, de "Expansión". Al ministro De Guindos. Usted ha dicho que este Real Decreto Ley lo han pedido las empresas, que había una demanda empresarial. Quería saber de quiénes, de qué sector estamos hablando, de si podíamos hablar de ha habido una estrategia, una entente, entre el mundo empresarial y económico y el Gobierno para que la Generalitat modifique sus posturas, y si también podría obedecer a que hay una serie de bancos, como Caixabank, que son sistémicos, y estaría habiendo una salida de depósitos preocupante, y si tienen datos de este particular.

También usted se ha mostrado dispuesto a hablar de financiación con Cataluña y ha aclarado que no tendría nada que ve con el Cupo Vasco. ¿Están ustedes dispuestos a ofrecer, a dar, más dinero a Cataluña?

Sr. De Guindos.- Empiezo por la última. Yo creo que, tanto el presidente, como el portavoz ahora, lo han dejado claro: solamente hay posibilidad de hablar dentro de la legalidad y dentro de la Constitución Española. Simplemente quiero recordarles que en la reunión que hubo con todos los presidentes autonómicos se habló de financiación autonómica e, incluso, hay un grupo de expertos, ¿no?, si no me falla la memoria al respecto. No es absolutamente nada nuevo.

Después, en segundo lugar, en relación con lo que usted me comentaba, evidentemente, las políticas irresponsables generan determinadas actuaciones por parte de los grupos empresariales, por parte de los agentes económicos. Y la política irresponsable del Gobierno de la Generalitat, de algún modo, genera alarma, genera incertidumbre, y eso es lo peor que puede haber en el mundo empresarial.

En el año 2015 ya nos pidieron una modificación y la modificación era que el cambio del domicilio social se pudiera hacer por decisión del consejo de administración, en vez de ser por la junta. Y, después, lo que hemos hecho aquí es clarificarlo: cuáles son las condiciones para que, efectivamente, esto se produzca.

Yo creo que, en última instancia, el Gobierno no hace, el Gobierno no decide absolutamente nada; lo que hace, simplemente, es cambiar, de alguna forma, el órgano que decide dónde se va a cambiar o dónde se va a ubicar el domicilio social. Es decir, esto es absolutamente voluntario por parte de las empresas. Lo único es que se indica dónde se erradica la decisión al respecto: el consejo de administración versus la junta de accionistas.

Si me permite usted, es muy triste que estemos viendo la salida de empresas importantísimas de Cataluña en el sentido de modificar su domicilio. Esto no es culpa de las empresas, ¡eh!; esto es, evidentemente, culpa de una política irresponsable que, en última instancia, genera incertidumbre, genera inquietud y no hace más que, de algún modo, generar inquietudes en el mundo empresarial. Evidentemente, los que tendrán que dar explicaciones, y las van a dar, son los que toman ese tipo de decisiones.

Yo lo que le puedo decir es que el Gobierno lo que va a hacer siempre es favorecer todo lo que permite la prosperidad económica en Cataluña, lo que permite que las empresas puedan crecer y puedan generar empleo. Lógicamente, si hay decisiones que se toman al respecto, muchas tienen que ver con lo que es una política absolutamente irresponsable por parte de la Generalitat catalana.

P.- Teresa Fernández-Cuesta, de Informativos Tele-5. No sé si el ministro de Economía o el portavoz del Gobierno nos pueden contestar si este Real Decreto Ley va a ser publicado hoy en una edición especial del Boletín Oficial del Estado o hay que esperar a mañana.

Sr. De Guindos.- Me parece que se publica mañana, como cualquier Real Decreto Ley. Saldrá publicado y, lógicamente, su entrada en vigor es mañana.

P.- José Miguel Blanco, de la Agencia EFE. Para el portavoz del Gobierno. ¿El Gobierno interpretaría como un paso atrás del señor Puigdemont el hecho de que hubiera una declaración de independencia aplazada, como ya se está barajando, y pudiera abrir una oportunidad para que finalmente no fuera una realidad esa declaración?

Portavoz.- Al Gobierno no le gusta calificar las actuaciones de los demás. El Gobierno lo que ha dicho, por activa y por pasiva, es que no se den pasos irreversibles en la mala dirección y que todos, y también, evidentemente, el señor Puigdemont, vuelvan a la senda de la legalidad, que es donde todos queremos estar.

Al hilo de lo que escuchaba al ministro de Economía, la reflexión es que, cuando te sitúas fuera de la legalidad, lo que crece es la incertidumbre. Cualquier decisión empresarial está en función de que quien manda decide hacer una cosa u otra. Mientras que las leyes, y todos sabemos lo que son, obligan a todos y todos somos iguales ante ellas.

La vuelta a la legalidad, que es la vuelta también al diálogo en el Parlamento de Cataluña, y quiero recordarlo… Yo creo que las jornadas de los días 6 y 7 de septiembre son unas jornadas lamentables desde el punto de vista democrático, y creo que sería bueno empezar a sellar esa fractura por el Parlamento de Cataluña, donde están representados los ciudadanos de Cataluña, a través de unas elecciones autonómicas. Creo que sería bueno hacerlo ahí.

Por tanto, todo lo que sea ir en favor de la convivencia me parece positivo; todo lo que sea dar pasos en la línea de la ilegalidad es, evidentemente, muy negativo y no es eso lo que están pidiendo, ni los editoriales de los periódicos, ni los sindicatos, ni los empresarios, ni muchas voces en Cataluña.

P.-Carina Verdú, de Antena 3. Quería preguntarle una duda al ministro de Economía: ¿este Real Decreto Ley afecta solamente a las empresas españolas o también pueden acogerse empresas extranjeras que estén ubicadas en Cataluña?

Sr. De Guindos.- Afecta, lógicamente, a todas las sociedades que tengan su domicilio en España, independientemente de quién sea el capital.

P.- Anabel Díez, de "El País". Al señor ministro portavoz. ¿Usted cree, señor ministro, o cree el Gobierno, que hay alguna medida que podría empezar a tomarse ya, en las próximas horas, estos días, y sin esperar a que el Parlamento de Cataluña o el propio presidente de la Generalitat den algún paso más? ¿Hay algo, no sé si con carácter preventivo, por lo ya estudiado y visto, que se pudiera hacer? No me resisto a mencionar al ex presidente Aznar, que pedía más acción y que el Gobierno utilice todos los instrumentos que le dan la Constitución y las leyes para que tome medidas o, si no, que convoque elecciones y una nueva mayoría parlamentaria decida lo que hay que hacer.

Pero, fundamentalmente, ¿el Gobierno tiene previsto tomar de inmediato alguna medida en relación con la crisis con Cataluña?

Portavoz.- El Gobierno toma medidas todos los días. La más importante es la de hablar, la de explicar las cosas, la de hacer pedagogía; la de explicar por qué la situación en Cataluña en estos momentos es una situación enormemente compleja y complicada que, sobre todo, perjudica a los propios catalanes, que están viviendo una situación en la que hay ruptura y hay vulneración de la legalidad.

Por lo tanto, el Gobierno, en ese afán de volver a la legalidad, todos los días se empeña en ello y todos los días lo explica, y creo que estamos viendo en Cataluña una reacción de mucha gente. Alguna de las medidas que ha explicado ahora mismo el ministro de Economía es precisamente una reacción a la actitud del Gobierno de Cataluña, que es el único responsable de esta situación. Pero también todos leemos editoriales de los periódicos, leemos también declaraciones de los empresarios, vemos a los sindicatos y estamos viendo como en Cataluña hay muchísima gente que cree que lo importante es volver a la legalidad y, una vez que se vuelva a la legalidad, se podrá empezar a hablar en el Parlamento de Cataluña y fuera. Por tanto, eso es lo que nos parece en estos momentos importante.

Y nos parece importante también en estos momentos respaldar la acción del Gobierno, como la está respaldando la mayor parte de las fuerzas políticas. Un momento este, difícil; pero es un momento también donde la unidad es un valor en sí mismo y a él apelamos.

P.- En esta misma línea, se refería antes a las palabras del Rey esta semana. Lo cierto es que el jefe del Estado hizo un llamamiento a los poderes del Estado para restaurar el orden constitucional en Cataluña. Yo lo que quería saber es a qué está esperando el Gobierno para restablecer ese orden constitucional; es decir, ¿se está esperando a que se produzca una declaración de independencia? En todo caso, ¿el Gobierno cree que ahora mismo está imperando el orden constitucional en Cataluña?

Portavoz.- El presidente del Gobierno lo expresó ayer; dijo: haré lo que crea que deba de hacer, lo que crea que sea mejor para España y en el momento en que me parezca más oportuno. Es responsabilidad del Gobierno tomar las decisiones, el Gobierno las ejerce, el Gobierno está hablando esas decisiones también con los grupos políticos, singularmente con el Partido Socialista y con Ciudadanos, y puedo asegurarle a usted, pero también a todos los que nos escuchan, que el Gobierno tomará en el momento oportuno aquellas decisiones que tenga por conveniente, y lo hará con inmediatez, lo hará con firmeza y lo hará también con serenidad.

Pero el Gobierno quiere resaltar, una vez más, que el respeto a la legalidad y el no llevar a cabo pasos que no tengan vuelta atrás es también muy importante en favor de la convivencia y de la concordia entre todos los catalanes. Porque, insisto, la irresponsable actitud del Gobierno del señor Puigdemont está llevando a una ruptura de la convivencia en Cataluña y eso es algo que a todos, pero especialmente al Gobierno, que velará por el derecho de todos los españoles, y por tanto de todos los catalanes, le importa y mucho.

P.- Gabriel Sanz, de Voz Populi. Ministro, yo querría una aclaración, porque a mí particularmente me dio la sensación la semana pasada y en días anteriores que el Gobierno ya no consideraba interlocutor al señor Puigdemont, y creo que tampoco al señor Junqueras. Me gustaría preguntarle qué ha cambiado en estas horas y por qué se les vuelve a considerar interlocutores válidos para un posible diálogo, si vuelven a la legalidad.

Portavoz.- El Gobierno lo que ha pedido a todos los actores políticos, y también a los protagonistas en Cataluña, que son los responsables, los únicos responsables, de esta situación, es que vuelvan a la legalidad. La vuelta a la legalidad es una condición fundamental para recuperar, en primer lugar, la convivencia en el Parlamento de Cataluña, y eso nos parece muy importante. Ahí están sentados los representantes de los catalanes, son los que tienen que hablar entre sí. Creo que hay convocado un pleno la semana que viene. Es importante que hablen los representantes catalanes entre sí, restaurar esa convivencia que se quebró, de forma muy dramática y en un grave atentado a los usos democráticos, el Pleno de los días 6 y 7 de septiembre.

Por lo tanto, junto a eso, el Gobierno les dice a los representantes políticos catalanes que no sigan adelante con planes que lleven, por ejemplo, a una declaración unilateral de independencia, y lo dice con toda claridad. Dice que ese no es el camino; que están escuchando muchísimas voces, muy diversas, muy plurales, que les dicen que no sigan por ahí; que toda Europa les está diciendo que ese no es el camino y, cuando un camino no lleva a ningún sitio, lo mejor es que no lo empiecen. Eso es, por tanto, lo que dice hoy el Gobierno.

P.- Miguel Ángel Aguilar. Señor ministro, yo quería preguntarle si el Gobierno, o sus servicios, o el ministerio correspondiente, ha procedido a identificar y depurar los excesos que se hayan producido en las acciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado el pasado día 1 de octubre.

Segundo, ¿el Gobierno va a hacer algo por dar réplica proporcionada a la campaña de mentiras kilométricas a propósito de estos posibles o de estos realizados excesos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? Mentiras asombrosas.

Y, en tercer lugar, quería preguntarle si el Consejo Nacional de Seguridad se ha reunido, cuándo se ha reunido por última vez y cuándo tiene previsto reunirse, habida cuenta de que da la impresión de que estamos ante una de esas cosas que se llaman "situación de interés para la seguridad nacional". A tenor del artículo 24 de la Ley, parece bastante claro que estamos en ese supuesto.

Portavoz.- Me habla usted de excesos, por un lado, y luego me habla usted de las mentiras de esos excesos. Yo creo que --creo que todos lo sabemos-- las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acudieron con un mandato del juez para impedir una votación que era ilegal; acudieron cuando aquellos que tenían las competencias, la Policía Judicial en este caso, los Mossos d'Esquadra, no llevaron a cabo esa labor y se dirigieron para evitar la votación, no se dirigieron contra las personas. El que hubiera personas que sufrieran esas consecuencias es algo que todos lamentamos.

Es verdad que ha habido en la prensa internacional, que ha habido muchas historias sobre esto, y todos las hemos visto, de personas que decían que habían sido agredidas y luego resultaba que no lo habían sido; de unas cifras de heridos que luego parece que no se compadecen con la realidad… Lo importante es que creo que hoy creo que solo hay una persona que está hospitalizada y de eso todos tenemos que congratularnos.

Por lo que respecta al Consejo Nacional de Seguridad, yo creo que la última vez que se reunión fue en el mes de mayo. Ignoro si en estos momentos está prevista alguna reunión del mismo.

P.- Ministro portavoz, tengo tres preguntas, una para el ministro De Guindos y dos para usted.

Para el ministro De Guindos. Ha dicho que el Real Decreto Ley se publicará mañana en el BOE y tengo entendido que esta tarde hay algunas reuniones de algunos bancos importantes. Querría saber si eso tiene algún efecto, si no lo podrán hacer o tendrá que aplazar su decisión.

Para el ministro portavoz. Primero, ha dicho que lamenta esos heridos del 1-O. El delegado del Gobierno en Cataluña ha pedido perdón por las cargas policiales y querría saber si el Gobierno central también daría ese paso de pedir perdón por las escenas de violencia que recogieron muchos medios de comunicación estos días.

Por otro lado, el presidente Rajoy sigue en comunicación con el PSOE y Ciudadanos. Quería saber si en estas últimas horas o en las próximas horas el presidente del Gobierno va a tener contactos o ha tenido contactos con Pedro Sánchez y Albert Rivera para ponerles al día de lo que piensa hacer.

Sr. De Guindos.- Eso se lo tiene que preguntar usted a las entidades en cuestión. Yo lo que le puedo decir es que el Real Decreto Ley se ha aprobado hoy, se publica mañana y su entrada en vigor es mañana.

Portavoz.- Respecto a su primera pregunta, ignoro lo que ha dicho el delegado del Gobierno, pero es el delegado del Gobierno de la nación. Por lo tanto, lo que haya dicho, bien dicho está. Yo creo que, y lo he dicho antes con toda claridad, cumplían un mandato. No iba dirigido para evitar una votación ilegal, iba dirigido a retirar las urnas. Si hubo incidentes, y los hubo, y hay personas que resultaron perjudicadas, evidentemente todos lo sentimos.

Respecto a las relaciones con PSOE y C's, ya he dicho anteriormente, respondiendo a una compañera suya, que las relaciones son fluidas y son habituales, y el presidente del Gobierno habla con el secretario general y con el secretario general de C's con total fluidez, como es lógico que así sea.

El Gobierno valora mucho que en estos momentos haya un apoyo importante a la acción del Gobierno. El Gobierno tiene que tomar decisiones que no son fáciles; he dicho que las va a tomar en su momento, con inmediatez, con firmeza y con serenidad, y consideramos que es importante contar con el apoyo de estos grupos políticos. Los tres constituimos la inmensa mayoría de los Grupos Parlamentarios o de los diputados que componemos el Parlamento español.

P.- Rosana Ribera, de Actuall.com. Sabe que un grupo de personas han estado fuera hoy, representando una parodia, llamando al Gobierno "gallina" por no querer aplicar el artículo 155. Como sabe, han dado muchos huevos a la gente que pasaba por allí y quería saber en qué sentido se está barajando la posibilidad de aplicar este artículo 155.

Portavoz.- Este Gobierno defiende la libertad de expresión y a mí, además, que soy ministro de Cultura, todo lo que sea escenario o actuaciones y tal, me parece que está muy bien; está en mi trabajo.

Pero le digo con igual firmeza que este Gobierno sabe cuándo tiene que actuar, que actuará cuando tenga que hacerlo y que no se va a dejar influir por nadie. Hay mucha gente que dice lo que dice usted, que hay que actuar ahora; otros dicen que no hay que actuar… El Gobierno tiene los datos, tiene las informaciones, tiene las comunicaciones con los otros líderes políticos y, como tenga que actuar, si tiene que actuar, actuará.

Mientras tanto, cumple con su obligación, que es explicar por qué lo que está sucediendo en Cataluña, que tiene solo un responsable, que es el señor Puigdemont y su Gobierno, es malo para la sociedad catalana, rompe la convivencia entre catalanes y no lleva a ninguna parte.

Esa declaración unilateral de independencia de la que se está hablando, si al final se hiciera, no tendría ninguna consecuencia político-jurídica en el plano internacional. En el plano interno, sí; en el plano internacional, no. Porque no basta con que el Parlamento se declare independiente; tienen que reconocerte el resto de los Estados miembros de la Comunidad Internacional; tiene que reconocerte la Unión Europea y la Unión Europea lo ha dicho por activa y por pasiva, con toda claridad: no lo va a hacer.

Por lo tanto, ¿merece la pena, por llevar a cabo el proyecto de unos pocos, perjudicar a todos? El Gobierno cree que no y el Gobierno, por tanto, se dirige a toda la sociedad catalana para explicarles que esa no es la buena vía, que vuelvan a la legalidad y en esa legalidad, recuperando, como decía antes, la convivencia en el Parlamento de Cataluña, que es una convivencia en estos momentos rota, creo que podremos seguir haciendo muchas cosas juntos, como hemos hecho a lo largo de muchos siglos y como vamos a seguir haciendo, y como seguimos haciendo todos los días en el Consejo de Ministros, como lo prueban los acuerdos de fuerte contenido social que hemos tomado esta mañana.

Permítanme recordarles que este fin de semana hay importantes aniversarios culturales. En Bilbao comienzan los actos para celebrar los veinte años de vida del Museo Guggenheim, que son un enorme éxito, y lo hacen bajo el lema "El arte lo cambia todo". Es verdad, el arte lo cambia todo, o lo puede cambiar todo. Y en Madrid quien cumple bodas de plata es el Museo Nacional Thyssen, veinticinco años, que festeja a lo grande y con entrada gratuita este fin de semana.

Y les animo igualmente a participar en las actividades culturales y de puertas abiertas organizadas por varios ministerios con motivo de la Fiesta Nacional; actos festivos que culminarán, como siempre, y es una vieja y larga tradición tan querida por los españoles, el próximo día 12 de octubre en Madrid con el desfile presidido por SS.MM. los Reyes.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación?